Leticia Arocha Alonso y Otros.
Expediente 309/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Leticia Arocha Alonso y Otros.
- Leticia Arocha Alonso
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; veinte de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existir actuación pendiente por realizar. Aun cuando se tuvo por no presentada la demanda promovida en el presente juicio de amparo, debe tenerse en cuenta que al haberse concedido en su momento la suspensión de plano, procede calificar este expediente, como DEPURABLE, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, para que desahogara la prevención contenida en dicho auto, sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y con fundamento en el párrafo segundo del artículo 114, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida por ****. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K11, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN." Toda vez que el criterio aislado no se contrapone a la Ley de Amparo vigente, pues se refiere a que el incumplimiento de la prevención formulada tiene una consecuencia legal, es aplicable al caso que nos ocupa. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el referido auto inicial. Ahora, en acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones pública de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. PROMOCIÓN 4735. RECEPCIÓN DE INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, el informe de suspensión de plano rendido por la 7604Comisionado Responsable del Área Jurídica en representación de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que está enterada de la medida decretada en el juicio en que se actúa. Con fundamento en el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegadas de la referida autoridad a las personas que cita. Asimismo, como lo solicita, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto señala. PROMOCIÓN 4780. RATIFICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con lo previsto en el artículo 3, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda la diligencia de notificación personal de veinticinco de marzo del año en curso, practicada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, a los quejosos ***, relativa al proveído de la misma data, esto es, veinticinco de marzo del año en curso, de la cual se aprecia que la parte quejosa ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por ***. Asimismo, se aprecia que se reservaron desahogar la prevención que le fue formulada en el referido auto inicial, con la finalidad de que aclarara su demanda. Atento a lo anterior, resérvese a proveer lo que en derecho proceda en relación con la admisión de la demanda, hasta en tanto la parte quejosa desahogue la vista que le fue otorgada en auto de veinticinco de marzo de esta anualidad, quedando subsistente el apercibimiento con que se le conminó en dicho acuerdo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el precisado en el escrito inicial de demanda por así solicitarlo expresamente; ahora bien, en relación con el número telefónico y correo electrónico que proporcionan téngase únicamente para contacto sin que ello signifique una notificación procesal legal por no cumplir con los requisitos de juicio en línea. Por otra parte, se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a ***, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente; y a ***, en los mismos términos por así haberlo solicitado. Notifíquese.
- Principal
MESA 1-A.- Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3º, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *** en representación de ****, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en el Estado de Chiapas, ciudad, en su denominación actual y correcta, autoridad responsable señalada por la promovente como "Delegado Regional en Chiapas del Instituto de Migración". ACTOS RECLAMADOS: De la lectura integra del escrito de demanda se aprecia que los actos reclamados se hacen consistir en: Incomunicación; La privación ilegal de la libertad, detención, hacinamiento con fines de deportación, expulsión, repatriación asistida, fuera de procedimiento; y La inconstitucionalidad, arbitrariedad e ilegalidad del artículo 111 de la Ley de Migración (acto reclamado citado en el segundo concepto de violación del escrito de demanda). Restricción de la libertad de tránsito por todo el territorio mexicano (este acto se menciona en el penúltimo párrafo del segundo concepto de violación expuesto en el escrito de demanda). ANOTACIONES Seguidamente, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo ****. Ahora bien, antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o. de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." LEY DE MIGRACIÓN "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales." REGLAMENTO "Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras." Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación de los ahora quejosos (extranjeros), son de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional. En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación del mismo; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento. Los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen: "Artículo 4. La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría, para lo cual podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria." "Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley." "Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: (.) III. Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al territorio nacional, mediante disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento;." "Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: (.) II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros;." "Artículo 34. Los mexicanos y extranjeros sólo pueden entrar y salir del territorio nacional por los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire. La internación regular al país se efectuará en el momento en que la persona pasa por los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, dentro de los horarios establecidos para tal efecto y con intervención de las autoridades migratorias. "Artículo 35. Para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben cumplir con los requisitos exigidos por la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Corresponde de forma exclusiva al personal del Instituto vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar la documentación de los mismos." "Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán: I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y (sic) b) Cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; c) Titulares de un permiso de salida y regreso; d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría; e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México." De lo expuesto se colige que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Sin embargo, ese derecho tiene sus limitaciones o restricciones pues la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Migratoria y su Reglamento, disponen que para ejercer esos derechos, es indispensable que reúnan los requisitos que las mismas leyes exigen. De tal manera que, dependiendo la naturaleza del acto que se reclame en relación al ingreso permanencia o tránsito por el territorio nacional de extranjeros, la eventual suspensión que, en su caso se conceda, por ningún motivo tendría por efecto sustituir el documento exigido por la autoridad migratoria, que permite el libre tránsito por el país a extranjeros, sino únicamente para que no sean objeto de deportación fuera de procedimiento, así como de demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de los disconformes. Así las cosas, es de resaltar que los artículos 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 144 de la Ley de Migración, prevén los supuestos en los cuales debe presentarse a los extranjeros en las Estancias Migratorias, para regularizar su situación, mismos que establecen: "Artículo 97. Además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros. La orden por la que se disponga la revisión migratoria deberá estar fundada y motivada; ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma; la duración de la revisión y la zona geográfica o el lugar en el que se efectuará." "Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero adulto que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. En ningún caso, el Instituto presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones migratorias ni en lugares habilitados para ello. La presentación de las personas adultas bajo cuyo cuidado estén niñas, niños o adolescentes migrantes deberá evitarse atendiendo al principio de unidad familiar y del interés superior de niñas, niños y adolescentes." "Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." "Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio." "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. "Artículo 103. Las autoridades judiciales deberán dar a conocer al Instituto la filiación del extranjero que se encuentre sujeto a providencias precautorias o medidas cautelares, o bien, que cuente con una orden de presentación, orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso, en el momento en que se dicten, informando del delito del que sean presuntos responsables. En el caso del auto de vinculación a proceso y la sentencia firme condenatoria o absolutoria, deberán notificarlo al Instituto, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ésta se dicte. "Artículo 104. Una vez que se haya cumplimentado la sentencia a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial o administrativa competente de inmediato pondrá al extranjero con el certificado médico que haga constar su estado físico, a disposición del Instituto para que se resuelva su situación migratoria, en los términos previstos en el Capítulo V del presente Título. "Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de estancia; III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo; IV. Cuando derivado de sus antecedentes en México o en el extranjero se comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública; V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto. En todos estos casos, el Instituto determinará el período durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva." De donde se deduce, que además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; pues es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Por otra parte, se establece que una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. Así, cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tienen derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional". Sin embargo, es pertinente destacar que tal derecho puede ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfaga los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables. Así también, el artículo 109 de la Ley de Migración, estatuye los derechos que tendrán las personas que sean presentadas en la Estancias Migratorias del Instituto Nacional de Migración y textualmente dice: "Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado, de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; VII. Acceder a comunicación telefónica; VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal; X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se organicen dentro de las instalaciones; XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación Migratoria; XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad familiar, y XIV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que expida la Secretaría. Los derechos ahí establecidos y que deben observarse desde el momento del ingreso del extranjero a la Estancia Migratoria son, entre otros: ? Que conozca la ubicación de la Estación Migratoria donde fue alojado, sus reglas y servicios a los que podrá tener acceso; ? Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; ? Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; ? Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; ? Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; ? Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; ? Acceder a comunicación telefónica; ? Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. SUSPENSIÓN DE PLANO Previo a resolver sobre la media cautelar solicitada respecto de los actos reclamados consistentes en: Incomunicación; La privación ilegal de la libertad, detención, hacinamiento con fines de deportación, expulsión, repatriación asistida, fuera de procedimiento; y Restricción de la libertad de tránsito por todo el territorio mexicano. Es conveniente destacar las consideraciones siguientes: La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la facultad de los Estados de controlar y regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras en su territorio constituye una finalidad legítima para restringir el derecho a la libertad personal; sin embargo, dicha detención no puede ser bajo ninguna circunstancia de carácter punitivo y siempre deberán tener presente el respeto de los derechos humanos, por ello, es esencial que los Estados dispongan de un catálogo de medidas alternativas que puedan resultar efectivas para lograr ese fin. En relación con la privación de la libertad, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios." Sobre este artículo, la Corte Interamericana ha sostenido que contiene una regulación general, establecida en el primer numeral, según la cual toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales, y otra regulación de carácter específico, que se compone de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (artículo 7.2) o arbitrariamente (artículo 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados contra el detenido (artículo 7.4), al control judicial de la privación de la libertad (artículo 7.5) y a impugnar la legalidad de la detención (artículo 7.6). Por su parte, en el derecho internacional de los derechos humanos, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación." Por su parte, el artículo 4.2 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece que: "A los efectos del presente Protocolo, por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente." Ahora, desde el enfoque del sistema americano de derechos humanos, la Corte Interamericana estableció estándares mínimos para la privación de la libertad por razones migratorias, como que ésta se realice de conformidad con el derecho a la libertad personal y sus garantías específicas, así como ajustada a los principios de excepcionalidad de la detención y de necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida en cada caso. Además, ha señalado que es permisible que el Estado otorgue un trato distinto a las personas migrantes documentadas en relación con las indocumentadas, o bien, entre migrantes y nacionales siempre que ese trato sea razonable, objetivo y proporcional y no lesione derechos humanos; asimismo, se ha pronunciado en el sentido de que, cuando se trata de personas migrantes, la detención y privación de la libertad por su sola situación migratoria irregular, debe ser utilizada cuando sea necesario y proporcional en el caso concreto, solamente admisible 1) durante el menor tiempo posible y 2) en atención a fines legítimos. Ahora, en relación con la garantía establecida en el artículo 7.5 de la Convención en cita, establece que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Al respecto, el tribunal interamericano ha resaltado que "corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al detenido de manera consecuente con la presunción de inocencia", como una "garantía tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones." Con base en ese criterio interpretativo, la Corte Interamericana ha considerado que, con el fin de que se constituya un verdadero mecanismo de control frente detenciones ilegales o arbitrarias, la revisión judicial debe realizarse sin demora y en forma tal que garantice el cumplimiento de la ley y el goce efectivo de los derechos del detenido, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél. Así, tomó como referencia el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria en el que sostuvo que "todo inmigrante retenido deberá comparecer cuanto antes ante un juez u otra autoridad." No obstante, también ha fijado la regla que, en materia migratoria, la legislación interna debe asegurar que el funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones jurisdiccionales cumpla con las características de imparcialidad e independencia que deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas. En ese sentido, la Corte ha establecido que dichas características no solo deben corresponder a los órganos estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artículo 8.1 de la Convención se aplican también a las decisiones de órganos administrativos, ya que en relación con esa garantía corresponde al funcionario de migración la tarea de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales o arbitrarias y es imprescindible que dicho funcionario esté facultado para poner en libertad a la persona si su detención es ilegal o arbitraria. Conforme a la jurisprudencia asentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la privación de la libertad de las personas migrantes, este Juzgado de Distrito determina que resulta improcedente conceder la suspensión por la parte quejosa respecto del acto que los quejosos refieren como privación de la libertad dado que ha sido sujeto de alojamiento por más de treinta y seis horas. Para justificar lo anterior, es necesario tener en cuenta los precitados artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Migración. Estos artículos se refieren a la presentación de las personas extranjeras en estaciones migratorias en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, lo cual implica el acuerdo de su alojamiento temporal, la posibilidad de quedar bajo custodia y los requisitos para seguir el procedimiento en libertad. Disposiciones que en términos generales representan una limitación al derecho a la libertad de las personas migrantes; sin embargo, de conformidad con lo señalado por la Corte Interamericana y en atención a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2013156, de rubro: "TEST DE PROPOCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL."), en primer lugar, se debe analizar si dicha medida persigue un fin constitucionalmente válido y, en el caso, la respuesta es afirmativa, pues dicho fin es el control y la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro de territorio nacional prevista en el artículo 11 de la Constitución federal. Dicho precepto constitucional señala que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes; no obstante, el ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto, en el sentido de que la facultad de los Estados de controlar y regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras en su territorio constituye una finalidad legítima para restringir el derecho a la libertad personal. Con base en ello, se considera que la limitación de la libertad de las personas migrantes prevista en los artículos citados persigue una finalidad legítima y no viola el artículo 1° de la Constitución Federal, ni vulneran el derecho a la libertad de tránsito, pues el artículo 11 señala que el ejercicio de ese derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad administrativa en los casos en él previstos, dentro de los cuales se encuentran los relativos a la migración. De ahí que, para que la autoridad migratoria ejerza su facultad de revisión y posterior alojamiento si es que el extranjero no demuestra su legal estancia, no se requiere que exista un procedimiento judicial de donde derive tal situación, o que se haya emitido previamente una orden de aprehensión dictada por un Juez o autoridad competente para ello, que la detención se haya verificado en flagrancia en la comisión de un delito o que exista denuncia alguna contra el extranjero, como lo estima la parte quejosa. Ello, pues como se vio, si bien es cierto que el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, también lo es que, en materia migratoria, la Corte Interamericana ha fijado los alcances del término "otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales.", en el sentido de que, la tarea de prevenir o hacer cesar las detenciones ilegales o arbitrarias es una función que puede depositarse en un funcionario migratorio que esté facultado para poner en libertad a la persona si su detención es ilegal o arbitraria; ello, en cumplimiento a las disposiciones del artículo 8.1 de la Convención, las cuales no están limitadas a los órganos estrictamente jurisdiccionales. Esto es, de conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, no menos cierto es que otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo; por lo que, cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. A partir de ese criterio interpretativo dispuso que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a los derechos del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención. De esta forma, las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellos derechos destinados a asegurar que la decisión no sea arbitraria. Con base en el marco jurisprudencial interamericano expuesto, se deduce que el hecho de que en el procedimiento migratorio, previsto en los artículos invocados, no se disponga de un control judicial de la detención de las personas migrantes o en movilidad internacional, es decir, que su presentación no esté supervisada por un Juez, sino a cargo de servidores públicos pertenecientes al Instituto Nacional de Migración, no hace inconvencional las porciones normativas en comento. Porque, para satisfacer la exigencia del artículo 7.5 de la Convención Americana, la persona detenida debe comparecer ante la autoridad competente, la cual debe oírla personalmente y valorar todas las explicaciones que éste le proporcione para decidir si procede la liberación o el mantenimiento de la privación de libertad, sin que esa decisión sea exclusiva de las autoridades jurisdiccionales, sino de cualquier autoridad pública, entre ellas las administrativas, que cuenten con facultades y el deber de cumplir con las garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria. Condición que se cumple en la Ley de Migración y, en específico, en los artículos ya precisados. Lo anterior, debido a que el artículo 19 de la Ley de Migración dispone que el Instituto Nacional de Migración tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia. En ese tenor, el numeral 20 de la legislación en comento contempla, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: [.] II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros; IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de personas extranjeras, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en su Reglamento; salvo que, en el