Leticia Brito Villalpando

Expediente 649/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
649/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
27/04/2022

Partes del expediente

  • Leticia Brito Villalpando

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Téngase recibido el oficio 4764/2022, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual devuelve el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto número 649/2021, promovido por Leticia Brito Villalpando, así como testimonio de la resolución dictada en sesión plenaria de ocho de abril de dos mil veintidós, en el incidente en revisión 440/2021 de su índice interno, cuyo único punto resolutivo es del tenor siguiente: "ÚNICO.- Se declara SIN MATERIA el presente recurso de revisión." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, acúsese recibo al tribunal superior, y glósense al presente juicio las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes posteriores a la interposición del recurso de revisión hecho valer. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el cuaderno original del incidente de suspensión es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo. De igual forma, en atención al diverso numeral 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, el duplicado del incidente en mención deberá ser destruido, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo del juicio de amparo indirecto del que éste deriva.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada por este juzgado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y la autoridad responsable fueron notificadas el diecinueve siguiente, quedando comprendido dicho lapso del veintidós de los citados mes y año al seis de diciembre del año próximo pasado. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en vigor por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el mismo. Por otro lado, advirtiéndose que el cuaderno relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto se ubica en la hipótesis contenida en la fracción I, inciso a) del ordinal 18 del acuerdo invocado en el párrafo anterior, provéase lo conducente en la referida incidencia para que se realice su valoración documental conforme a los lineamientos contenidos en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, hágase del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar en el incidente en revisión 440/2021.

