Leticia Baez Ibarra
Expediente 679/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Leticia Baez Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se provee, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, sin que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector, por parte de la autoridad responsable. Consecuentemente, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito el treinta de agosto de dos mil veintidós, en su segundo punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa para que el Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y actuario de su adscripción, cumplieran con lo siguiente: "1. Informe el resultado de la diligencia de emplazamiento ordenada en auto de primero de julio del presente año. 2. En caso de no lograr el emplazamiento de Héctor Rodríguez y Esquivel, Vicente Antonio Fernández y Solórzano y José Raúl Rangel Romero, por conducto del representante de su sucesión, deberá requerir a la parte actora nuevos domicilios para su emplazamiento, bajo el apercibimiento que de ser infructuosos se tendrá por no interpuesta la demanda contra los demandados que no logren emplazar." Dicha sentencia causó ejecutoria el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. En acatamiento a lo anterior, la responsable realizó lo siguiente: - Mediante oficio recibido el tres de octubre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, remitió del auto de seis de septiembre de la presente anualidad, del que, entre otras cuestiones, se aprecia que la responsable comisionó al actuario de su adscripción para que emplazara a la parte demandada Héctor Rodríguez y Esquivel, Vicente Antonio Fernández y Solórzano y José Raúl Rangel Romero, por conducto del representante de su sucesión. Asimismo, adjuntó copia certificada del proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós, del que se aprecia, que en virtud de lo asentado por el fedatario adscrito en sus razones de veintinueve de septiembre de dos veintidós, dio vista a la parte actora -aquí quejosa-, para que proporcionara elementos para emplazar a la parte demandada con el apercibimiento que de no atender lo requerido, se tendría por no interpuesta la demanda por lo que hace a dicha parte demandada. Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para los efectos de que la responsable informara el resultado de la diligencia de emplazamiento ordenada en auto de primero de julio del presente año, asimismo, para que caso de no lograr el emplazamiento de Héctor Rodríguez y Esquivel, Vicente Antonio Fernández y Solórzano y José Raúl Rangel Romero, por conducto del representante de su sucesión, deberá requiriera a la parte actora nuevos domicilios para su emplazamiento, bajo el apercibimiento que de ser infructuosos se tendrá por no interpuesta la demanda contra los demandados que no logren emplazar; lo que efectivamente llevó a cabo la autoridad responsable. En consecuencia, en las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo. Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de enero de dos mil veintidós; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Transferencia del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase del conocimiento de las partes que podrán inconformarse de la presente determinación, conforme a lo establecido en los preceptos normativos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa cumplimiento a ejecutoria de amparo. Intégrese a los autos el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto, remite copia certificada de diversas actuaciones emitidas en autos del procedimiento laboral de origen 01/710/18/III, entre las que destaca el auto de treinta de septiembre del año en curso, en el que otorgó un término de tres días a la parte actora a efecto de que precise o proporcione domicilio cierto, completo y correcto en el que pueda ser emplazada la parte demandada. Vista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, este juzgado federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el treinta de agosto de dos mil veintidós, en la que, en su primer punto resolutivo, se sobreseyó y en el segundo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Firmeza del fallo definitivo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Requerimiento de cumplimiento Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y actuario de su adscripción, para que dentro del término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificado de este auto, cumplan con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos: ".en el juicio laboral 01/710/18-III, proceda a realizar lo siguiente: Informe el resultado de la diligencia de emplazamiento ordenada en auto de primero de julio del presente año. 2. En caso de no lograr el emplazamiento de Héctor Rodríguez y Esquivel, Vicente Antonio Fernández y Solórzano y José Raúl Rangel Romero, por conducto del representante de su sucesión, deberá requerir a la parte actora nuevos domicilios para su emplazamiento, bajo el apercibimiento que de ser infructuosos se tendrá por no interpuesta la demanda contra los demandados que no logren emplazar." Apercibimiento Con el apercibimiento para el caso de desacato a dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien unidades de Medida y Actualización, acorde a lo dispuesto por el numeral 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Apoya a lo anterior determinación, la Tesis VII.2o.C.16 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo II, cuyo rubro es el siguiente: "SENTENCIA AMPARADORA. LINEAMIENTOS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO." Devolución de anexo I. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la conservación del anexo I formado con motivo de las constancias remitidas de manera anexa por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se ordena su devolución sin que para ello sea necesario el acuse de recibo, pues la constancia donde se asiente la recepción del oficio conjuntamente con dicho anexo, hará las veces de aquél. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 679/2022; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El diecinueve de mayo de dos mil veintidós. II. Admisión de la demanda. El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El veintisiete de mayo de dos mil veintidós. IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1°, 5° y 17° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y actuario de su adscripción, se hace consistir en: La omisión de emplazar a la parte demandada dentro del procedimiento laboral de origen 01/710/18-III, en los términos marcados en la Ley Federal del Trabajo. III. Inexistencia del acto reclamado. Al realizar un estudio de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que los codemandados físicos: Mónica Madariaga Vázquez, José Jesús Martín Canales Bárcena, Yolanda Yoloxochil Sandoval Mendoza, Luvia Rosa María Villanueva Romero, María de Lourdes García Guillén, Héctor Ismael Serna Secundino, Israel Guevara Palomares, Adriana Yolanda Anda García, Elvia Rodríguez Esquivel, Alberto Antonio Fernández Rodríguez, Alejandro Terán Heftye, René Navarrete Vargas, Alberto Navarrete Vargas, Rebeca Patricia Buitrago Sánchez, Rafael Jiménez Vargas, Adrián Beltrán Alcocer y Néstor Luis Medina López , ya fueron emplazados en el procedimiento laboral de origen 01/710/18-III, el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, tal y como se prevé de foja treinta a la setenta y cuatro del anexo I formado con las constancias remitidas por la autoridad responsable. En tales circunstancias, ante la inexistencia de los actos reclamados, respecto a los citados demandados con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, únicamente respecto de éstos. IV. Existencia del acto reclamado. En otro aspecto, las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado en relación a la falta de emplazamiento de la parte demandada denominada "sucesión testamentaria y/o intestamentaria a bienes de quien en vida llevarán los nombres de Héctor Rodríguez y Esquivel, Vicente Antonio Fernández y Solórzano y José Raúl Rangel Romero", lo que se robustece con la copia certificada del acuerdo de uno de julio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen, al que se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. V. Causa de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En el caso no se actualiza causal de improcedencia alguna. VI. Estudio de fondo. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los argumentos con los que la parte quejosa hace valer sus conceptos de violación, mismos que no se transcriben por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no lo deja en estado de indefensión, al no privarlo del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa señala que se transgrede su derecho a una impartición de justicia pronta y expedita, ya que la junta responsable ha omitido emplazar a la parte demandada dentro del procedimiento laboral de origen 01/710/18-III, en los términos que marca la Ley Federal del Trabajo. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón a las siguientes consideraciones. Es pertinente precisar, que al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde al peticionario de amparo, sino que se revierte a la autoridad señalada como responsable el comprobar que proveyó o actuó lo conducente en los términos precisados en la Ley Federal del Trabajo, a fin de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro de los términos de ley. Ahora bien, de las copias certificadas rendidas por la autoridad responsable -ya valoradas- mediante razonamiento actuarial de diez de junio de dos mil veintidós, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria de su adscripción a efecto de llevar a cabo el emplazamiento de los demandados Héctor Rodríguez y Esquivel, Vicente Antonio Fernández y Solórzano y José Raúl Rangel Romero, por conducto del representante de su sucesión, en el juicio laboral de origen. Así mismo, mediante constancias remitidas el cuatro de julio del año en curso, solicitadas por este juzgado federal, la responsable remitió el auto de uno de julio del año en curso, en el que se determinó volver a comisionar al actuario de su adscripción a efecto de que se constituya en diversos domicilios a fin de emplazar a juicio a los demandados: "sucesión testamentaria y/o intestamentaria a bienes de quien en vida llevarán los nombres de Héctor Rodríguez y Esquivel, Vicente Antonio Fernández y Solórzano y José Raúl Rangel Romero, por conducto del representante de su sucesión, en el procedimiento laboral 01/710/18-III de origen. Establecido lo anterior, se estima que se ha vulnerado en perjuicio del quejoso, la garantía prevista en el artículo 17 constitucional, atento a las siguientes consideraciones. "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, se colige, que las Juntas -entre otros actos- deberán dictar el acuerdo en el que reciba la demanda laboral dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción, y notificarlo personalmente a las partes por lo menos diez días antes de la fecha para la celebración de la audiencia de ley. La Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 481/2012, estableció el procedimiento que se deben seguir las Juntas en caso de no poder emplazar a alguno de los demandados en el juicio laboral, al