Leticia Beas Mora

Expediente 1075/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1075/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
08/09/2021

Partes del expediente

  • Leticia Beas Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia , se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, se considera susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito que suscribe - autorizado en amplios términos del quejoso, mediante el cual solicita la autorización para consultar el expediente electrónico con el usuario "ErickVE"; en consecuencia, toda vez que el usuario que proporciona se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza la consulta del juicio de amparo en que se actúa a través de la modalidad del expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, así como en el numeral 21 el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo; asimismo, se autoriza que las notificaciones de carácter personal a la parte quejosa, a efecto de que se realicen vía electrónica. En otro aspecto, tomando en consideración que se encuentra pendiente la notificación a la parte quejosa de la sentencia dictada el veintinueve de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en obvio de mayores dilaciones, túrnense los presentes autos al Actuario Judicial que corresponda a efecto de que, de inmediato, realice vía electrónica a la parte quejosa la notificación de que se trata. zapopan, Jalisco; a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1034/2018, promovido por Estación de Servicio Juan Palomar, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada legal Laura Rocío Martínez Robles, contra actos del Director de Ordenamiento del Territorio del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Estación de Servicio Juan Palomar, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada legal Laura Rocío Martínez Robles, el cuatro de abril de dos mil dieciocho, ante la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos del Director de Ordenamiento del Territorio del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, JUICIO DE AMPARO 1034/2018-IV mismos que se precisaran en el considerando correspondiente. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento al entonces Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, previo desahogo de prevención, dictó proveído en dieciséis de abril de dos mil dieciocho (folios 32 a 35), en que ordenó: admitirla a trámite; pedir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, el cinco de octubre de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, dictó sentencia de amparo en la que negó la protección constitucional al quejoso. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa por conducto de su autorizado en amplios términos, interpuso recurso de revisión, el que por razón de turno correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registrándolo bajo el número de revisión principal 431/2018 de su índice, quien por ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que se emplazara a juicio a los terceros interesado. En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la Superioridad, se dictó auto de fecha diez de abril de dos mil diecinueve en el que se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, previo desahogo de prevención, en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte (foja 540), se desechó la ampliación de demanda formulada por la parte quejosa, quien inconforme con dicha determinación, interpuso recurso de queja el cual correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registrándolo bajo el número de queja 387/2020 de su índice, quien por sesión virtual de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, declaró infundado dicho recurso. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de JUICIO DE AMPARO 1034/2018-IV Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con los numerales 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 36, 107 fracción III, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combaten actos de autoridades administrativas, cuya ejecución tuvo lugar en la demarcación territorial en que este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 48/2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de agosto de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hizo consistir en el Dictamen de trazo, usos y destinos específicos número DTU-2016-0219 de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Director de Ordenamiento del Territorio del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado precisado en el considerando que antecede, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado1, lo cual constituye una confesión expresa en términos de los artículos 95, 197 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Certeza que se corrobora con las constancias que obran en autos; documentales a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de 1 El informe justificado se puede leer a foja 38 a 47 del expediente principal. JUICIO DE AMPARO 1034/2018-IV violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia. El Director de Ordenamiento del Territorio del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, al rendir su informe justificado, aduce que respecto del dictamen de trazo, usos y destinos específicos número DTU-2016-0219 de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, ya que estima que dicho acto se dictó en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto número 1418/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco (actualmente juicio de amparo 140/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco). Dicha causal es infundada. El citado artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.". Conforme al precepto transcrito, podemos determinar que tal causa de improcedencia se surte cuando el juicio de amparo se promueve contra la resolución que se dicte por la autoridad responsable en cumplimiento a una diversa ejecutoria de amparo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la citada causal de improcedencia ha sostenido que se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Que dicha improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo JUICIO DE AMPARO 1034/2018-IV afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Incluso ha sostenido que el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Apoya lo dicho el criterio siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia".2 2 Tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, página 307. JUICIO DE AMPARO 1034/2018-IV Ahora bien, de las constancias anexas al presente juicio, se desprende que efectivamente el Director de Ordenamiento del Territorio del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, emitió el dictamen de trazo, usos y destinos específicos número DTU-2016-0219 de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto número 1418/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco (actualmente juicio de amparo 140/2018 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco). Sin embargo, en dicha ejecutoria no se fijaron lineamientos para cumplir con el fallo protector, sino que se le dejó a la autoridad responsable libertad de jurisdicción para emitir la nueva resolución, ello pues se resolvió lo siguiente: "En ese orden de ideas, resulta palmario que el Director de Ordenamiento del Territorio del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, al emitir el dictamen de trazo, usos y destinos especificados número DTU-2016-0219, de fecha 17 de marzo de 2016, no atendió las máximas establecidas en el artículo 16 constitucional, consistentes en la debida fundamentación y motivación del acto reclamado, por lo que a fin de restituir al quejoso en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente el referido acto administrativo impugnado, y en ejercicio de las facultades que la ley le otorga emita otro, purgando los vicios formales de fundamentación y motivación destacados; esto es, precise en el propio texto del documento el instrumento normativo que lo faculta para emitir el dictamen de referencia y en su caso, haga del conocimiento a la impetrante el contenido del memorando número 11212/DICT/2015/4-135, a través de la vía que estime más adecuada para ello, atento a que éste le sirvió de sustento para la emisión del acto de autoridad, así como las causas y circunstancias en las que se sustenta esa determinación. Por lo expuesto y con fundamento además en el arábigo 74, fracción VI, de la ley de la materia, se; R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ESTACIÓN DE SERVICIO JUAN PALOMAR, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los artículos 6 y 9 del Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicio en el Municipio de Zapopan, Jalisco, que dentro del ámbito de sus respectivas JUICIO DE AMPARO 1034/2018-IV atribuciones reclamó del Pleno del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General del Ayuntamiento, todos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por los motivos especificados en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ESTACIÓN DE SERVICIO JUAN PALOMAR, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del dictamen de trazo, usos y destinos especificados número DTU-2016-0219, de fecha 17 de marzo de 2016, que reclamó del Director de Ordenamiento del Territorio del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por los motivos especificados en el considerando último de esta resolución". Por lo anterior, es evidente que la determinación que ahora reclama la empresa quejosa es un acto dictado en cumplimiento a una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto; sin embargo no se surten los requisitos para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en virtud de que en la ejecutoria mencionada se dejó libertad de jurisdicción a la responsable, ya que el vicio que se tenía que purgar era una cuestión formal al haber existido transgresión al principio de legalidad -fundamentación y motivación-, sin dar lineamientos para cumplir con el fallo protector. En consecuencia, quien resuelve estima infundada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción IX, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, el Director de Ordenamiento del Territorio del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, al rendir su informe justificado también indicó que por lo que respecta a la emisión del dictamen de trazo, usos y destinos específicos número DTU-2016-0219 de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de Amparo, ya que la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo antes de acudir al juicio de amparo. Tal causal de improcedencia es infundada. En ese tenor, resulta importante destacar que el numeral previamente indicado dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De la citada porción normativa, se desprende que esta causal de improcedencia se actualiza en el supuesto en que autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emiten una actuación contra JUICIO DE AMPARO 