Leticia Alejandro Hernández
Expediente 848/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Leticia Alejandro Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa el auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el cual dice lo siguiente: Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído dictado en veintitrés de febrero del año en curso, se tuvieron por recibidas las constancias que integran el juicio laboral J2/552/2020, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 de este último ordenamiento. Por tanto, vistas las constancias de cuenta, este resolutor advierte de oficio que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos; como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así, el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir con lo que la garantía exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa lo constituye el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral J.2/552/2020, en el cual se señalaron las nueve horas con diez minutos del trece de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como la omisión de realizar la diligencia de emplazamiento a la demandada, cuyo efecto se traduce en la violación del artículo 17 constitucional, al no administrar justicia en los plazos y términos que establece la ley que rige el acto reclamado. Sin embargo, conforme a las constancias del expediente laboral J.2/552/2020, que remitió la responsable, se advierte que el veinte de noviembre de dos mil veinte, al haber señalado fecha de audiencia fuera de los términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, fijó las ocho horas con quince minutos del once de diciembre de dos mil veinte, ordenando en dicho auto notificar y emplazar a juicio a los demandados en el juicio de origen; lo cual se advierte el actuario responsable intentó realizar el veintitrés de noviembre siguiente, sin obtener resultados favorables al no poder localizar a los buscados en el domicilio proporcionado por la quejosa. Asimismo, se advierte que en once de diciembre de dos mil veinte, fecha fijada para que tuviera verificativo la audiencia relativa, se dio cuenta de que la parte actora, aquí quejosa, no compareció ni tampoco persona alguna que represente sus intereses a pesar de encontrarse debidamente notificada como se desprende del sello de boletín de uno de diciembre de dos mil veinte, dándosele vista con la razón actuarial de la que se desprende la imposibilidad de emplazar a juicio a los demandados. Razón por la cual, se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo que ordenara a la autoridad responsable fijar una fecha más próxima para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, cuando ya lo hizo, e inclusive pretendió a emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado por la quejosa para tal efecto. Sin que obste a lo anterior, que aún no se haya realizado el emplazamiento a la parte demandada en el juicio de origen, toda vez que el mismo es atribuible a la falta de desahogo por parte de la aquí quejosa, al no dar cumplimiento al requerimiento efectuado por la responsable en auto de once de diciembre de dos mil veinte. Orienta sobre el particular, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales correspondientes. ORDEN DE PUBLICACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de auto al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expediente en el SISE, la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del auto, para que ésta quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por cualquier persona; en el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Por otra parte, conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. CAPTURA DE AUTO. De conformidad con el Titulo Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), Capítulo Cuarto (sentencia y tesis), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante proveído dictado en veintitrés de febrero del año en curso, se tuvieron por recibidas las constancias que integran el juicio laboral J2/552/2020, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 de este último ordenamiento. Por tanto, vistas las constancias de cuenta, este resolutor advierte de oficio que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos; como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así, el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir con lo que la garantía exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto que por esta vía reclama la parte quejosa lo constituye el auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral J.2/552/2020, en el cual se señalaron las nueve horas con diez minutos del trece de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como la omisión de realizar la diligencia de emplazamiento a la demandada, cuyo efecto se traduce en la violación del artículo 17 constitucional, al no administrar justicia en los plazos y términos que establece la ley que rige el acto reclamado. Sin embargo, conforme a las constancias del expediente laboral J.2/552/2020, que remitió la responsable, se advierte que el veinte de noviembre de dos mil veinte, al haber señalado fecha de audiencia fuera de los términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, fijó las ocho horas con quince minutos del once de diciembre de dos mil veinte, ordenando en dicho auto notificar y emplazar a juicio a los demandados en el juicio de origen; lo cual se advierte el actuario responsable intentó realizar el veintitrés de noviembre siguiente, sin obtener resultados favorables al no poder localizar a los buscados en el domicilio proporcionado por la quejosa. Asimismo, se advierte que en once de diciembre de dos mil veinte, fecha fijada para que tuviera verificativo la audiencia relativa, se dio cuenta de que la parte actora, aquí quejosa, no compareció ni tampoco persona alguna que represente sus intereses a pesar de encontrarse debidamente notificada como se desprende del sello de boletín de uno de diciembre de dos mil veinte, dándosele vista con la razón actuarial de la que se desprende la imposibilidad de emplazar a juicio a los demandados. Razón por la cual, se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo que ordenara a la autoridad responsable fijar una fecha más próxima para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, cuando ya lo hizo, e inclusive pretendió a emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado por la quejosa para tal efecto. Sin que obste a lo anterior, que aún no se haya realizado el emplazamiento a la parte demandada en el juicio de origen, toda vez que el mismo es atribuible a la falta de desahogo por parte de la aquí quejosa, al no dar cumplimiento al requerimiento efectuado por la responsable en auto de once de diciembre de dos mil veinte. Orienta sobre el particular, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales correspondientes. ORDEN DE PUBLICACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de auto al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expediente en el SISE, la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del auto, para que ésta quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por cualquier persona; en el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Por otra parte, conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. CAPTURA DE AUTO. De conformidad con el Titulo Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), Capítulo Cuarto (sentencia y tesis), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Auxiliar, quien actúa por ausencia del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias solicitadas en autos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la indicada ley conforme a su artículo 2º, se da vista a las partes con las referidas constancias por el término continuo y genérico de ocho días. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que remite la autoridad mencionada; las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad de cuenta, se advierte que en dos de febrero de la presente anualidad, fijó las once horas con cuarenta minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente J.2/552/2020 de su índice. En consecuencia, para que este juzgado esté en aptitud de resolver el asunto que nos ocupa, requiérase a la autoridad responsable para que una vez concluida la audiencia señalada, remita copia debidamente certificada de la misma y del emplazamiento previo realizado a la parte demandada. En la inteligencia de que en caso de no desahogar este requerimiento, le subsiste el apercibimiento decretado en autos, es decir, se le impondrá en la sentencia una multa de cien unidades de medida y actualización. Lo anterior, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese: por oficio a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, y por lista a las partes restantes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la Circular SECNO/10/2021, de la que se advierte que en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el que estableció como medida para los órganos jurisdiccionales del segundo circuito, entre otras, que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de éstos sería el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se aprobó la reanudación de los plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, cuyo objetivo, en términos del artículo 1º de dicho Acuerdo, es la reanudación en su totalidad de las actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; en consecuencia, se provee: Se continúa con el trámite de este juicio de amparo, para lo cual se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del diez de marzo de dos mil veintiuno, a efecto de que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, toda vez que por auto dictado en catorce de diciembre de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsables Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, y Actuaria adscrita a dicha junta, a efecto de que remitan a este juzgado copia certificada de las actuaciones que integran el juicio laboral J.2/552/2020, a partir del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, hasta la fecha en que reciba la notificación del citado proveído; sin que a la fecha del dictado del presente auto, se tenga por desahogado el mismo. Por tanto, requiérase nuevamente a las autoridades señaladas en párrafo que antecede a efecto de que den cumplimiento a lo ordenado, pudiendo remitir las constancias solicitadas debidamente foliadas, selladas y certificadas, mediante el correo institucional 1jdo2cto@correo.cjf.gob.mx; haciendo de su conocimiento que se encuentra subsistente el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables, y por lista a las partes restantes.
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