Leticia Bobadilla González

Expediente 1026/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1026/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Leticia Bobadilla González

Actuaciones

  1. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO X-492/2020 Y SU ACUMULADO III-1026/2021, PROMOVIDO POR JOSÉ MANUEL GUERRERO RASCOS Y LETICIA BOBADILLA GONZÁLEZ,QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo X-492/2020 y su acumulado III-1026/2021, promovidos por José Manuel Guerrero Rascón y Leticia Bobadilla González, respectivamente, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO X-492/2020. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, José Manuel Guerrero Rascón, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. Actos que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 3°, fracción VII, último párrafo, 14, párrafo primero, 16, párrafo primero y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO X-492/2020. Por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se desechó la demanda. Lo anterior al considerar que el promovente en su calidad de "persona física", aun cuando manifestó ser trabajador académico de la referida institución de educación superior, carecía de facultades por sí solo para promover el juicio constitucional en torno a una determinación dictada en un procedimiento en el que no es parte formal Inconforme con lo anterior, la parte promovente interpuso recurso de queja, del que tocó conocer por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el que le asignó el número de recurso de queja laboral 112/2020. Posteriormente, mediante resolución dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, determinó revocar el auto recurrido, por las siguientes razones: "(.) Situación que acontece, pues de la demanda de amparo, claramente se advierte el quejoso se duele, en esencia, de que la autoridad responsable tuvo a las partes en el procedimiento de origen, por celebrando contrato colectivo de trabajo, cuando estaba subjúdice la representación de la mesa directiva del sindicato emplazante. Ello, al encontrarse en trámite el diverso juicio de amparo indirecto 1380/2019 del índice del Juzgado Segundo Distrito, en donde señaló como autoridades responsables tanto a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, como al Comité Ejecutivo de Sindicatos de Profesores de la Universidad Michoacana, de quienes reclamó, precisamente, el acuerdo que reconoció esa personalidad a los integrantes del mismo. Motivo por el cual -sostiene- el mencionado sindicato no cuenta con facultades para representarlo, menos aún para celebrar pactos colectivos que afectan sus derechos laborales. De ahí que, tal postura defensiva del reclamante implica un estudio más profundo frente al acto de autoridad; ya que resulta evidente que para determinar si efectivamente impacta directa o indirectamente en su esfera de derechos, es necesario analizar las constancias que la autoridad responsable allegue con su informe justificado, incluso, las que aporten las partes durante la secuela procesal. Consecuentemente, no es dable emprende dicho análisis en el auto de inicio, pues para considerar actualizada una causal de improcedencia, de manera manifiesta e indudable, es menester que no existan dudas y aquella quede evidenciada de manera clara y directa. En este caso, se insiste, no se puede llegar a tal conclusión, más aún, si dichos argumentos van relacionados con los relativos al fondo de las violaciones invocadas por la aquí recurrente. Consecuentemente, se tiene que el motivo por el cual el Juez federal tuvo por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIIII, en relación con los artículos 1° y 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el quejoso no tiene interés jurídico o legítimo en el amparo, al no haber formado parte del procedimiento de emplazamiento a huelga J.V. 167/2020 (sic), en donde sus intereses estuvieron representados por el sindicato emplazante (a quien el promovente desconoce representación), no es un motivo manifiesto e indudable que determine el desechamiento de la demanda." En cumplimiento a lo anterior, por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió la demanda de amparo indirecto, ordenó requerir sus informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO III-1026/2021. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, Leticia Bobadilla González, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. Actos que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 3°, fracción VII, último párrafo, 14, párrafo primero, 16, párrafo primero y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. TRÁMITE DEL JUICIO III-1026/2021. De esa demanda tocó conocer por razón de turno al Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, el que formó el expediente 524/2020 y la desechó al considerar que la parte quejosa no tenía interés jurídico para acudir al juicio de amparo en contra del proveído de treinta de junio de dos mil veinte. Lo anterior al referir que no tenía legitimación en el proceso para acudir en defensa de sus derechos individuales ni de los demás trabajadores miembros del sindicato. Inconforme con lo anterior, la parte promovente Leticia Bobadilla González interpuso recurso de queja, del que tocó conocer por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, el