1034/2018-IV la que procede algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que se suspendan sus efectos sin exigir mayores requisitos que los que se requieran para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin embargo, en el caso concreto no es necesario agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco, antes de promover el juicio de amparo, pues se actualiza una excepción al principio de definitividad en virtud que en el artículo 67, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, exige mayores requisitos para la suspensión que los establecidos en la Ley de Amparo, por lo que se desestima la causal de improcedencia en estudio. En relación con el tópico en estudio existe la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE JUICIO DE AMPARO 1034/2018-IV DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. Al instituirse en el precepto citado que quien solicite la suspensión de los actos reclamados deberá justificar su interés jurídico, se contiene un requisito adicional de los que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo, para conceder dicha medida suspensional, en atención a que la única condición que establece el citado numeral respecto a la instancia de parte, es el contenido en la fracción I, relativo a que tal medida debe ser solicitada expresamente al órgano jurisdiccional respectivo. Por tanto, si en la Ley de Amparo no se establece como obligación del solicitante de la medida cautelar, que tenga que justificar su interés jurídico al pretender la medida suspensiva y, en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se exige expresamente la comprobación de este extremo, es obvio, que son mayores los requisitos exigidos en la Ley antes citada que en la Ley de Amparo, lo que determina que se está en el caso de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, por lo que éste resulta procedente de conformidad con el contenido del artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, sin que sea necesario acudir previamente al juicio contencioso administrativo".3 No es obstáculo para arribar a la anterior determinación el hecho de que el criterio invocado se emitió durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, dichos criterios resultan aplicables en la especie, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. No existiendo alguna otra causal de improcedencia cuyo estudio resulte necesario impera examinar la constitucionalidad del dictamen de trazo, usos y destinos específicos DTU-2016-0219 de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Director de 3 Jurisprudencia 2a./J. 104/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia Administrativa, página 283. Ordenamiento del Territorio del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa es su único concepto de violación alega, en esencia, que se viola en su perjuicio las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la responsable fundó y motivó indebidamente el dictamen de trazo, usos y destinos específicos DTU-2016- 0219, toda vez que fue omisa en señalar qué instrumento utilizó para determinar las distancias que existían entre el inmueble donde se pretende instalar la estación de servicio y los centros de concentración masiva y las estaciones de servicio, además refiere que no indicó quién realizó las mediciones ni los puntos que sirvieron de referencia para tomar las medidas. Señalado lo anterior, previo a evidenciar los argumentos jurídicos por los que procede la protección constitucional es necesario señalar que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado de forma suficiente; por lo primero debe entenderse la expresión, de modo preciso, del precepto aplicable al caso; y, por lo segundo, debe señalarse, de manera concreta, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas consideradas para la emisión del acto, incluso es necesario, además, la existencia de adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso preciso. Entonces, se colige la fundamentación y motivación sirven de forma constitucional, para que el gobernado conozca los argumentos legales y de hecho tomados en cuenta por la autoridad para desplegar el acto, con lo cual quede capacitado de manera plena para rendir prueba en contrario y refutar de manera jurídica el acto; su ausencia total es una violación formal al artículo 16 de la ley suprema y, la incorrecta, deficiente e incompleta fundamentación y motivación, es una violación material o de contenido. Cierto, la violación de este derecho puede ser: formal, cuando hay omisión total o incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario se aleja de conocer lo esencial de las razones informativas del acto y lo imposibilita para cuestionarlo y JUICIO DE AMPARO 1034/2018-IV defenderse de modo adecuado; y, material, cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de éstas, con lo cual se puede cuestionar el mérito de lo decidido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis Aislada con número registro 174228, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Página: 1498, de rubro y texto siguiente: "MOTIVACIÓN. FORMAS EN QUE PUEDE PRESENTARSE LA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA EN FUNCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE DEFENSA DEL AFECTADO. La motivación, entendida desde su finalidad, es la expresión del argumento que revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular; por tanto, la violación de esta garantía puede ser: a) Formal, cuando hay omisión total o incongruencia