Leticia Ayala Ramírez

Expediente 140/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
140/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
11/03/2016

Partes del expediente

  • Leticia Ayala Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista el acta de comparecencia que antecede, se tiene a la quejosa **********, reconociendo como suyas las firmas que calzan tanto el escrito inicial de demanda, como el ocurso registrado en la Oficialía de Partes de este Juzgado con el número 3013; así como el contenido de ambos documentos. En razón de lo anterior, con el escrito mencionado en segundo término en el parágrafo que antecede, ********** desahoga la prevención que le fue realizada en auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, y al efecto proporcionó bajo protesta de decir verdad, los datos que le fueron requeridos; por lo que se deja insubsistente el apercibimiento contenido en dicho acuerdo. Por tanto, se tiene a **********, formulando demanda de amparo contra actos del Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato; y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1o., 14 y 16 Constitucionales. Ahora, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de lo que a continuación se expone. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda (en este caso adminiculado con el escrito aclaratorio), finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte impetrante señaló como acto reclamado en forma destacada, el auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente M-75/2009, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, en el que le fue ordenada la entrega del bien rematado, objeto del controvertido de origen. Circunstancias que se advierten de los antecedentes de los actos reclamados expuestos bajo protesta de decir verdad por la agraviada tanto en su escrito de demanda como en el aclaratorio; manifestación que merece eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, así mismo, proporcionó los siguientes datos relevantes del caso. **********, S. C. L. DE C. V., por conducto de su endosatario en procuración, demandó la aquí solicitante de la tutela federal **********, (en su carácter de avalistas) en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, el pago de la cantidad de ciento diez mil pesos, y otras prestaciones; asunto radicado en el Juzgado Único Civil de Partido con sede en Cortazar, Guanajuato, con el número de expediente C-75/2009. Seguido el juicio por sus etapas legales, se dictó sentencia condenatoria el diecinueve de noviembre de dos mil diez; y el diez de junio de dos mil quince, la autoridad responsable ordenó sacar a remate en octava almoneda el bien inmueble embargado; diligencia que se llevó a cabo el día ocho de julio de dos mil quince, y se determinó adjudicar el inmueble en favor de **********; por lo cual se tiró en escritura pública ante Notaria Pública. En razón de lo anterior, mediante auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis, se requirió a la aquí peticionaria de amparo, la entrega del bien rematado, auto que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. De igual forma, en el escrito por virtud del cual la quejosa desahogó la prevención formulada, manifestó bajo protesta de decir verdad que en contra de dicho proveído, interpuso recurso de revocación, el cual refirió se encuentra pendiente de resolución. De lo anteriormente narrado, se desprende que el controvertido civil se encuentra en periodo de ejecución de sentencia. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable al particular, la tesis jurisprudencial III.5o.C. J/5 (10a.), legible en la página 1454, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de rubro y texto: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." Igualmente, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, tesis: P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma es aplicable en el mismo sentido, la Jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. " En ese orden se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que aun cuando se reclama el auto que ordena la entrega del bien inmueble rematado, esta determinación, de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio, es revocable, por lo que no puede considerarse como la última resolución. Cabe mencionar que el mencionado artículo 1334 del Código de Comercio dispone: "Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. ...". Por tanto, debe entenderse que ese "último acto" a que se refiere el tercer párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la ley de la materia, es el verdaderamente último, el definitivo, el que ya fue impugnado por recursos legales ordinarios con el fin de preparar la acción constitucional. Luego, es incuestionable que antes de promover el juicio de amparo indirecto, como es el caso, se deberá agotar todo medio de defensa previsto por la ley aplicable, y con ello cumplir con el principio de definitividad, puesto que el acto reclamado en forma destacada no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción del aludido principio de definitividad. De ahí que se sostenga la actualización del motivo de improcedencia en trato. Máxime que en el caso, la propia quejosa bajo protesta de decir verdad refirió que interpuso recurso de revocación en contra del acto reclamado en esta instancia constitucional, el cual se encuentra pendiente de resolución. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 1a./J. 28/2010, visible en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, lo que en el caso no ha sucedido, pues en la especie, se reitera que únicamente se ordenó a la parte aquí quejosa para que entregue el bien rematado, mas dicha orden no es definitiva, pues es susceptible de modificarse mediante recurso de revocación, de conformidad con la ley aplicable, en el caso concreto, el Código de Comercio. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 2982, Tomo XXXII, Octubre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. A mayor abundamiento, en el asunto que nos ocupa se actualiza una segunda causal de improcedencia, esta es, la prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Ello en razón de que, según las manifestaciones de la quejosa, como se ha venido aludiendo en el presente proveído, realizadas bajo protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio, interpuso recurso de revocación ante la autoridad responsable Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, contra el auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis (acto reclamado en el presente asunto); mismo que fue admitido el veintidós del mismo mes y año y que actualmente se encuentra en trámite, es decir, pendiente de resolución.