que le asignó el número de recurso de queja laboral 98/2020. Posteriormente, mediante resolución dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno determinó revocar el auto recurrido, al considerar que el motivo de improcedencia invocado por el Juzgado de Distrito recurrido no reunía los requisitos formales necesarios que justificaran el desechamiento de la demanda desde su inicio. En consecuencia, por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, la Jueza Primero de Distrito en el Estado admitió la demanda de amparo, se ordenó requerir su informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Mediante acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, la Jueza Primero de Distrito en el Estado señaló que al existir conocimiento previo de un asunto promovido contra los mismos actos reclamados, el que debía conocer el juicio de amparo de referencia era éste Órgano Jurisdiccional, por lo que ordenó remitir los autos del expediente de amparo indirecto 524/2020 de su índice. QUINTO. ACUMULACIÓN DE JUICIOS Y CONTINUACIÓN DEL PROCESO. Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno se recibió vía returno el juicio de amparo 524/2020 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el cual se registró en este Juzgado Federal con el número III-1026/2021 y se ordenó su acumulación al amparo X-492/2020 también de nuestro índice. Mediante auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceras interesadas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y al Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de las que se ordenó su emplazamiento, lo que tuvo verificativo el veintiuno de febrero del mismo año. A las once horas con treinta minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, ya que se trata de un asunto en materia laboral vinculado a la aprobación de un contrato colectivo cuya ejecución se realizará en esta ciudad. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de las demandas de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional por los quejosos José Manuel Carrasco Rascón y Leticia Bobadilla González, consisten en: El proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se dio trámite al proceso de emplazamiento a huelga por revisión del contrato colectivo de trabajo número de expediente J.V. 167-V/2019. Los autos de veintiocho de mayo y treinta de junio, ambos de dos mil veinte, dictados en el expediente J.V. 167-V/2019, relativo al procedimiento de huelga por revisión contractual; en el primero citado, se tuvo a las partes celebrando convenio colectivo y se elevó a la categoría de laudo ejecutoriado; y, en el segundo, en el que se ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. La precisión apuntada obedece a que si bien los quejosos en su escrito inicial de demanda únicamente señalaron como acto reclamado el acuerdo de treinta de junio de dos mil veinte, sin embargo, de su lectura integral se advierte que se inconforman respecto a la competencia del Presidente de la Junta laboral para conocer del asunto, lo que es inherente al acuerdo inicial de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, donde se ordenó tramitar el asunto por dicha autoridad. Mientras que en otra parte de su escrito inicial se advierte que se inconforman del depósito del contrato colectivo de trabajo de dos mil veinte, celebrado entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo que se tuvo por hecho en acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veinte. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados en razón de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, así lo señalaron, por lo que se acredita su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además tal afirmación se corrobora con las copias certificadas del expediente J.V. 167-V/2019, relativo al procedimiento de huelga por revisión contractual, que las autoridades responsables anexaron a sus informes justificados. Pruebas a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles al tratarse de actuaciones judiciales. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, el Agente del Ministerio Público, al presentar su pedimento, refirió que en el asunto se actualiza la hipótesis legal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Numeral que establece que procede tal sobreseimiento en el juicio si de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Lo que no acontece en razón de que del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte que las autoridades responsables señalaron que eran ciertos los actos reclamados. Además que de las copias certificadas del expediente J.V. 167-V/2019 del índice de la responsable, tal como se precisó en el presente considerando, se observa la existencia de los actos reclamados de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, veintiocho de mayo y treinta de junio, ambos de dos mil veinte. De ahí que no se actualice la causa de sobreseimiento referida. CUARTO. ANTECEDENTES RELEVANTES. Para mayor claridad del presente asunto conviene relatar los siguientes antecedentes: Mediante escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, Jorge Luis Ávila Rojas, Secretario General, y Vicente Martínez Hinojosa, Secretario del Trabajo, ambos del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (en lo sucesivo