Leticia Chávez Suastegui

Expediente 317/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
317/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
02/05/2018

Partes del expediente

  • Leticia Chávez Suastegui

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Lorena Morales Saldierna, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinte de marzo de dos mil dieciocho, según informó el Secretario de la propia Comisión en oficio CCJ/ST/1394/2018, asistida por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    .... ES NOTIFICACIÓN PERSONAL...

  3. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE. "... Acapulco, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito signado por Juan Carlos Macedonio Galindo en su carácter de asesor jurídico de la víctima Leticia Chávez Suastegui, y por ésta última mediante el cual desahogan la prevención del cinco de abril del año en curso. IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del escrito de desahogo recibido en este Juzgado el diez de abril del año en curso, se advierte que la parte quejosa reclama, la omisión de las autoridades responsables de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación dentro de la carpeta de investigación 12030350100087121017. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, primer párrafo de la Ley de Amparo. La citada disposición legal, indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Por su parte, los artículos 20, Inciso c, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; De dichos preceptos se obtiene que la víctima u ofendido tiene la oportunidad de impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, o no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Ello es así, ya que la implementación del nuevo sistema de justicia penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tiene una situación de igualdad. Ahora bien, en el caso específico de acciones y omisiones atribuibles al Ministerio Público en la investigación de los delitos, tanto la Constitución Federal, como ya se explicó en el párrafo que antecede, como el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 258, prevén que en esos casos, la víctima y ofendido deben acudir ante el Juez de Control para poder impugnar esas determinaciones. Cierto, el numeral 258 del Código adjetivo en cita, dispone lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Como puede leerse, el precepto legal transcrito establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Control. Por tanto, de la interpretación sistemática de los preceptos fundamentales y legales citados, se desprende que conforme al proceso penal acusatorio vigente en el Estado de Guerrero bajo el cual se rige el acto reclamado, las omisiones del Ministerio Público pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre y cuando previamente sean controvertidas dentro del proceso de origen ante la autoridad judicial correspondiente, esto es, combatir esas determinaciones ante el Juez de Control, impugnación que podrá tener efecto de modificar, revocar o nulificar esa situación. Orienta lo expuesto la tesis XVIII. 1o.P.A.2 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, mayo de 2017, tomo III, página 2141, de rubro y textos siguientes: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." Debe destacarse que en la tesis en cita, se establece que la víctima u ofendido debe impugnar ante la autoridad judicial, cuando el Ministerio Público sea omiso o negligente en cumplir con sus funciones, al ser equiparables estas afectaciones a las determinaciones que afecten o impidan lograr la pretensión de la víctima u ofendido, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, ya que de una interpretación sistemática de las normas transcritas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258. Cabe precisar que dicha tesis fue objeto de la contradicción número 233/2017, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en la cual sostuvo que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise su legalidad y que dichas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación y que en ese sentido, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto. Por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. En ese sentido, considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de Control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado. Por tanto, en contra de la omisión de las autoridades responsables de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación dentro de la carpeta de investigación 12030350100087121017, es improcedente el presente juicio. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA CINCO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO...

  4. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

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