Leticia Carpio Araiza
Expediente 3667/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 3667/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/05/2022
Partes del expediente
- Leticia Carpio Araiza
Actuaciones
- Principal
C iudad de México; dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Se atiende promoción. Visto el escrito de cuenta signado electrónicamente por el quejoso José Gabriel Cuadra García, por medio del cual manifiesta que amplía su demanda de amparo respecto de los siguientes actos reclamados: La aprobación y aplicación de: El Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México para el año dos mil diecinueve (2019), El Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México para el año dos mil veinte (2020), El Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México para el año dos mil veintiuno (2021), El Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México para el año dos mil veintidós (2022), La fijación de los sueldos del personal perteneciente a Banco de México en donde se establezcan reducciones salariales al quejoso y se eliminen o disminuyan otras prerrogativas o percepciones con base en dichos presupuestos. La inminente emisión, dictado o expedición de cualquier otro acto mediante el cual se pretendan aplicar y/o ejecutar los presupuestos señalados, en donde se establezcan reducciones salariales al quejoso y se eliminen o disminuyan otras prerrogativas o percepciones. Desechamiento parcial de la ampliación de demanda Respecto de los actos precisados en los incisos b), c) y d) este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los artículos 17, primer párrafo, y 18, ambos de la Ley de Amparo vigente, a la letra estatuyen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del primer precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Además, el artículo 17 transcrito, señala como plazo genérico para presentar la demanda de amparo, el de quince días, y señala en su fracción I, que será de treinta días cuando se reclame una norma general autoaplicativa. Finalmente, el ultimo precepto invocado establece, que los plazos comenzaran a correr desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acto reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de nuestro Máximo Tribunal, distinguió las hipótesis que se pueden presentar con motivo de la aplicación del artículo 17, en los términos precisados por el numeral 18 de la Ley de Amparo, en cuanto al conocimiento del acto reclamado, a saber: 1. Al día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo reclamado. 2. Al día siguiente en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución. 3. A partir de su entrada en vigor, cuanto se trate de la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo, en que será de treinta días. Cabe señalar que los tres supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; igualmente, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición de la quejosa respecto de los actos reclamados, toda vez que, para que ésta se haga sabedora de dichos actos puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que éstos son medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, y que deben ser idóneos para cada caso. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286 del tomo XXV, Mayo de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." Ahora, para iniciar el cómputo del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo se establecen diversos supuestos, atendiendo al tipo de acto reclamado. Por tanto, se precisa que conforme a los citados preceptos, el juicio de amparo donde se reclame una norma general autoaplicativa resulta improcedente cuando no se promueve dentro de los treinta días contados a partir del día de su entrada en vigor. En ese sentido, cabe apuntar que por actos consentidos tácitamente deben entenderse aquéllos que producen un agravio en la esfera jurídica del gobernado, empero, éste no los impugna en tiempo mediante el juicio de amparo. También, destaca que el consentimiento del acto reclamado constituye una regla de derecho conforme a la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad, lo que obedece a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que el peticionario se sirva posteriormente del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de su conducta, que tácitamente exteriorizó al no inconformarse cuando tuvo la oportunidad para hacerlo. En ese entendido, del escrito de ampliación de demanda se advierte que el quejoso reclama como autoaplicativos los Presupuestos de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, para los ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Sin embargo, se advierte que la parte promovente consintió tácitamente los citados presupuestos que ahora tilda de inconstitucionales toda vez que presentó su demanda extemporáneamente, esto es, fuera del plazo de treinta días para promover la demanda. Esto es así pues, para el caso de reclamar normas generales de forma autoaplicativa, el plazo debe computarse no a partir de del día en que manifiestan que se hicieron sabedores; sino de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo empieza a transcurrir a partir del día siguiente de la entrada de en vigor de la norma combatida, sin que disponga que debe ser publicada en el Diario Oficial de la Federación o en algún otro medio de difusión general, para constituir un hecho notorio, que actualice alguno de supuestos antes mencionados. Por tanto, si la Junta de Gobierno del Banco de México, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 46, fracción XI, de la Ley del Banco