SPUM), presentaron pliego de peticiones con emplazamiento a huelga para notificación a la parte patronal Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la que exigieron lo siguiente: a) La revisión del contrato colectivo de trabajo vigente durante el año 2019, esto es, para ser revisado su clausulado conforme al proyecto que anexaron y que surtiera sus efectos legales a partir del día uno de enero de dos mil veinte. b) El emplazamiento a huelga con el objeto de exigir la revisión de los reglamentos y/o convenios que forman parte integrante del contrato colectivo de trabajo. c) La revisión y actualización del tabulador de salarios vigente al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, con los incrementos pactados en los términos del convenio que finiquite el emplazamiento a huelga. d) El cumplimiento de dicho contrato colectivo de trabajo citado. Adjuntaron a su escrito diversos anexos, de los que se destaca el acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve, correspondiente al Registro Sindical número 15/265.3/996-III, del índice de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el que se determinó, en síntesis, lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 707 y 710 de la Ley Federal del Trabajo y atento a lo dispuesto por el numeral 10, fracción III y IV del estatuto del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, concluyó que Hill Arturo del Río Ramírez, Presidente de la Junta citada no se encontraba en ninguno de los supuestos de impedimento a que se refería el artículo 707 en relación al 710 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior para conocer, tramitar y resolver los planteamientos formulados por el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, habida cuenta que se encontraba suspendido temporalmente de sus derechos sindicales, dado que el trece de noviembre de dos mil quince, hizo del conocimiento del Sindicato de Profesores de la referida Universidad, que había sido designado a partir de esa fecha como Presidente de la Junta. Lo que dijo se advertía de las constancias que obraban agregadas dentro del cuadernillo de amparo indirecto número 01/2018, que formaba del expediente de registro sindical en el que se actuaba. Luego, señaló que, al estar suspendidos temporalmente sus derechos sindicales, le permitía para conocer, tramitar y resolver lo procedente en el expediente de registro sindical, sin que con ello se vulneraba el principio de imparcialidad contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de que, en el caso, el citado Presidente actuaba como representante del Gobierno y no como socio de la organización sindical del citado rubro. Aunado a que las excusas e impedimentos a que se referían los artículos 707 y 710 de la Ley Federal del Trabajo, únicamente son aplicables a procedimientos de juicios mas no al trámite de procedimientos administrativos como en el presente. Verificó el procedimiento de elección o cambio de directiva del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, de la que advirtió que fue llevada a cabo mediante asamblea general extraordinaria de doce de noviembre de dos mil dieciocho, registrando dicha elección. Destacó que el Comité Ejecutivo Sindical estaría en funciones por el término de tres años, contados a partir del doce de noviembre de dos mil dieciocho al once de noviembre de dos mil veintiuno. Por acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, la Junta responsable reconoció la personalidad a Jorge Luis Ávila Rojas y Vicente Martínez Hinojosa, en cuanto Secretario General y Secretario de Trabajo del Sindicato promovente, en términos del acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente de registro sindical 15/265.3/996-III; y ordenó la notificación, emplazamiento y apercibimiento de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por conducto de su rector y representante legal, para comparecer a la audiencia de conciliación y contestar el pliego de posiciones. El veintiocho de mayo de dos mil veinte, se tuvo a la Universidad referida y al Sindicato de Profesores, manifestando que llegaron a un convenio para poner fin al conflicto colectivo de trabajo, sujetándose a las cláusulas que se insertaron en dicho proveído, de las cuales se advierten, entre otras, las que modifican la pensión jubilatoria. En dicho proveído la Junta afirmó que el convenio en cita no contenía cláusula contraria al derecho, a la moral y a las buenas costumbres, en términos de los artículos 33, 34 y relativos de la Ley Federal del Trabajo, por lo que lo sancionó y lo elevó a la categoría de laudo ejecutoriado, obligando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar. También se tuvo a la asociación profesional emplazante por desistida proceso de origen. Por último, se dijo que una vez que se diera cumplimiento con la cláusula quinta del convenio, se acordaría lo que en derecho procediera respecto al archivo del expediente. El treinta de junio de dos mil veinte, compareció el sindicato emplazante por conducto de sus apoderados jurídicos y la Universidad emplazada, exhibiendo tres tantos del contrato colectivo de trabajo vigente para el año 2020, así como: 1) El tabulador de salarios mensual anexo a dicho pacto colectivo. 2) El instructivo para la asignación de plazas vacantes y de nueva creación en la "UMSNH". 