Leticia Castillo Jimenez

Expediente 591/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
591/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Leticia Castillo Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; once de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado procesal que guarda este sumario y a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Leticia Castillo Jiménez, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 Asimismo, con apoyo en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace constar que el PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Por otra parte, se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Leticia Castillo Jiménez, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad responsable. En ese sentido, regístrese con el número 591/2022-I-M y fórmese de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente impreso, sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, la promovente reclama la interlocutoria de dos de junio de dos mil veintidós, emitida en el expediente 111/2020-II, en el que a su vez, resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra del auto de veintinueve de abril del año en curso, en el que se declaró sin materia la prueba pericial MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 ofertada por la quejosa con cargo al arquitecto Humberto Ventura Prudente; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Conviene recordar que es reclamable a través del juicio de amparo toda norma general, acto u omisión de autoridad que viole los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; según lo dispone el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia; en tanto que en el arábigo 107 se indican con precisión los casos específicos en que debe promoverse ante el Juez de Distrito el juicio de amparo indirecto, y tratándose de la hipótesis que regula la fracción V, atinente a los actos dentro de juicio, deben ocasionar sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, a fin de que proceda en su contra el juicio de amparo por la vía biinstancial. De la demanda de amparo, se obtiene que el acto reclamado por su naturaleza, es meramente de carácter intraprocesal, ya que es de aquellos que tienen efectos que repercuten sólo en el procedimiento, lo cual no MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 WordSISE ??A???????????? implica una afectación en algún derecho sustantivo que tutela la Constitución, lo que es así, ya que, por regla general, no procede el juicio de amparo en su modalidad indirecta, contra las violaciones procesales suscitadas a lo largo del juicio, las que únicamente son susceptibles de impugnación -como tales, cuando hubieren trascendido al resultado del fallo- en el juicio de amparo directo en que se señale la sentencia definitiva como acto reclamado. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo 56, Agosto de 1992, página 11, con el rubro siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Tal es el espíritu de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reglamentado en el 170 de la Ley de Amparo, el cual se constituye como un fiel reflejo de la voluntad legislativa que ha querido que los procedimientos comunes no se vean interrumpidos con la constantes interposición de juicios de garantías, consagrando además, a la instancia constitucional como un medio de defensa realmente extraordinario, tal como lo establece la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/49, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro siguiente: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, AMPARO CONTRA (ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 158 Y 159 DE LA LEY DE AMPARO)."(Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 16:03:28 de la Federación, Octava Época, del tomo VI, Julio a Diciembre 1990, página 426). En concordancia con lo anterior, el contenido del auto impugnado en la presente instancia constitucional, solo deja ver que se trata de una cuestión meramente procesal que no puede ser combatida a través del amparo indirecto, ya que por su naturaleza no es un acto de imposible reparación, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues al versar la interposición del recurso de reconsideración que desechó sobre una cuestión de pruebas, es palmario que será hasta el dictado de la sentencia que en su caso se dicte, cuando se tendrá certeza de si ese acto (desechamiento de una prueba pericial) afectó la esfera de derechos fundamentales de la impetrante; y de ser así, como se dijo, será en ese momento cuando estará en condiciones de alegarla como violación procesal al promover el juicio de amparo directo correspondiente. Ilustra lo anterior, por las razones que la informan, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 513, Tomo XIV, Noviembre de 1994, página 513, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada, registro 210066, que dice: "PRUEBAS. LA NEGATIVA A ADMITIRLAS ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Si el acto reclamado en la demanda de garantías se hace consistir en la resolución de segunda instancia que confirmó el auto que negó la admisión de una prueba ofrecida por el quejoso, es incuestionable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, en razón de que, ese desechamiento en caso de ser ilegal constituye una violación intraprocesal, que puede ser invocada al promover el amparo directo en contra de la sentencia definitiva que recaiga en el juicio natural, siempre que ésta resulte adversa a los intereses de la parte oferente de la prueba. Corolario de lo expuesto, se insiste, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado contrario sensu), todos de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso 113 de la Ley en consulta, se desecha la demanda de amparo promovida por Leticia Castillo Jiménez, por propio derecho. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en el escrito inicial de demanda, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Ruíz Gutiérrez, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como Licenciados en Derecho, y sólo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Evelia Oliveros Ávalos, Mario López Salomé, Miguel Ángel Gallardo Villa, Luis Peregrina Orozco y Berenice Ailín López López, por así manifestarlo expresamente la parte quejosa. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio.

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