  2. Principal

    Por este conducto se notifica al quejoso: Vista el acta de comparecencia que antecede, se tiene a la quejosa **********, reconociendo como suyas las firmas que calzan tanto el escrito inicial de demanda, como el ocurso registrado en la Oficialía de Partes de este Juzgado con el número 3013; así como el contenido de ambos documentos. En razón de lo anterior, con el escrito mencionado en segundo término en el parágrafo que antecede, ********** desahoga la prevención que le fue realizada en auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, y al efecto proporcionó bajo protesta de decir verdad, los datos que le fueron requeridos; por lo que se deja insubsistente el apercibimiento contenido en dicho acuerdo. Por tanto, se tiene a **********, formulando demanda de amparo contra actos del Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato; y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1o., 14 y 16 Constitucionales. Ahora, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de lo que a continuación se expone. Es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda (en este caso adminiculado con el escrito aclaratorio), finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte impetrante señaló como acto reclamado en forma destacada, el auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente M-75/2009, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, en el que le fue ordenada la entrega del bien rematado, objeto del controvertido de origen. Circunstancias que se advierten de los antecedentes de los actos reclamados expuestos bajo protesta de decir verdad por la agraviada tanto en su escrito de demanda como en el aclaratorio; manifestación que merece eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, así mismo, proporcionó los siguientes datos relevantes del caso. **********, S. C. L. DE C. V., por conducto de su endosatario en procuración, demandó la aquí solicitante de la tutela federal **********, (en su carácter de avalistas) en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, el pago de la cantidad de ciento diez mil pesos, y otras prestaciones; asunto radicado en el Juzgado Único Civil de Partido con sede en Cortazar, Guanajuato, con el número de expediente C-75/2009. Seguido el juicio por sus etapas legales, se dictó sentencia condenatoria el diecinueve de noviembre de dos mil diez; y el diez de junio de dos mil quince, la autoridad responsable ordenó sacar a remate en octava almoneda el bien inmueble embargado; diligencia que se llevó a cabo el día ocho de julio de dos mil quince, y se determinó adjudicar el inmueble en favor de **********; por lo cual se tiró en escritura pública ante Notaria Pública. En razón de lo anterior, mediante auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis, se requirió a la aquí peticionaria de amparo, la entrega del bien rematado, auto que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. De igual forma, en el escrito por virtud del cual la quejosa desahogó la prevención formulada, manifestó bajo protesta de decir verdad que en contra de dicho proveído, interpuso recurso de revocación, el cual refirió se encuentra pendiente de resolución. De lo anteriormente narrado, se desprende que el controvertido civil se encuentra en periodo de ejecución de sentencia. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, último párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable al particular, la tesis jurisprudencial III.5o.C. J/5 (10a.), legible en la página 1454, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de rubro y texto: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA. De lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se desprende que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate "es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados"; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido ambas órdenes, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución." Igualmente, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, tesis: P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma es aplicable en el mismo sentido, la Jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. " En ese orden se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que aun cuando se reclama el auto que ordena la entrega del bien inmueble rematado, esta determinación, de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio, es revocable, por lo que no puede considerarse como la última resolución. Cabe mencionar que el mencionado artículo 1334 del Código de Comercio dispone: "Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. ...". Por tanto, debe entenderse que ese "último acto" a que se refiere el tercer párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la ley de la materia, es el verdaderamente último, el definitivo, el que ya fue impugnado por recursos legales ordinarios con el fin de preparar la acción constitucional. Luego, es incuestionable que antes de promover el juicio de amparo indirecto, como es el caso, se deberá agotar todo medio de defensa previsto por la ley aplicable, y con ello cumplir con el principio de definitividad, puesto que el acto reclamado en forma destacada no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción del aludido principio de definitividad. De ahí que se sostenga la actualización del motivo de improcedencia en trato. Máxime que en el caso, la propia quejosa bajo protesta de decir verdad refirió que interpuso recurso de revocación en contra del acto reclamado en esta instancia constitucional, el cual se encuentra pendiente de resolución. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 1a./J. 28/2010, visible en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, lo que en el caso no ha sucedido, pues en la especie, se reitera que únicamente se ordenó a la parte aquí quejosa para que entregue el bien rematado, mas dicha orden no es definitiva, pues es susceptible de modificarse mediante recurso de revocación, de conformidad con la ley aplicable, en el caso concreto, el Código de Comercio. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 2982, Tomo XXXII, Octubre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. A mayor abundamiento, en el asunto que nos ocupa se actualiza una segunda causal de improcedencia, esta es, la prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Ello en razón de que, según las manifestaciones de la quejosa, como se ha venido aludiendo en el presente proveído, realizadas bajo protesta de decir verdad en su escrito aclaratorio, interpuso recurso de revocación ante la autoridad responsable Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, contra el auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis (acto reclamado en el presente asunto); mismo que fue admitido el veintidós del mismo mes y año y que actualmente se encuentra en trámite, es decir, pendiente de resolución.