3) Convenio que establece los lineamientos para la elaboración del programa general de capacitación y adiestramiento. 4) Convenio que establece los lineamientos para el sistema de estímulos del personal académico sin jubilarse que continúe laborando con más de 25 años de servicio en la institución. 5) El convenio de apoyo académico y extraordinario que forman parte del contrato colectivo de trabajo. En el mismo proveído, al tener por cumplida la cláusula quinta del convenio de veintiocho de mayo de dos mil veinte, ordenó el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido por no quedar materia pendiente sobre la cual fallar. Inconforme con los proveídos de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, veintiocho de mayo y treinta de junio, ambos de dos mil veinte, los quejosos, quienes manifestaron ser trabajadores académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, promovieron demandas de amparo indirecto, señalando que lo hacían en defensa de sus derechos laborales. QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que previamente al estudio del fondo del asunto, debe examinarse si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I.1. Falta de interés jurídico del quejoso José Manuel Guerrero Rascón. Ahora bien, de oficio este Órgano Jurisdiccional advierte que en el caso, por lo que respecta al quejoso José Manuel Guerrero Rascón, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, al carecer de interés jurídico. Se explica. Los numerales citados establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." Conforme a esos preceptos el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien verdaderamente resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o una ley. Es oportuno señalar que en la fracción I del artículo 107 de la Constitución, así como en el diverso 5° de la Ley de Amparo, se establecieron dos de los principios rectores del juicio de amparo que consisten en la existencia del agravio personal y directo, así como en la instancia de parte agraviada. Dichos ejes del procedimiento constitucional impiden que éste inicie de manera oficiosa, pues resulta indispensable el ejercicio de la acción por parte de una persona debido al ataque del acto de autoridad que considera lesiona sus derechos subjetivos. En otras palabras, como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo requiere como requisito de procedencia la existencia de un menoscabo o vulneración que se concreta en una persona física o moral determinada que sin ser necesariamente patrimonial, sea apreciable objetivamente. Tal criterio se encuentra en la siguiente tesis: Registro digital: 232899 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 76, Primera Parte, página 45 Tipo: Aislada "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Es decir, se requiere que la afectación sea real y no subjetiva; que su realización sea pasada, presente o inminente, no simplemente eventual, aleatoria, posible o hipotética; asimismo, que esa persona sea quien ejerza la acción constitucional. De modo que el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley, tratado internacional o reglamento. Entonces, la noción de agravio para que proceda el amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es afectado por la autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación en su perjuicio. Así, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico y que la Ley de Amparo considera un requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo. Ahora, respecto del quejoso José Manuel Guerrero Rascón, se obtiene que acude a la presente instancia constitucional aduciendo un interés jurídico, porque refiere una afectación a su esfera jurídica derivada de un derecho subjetivo relacionado con el procedimiento en el que el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, aprobó la modificación al contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y su Sindicato de Profesores. En específico por la modificación de algunas cláusulas del convenio referido que, aduce, le causan afectación como empleado de dicha Universidad. Por tanto, corresponde al quejoso la carga probatoria de acreditar la afectación a ese derecho, para poder determinar si la autoridad responsable lo trasgredió. Es aplicable al respecto la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 187777 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 15 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Ahora, cabe señalar que el juicio de amparo procede para proteger cualquier derecho -propiedad, posesión, usufructo, habitación, arrendamiento, laboral, entre otros-, que resulte afectado sin respetarse las garantías de audiencia y defensa que en él se consagran; empero, esa afectación debe comprobarse en forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan solo por presunciones. En esa tesitura, para que los derechos laborales que el quejoso dice se afectaron en su perjuicio sean objeto de protección a través del juicio de amparo, es necesario, primeramente, que demuestre que en efecto es trabajador de la citada Universidad. De manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene tal derecho, es decir, no basta la simple manifestación de que es trabajador de esa institución. Sobre el particular, el quejoso José Manuel Guerrero Rascón no exhibió