  3. Principal

    Audiencia constitucional. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas con veinte minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados en auto de diecinueve de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 649/2021. El licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido por la licenciada Karín Patricia Rodríguez Morán, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin comparecencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo de "Agenda de Visita a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya generado cita para comparecer a esta audiencia ni que hayan solicitado estar presentes por medio de videoconferencia. Acto seguido, la secretaria realiza una lectura íntegra del escrito relativo a la demanda de amparo y procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos: escrito inicial de demanda promovida por Leticia Brito Villalpando, auto admisorio de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, e informe justificado rendido por la autoridad responsable por el Encargado del despacho Presidencial del Ayuntamiento de Mazatlán, con residencia en esta ciudad, auto de ocho de octubre del presente año, en el que se tuvo como hecho notorio, que en el juicio de amparo 526/2021, de la estadística de este órgano jurisdiccional, se recibió el oficio sin número, signado por el delegado de la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, al que acompañó la prueba documental consistente en Acuerdo administrativo por el cual se determinó pedir a los habitantes de este lugar el certificado de vacunación contra el virus COVID-19, para ingresar a lugares públicos, emitido el veintiséis de julio del año en curso y proveído de veintiuno de los propios mes y año, en el que la autoridad en cita comunicó lo atinente a la modificación y vigencia del acuerdo administrativo en cita. Acto seguido, el Juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes justificados de referencia. Abierto el período de pruebas: la secretaria da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables; así como las obtenidas del juicio de amparo 526/2021. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en el ordinal 119 de la Ley de Amparo, se tiene admitido y desahogado en razón de su propia naturaleza el referido medio de convicción, mismo que será tomado en consideración en su oportunidad, con lo que se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos: la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento; por tanto, se cierra dicha etapa. Sin que exista diligencia pendiente que desahogar, se procede a la sentencia correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 649/2021, promovido por Leticia Brito Villalpando; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, Leticia Brito Villalpando, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó del Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Mazatlán, con residencia en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hizo consistir en la orden de prohibir el ingreso a lugares públicos a las personas que no acrediten, mediante la exhibición del comprobante correspondiente, haber sido vacunados contra el virus del Covid-19. SEGUNDO. Admisión. Correspondió conocer de la demanda, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, donde se registró con el número de expediente 649/2021, y por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento. Finalmente, las responsables, rindieron sus respectivos informes justificados y la audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; así como, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, toda vez que la orden de aprehensión reclamada pudiera tener ejecución en la circunscripción territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Antes de establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se estima necesario fijar en forma clara y precisa el planteamiento de impugnación que formula la parte quejosa en su demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia número P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera publicada en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, y la segunda a foja 255 del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En la especie, la parte quejosa reclama el acuerdo administrativo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que contiene la orden de observancia general para impedir o prohibir el acceso a plazas, centros comerciales, oficinas públicas, parques recreativos, etcétera, a los habitantes del municipio de Mazatlán, que no acrediten contar con el esquema de vacunación contra el virus que provoca la enfermedad Covid-19, con motivo de su inicio de vigencia, es decir, a partir del dos de agosto de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, con residencia en esta ciudad, sin que obste que el encargado del despacho por ministerio de ley de dicho Ayuntamiento al rendir su informe justificado, haya negado su existencia; sin embargo, expuso razones y circunstancias de las que se desprende la existencia del acuerdo administrativo de observancia general reclamado. Lo anterior es así, toda vez que el referido encargado del Ayuntamiento informó la emisión del acuerdo administrativo de observancia general de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que contiene las medidas preventivas a implementar para mitigar y controlar los riesgos de salud que implica la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Manifestación que se corrobora con la copia certificada del acuerdo administrativo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, la cual se incorporó al presente juicio como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a la que adminiculada con las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Encuentra sustento lo expuesto, en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Octava Época, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Procedencia de la acción constitucional. Por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan valer las partes, o bien que, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio las advierta quien esto resuelve e impidan abordar el estudio de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia II.1°.J./5 mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." El Delegado del Presidente Municipal responsable, invocó la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues a su decir, cesaron los efectos del acuerdo administrativo de observancia general reclamado. Al respecto, se estima fundada la causa de improcedencia invocada. De una interpretación al arábigo copiado, armonizado con el diverso 77 de la Ley de Amparo, se colige que para que se surta dicha causa de improcedencia no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro digital 193758 de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTO EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, tratándose de amparo donde se reclamen actos cuyos efectos sean de observancia general, a fin de constatar la actualización de la causa de improcedencia de mérito, es necesario verificar si se trata de normas prohibitivas o de normas que generan una obligación y, en este último supuesto, si las normas produjeron consecuencias durante el periodo en que estuvieron vigentes. Ello, ya que las normas prohibitivas sólo prevalecen durante la vigencia de la ley, de modo que al derogarse cesan sus efectos prohibitivos, permitiendo que el gobernado actúe. En cambio, respecto a aquellas que generan la obligación de actuar en determinado sentido, esto es, que imponen una obligación de hacer o permitir que se haga (norma positiva), la derogación de la ley no siempre libera a los destinatarios de las consecuencias que hayan derivado de su observancia o inobservancia por el periodo que estuvo vigente, salvo que por disposición expresa de una norma transitoria se impida la aplicación de la ley derogada incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso queda destruida la ley desde su promulgación. Apoya lo expuesto, la Jurisprudencia P/J 51/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro digital 198400 de epígrafe y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189).