caso de deportación o retorno asistido de niñas, niños y adolescentes migrantes, el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección determine lo contrario; VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin, a las personas extranjeras que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley, respetando en todo momento sus derechos humanos; [.]" Como parte de su atribución de tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros, los servidores migratorios tienen el deber de observar los principios que sustentan el debido proceso y la defensa adecuada de las personas migrantes, previstos en los artículos 13, fracción I, 66, párrafo primero, 67 y 70 de la Ley de Migración, esto es, comunicarles el derecho que tienen a: a) Estar asistidos o representados legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio; b) Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; c) Ofrecer pruebas; d) Alegar lo que a su derecho convenga; e) Tener acceso a las constancias del expediente; f) Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español; y, g) Las resoluciones de la autoridad estén fundadas y motivadas debidamente. Así, el Instituto Nacional de Migración, a través de su personal adscrito, tiene el deber de observar las garantías que aseguren, según el procedimiento, el derecho al debido proceso que, conforme con la interpretación del artículo 8.1 de la Convención, no se aplica solamente a Jueces y tribunales judiciales. Las garantías que establece esa norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de los derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos. De esta forma, las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la Convención son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad pública adopte decisiones que determinen tales derechos, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa pretende evidenciar que, el hecho de excederse de las treinta y seis horas de la privación de la libertad, se torna inconstitucional, ya que viola lo dispuesto en el artículo 21, párrafo cuarto Constitucional, debe decirse que tal pretensión carece de sustento lógico y jurídico, si se toma en cuente que en el tercer párrafo del precepto constitucional referido, el Constituyente Permanente concedió a la autoridad judicial la facultad monopólica para imponer penas derivadas de delitos, así como su modificación y duración y, en el cuarto, en cuanto a las sanciones administrativas, no obstante su equiparación con las penas, dispuso una excepción a esa regla, al posibilitar su imposición por la autoridad administrativa en los casos de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía. En estas condiciones, si bien es cierto que la potestad conferida a la autoridad administrativa sólo se circunscribe a la imposición de sanciones, no así para preverlas y regularlas normativamente, también lo es que el propio cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una excepción al principio de reserva de ley, pues cuando habla de sanciones como multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, hace una remisión y autorización expresa para que éstas puedan estar previstas en reglamentos gubernativos y de policía, los cuales, por antonomasia, son emitidos por el Poder Ejecutivo, ya sea federal o local. De lo anterior se desprende que, en el particular, el alojamiento de los quejosos en una estación migratoria, no representa una infracción a reglamentos gubernativos y de policía, los cuales, como se dijo, son emitidos por el Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, sino que responden a la contravención de una ley de carácter formal y material, como lo es la Ley de Migración. En efecto, de conformidad con el artículo 68 de la Ley de Migración, una vez que la persona es puesta a disposición del Instituto Nacional de Migración en las estaciones migratorias, se dictará en el plazo de treinta y seis horas el acuerdo de presentación, respecto de toda persona que no comprueba su estancia regular. Así, el artículo 99 de la Ley de Migración, prevé que la presentación de extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, es una medida de orden público, dictada por el Instituto, mediante el cual se acuerda su "alojamiento" temporal, ya sea para la regularización de su estancia o la asistencia para su retorno. Por su parte, el artículo 3°, fracción X de la Ley de Migración, establece que una Estación Migratoria es: "la instalación que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria". En ese sentido, el "alojamiento" o "aseguramiento" de una persona migrante se trata de una medida excepcional que contempla la Ley de Migración, sea asistencial para protección y apoyo al migrante, así como evitar que las personas se sustraigan de sus procedimientos administrativos migratorios. Además, es necesario tener presente que el artículo 111 de la Ley en comento, dispone: "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero." Del texto transcrito se obtiene que la duración máxima de la detención es de quince días, contados a partir de su presentación, tiempo máximo también para resolver el procedimiento migratorio; no obstante, dicho artículo prevé diversos supuestos que permiten el alojamiento de personas extranjeras en las estaciones migratorias hasta por sesenta días, entre los que se encuentran: 1) Que no se cuente con información que permita identificar a la persona; 2) Que las secciones consulares o embajadas requieran más tiempo para la expedición del documento de identidad; y, 3) Que hayan interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional. Así las cosas, al no representar la Ley de Migración (que sustenta la detención de la quejosa) un reglamento gubernativo y de