documento para acreditar su interés jurídico, es decir, para demostrar que es titular de los derechos laborales que invoca, pues no demuestra que es trabajador de la citada Universidad, menos aún que se encuentre sindicalizado. Ello porque para tal efecto solo se concretó a exhibir copia simple de una credencial expedida a su nombre aparentemente por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la que también cuenta con número de empleado, categoría y dependencia, sin embargo, la misma solo genera la simple presunción de su existencia y tiene valor indiciario. Lo anterior porque dicha documental no se encuentra adminiculada con otro medio probatorio que genere la certeza de su autenticidad o de la fiabilidad de lo ahí contenido. Ello porque el solicitante de amparo, además de la documental exhibida en copia simple, anexó a su escrito inicial un "convenio marco de colaboración" de nueve de enero de dos mil diecinueve, signado por el Subsecretario de Educación Superior, el Secretario de Finanzas y Administración, la Directora General de Educación Superior Universitaria y el Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pero, del mismo se observa que no obra algún dato que verifique que el quejoso lo vincule como trabajador de la referida Universidad. Tampoco existe otro elemento probatorio exhibido por las restantes partes en el presente proceso constitucional, del cual se genere certeza o que se adminicule con la copia simple referida de que la parte promovente del amparo es trabajador de la Universidad citada. Por lo expuesto, tal documento no genera convicción suficiente para este Juzgador de la existencia de los derechos laborales que aduce el quejoso se encuentran afectados, ello porque con dicha copia simple no se acredita que efectivamente sea trabajador de la Institución educativa referida, ni menos que se encuentre incorporado a su Sindicato de Profesores. Se cita como apoyo la siguiente jurisprudencia: Registro digital: 207434 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 3a. 18 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, página 379 Tipo: Jurisprudencia "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." De esa manera, la sola manifestación del quejoso no justifica por sí solo su interés, ni le releva la carga de aportar medios de prueba que acrediten la afectación a su esfera jurídica, con motivo del acto de autoridad que estima lesivo de sus derechos fundamentales. Ello porque, se reitera, la copia simple de una credencial expedida por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es insuficiente para generar convicción de que efectivamente es trabajador de tal Institución, si no adminiculó ese medio de convicción con alguno diverso. Apoyan lo anterior la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 207221 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 3a./J. 27/90 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, página 229 Tipo: Jurisprudencia "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." De ahí que en el caso se estime actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, únicamente por lo que respecta al quejoso José Manuel Guerrero Rascón. I.2. Falta de interés jurídico de los quejosos José Manuel Guerrero Rascón (por otras razones) y Leticia Bobadilla González. Por otro lado, este Juzgado Federal estima que en el caso también se actualiza la causal de improcedencia en cita, prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, pero ahora por ambos quejosos José Manuel Guerrero Rascón y Leticia Bobadilla González. Lo anterior en razón de que no ostentan interés jurídico propio porque en el procedimiento colectivo de origen solo son parte el SPUM y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (como patrón), sin que los quejosos figuren con algún carácter de manera individual, dentro del proceso de emplazamiento a huelga número J-V-167/2019. Se precisa que tal causa de improcedencia también la invocó en similares términos la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Ahora, los quejosos no pueden acudir al juicio constitucional ostentando un interés jurídico propio o individual, si en el procedimiento de emplazamiento a huelga de origen no son ellos los que fungen como partes, ni en este se dilucidan esencialmente aspectos que atañen, en lo individual, a los trabajadores sindicalizados. Ello porque de conformidad con los artículos 398, fracción I y 923 de la Ley Federal del Trabajo, el que debe accionar el emplazamiento a huelga para la revisión al contrato colectivo de trabajo es el sindicato titular de dicho convenio y no así uno diverso; en esa lógica, tampoco lo puede accionar alguno de los trabajadores o sindicalizados de manera particular. En ese caso, el citado Sindicato titular del convenio acude en representación mayoritaria de sus agremiados para la revisión contractual y, por tal motivo, no podrían hacerlo en lo particular los aquí quejosos, ni aún en el supuesto de que efectivamente fueran trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sin que pase inadvertido que los peticionarios de amparo refieran que se afectan sus derechos sustantivos por la modificación de diversas cláusulas del convenio colectivo de trabajo celebrado entre la Universidad Michoacán y el SPUM. Sin embargo, reconocer la legitimación a