de México, aprobó los Presupuestos de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, para los ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, respectivamente en las sesiones de once de diciembre de dos mil diecinueve, once de diciembre de dos mil veinte y treinta de noviembre de dos mil veintiuno; información que se obtiene de la página de Internet del Banco de México, cuya información es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y que hace prueba plena. Por lo que dichos presupuestos entraron en vigor, el uno de enero de cada uno de dichos ejercicios fiscales (2020, 2021 y 2022), y la ampliación de su demanda de amparo se presentó electrónicamente hasta el cuatro de mayo de dos mil veintidós, es evidente que su presentación resulta extemporánea, al no haberse promovido por lo que hace a cada presupuesto dentro del plazo de treinta días posteriores a su entrada en vigor como lo mandata el artículo 17, fracción I de la Ley de Amparo. Lo anterior es así en virtud que teniendo para efectos del cómputo del plazo señalado, la data a partir de la cual entró en vigor las normas combatidas, esto es, el primero de enero de dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, respectivamente, el plazo transcurrió en exceso, pues solamente por lo que hace al último presupuesto señalado como acto reclamado, es decir, el del año dos mil veintidós, transcurrió del tres de enero al catorce de febrero de dos mil veintidós [sin contar los días ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de enero, cinco, seis, siete, doce y trece de febrero, todos del año que transcurre, los cuales son inhábiles tal y como lo dispone el numeral 19 de la legislación de la materia]. Por lo que, dado que los diversos de los años dos mil veinte y dos mil veintiuno, entraron en vigor aun con anterioridad, con mayor razón el plazo para reclamarlos transcurrió en exceso. No se soslaya que la parte quejosa manifiesta, que pretende ampliar la demanda de amparo respecto de los Presupuestos de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, para los ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, con motivo de lo determinado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, en el amparo en revisión 594/2020, que ordenó a este órgano de control constitucional reponer el procedimiento a fin de que se ordenara dar vista de forma personal a la parte quejosa con los informes justificados de las autoridades responsables de Banco de México, con motivo de la existencia de actos de aplicación de la norma reclamada. Sin embargo, respecto del informe justificado de las autoridades responsables de Banco de México que obra en autos, como lo advirtió la Superioridad, únicamente se desprende como acto de aplicación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, para dos mil diecinueve, por lo que es únicamente, respecto de dicho presupuesto, que el Tribunal Colegiado revisor ordenó conceder al quejoso un término de quince días para que de considerarlo necesario ampliara su demanda de amparo. Por tanto, si los Presupuestos de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México, para los ejercicios fiscales dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, causaron algún agravio al impetrante de amparo con motivo de su entrada en vigor, pudo haberlos reclamado, ampliando los actos reclamados en el presente juicio de amparo, o mediante un diverso juicio, siempre dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse el motivo de improcedencia que estatuye el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar la ampliación de la demanda de amparo respecto de los actos reclamados precisados en los incisos b), c) y d). Admisión de la ampliación de demanda Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I y VII, ambos de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 107, 112 y 115, de la Ley de Amparo y, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el numeral 108 del mismo ordenamiento, se admite la ampliación de la demanda de amparo en contra de los actos reclamados en el escrito de ampliación relativos al Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México para el año dos mil diecinueve (2019). Autoridades responsables. 1. Banco de México. 2. Gobernador del Banco de México. 3. Junta de Gobierno del Banco de México. 4. Director General de Administración del Banco de México. 5. Director General de Recursos Humanos del Banco de México. 6. Director de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México. 7. Gerente de Remuneraciones y Beneficios del Banco de México. 8. Gerente de Gestión Presupuestal del Banco de México. 9. Subgerente de Presupuestos y Costos del Banco de México. 10. Jefe de la Oficina de Presupuestos del Banco de México. 11. Subgerentes de Gestión de Remuneraciones y Prestaciones del Banco de México. 12. Subgerente de Pensiones y Salarios del Banco de México. 13. Jefe de la Oficina de Nomina del Banco de México. 14. Jefe de la Oficina de Prestaciones del Banco de México. 15. Jefe de la Oficina de Salarios y Compensaciones del Banco de México. 