del argumento explicativo, o éste es tan insuficiente que el destinatario no puede conocer lo esencial de las razones que informan el acto, de manera que esté imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente; y, b) Material, cuando la explicación o razones dadas son insuficientes o indebidas, pero dan noticia de las razones, de modo que se pueda cuestionar el mérito de lo decidido. Por tanto, las posibilidades de defensa deben analizarse en función de las irregularidades o ilegalidades inherentes a la citada garantía, es decir, si derivan de: 1) omisión de la motivación, o de que ésta sea incongruente, lo cual se configura cuando no se expresa argumento que permita reconocer la aplicación del sistema jurídico o de criterios racionales; 2) motivación insuficiente, que se traduce en la falta de razones que impiden conocer los criterios fundamentales de la decisión, es decir, cuando se expresan ciertos argumentos pro forma, que pueden tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que impida defenderse o, en cambio, una irregularidad en el aspecto material que, si bien, permite al afectado defenderse o impugnar tales razonamientos, resultan exiguos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la autoridad en la decisión administrativa; y 3) indebida motivación, que acontece cuando las razones de la decisión administrativa no tienen relación con la apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad, o el precepto en el que se subsumen es inadecuado, no aplicable o se interpreta incorrectamente.". Desde otro punto de vista, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad constituyen una exigencia tendente a establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar JUICIO DE AMPARO 1034/2018-IV eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad; lo cual, permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos regidos en éste. Como se vio, el acto reclamado consiste en el dictamen de trazo, usos y destinos específicos con número de expediente DTU-2016-0219 de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, emitido por el Director de Ordenamiento del Territorio del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, en el cual dicha autoridad, estimó improcedente la solicitud presentada por la parte quejosa por cuanto al uso comercial y de servicios centrales para la estación de servicios de combustible (gasolinera), determinación que está sustentada en las siguientes consideraciones: - Que de la verificación realizada se observó la existencia de cinco estaciones de servicios de combustible a una distancia menor de mil quinientos metros lineales; así como de cinco centros de concentración masiva a una distancia menor de doscientos cincuenta metros lineales. - Precisó las distancias aproximadas de los referidos establecimientos en los términos siguientes: "De acuerdo a la verificación realizada por ésta dirección, se constató la existencia de los siguientes puntos con relación al predio motivo del presente: A. Existen estaciones de servicio de combustible a un radio menor a 1,500.00 metros: 1. Gasolinera, ingreso de la Universidad Autónoma de Guadalajara; a una distancia de 1,172.00 metros, por avenida Patria esquina Circuito Universidad; 2. Gasolinera, dentro del estacionamiento de la Plaza Galerías; a una distancia de 1,329.00 metros, por avenida Vallarta y avenida Rafael Sanzio; 3. Gasolinera (estación 12394); a una distancia de 790.00 metros, por avenida Patria, esquina avenida Naciones Unidas (esquina nor-oriente). 4. Gasolinera (estación de servicio Patria); a una distancia de 839.00 metros, por avenida Patria, esquina calle William Shakespeare (esquina sur oriente). 5. Gasolinera (en construcción); a una distancia de 748.00 metros, por avenida Patria, esquina calle Ricardo Guiraldes (esquina sur-poniente). B. Existen centros de concentración masiva a una distancia menor a los 250.00 metros. 1. Escuela MAPAPI (primaria), a una distancia de 60.00 metros, por la avenida Naciones Unidas; entre avenida Juan Palomar y Arias y la calle Dante Alighieri (acera norte). 2. Escuela MAPAPI (pre maternal, preescolar), a una distancia de 118.00 metros, por la avenida Naciones Unidas; entre avenida Juan Palomar y Arias y la calle Dante Alighieri (acera norte). 3. GYMBORY; a una distancia de 130.00 metros, por la avenida Naciones Unidas; entre avenida Juan Palomar y Arias y la calle Víctor Hugo (acera norte). 4. Anderson School (preescolar, primaria y secundaria), a una distancia de 230.00 metros, por la avenida Naciones Unidas; entre avenida Juan Palomar y Arias y la calle Víctor Hugo (acera norte). 5. Fastrac Kids Ludoteca, a una distancia de 245.00 metros, por la avenida Naciones Unidas; entre avenida Juan Palomar y Arias y la calle Víctor Hugo (acera sur)". - Que las estaciones de servicio y los centros de concentración masiva señalados, se encuentran dentro del área de restricción con relación al predio, a que se contraen los artículos 6° y 9°, fracción I, del Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicio en el Municipio de Zapopan, Jalisco. - Que, por lo anterior, no se cumplen los extremos previstos por los artículos 6° y 9°, fracción I, del reglamento mencionado, ya que no se satisface el requisito de distancia mínima con respecto a otras gasolineras, ni la exigida respecto de diversos centros de concentración masiva. Asimismo, la responsable fundó su determinación en lo establecido en los artículos 5º, fracción LXXIX, 10 fracciones III, IV, XIX y XX; 84, fracción III, 121, 