Leticia Arana Alvarez

Expediente 2697/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2697/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Leticia Arana Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    I. Informe Justificado. Se tiene por recibido el oficio signado por la Encargada del Catastro Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jalisco, mediante el cual rinde informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional. Con su contenido, y con las constancias que en apoyo al mismo remite, dese vista a las demás partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. II. Delegados y domicilio. Asimismo, como se solicita, con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegados a las personas que se indican y como domicilio procesal el que se señala. III. Comunicaciones no procesales. Se le tiene proporcionando correo electrónico y números telefónicos como medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. IV. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las documentales que se acompañan y por anunciadas la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Causa estado. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose del contenido de la certificación, que las partes no interpusieron recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, dentro del término establecido por el artículo 98 de la citada ley, contra de la resolución incidental de nulidad de notificaciones, dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** LA RESOLUCIÓN DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA, NO OBSTANTE, EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE PASADO, LA RESOLUCIÓN EN CITA SEÑALA: Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ****, por derecho propio, contra el acto que reclama de las autoridades responsables siguientes: 1. Juez de lo Civil de Primera Instancia en Zapotlanejo, Jalisco; 2. Secretario de Acuerdos del Juzgado de lo Civil de Primera Instancia en Zapotlanejo, Jalisco; y 3. Notificador adscrito al Juzgado de lo Civil de Primera Instancia en Zapotlanejo, Jalisco. Por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los preceptos constitucionales que menciona. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 2697/2022. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis integral de la petición constitucional, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este último precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Octava Época Registro: 221353 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 198 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 2074/91. Martina Zárate Cobián y coagraviada. 12 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 2074/90. Aluminios y Plásticos de Morelia. 4 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 1084/90. Abraham Isaac Lokier Feferman. 14 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán." Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 6°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que dice: "Novena Época Registro: 175910 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.18 K Página: 1827 JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal.". Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis siguiente: "Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 205-216. Tercera Parte. Materia(s): Común. Página 127. PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia". Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime directamente afectada, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente. Aunado a lo anterior, debe señalarse que respecto a la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos realizados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/94, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el entonces único (actualmente Primero) Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en la ejecutoria, estimó lo siguiente: ".De lo apuntado al inicio de este considerando, se desprende con claridad que el criterio de irreparabilidad en la ejecución no es aplicable a los actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido éste, supuestos ambos previstos en la fracción III del artículo antes citado. Es la diversa fracción IV, que se ocupa de los actos dentro de juicio, la que establece como condición excepcional de procedencia del juicio de amparo indirecto que tales actos tengan sobre las cosas o las personas una ejecución irreparable. - Lo anterior no significa, sin embargo, que el juicio de amparo indirecto deba entenderse procedente en contra de cualquiera de los actos dictados o ejecutados en el procedimiento en análisis, pues si bien es cierto que de la letra del artículo 114, fracción III, en cita, no aparece señalado expresamente algún requisito adicional de procedencia, también lo es que el sistema integral del juicio de amparo descansa sobre ciertos principios que no pueden ser desconocidos por este alto tribunal en su papel de intérprete final de las leyes.- El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos fuera de juicio que se dicten o ejecuten dentro de un procedimiento o un trámite secuencial, así éste sea breve o sumarísimo, el juicio sólo resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, cuando de ella derive directamente la lesión de los intereses jurídicos del particular. - Tal apreciación se desprende de las normas que acotan la procedencia del juicio de amparo en general." ".El examen minucioso de las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo y de los artículos de la misma Ley que regulan el amparo directo (reglamentarios de la fracción III del artículo 107 constitucional copiada al inicio de este considerando), muestra que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquella con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal.." ".De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados tanto dentro de juicio (fracción IV), como después de concluido éste (fracción III), pues, como antes se dijo, respecto de los primeros, rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final.- Resulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado.- Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro de juicio y después de juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera de juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto -inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento- habría adoptado la misma solución. Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento." De lo transcrito se constata el pronunciamiento del Pleno mencionado, en el sentido de que tratándose de procedimientos judiciales o administrativos, por regla general, sólo se admite la acción de amparo en contra de la resolución terminal, es decir, aquella con la cual culmina la actuación desarrollada por la autoridad luego de una serie de actos ordenados en una secuencia formal. Además, estableció, que de manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados tanto dentro de juicio, como después de concluido éste, pues, aclaró, respecto de los primeros, rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final. Así, concluyó, que es manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado. Derivado de lo anterior se emitió la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Enero de 1997 Página: 45 Tesis: P./J. 1/97 Jurisprudencia Materia(s): Civil PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, es procedente el juicio de amparo que en la vía indirecta se intente en contra de la resolución que ponga fin al procedimiento dispuesto en el artículo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la cual se autorice o niegue la venta de la prenda, toda vez que se trata de actos que no provienen de particulares, sino de tribunales judiciales, que son los órganos estatales a quienes dicha Ley encomienda resolver sobre la petición del acreedor para que se sustituya el bien dado en prenda por el importe del efectivo que resulte de su venta y que, además, se dictan fuera de juicio, por cuanto el trámite dispuesto en el precepto citado no constituye de ningún modo un contradictorio, ni permite que las partes deduzcan los derechos que les asistan en relación con la prenda y el cumplimiento de la obligación garantizada; actos que son reclamables hasta el juicio que se proponga en contra de la resolución definitiva que pone fin al trámite respectivo, en el cual podrán aducirse tanto las violaciones cometidas durante el procedimiento como las producidas en la resolución misma, considerando que debe aplicarse en esta materia el mismo principio que rige, en general, la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de autoridades administrativas (fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo) y de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo dictados dentro de juicio (fracción IV), como después de concluido en el caso de ejecución de sentencia y remates (fracción III), conforme al cual, tratándose de actos dictados dentro de un procedimiento, así sea brevísimo, debe reservarse la procedencia de la acción constitucional para combatir aquellos que le pongan fin, para evitar la promoción sucesiva e innecesaria de juicios de garantías." En el caso, el acto reclamado en estudio, consiste en la omisión de las autoridades responsables de dar vista a la parte aquí quejosa, del proyecto de partición y adjudicación del juicio sucesorio 268/2015, asimismo, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa es parte procesal al haber sido designada heredera y haber comparecido al juicio, y que a la fecha no se ha dictado la sentencia que resuelva el juicio de origen, esto es, la que apruebe el proyecto de partición y adjudicación. De lo anterior, se desprende que los actos reclamados, por el momento, no causan un perjuicio real y efectivo a la parte quejosa, pues será, en su caso, cuando el Juez responsable, dicte la sentencia que apruebe el proyecto de partición y adjudicación, en su caso, se pudiera afectar, en forma definitiva, la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, pues de momento puede continuar el trámite natural en su etapa correspondiente, sin que se afecte inmediatamente dicha esfera. Esto es así, porque el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado sea la resolución final que resuelva la cuestión planteada, lo que en la especie aún no ocurre según se dijo con antelación. Máxime que la parte quejosa, al ser parte dentro del juicio de origen, puede apersonarse a imponerse del proyecto de partición y adjudicación, del cual reclama la omisión de que le den vista o bien hacer valer los medios a su alcance, previstos en la legislación civil a fin de impugnar dicha omisión, ante la propia responsable, para el caso de que considere que se le privo de algún derecho procesal. Tiene aplicación, por analogía, el siguiente criterio: "Registro: 181326 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Junio de 2004 Materia(s): Civil Tesis: I.7o.C.14 K Página: 1445 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CONTRA EL AUTO QUE ADMITE A TRÁMITE LAS DILIGENCIAS DE MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. De conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; sin embargo, por similitud jurídica procesal, es también aplicable dicha disposición legal, en ese sentido, cuando el acto reclamado lo constituye el auto que únicamente admite a trámite las diligencias de medios preparatorios a juicio, mediante el cual se ordene notificar personalmente a la parte inconforme para que comparezca al juzgado a absolver posiciones, con el apercibimiento de declararla confesa de las que previamente sean calificadas de legales, en caso de no comparecer, pues no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no le causa algún daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos protegidos por las garantías constitucionales, y cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro de esas mismas diligencias." Consecuentemente, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, esta última en relación con el 6°, aplicada a contrario sensu de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al actualizarse, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia aludida, con apoyo en el ordinal 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en estudio. IV. Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Parte quejosa. a) Domicilio y autorizados. Téngasele designando como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda; además, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, debido a que, de la certificación de cuenta se advierte que están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. c) Comunicaciones no procesales. Se le tiene proporcionando el correo electrónico y número telefónico que indica, como medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, de conformidad con el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. V. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257 del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. VIII. Copias y reproducción de constancias. a) Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. X. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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