policía, los cuales, como se dijo, son emitidos por el Poder Ejecutivo, ya sea federal o local, entonces no es factible alegar violación al artículo 21, párrafo cuarto Constitucional. Por su contenido, se cita la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 200343, que establece lo siguiente: "LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO. SU ARTÍCULO 140, FRACCIÓN II, NO RESULTA VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. (.) Igualmente se invoca por analogía, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con el registro 181271, que establece lo siguiente: "SANCIONES ADMINISTRATIVAS. CUANDO TENGAN COMO SEDE REGLAMENTOS GUBERNATIVOS O DE POLICÍA, SÓLO PODRÁN CONSISTIR EN MULTA O ARRESTO, LO QUE NO ACONTECE CUANDO SU FUNDAMENTO SEA LA LEY. (.) Luego, si en el caso particular la promovente expone, específicamente en el apartado V, del escrito de demanda, que ".CON FECHA 24 de marzo del presente año, ya que directamente los quejosos me llamaron vía telefónica, avisándome que habían sido detenidos cuando se dirigían a Ciudad Hidalgo a realizar su trámite correspondiente quienes fueron interceptados y les mencionaron serían trasladados a un centro de detención denominado estación migratoria SIGLO XXI, en esta ciudad, para su deportación por no contar con su documentación correspondiente"; datos que hasta este momento resultan insuficientes, para poder acreditar un alojamiento prolongado. Lo anterior es así, pues como pudo verse, el artículo 111 de la Ley de la materia, prevé diversos supuestos que permiten el alojamiento de personas extranjeras en las estaciones migratorias hasta por sesenta días. Sustenta lo anterior, la Tesis I.1o.P.6 P (11a.), emitida por Los Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el diario oficial de la Federación, con registro digital 2024119, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. (.) En tales condiciones, respecto del acto reclamado consistente en alojamiento excesivo, resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO Respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación y privación ilegal de la libertad, detención, hacinamiento con fines de deportación, expulsión, repatriación asistida fuera de procedimiento, analizado lo expuesto por la parte quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la incomunicación para el efecto de que a la brevedad se le haga efectivo a la parte quejosa su derecho a la notificación, contacto y asistencia consular, tomando en cuenta que ello es un derecho fundamental vigente en nuestro país, asimismo, para que en lo inmediato se le permita tener contacto con sus representantes legales, abogados y familiares en horarios hábiles. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015596, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 206, Décima época, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU FUENTE Y JERARQUÍA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. (.) Así como la diversa tesis de jurisprudencia de la referida Primera Sala, con registro digital 2015594, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 204, del tenor literal siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y RELEVANCIA PARA GARANTIZAR UNA DEFENSA ADECUADA DE LOS EXTRANJEROS. (.) Y la diversa jurisprudencia de dicha Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con registro digital 2015592, que obra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 200, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. ACCIONES BÁSICAS QUE IMPLICAN SU INTERVENCIÓN. (.) Por otra parte, es importante traer a colación el artículo 22 constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: (.) Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata la autoridad responsable en términos del artículo 109 de la Ley de Migración le haga saber a la parte quejosa su derecho como presentado: ? Que conozca la ubicación de la Estación Migratoria donde fue alojado, sus reglas y servicios a los que podrá tener acceso; ? Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que soliciten el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; ? Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Lo anterior es así, ya que una persona extranjera que es detenida, se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, cabal y completamente, los derechos que le asisten, y la situación a la que se enfrenta, por tanto, a través de la ayuda consular, los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales. ? Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; ? Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crean conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; ? Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; ? Acceder a comunicación telefónica; ? Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. En el entendido que la autoridad migratoria responsable deberá observar las medidas y garantizar los cuidados a la parte quejosa debido a la contingencia sanitaria del Covid-19. Por otro lado, la suspensión de plano decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. La suspensión que aquí se concede no tiene como efectos el tránsito libre de los directos quejosos por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del aquí quejoso, deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados. Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, Registro digital: 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. (.) Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso el directo quejoso estuviera en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país". La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Y es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables, acorde con lo que se narra en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación o retorno asistido a su país de origen. Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguno de aquellos rebatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social, acorde por identidad jurídica sustancial con lo sostenido en la jurisprudencia PC.I.P. J/28 P (10a.) , emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. (.) Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le dé trámite a la solicitud que plantee los quejosos respecto de su situación migratoria. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de los quejosos, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que esté a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que gire las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes. Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentre notificada de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que ha dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá a la omisa, medida de apremio antes apuntada. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, que arroja la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. RATIFICACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, con el objeto de que se cumpla con todos los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente es necesario que los directos quejosos ****, en términos de los artículos 6 y 15 de la ley de la materia, ratifiquen el escrito de demanda de amparo promovida a su favor por Claudia Patricia Penagos Córdova. Por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Siglo XXI, con sede en esta ciudad, a fin de que localice a los directos quejosos ****; y bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente: Vocear o llamar a los directos quejosos, en el lugar respectivo. Notificarles el presente auto. Con copia del escrito de demanda de amparo, deberá requerirlos para que en ese acto o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo instada en sus nombre. Apercibidos que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas. Dar fe del estado físico en que se encuentren los agraviados. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento les notifique el presente auto, y asienten la denominación de dicha autoridad. Con fundamento en el artículo 13, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designa a ***, como representante común de los quejosos; sin perjuicio de que la parte quejosa lo substituya por otro. Asimismo, una vez localizados y hecha la ratificación de demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación al 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentren notificados de este acuerdo, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclaren la demanda conforme a lo siguiente: PRIMERO. Señalen si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señalan como acto la deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo, o en su caso, la falta de notificación, contacto y asistencia consular. SEGUNDO. De igual forma, indiquen si han promovido diverso juicio de amparo indirecto contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman. TERCERO. Precisen la fecha en que fueron presentados ante la estación migratoria y el tiempo que, en su caso, han permanecido alojados o detenidos en la misma, en virtud que la manifestación expuesta por la promovente en el punto dos del capítulo de antecedentes, relativa a que ".CON FECHA 24 de marzo del presente año, ya que directamente los quejosos me llamaron vía telefónica, avisándome que habían sido detenidos cuando se dirigían a Ciudad Hidalgo a realizar su trámite correspondiente quienes fueron interceptados y les mencionaron serían trasladados a un centro de detención denominado estación migratoria SIGLO XXI, en esta ciudad, para su deportación por no contar con su documentación correspondiente"; datos que hasta este momento resultan insuficientes, para poder acreditar un alojamiento prolongado o ilegal. CUARTO. Refieran si han promovido el Procedimiento Administrativo Migratorio en materia de Regulación Migratoria, para solicitar, en su caso, la suspensión del acto administrativo, estatuido a lo largo del capítulo IX, de la Ley de Migración, o algún otro medio de impugnación de los actos reclamados. De ser el caso, deberán indicar el estado procesal en que este se encuentra. QUINTO. Exhiban ante este juzgado los documentos idóneos con los cuales acrediten su nacionalidad. SEXTO. Manifiesten y exhiban con qué documentos acreditan su legal estancia en este país, pudiendo ser este cualquiera de las modalidades previstas en la Ley Migratoria, o el pasaporte reglamentado en su caso. SÉPTIMO. Deberá aclarar si la norma impugnada -artículo 111 de la Ley de Migración- que señala en su demanda de amparo la combate en su carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa. En el caso de combatirla como heteroaplicativas deberá precisar la fecha en que tuvieron conocimiento o les fue notificado el acto de aplicación respectivo. OCTAVO. Señale como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende la expedición y promulgación de la ley que impugna de inconstitucional -artículo 111 de la Ley de Migración-. En específico, se le hace saber, que de no señalar al titular del órgano de Estado que promulgo el decreto legislativo reclamado, se provocara la improcedencia de la acción constitucional, en virtud de que se actualizara la causal de improcedencia derivada de la interpretación conjunta del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a la anterior determinación, la jurisprudencia PC.III.A J/70 A (10ª) de rubro ''IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO." Lo anterior es conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal, así