16. Jefe de la Oficina de Análisis Presupuestal del Banco de México. Cuadernos Incidentales. Ahora, del estudio íntegro del escrito de ampliación de demanda se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados a las autoridades responsables, por tanto provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Intervención ministerial de la adscripción. Dese la intervención que corresponde a la representación ministerial de la adscripción. Fundamento: Artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Solicitud de informe justificado Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe justificado dentro del plazo de quince días, en el que, refiriéndose al número de oficio en el que se le comunique la presente determinación, deberán: a) Manifestar si son ciertos o no los actos reclamados. b) Remitir copia certificada completa y legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder en relación con el acto reclamado. c) Informar a este juzgado de distrito si la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y, en el supuesto de que así sea, señale a qué órgano correspondió conocer del mismo. d) Hacer saber a este órgano sobre la existencia de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento del presente juicio, remitiendo al efecto las constancias conducentes, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aun durante la tramitación del juicio, si sobreviniera la causa con posterioridad. Apercíbase a las autoridades responsables que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados, con la totalidad de los requerimientos formulados en los incisos antes precisados, podrá imponérsele una multa de hasta cien veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización. Lo anterior, de conformidad con los numerales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como el factor de actualización de esa unidad de medida publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, el cual entró en vigor el uno de febrero siguiente. Hágase también de su conocimiento que su informe justificado deberá presentarse en este órgano jurisdiccional y, en aras de una pronta impartición de justicia, podrá ser remitido vía correo electrónico oficial 1jdoaux1cto@correo.cjf.gob.mx, correspondiente a este juzgado de distrito, con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento contenga la firma electrónica del funcionario (firel o e.firma), debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, con la precisión de que se requiere su envío por uno solo de los medios citados. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que para tales efectos, también cuentan con la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. La notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio impreso a todas las autoridades y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Fundamento: Artículos 26, 28, 30, 117, 237, 238, 251, 259, 260, fracción II, de la Ley de Amparo, tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su actualización anual publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno. Así como Acuerdos Generales Plenarios 1/2013 y 1/2015, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 3 de la Ley de Amparo; y artículo 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, las constancias que se remitan de carácter reservado o confidencial, deberán enviarse debidamente resguardadas en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial" y cumplir con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo se entenderá que corresponden al supuesto previsto en el último párrafo del numeral precitado y se podrá ordenar el glose al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Fundamento: Artículos 7, 20, 22, 24 y demás aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los artículos 101 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Autorizados para oír y recibir notificaciones y consulta vía internet. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de las autorizaciones conferidas con anterioridad, se tienen como autorizados en términos amplios de la parte quejosa a Daniel Ramos Sosa, Verónica Rojas Cortes, Ramón Cruz Camarillo Rojas, Orlando Jiménez del Ángel, Alexa Mendivil Ramírez y María Cota Souffle. Por otro lado, en relación con la autorización para la consulta del expediente electrónico vía internet, considerando que se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, los usuarios "DanielaRS", "Veronicarojasc", "carlosmunozo", "JonatanJimenez", "SamaraJV", "rociogv", "ojimenezda", "ramón.ccr", "Eitopa17", "freybetan25", "MpenalozaO", "krojascoxt", "amendivil", "MariaCS", "egalicia10", y "ferfernadaar19"; con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica de las constancias que integran el expediente en que se actúa. Notificación a la parte quejosa. Se autorizan las notificaciones vía electrónica a la parte quejosa, dado que el usuario que expresamente señaló para tal efecto "egalicia10", se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior con fundamento en los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Diferimiento de la audiencia constitucional. A fin de dar margen a lo ordenado en párrafos que preceden, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para tener verificativo en esta fecha, y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo. Adicionalmente, se considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado dicha audiencia, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo aquéllas, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) supuesto normativo que no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Notificación a las autoridades responsables y a la parte quejosa. Cabe destacar que se ordena notificar este auto a las autoridades responsables y a la parte quejosa, por medio de lista, al no ubicarse el auto de diferimiento de la audiencia constitucional en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan el siguiente correo institucional: fjlopezs@cjf.gob.mx Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese.
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