129 148, 165, 277, 280, 284, 285, 307, 362, fracción I y 373 del Código Urbano para el Estado de Jalisco; al Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Distrito Urbano ZPN-5 'Vallarta- Patria', con fecha de publicación del 28 de septiembre del 2012; a los artículos 6 y 9, fracciones I y III del Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicio en el Municipio de Zapopan, Jalisco; artículos 52 y 53, fracción XXIX del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, artículos 7 y 8 del Reglamento de Urbanización del Municipio de Zapopan, Jalisco, acuerdo de delegación de atribuciones de diez de octubre del dos mil quince, suscrito por el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento. Pues bien, de lo anterior es visible que la autoridad responsable fundó su determinación, esencialmente, en los numerales 6 y 9 fracción I, del Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicio en el Municipio de Zapopan, Jalisco, de los cuales explicó, en suma, que es improcedente la estación de servicios que se pretende en el predio de la quejosa en virtud de que de acuerdo a la verificación que realizó esa Dirección, constató la existencia de cinco estaciones de servicio de combustible en un radio menor de 1,500.00 metros y cinco centros de concentración masiva ubicados a una distancia menor a los 250 metros, respecto al predio de referencia. Sin embargo, la autoridad responsable omitió asentar cómo verificó la distancia existente entre las cinco estaciones de servicios y los cinco centros de concentración masiva que refiere en el dictamen. Para comprender lo anterior, es importante imponerse del contenido de los artículos 6 y 9 del Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicio en el Municipio de Zapopan, Jalisco, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 6º. Cuando el predio en que se pretenda instalar una gasolinera se ubique con frente a dos vialidades y una de ellas tenga características locales, las maniobras serán única y exclusivamente por el frente a la vialidad de mayor jerarquía. A fin de salvaguardar la seguridad de la población, se establece una distancia mínima de 1,500 mil quinientos metros lineales en cualquier dirección en áreas urbanas y 12,000 doce mil metros lineales en cualquier dirección en áreas rurales, con respecto a otra estación de servicio, sujetándose invariablemente a los lineamientos y normas de uso de suelo que señala el Plan de Desarrollo Urbano Municipal y acatando las Especificaciones Generales para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio vigente, expedidas por PEMEX Refinación. Párrafo agregado GMZ 28-02-2011 Cuando por razones de funcionamiento vial se ubiquen en vías de doble sentido una estación frente a otra, se considerarán para los fines de la restricción anterior como una sola estación, sin que exceda de dos gasolineras o estaciones de servicio por crucero.". "Artículo 9º. En cualquiera de los diferentes tipos de ubicación señalados en el artículo anterior se deberán respetar los siguientes lineamientos: I. El predio debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 250 doscientos cincuenta metros lineales en cualquier dirección de centros de concentración masiva, tales como escuelas, hospitales, mercados, cines, teatros, . Esta distancia se medirá de los muros de los edificios indicados a las bombas o tanques de almacenamiento de combustible; II. II. El predio debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 100 metros con respecto a una planta de almacenamiento de gas LP. (NOM-X-1993); III. III. El predio debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 30 metros con respecto a líneas de alta tensión, vías férreas y ductos que transportan productos derivados del petróleo. (NOM-X-1993).". (Lo subrayado es propio) Los numerales transcritos disponen, en lo que aquí interesa, que a fin de salvaguardar la seguridad de la población, se establece una distancia mínima de 1,500 (mil quinientos) metros lineales en cualquier dirección en áreas urbanas y 12,000 (doce mil) metros lineales en cualquier dirección en áreas rurales, con respecto a otra estación de servicio, que el predio en donde se pretenda instalar una gasolinera o estación de servicio deberá ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 250 doscientos cincuenta metros lineales en cualquier dirección de centros de concentración masiva, tales como escuelas, hospitales, mercados, cines, teatros, estadios, auditorios e iglesias, distancia que se medirá de los muros de los edificios indicados a las bombas o tanques de almacenamiento de combustible, así como ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 30 metros con respecto a líneas de alta tensión, vías férreas y ductos que transportan productos derivados del petróleo. De su interpretación se advierte que dichos dispositivos regulan lo relativo a la ubicación y distancias mínimas de resguardo que deben respetar las gasolineras o estaciones de servicio en relación con otras o entre éstas en relación a centros de concentración masiva. Así, del análisis del dictamen de trazo, usos y destinos específicos con número de expediente DTU-2016- 0219, queda expuesto que la autoridad responsable omitió asentar cómo verificó la distancia existente entre las cinco estaciones de servicios y los cinco centros de concentración masiva descritos en dicho dictamen, pues solo limita su justificación en la expresión "de acuerdo a la verificación realizada por ésta Dirección, se constató la existencia de los siguientes