- Del análisis de las ejecutorias que integran la jurisprudencia citada, especialmente de la primera de ellas, se deriva que su origen yace en la impugnación de normas cuya aplicación entrañaba una prohibición in genere, que sólo prevalecería durante la vigencia de la ley, pero que derogada cesaría su efecto prohibitivo permitiendo, por tanto, que el gobernado actuara en aquel sentido. En esta hipótesis, la concesión de la protección constitucional no tendría efecto alguno, dado que en ningún caso podría surtir efectos sobre el pasado, pues no podría volver en el tiempo para reparar la violación causada por la aplicación de aquella norma, facultando al quejoso para realizar lo que le fue vedado y que ahora le es permitido. Por ello, debe estimarse que la jurisprudencia en comento sólo es aplicable cuando la ley reclamada entraña una prohibición y no cuando genera una obligación de actuar en determinado sentido, o sea, una obligación de hacer o permitir que se haga. En esta última hipótesis, la derogación de la ley no libera a quienes fueron sus destinatarios de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia o inobservancia por todo el periodo durante el que estuvo vigente, ya que, a pesar de la derogación, los obligados a acatarla deben responder de los actos realizados al amparo de la misma y, por ende, sufrir las consecuencias desfavorables derivadas de su aplicación; a más de que, por regla general y salvo disposición expresa -como sería aquella norma transitoria que impidiera la aplicación de la ley derogada, incluso a los hechos ocurridos bajo su vigencia, en cuyo caso quedaría destruida la ley desde su promulgación misma-, la derogación de la ley sólo produce efectos hacia el futuro, impidiendo que ella se aplique a hechos realizados con posterioridad a la fecha en que se produjo, pero no abarca los realizados durante la época en que estuvo en vigor, los cuales provocaron una afectación en la esfera jurídica de los gobernados que sólo puede ser subsanada, en su caso, mediante la protección de la Justicia de la Unión." En el caso, la parte quejosa reclamó el acuerdo administrativo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que contiene la orden de observancia general para impedir o prohibir el acceso a plazas, centros comerciales, oficinas públicas, parques recreativos, etcétera, a los habitantes del municipio de Mazatlán, que no acrediten contar con el esquema de vacunación contra el virus que provoca la enfermedad Covid-19, con motivo de su inicio de vigencia, es decir, a partir del dos de agosto de dos mil veintiuno; el cual, en lo atinente, se reproduce a continuación: "(.) ACUERDO ÚNICO. A partir del 2 de agosto de 2021, se pedirá a los habitantes del municipio de Mazatlán, que residan habitual o temporalmente dentro del territorio del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19, para asistir a lugares públicos, esto como medida preventiva que se deberá implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). ATENTAMENTE Mazatlán, Sinaloa, a 26 de julio de 2021. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN, SINALOA. Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES.". Del acuerdo administrativo transcrito, se advierte que el Presidente Municipal responsable emitió medidas preventivas de observancia general para los habitantes de esta localidad, a fin de mitigar y controlar los riesgos de salud que implica la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Estableciendo en su punto de acuerdo único, que a los habitantes de esta localidad (residentes habituales o temporales), se les exigiría el certificado de vacunación contra el virus que provoca la enfermedad Covid-19, a fin de poder acceder a los lugares públicos. Sin embargo, como se dijo, contra dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que el acuerdo administrativo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, que contiene la orden de observancia general, fue modificado mediante el diverso acuerdo administrativo de quince de octubre de dos mil veintiuno, mismo que fue allegado por el delegado del Presidente Municipal responsable al juicio de amparo 526/2021 del índice de este órgano de control constitucional, el cual se incorporó al presente expediente como un hecho notorio y se ordenó agregar copia certificada, mismo que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser una documental expedida por autoridad en ejercicio de las funciones que la ley establece. Ahora bien, a fin de constatar la actualización del motivo de improcedencia en análisis, conviene traer a colación el contenido del acuerdo administrativo de quince de octubre de dos mil veintiuno, que resulta del tenor siguiente: "(.) ACUERDO PRIMERO.- A partir del 18 de octubre de 2021, con base en los considerandos del presente, acuerdo, se modifica el diverso acuerdo de fecha 26 de julio de 2021; por lo que como medida preventiva se pedirá a los habitantes que residan habitual o temporalmente dentro del territorio del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19, para asistir a lugares públicos que no se consideren como destinados a satisfacer bienes esenciales y básicos, como son, establecimientos o lugares: 1).- De ocio y esparcimiento social; 2).- Para eventos deportivos profesionales o no; 3).-Cines; 4).- Salas de teatro; 5).-Establecimientos de comercio de artículos no indispensables; 6).- Salones de fiestas, y 7).- En general, donde no se vendan o presten servicios de primera necesidad. SEGUNDO.- Desde el día 18 de octubre de 2021, no se pedirá a los habitantes que residan habitual o temporalmente dentro del territorio del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19, para asistir a lugares públicos, tales como de alimento - incluidos restaurantes-vestido, educación; vivienda, servicios públicos- agua, luz, teléfono, registro civil, registro público-, hospitales, farmacias, parques ventilados; y, en general, los satisfactores de los derechos contemplados en el artículo 4° constitucional. TERCERO: En todo establecimiento o lugar, se deberá de seguir cumpliendo con los protocolos siguientes: I. En todos los casos, siempre se aplicarán las medidas de sana distancia, por lo cual las actividades esenciales que presten servicios al público deberán de reducir su aforo en espacios cerrados o al aire libré al 65 % y las actividades no esenciales que presten servicios deberán de reducir su aforo en espacios cerrados o al aire libre al 65%. Il. Las personas deberán lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y/o gel antibacterial alcoholizado al 70% o más. Ill. Las personas deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo). IV. No saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia). V. Tomar la temperatura con termómetro infrarrojo, antes del ingreso a todo establecimientos abierto al público, tanto a empleados como clientes. VI. En todo tipo de comercios, disponer gel antibacterial en el acceso, así como en las áreas de cajas, atención a clientes, servicios sanitarios y oficinas. VIl. Todo el personal que labora en los comercios deberá encontrarse protegido con cubrebocas y lentes de protección o careta. VIll. En caso de que el cliente no disponga de cubrebocas al ingreso, se le deberá otorgar al mismo por cuenta del comercio, empresa o institución o en su defecto negarle el acceso. CUARTO,- Lo anterior como medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). A T E N T A M E N T E Mazatlán, Sinaloa, a 15 de octubre de 2021 EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN, SINALOA Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENÍTEZ TORRES" En la determinación de observancia general trascrita, se establecen las nuevas medidas temporales de mitigación y control de riesgos de salud que implica la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). De entre las cuales, se destaca que se suprimió la prohibición en abstracto para que los ciudadanos de esta localidad pudieran acceder a lugar públicos aun sin acreditar contar con el esquema de vacunación contra el virus que provoca la enfermedad Covid-19. En efecto, con base en el acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, cuyos efectos comenzaron a surtir efectos el dieciocho posterior, se permitió a los habitantes de Mazatlán, Sinaloa, asistir sin necesidad de contar con el certificado de vacunación respectivo a los lugares públicos de alimento, vestido, educación, vivienda, servicios públicos y, en general, a todos aquellos inherentes a satisfacer el derecho a la salud, consagrado en el artículo 4° constitucional. Quedando excluido de lo anterior, los lugares de ocio y esparcimiento social, para eventos deportivos profesionales o no, cines, salas de teatro, establecimientos de comercio de artículos no indispensables, salones de fiesta y en general, donde no se vendan o presten servicios de primera necesidad. Entonces, al haberse emitido dicho acuerdo administrativo de observancia general que modificó el diverso de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, estableciendo las nuevas medidas temporales de mitigación y control de riesgos de salud que implica la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2, (COVID-19), cuyos efectos son los que actualmente imperan en esta localidad; quedaron destruidas las prohibiciones primarias indicadas en el acuerdo reclamado en este asunto. Además, en autos no está acreditado que el acuerdo reclamado de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, hubiese producido consecuencias materiales, es decir, que haya sido aplicado a la parte quejosa, derivado del incumplimiento de las obligaciones en los términos que lo indicaba antes de su modificación, por lo que, en el caso, una eventual concesión del amparo en contra de dicho acuerdo carecería de efectos prácticos. Aplica a lo aquí determinado, la Jurisprudencia 2a./J 6/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro digital 2003285 cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA.- Conforme al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, resulta inconcuso que se actualiza dicha causa de improcedencia si en el juicio de amparo indirecto se reclama como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva, o la que establece una obligación, y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la prohibición u obligación, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus efectos, y no se demuestra que la que genera una obligación haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la quejosa, derivada del incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, pues una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos." En ese sentido, resulta jurídicamente imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acuerdo administrativo de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, porque fue sustituido por el diverso acuerdo de quince de octubre posterior, con efectos generales a partir del dieciocho siguiente; de forma tal que la pretensión del quejoso no puede hacerse depender del acto reclamado en esta vía constitucional; estimar lo contrario violentaría el principio de instancia de parte agraviada establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República. Resulta orientadora la tesis V.5o.1 K emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro digital 176744 que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." No pasa inadvertido para quien resuelve que ambos acuerdos administrativos con efectos generales, contienen una prohibición de índole similar; no obstante, tienen una diferencia notable, pues mientras el primero contemplaba una prohibición absoluta, el segundo, modificó substancialmente esa restricción en abstracto, al delimitar la exigencia de exhibir el certificado de vacunación únicamente a ciertos lugares donde no se provén insumos o servicios de necesidad básica y permitir el acceso sin colmar tal extremo a otros. De ahí que, al estar vigentes las nuevas medidas temporales de mitigación y control de riesgos de salud que implica la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), cuyos efectos comenzaron a surtir efectos a partir del dieciocho de octubre pasado, es inconcuso que desapareció sin dejar huella el efecto del primer acto. Máxime que, como se indicó, el justiciable reclamaba la prohibición absoluta incluso a lugares de primera necesidad, lo que desapareció con motivo de la emisión del nuevo acto municipal de observancia general, sin que se hubiera aportado medio de convicción alguno que acreditara un acto concreto de aplicación, dado que la parte quejosa combatió la disposición normativa con motivo de su entrada en vigor. Debe precisarse que la presente determinación no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, ya que de estimar que las nuevas disposiciones le generan un agravio personal y directo, se encuentra en posibilidad de promover en cualquier momento una nueva demanda de amparo, en la que individualice sus condiciones particulares y combata de manera destacada el acuerdo general administrativo vigente a partir del dieciocho de octubre de dos mi veintiuno. Por tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en el juicio. Asimismo, se estima innecesario el estudio de la diversa causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, atendiendo al sentido del presente fallo. Por otra parte, con motivo del sobreseimiento decretado en esta instancia, no es factible realizar el estudio de los argumentos vertidos por la parte quejosa a título de conceptos de violación, puesto que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, y no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad al ordenarlo o ejecutarlo. Así, el sentido del presente fallo no solo libera a este juzgador de abordar el estudio de los conceptos de violación planteados, sino que lo imposibilita para realizarlo, ya que de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 10/96 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 200412, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMO PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo." Finalmente, cabe precisar que los criterios anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, invocados en el presente fallo no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, y por ende, pueden ser citados por el suscrito. QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Tomando en consideración que las partes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyeran en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en el que se les hizo de su conocimiento tal circunstancia; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin supresión de datos. Por lo expuesto y fundado en los artículos 63 al 74 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Leticia Brito Villalpando contra el acto que reclamó a la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente determinación.

  4. Principal

    Téngase recibido el oficio sin número, signado por el delegado de la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; en atención a su contenido, se le tiene formulando manifestaciones las cuales serán tomadas en consideración en su momento procesal oportuno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo.Con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes.

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