respecto refirió que en caso de no encontrar al demandado en el domicilio señalado para tal efecto, se requerirá a la parte actora para que señale uno nuevo, bajo el apercibimiento que de no resultar eficaz, se tendrá por no interpuesta contra ese demandado. Tal criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 98/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2, página 794, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA JUNTA CUANDO SE SEÑALA MÁS DE UN DEMANDADO Y ALGUNO O ALGUNOS DE ELLOS NO PUDIERON SER EMPLAZADOS. Conforme al artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, el trabajador debe proporcionar en su escrito inicial de demanda, cuando menos, el domicilio de la fuente de trabajo, por lo que cuando endereza su reclamación contra más de un patrón, esa obligación debe cumplirla respecto de todos. Por tanto, cuando no haya podido emplazarse a todos los demandados señalados en el escrito inicial, por no haberse proporcionado su domicilio o no ser el correcto y, ante la falta de disposición expresa que señale cómo debe procederse en estos casos, mediante la interpretación sistemática de los artículos 17, 685, 735 y 874 de la ley de la materia se obtiene que la Junta competente, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas inicial a la que haya citado a las partes, deberá fijar de oficio una nueva fecha para su celebración, requiriendo en ese acto a la actora para que proporcione, en un término de 3 días hábiles, el domicilio del o de los demandados que no pudieron ser emplazados, y apercibiéndola de que si no proporciona el o los domicilios correctos, se tendrá por no interpuesta la demanda contra quien no haya podido ser emplazado y se continuará la tramitación del juicio con el o los patrones legalmente emplazados". Ahora bien, de las constancias remitidas que anexó la Junta responsable a su informe justificado, se advierte la razón de diez de junio de dos mil veintidós, en la que el actuario de la adscripción manifestó los motivos de imposibilidad para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento de los demandados en el procedimiento de origen. Así mismo, de las constancias solicitadas a la responsable, se advierte que por auto de uno de julio del dos mil veintidós, al no estar emplazados los demandados la Junta responsable determinó volver a comisionar al actuario de su adscripción a fin de que se volviera a constituir en el domicilio señalado en autos y llevar a cabo la diligencia de emplazamiento encomendada. De lo anteriormente plasmado, se evidencia que la responsable no ha respetado los plazos y términos fijados por las leyes que rigen el procedimiento de origen, pues desde el trece de febrero de dos mil veintiuno, fecha señalada por la responsable para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, sin que la misma se llevara a cabo de manera exitosa, pues no se encontraban emplazados a juicio la parte demandada "sucesión testamentaria y/o intestamentaria a bienes de quien en vida llevarán los nombres de Héctor Rodríguez y Esquivel, Vicente Antonio Fernández y Solórzano y José Raúl Rangel Romero, por lo que ha transcurrido más de seis meses sin que se hubiera logrado el emplazamiento de los mismos, como se advierte de las constancias que obran en autos, ya que por proveído de uno de julio del año que transcurre, se ordenó de nueva cuenta dicho emplazamiento. Luego entonces, las juntas laborales tienen la obligación ineludible de actuar con prontitud y tomar todas las medidas para lograr el eficaz desenvolvimiento del procedimiento; entendiéndose como tal, también, el que de forma oportuna se dicten los acuerdos y se realicen todas las diligencias que se ordenan dentro de los parámetros legales y lo hagan del conocimiento de las partes, pues sólo de esa manera podrán cumplir con la garantía a que alude el artículo 17 Constitucional y los principios que establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, si la responsable no ha emplazado a la parte demanda, por los que respecta a la sucesión de Héctor Rodríguez Esquivel, Vicente Antonio Fernández y Solórzano, y José Raúl Rangel Romero, en el juicio laboral de origen, es inconcuso que contraviene a la prontitud de impartir justicia dentro de los plazos y términos que establece el artículo 17 constitucional. VI. Efectos del amparo. Se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Leticia Báez Ibarra en contra de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y actuario de su adscripción, para que, una vez que cause ejecutoria esta resolución, tal y como lo establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, en el juicio laboral 01/710/18-III, proceda a realizar lo siguiente: 1. Informe el resultado de la diligencia de emplazamiento ordenada en auto de primero de julio del presente año. 2. En caso de no lograr el emplazamiento de Héctor Rodríguez y Esquivel, Vicente Antonio Fernández y Solórzano y José Raúl Rangel Romero, por conducto del representante de su sucesión, deberá requerir a la parte actora nuevos domicilios para su emplazamiento, bajo el apercibimiento que de ser infructuosos se tendrá por no interpuesta la demanda contra los demandados que no logren emplazar Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee el presente juicio de amparo, en términos del considerando III de esta resolución. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Leticia Báez Ibarra, para los efectos precisados en el considerando VI. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Albalinda Guadarrama Rinconi, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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