como los diversos 5 y 6 de la Ley de la materia, que establecen que en el juicio de amparo rige el principio de ''instancia de parte agraviada'', por lo que no es factible que este juzgado de manera oficiosa señales los actos que corresponden a las autoridades que señala como responsable, ni aun de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo que prevé la suplencia de la queja ya que solo habilita la posibilidad de suplir la deficiencia de conceptos de violación y agravios; asimismo, resulta aplicable la tesis I.4º.A.41 K (10ª), con registro digital 2019603 de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. NO TIENE EL ALCANCE DE QUE EL JUZGADOR CONSIDERE COMO ACTOS RECLAMADOS, AQUELLOS QUE EL QUEJOSO NO SEÑALO." NOVENO. Manifiesten si es su deseo señalar como autorizado a la persona que promueve en favor de ellos, así como si es su deseo tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la promovente. Por último, tomando en consideración que en el capítulo de la demanda relativo a la suspensión provisional la promovente del amparo, manifiesta que solicita se fije una fianza en favor de los directos quejosos para efectos de continuar el procedimiento administrativo de regularización migratoria en libertad; en consecuencia, la parte quejosa deberá indicar si se encuentran sometidos a un procedimiento administrativo migratorio, a fin de lograr su estancia regular en el país; y si han solicitado su derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional". Lo anterior es necesario, tomando en cuenta además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que, en principio, los Estados tienen la facultad de controlar y regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras en su territorio. Sin embargo, ha precisado que en una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro, pues lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado, de manera que la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos, sino que sólo deberán ser utilizadas para asegurar la comparecencia de la persona al proceso migratorio o para garantizar la aplicación de una orden de deportación -que desde luego derive de un procedimiento legal- y únicamente durante el menor tiempo posible. Circunstancias que serán consideradas al momento de admitirse a trámite la demanda de amparo y en su caso proveer la apertura del incidente de suspensión respectivo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a los quejosos que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. De actualizarse una casual de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de amparo, se acordara lo conducente, ello de conformidad con el numeral 64 del ordenamiento citado. Asimismo, se apercibe a los directos quejosos, representantes, abogados y/o autorizados, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA" Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. RECEPCIÓN DE OFICIOS Se previene a la autoridad responsable para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, y dada la notoria urgencia y características del caso, reciba el oficio dirigido a la autoridad que no estuviese en turno, apercibida que en caso de ser omisa al respecto, con fundamento en el numeral en comento, se tendrá por legalmente hechas las notificaciones a la autoridad que vaya dirigida el oficio, a partir de la hora y fecha en que el actuario judicial adscrito se constituya legalmente en sus oficinas; lo anterior, con independencia de que la citada conducta pueda ser constitutiva de algún hecho delictuoso. En ese sentido, se faculta al actuario de la adscripción, para que, en caso de que la denominación que aparece en el oficio a través del cual se comunica este proveído, así como los subsecuentes, sea incorrecta, se sirva testar la misma, y en su lugar, señalar su denominación debidamente; a efecto de que no se encuentre impedido para realizar la entrega de los oficios derivados de este sumario. DOMICILIO Y AUTORIZADO Resérvese de acordar lo relativo al autorizado, el domicilio, correo electrónico y número telefónico proporcionado, hasta en tanto los quejosos desahoguen la prevención formulada en párrafos anteriores. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTACIÓN A LAS PARTES A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA", PRIVILEGIANDO EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 1, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. De igual manera con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. DESAHOGO ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus ***, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para que de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, o en su caso, quienes pretendan comparecer a la misma, deberán comunicarlo con dos días de anticipación a la fecha señalada para la misma el teléfono 9626987434, extensiones 1101 y 1105. Lo anterior, a efecto de .realizar la videoconferencia correspondiente, a través de la plataforma Cisco Webex; por lo que, deberán realizar en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) la descarga de la aplicación antes mencionada, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408503. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, en el entendido que deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus ***, para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. CREACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DEL JUZGADO Ahora, toda vez, que mediante Acuerdo General 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó la creación del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, hágase lo anterior del conocimiento de las partes.
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