  3. Principal

    Por este conducto se notifica al quejoso: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su ordinal 2°, agréguese el escrito de cuenta, cuya firma difiere de la plasmada por ***********, en su carácter de quejosa en el escrito inicial de demanda (foja 15), sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía; en esa circunstancia, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código invocado, requiérase a la promovente, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, se presente en día y hora hábil en este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente con fotografía, a fin de que ratifique y reconozca el contenido y firma del escrito cuestionado. Apercibida que de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecido se tendrá por no presentado, con las consecuencias legales conducentes. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia 3a./J.24; emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera parte, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, visible en la foja trescientos ochenta y cinco, cuyo rubro es el siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Así como la diversa II.1o.11/9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos setenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, marzo de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de rubro: "FIRMA. CUANDO ES NOTORIAMENTE DISTINTA."

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por ************, contra actos del Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número140/2016. Ahora bien, para estar en aptitud de acordar sobre la admisión del libelo constitucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte agraviada, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Precise si contra el auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis (acto reclamado), por virtud del cual se le requirió la entrega material del bien inmueble afecto al expediente M-75/2009, interpuso algún recurso o medio de defensa ordinario; y en caso afirmativo, cuál fue el resultado de éste, o bien,, el estado procesal que guarda. Aclare si en tal proveído (acto reclamado), el Juez civil responsable le requirió para que de manera voluntaria hiciera entrega del inmueble que refiere; asimismo, si le otorgó un plazo legal para que cumpliera con tal requerimiento y si le formuló apercibimiento para el hipotético caso de no cumplir con lo ordenado; en caso afirmativo, que especifique cuándo fenece o transcurrió dicho plazo, cuál fue la actitud procesal que asumió al respecto, esto es, si cumplió o no con lo requerido y en qué consistió dicho apercibimiento. Información que resulta relevante y necesaria para estar en condiciones de proveer respecto la procedencia de la demanda de amparo instaurada y que el accionante constitucional no expuso en el ocurso de cuenta como antecedentes del acto combatido, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del numeral 108 de la ley de la materia. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio agraviado, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, puesto que los hechos que le incumben son de carácter personal, de conformidad con la jurisprudencia número 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Asimismo, de su escrito aclaratorio deberá exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes de conformidad con el artículo 110 de la Ley de la Materia; es decir, una para cada autoridad responsable; una para el tercero interesado, una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y dos más para el incidente de suspensión solicitado. Se apercibe al promovente que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Finalmente, se tiene como autorizado en los términos amplios del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, quien tiene inscrita su Cédula Profesional Federal, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en los términos restringidos a que alude dicho numeral a ************, por no encontrarse en ese supuesto; y como domicilio para tales efectos el ubicado en *** en esta ciudad.

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