un trabajador en lo individual para comparecer en un procedimiento de emplazamiento a huelga por revisión contractual, por el simple hecho de aducir que el pacto en alguna o en todas sus cláusulas le causa un perjuicio, desnaturalizaría el procedimiento colectivo de origen, así como la representación del Sindicato (en el caso, el SPUM) quien presuntamente comparece en representación y en beneficio respecto de todos o de la mayoría de los sindicalizados. Por ese motivo, no es jurídicamente posible que en la instancia constitucional se le reconozca interés jurídico de manera individual a los trabajadores quejosos, si el procedimiento de origen se acciona por el Sindicato en representación y, en presunto beneficio de todos o de la mayoría de sus agremiados. No razonarlo así implicaría la posibilidad de conceder legitimación individual a todos y cada uno de los sindicalizados para cuestionar aspectos del contrato colectivo que los afecten, desconociendo que esos mismos aspectos u otros previstos en el citado pacto podrían beneficiar a otros trabajadores sindicalizados cuyos intereses efectivamente fueron representados por el Sindicato. A más que implicaría también que los procedimientos de huelga y revisión del contrato podrían ser indefinidos ante las múltiples impugnaciones que se podrían generar, afectando tanto la fuente del trabajo como a los trabajadores. En tanto que de existir una afectación a sus derechos con motivo de la falta de representación, estaba en posibilidad de plantearlo en diverso medio de defensa, como se verá a continuación. No pasa inadvertido a este Juzgado Federal que al resolver la queja 112/2020, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, contra el desechamiento inicial, declaró fundado el recurso y determinó revocarlo respecto de la actualización de la misma causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Sin embargo, en la propia resolución el Tribunal de Alzada indicó que ello era virtud que el auto de admisión no es la actuación adecuada para verificar si la causa de improcedencia referida es manifiesta e indudable; pues ameritaba un estudio más profundo y con base en las pruebas aportadas en autos. En ese sentido, los quejosos José Manuel Guerrero Rascón y Leticia Bobadilla González, adolecen de falta de interés jurídico propio para acudir al juicio de amparo y, por esas razones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. II. Principio de definitividad. No obstante la actualización de las causas de improcedencia referidas en párrafos precedentes, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, por ambos quejosos, también se actualiza la diversa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ello pues en términos de los artículos 123, apartado A, fracciones XX y XXII bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 397, 398, fracción I y 426 de la Ley Federal del Trabajo, los peticionarios de amparo debieron acudir al proceso ordinario laboral previo al juicio constitucional, a cuestiones de inefiacia o nulidad del pacto, en cumplimiento al principio de definitividad. Se explica. Las disposiciones jurídicas de que se habla son del tenor literal siguiente: LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley (.) XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. (.) XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios: a) Representatividad de las organizaciones sindicales; y, b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. (.)." LEY FEDERAL DEL TRABAJO "Artículo 397.- El contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado, o para obra determinada, será revisable total o parcialmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 399. Artículo 398.- En la revisión del contrato colectivo se observarán las normas siguientes:I. Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión; (.) Artículo 426.- Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos-ley: I. Cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen; y, II. Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. La solicitud se ajustará a lo dispuesto en los artículos 398 y 419, fracción I, y se tramitará de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. (.)." Establecido lo anterior, debe decirse que la procedencia del juicio de amparo está condicionada para que, tratándose de actos emitidos por alguna autoridad jurisdiccional y, en caso de existir en su contra algún recurso o medio de defensa legal, por el que pueda modificarse o revocarse éste debe agotarse sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto lo contenga, para que esté a disposición del peticionario de amparo y pueda ejercitarlo a su arbitrio. De tal manera que es obligatorio para los quejosos cumplir con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, cuando la ley del acto así lo contemple, en virtud de que el citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es determinante en que se agoten los medios legales de defensa establecidos como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al proceso constitucional. En ese sentido, de los numerales citados también se observa que las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargos de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas (cuando ya existan en el lugar de que se trata o de no ser así, se entenderá