puntos con relación al predio motivo del presente", sin que explique cómo determinó la JUICIO DE AMPARO 1034/2018-IV distancia en metros de cada estación de servicio y centro de concentración masiva en relación a la estación que se pretende y qué instrumento de medición utilizó, vulnerando con ello el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que para considerarlo respetado, debió establecer todos aquellos elementos que tomó en consideración así como desarrollar los argumentos necesarios, de hecho y de derecho, que le llevaron a expresar las distancias en metros referidas en el citado dictamen, de las estaciones de servicio y centros masivos de concentración con relación al centro de servicio que se pretende. Explicación que resulta indispensable para dar a conocer todas las razones o circunstancias que originaron el acto de autoridad, lo que permitiría la defensa o en su caso consentimiento. En ese contexto, la irregularidad indicada, como se dijo, transgrede en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales contenidos en el artículo 16 de la carta magna. Sirve de apoyo la Jurisprudencia V.2o.J/32 con número registro 219034, de la Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 54, Junio de 1992, Página: 49, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Bajo esas condiciones, ante la violación formal destacada, este juzgado de distrito no puede subsanarla, dado que se sustituiría en la autoridad responsable, lo cual no es viable porque el juicio de amparo se aparta de constituir otra instancia en dicho procedimiento, sino un juicio extraordinario a través del cual el órgano judicial federal controla la constitucionalidad de los actos de las autoridades señaladas como responsables, por ende, sólo puede examinar si los actos reclamados son violatorios de los derechos constitucionales invocados por la parte quejosa. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394494, Quinta época, Tomo VI, Parte SCJN, pagina 353, de rubro y texto siguiente: "TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS. No son revisores de los actos de la autoridad común; no pueden legalmente, ni aun mediante el juicio de amparo, sustituir su criterio discrecional al de las autoridades del fuero común, sino que únicamente deben examinar si los actos que se reclaman son o no, violatorios de garantías." En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción I,4 de la Ley de Amparo, se concede a 4 'Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: JUICIO DE AMPARO 1034/2018-IV Estación de Servicio Juan Palomar, Sociedad Anónima de Capital Variable el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que la autoridad responsable, deje insubsistente el dictamen de trazo, usos y destinos específicos número DTU-2016-0219 de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, y en su lugar emita otro purgando los vicios formales de fundamentación y motivación destacados, es decir, de advertir estaciones de servicio y centros de concentración masiva dentro de las distancias mínimas de resguardo establecidas en los artículos 6 y 9 del Reglamento para el Establecimiento de Gasolineras y Estaciones de Servicio en el Municipio de Zapopan, Jalisco, deberá justificar cómo verificó dichas distancias y desde que puntos fueron tomadas. No pasa inadvertido para este juzgador la imagen de un plano que se encuentra inserta en el dictamen de trazo, usos y destinos específicos DTU-2016-0219 relativa a polígono dictaminado por la autoridad responsable, de la que se aprecia diversos puntos de ubicación con números I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. entre paréntesis, al parecer las distancias; sin embargo quien suscribe estima que la misma no es suficiente para motivar el acto reclamado pues de ella no se advierte de manera clara, los puntos que pretende ubicar, sus colindancias o las vialidades con las que lindan, asimismo no se aprecia justificación alguna de las razones por las cuales obtuvo las medidas asentadas en dicho dictamen, tal y como se aprecia a continuación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÙNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a Estación de Servicio Juan Palomar, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra de los actos que reclamó al Director de Ordenamiento del Territorio del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por las razones, JUICIO DE AMPARO 1034/2018-IV fundamentos y para los efectos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y remite diversas constancias; al respecto, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar y téngasele en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que la sentencia de mérito se concedió para los siguientes efectos: En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Gobierno del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo o remita constancia fehaciente de las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY

  4. Principal

    Visto el pedimento que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual realiza diversas manifestaciones mismas que se tienen por hechas de conformidad en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al celebrarse la audiencia constitucional; por lo que respecta a las copias que solicita, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que a la fecha no se ha dictado resolución en el presente sumario; sin embargo, una vez que suceda ello podrá reiterar su solicitud.

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