que será ante las juntas laborales); en consecuencia, la revisión de un convenio colectivo de trabajo se tramitará ante las autoridades laborales, las que se encuentran obligadas a sustanciar el procedimiento relativo. En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia citada, toda vez que los quejosos, previamente a la promoción del presente juicio constitucional, en el que se inconforman de la aprobación del convenio celebrado entre la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el SPUM, ordenada en el expediente J.V. 167-V/2019, relativo al procedimiento de huelga por revisión contractual, y pretenden su ineficacia, debieron agotar en lo individual, el juicio ordinario laboral, lo expuesto de conformidad con lo establecido en los artículos 397, 398 y 426 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior para reclamar en lo individual la ineficacia o nulidad de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo aprobadas por la Junta, que consideran les afecta; o lo relativo la representación del Sindicato; y no así acudir directamente a la vía de amparo para combatir, en lo particular, la aprobación del convenio que las contiene. Ello sin haber promovido ante las autoridades del trabajo el juicio correspondiente, ya que de admitirse lo contrario, la Justicia Federal asumiría la función jurisdiccional en materia laboral ordinaria que compete a éstas, lo cual no es admisible en atención a la índole y naturaleza del juicio de amparo. Finalmente se precisa que en el caso no se está en el caso de excepción que establecen los incisos a) al d), de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para eximir a los quejosos de agotar los medios de defensa, en razón de que: 1) No se trata de un acto que afecta la libertad de los quejosos; ni alguno previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional; 2) La procedencia del medio de defensa no requiere interpretación adicional; 3) El fundamento del medio de defensa no es insuficiente, incluso, existen diversos criterios jurisprudenciales al efecto, que se citan con posterioridad; y, 4) Los quejosos no se ostentaron ni tienen la calidad de terceros extraños; máxime que al tratarse de un asunto de naturaleza colectiva que debía tramitarse entre el Sindicato y la Universidad citados, no debían tener participación los quejosos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los siguientes criterios: Registro digital: 371847 Instancia: Cuarta Sala Quinta Época Materias(s): Laboral Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXIX, página 1031 Tipo: Aislada "CONVENIOS APROBADOS POR LAS JUNTAS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. El juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario que sólo procede después de haberse agotado las defensas ordinarias, y el afectado por un convenio al que es ajeno, debe plantear el conflicto correspondiente, haciendo valer sus derechos de trabajador con arreglo a las prevenciones del contrato colectivo vigente, y sólo hasta después de tramitado el juicio en la forma establecida por la ley, podrá reclamar en amparo las violaciones de garantías cometidas en su perjuicio, en el laudo respectivo, mas no puede acudir directamente a la vía de amparo para combatir el auto aprobatorio del convenio, sin haber promovido ante las autoridades del trabajo el juicio correspondiente, ya que de admitirse lo contrario, la Justicia Federal asumiría la función jurisdiccional que compete a las autoridades del trabajo, lo cual no es admisible, en atención a la índole y naturaleza del juicio de amparo. Por tanto, en el caso, debe sobreseerse en el juicio por la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Además, el texto del artículo 555 de la Ley Federal del Trabajo, prohibe que las Juntas revoquen sus propias determinaciones, mas no impide que quien resulte afectado por un convenio al que es ajeno, acuda ante las autoridades del trabajo, a plantear en juicio la nulidad de dicho convenio." (subrayado añadido) Registro digital: 373642 Instancia: Cuarta Sala Quinta Época Materias(s): Laboral Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXII, página 2477 Tipo: Aislada "CONVENIOS EN MATERIA DE TRABAJO. Los convenios celebrados entre las partes que intervienen en un conflicto, no pueden extenderse a otras relaciones que las circunscritas procesalmente entre ellas; de tal manera que si sujetos jurídicos distintos se consideran afectados por las situaciones creadas a virtud de tales actos, pueden ejercitar sus derechos ante las autoridades del trabajo, quienes dilucidaran la preferencia de los mismos. Si bien casuísticamente las agrupaciones sindicales titulares de un contrato colectivo de trabajo, pueden tener la representación de sus agremiados en los conflictos en que éstos sean parte, esencialmente son representantes del interés profesional de los trabajadores y no de los intereses privados de éstos, en sus relaciones con las empresas, y en aquella esfera de actividades, primordialmente, no están obligados a posponer, respecto al interés de algunos de los socios, el interés general profesional de todos los miembros de las multicitadas agrupaciones. Además pudiera afirmarse, que los convenios celebrados con la parte patronal que modifiquen el contrato colectivo del trabajo de que son titulares los representativos sindicales, no requieren para su validez la aprobación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pues los artículos 340, fracción III, 516 y 585 de la Ley Federal del Trabajo, por su contexto, dejan entender que dicho requisito sólo es preciso cuando con ellos se trata de prevenir controversias o bien de transacciones, ya surgidas aquellas, o en otros términos, cuando tiene por fin prevenir litigios o concluir los ya existentes entre las partes, y no se requiere tal aprobación, cuando se trata de modificaciones al contrato colectivo de trabajo, hechas por mutuo acuerdo entre el sindicato titular y la parte patronal, pues la ley para ello no exige ese requisito. De lo anterior debe concluirse que no existe en realidad derecho alguno de los reclamantes miembros de un sindicato, para ser oídos e intervenir directamente en el convenio cuya aprobación se reclama de la Junta, en la vía de amparo y que no puede estimarse por ello que se haya provocado su indefensión, en cuanto a sus intereses, que puedan haber sido lesionados con tal convenio, ya que tienen expedita su acción, o bien para reclamar su nulidad, o para ejercitar las acciones que les competan en defensa de sus propios intereses. De aceptarse la tesis que parecen sustentar los recurrentes en la vía de amparo, en el sentido de que debió dárseles dicha intervención, antes de aprobarse el convenio por la posible afectación de sus derechos, aparte de que restringiría la intervención única que la ley da a los sindicatos, para la celebración de los contratos colectivos, desvirtuaría la índole y naturaleza del juicio constitucional, pues al examinar los elementos de convicción aducidos por los promoventes para tal objeto, apreciarlos y resolver el caso, ya sea en el sentido de la constitucionalidad o de la inconstitucionalidad del auto aprobatorio del convenio, asumiría la Justicia Federal la función de jurisdicción que compete a los tribunales del trabajo, para declarar el derecho, lo cual no es admisible, por las repetidas índole y naturaleza del juicio de garantías. No es ocioso advertir que es fundada la afirmación de que los interesados pueden disponer de la acción de nulidad del convenio, aparte de la posibilidad de hacer sus reclamaciones directas, si empleando el argumento de analogía de razón, se examina el contenido del párrafo segundo del artículo 43 de la Ley Federal del Trabajo, que refiriéndose al contrato colectivo, establece que el mismo no podrá concertarse con estipulaciones menos favorables para los trabajadores, que las contenidas en contratos en vigor, dentro de la propia empresa, lo cual implica necesariamente el reconocimiento de la posibilidad de que sea procedente la nulidad de los nuevos contratos colectivos o de sus modificaciones, que pequen de ese vicio, o sea, de establecer condiciones menos favorables para los trabajadores y evidentemente ese derecho compete también a quienes fueron afectados, ya que precisamente quienes celebraron el contrato o modificación, fueron los representativos sindicales correspondientes. De todo lo anterior se deduce que, en realidad, no existe la indefensión medularmente invocada por los quejosos y que éstos tiene expeditos sus derechos, en los términos antes enunciados, por lo que el acto reclamado no resulta irreparable en su ejecución." (subrayado no es de origen) Registro digital: 207766 Instancia: Cuarta Sala Octava Época Materias(s): Laboral Tesis: 4a./J. 35/93 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 69, Septiembre de 1993, página 19 Tipo: Jurisprudencia "CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LEGITIMACIÓN PARA DEMANDAR INDIVIDUALMENTE LA INEFICACIA JURÍDICA DE UNA CLAUSULA QUE PUEDE IMPLICAR RENUNCIA DE DERECHOS LABORALES. Los trabajadores están legitimados para demandar, en lo individual, la ineficacia jurídica de una cláusula del contrato colectivo de trabajo, si estiman que la misma lesiona sus derechos fundamentales de índole laboral, sin que para ello sea necesario entablar una acción colectiva, ya que, en tal hipótesis, no se está pretendiendo la revisión o modificación del contrato colectivo, sino únicamente la inaplicabilidad de una cláusula que se estima violatoria de derechos laborales." En esas condiciones, al operar las causales de improcedencia previstas en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo; así como la diversa contemplada en la fracción XVIII, del primer numeral citado; se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por José Manuel Guerrero Rascón y Leticia Bobadilla González, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada legislación. No obstante, se dejan a salvo los derechos de los quejosos para que, de estimarlo necesario, acudan en la vía y forma correspondiente a efecto de reclamar las cláusulas del convenio colectivo de trabajo que consideren les causa perjuicio, o en su caso, la ausencia de representación que, refieren, tiene el Sindicato. Al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantean los peticionarios de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Manuel Guerrero Rascón y Leticia Bobadilla González, en contra de los actos precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el quinto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

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