Leticia Alcala Lara

Expediente 646/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
646/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Leticia Alcala Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio remitido vía interconexión por el actuario adscrito al Primero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa; mediante el cual informa que el referido órgano jurisdiccional de su adscripción aceptó la competencia planteada por este Juzgado en el juicio de amparo 646/2023, de nuestro índice, el cual se radicó en ese Tribunal Colegiado con el número de amparo directo 629/2023. En ese tenor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es destruible...

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio remitido vía interconexión por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz; atento a su contenido, téngasele informando que recibió los autos originales del juicio de amparo 646/2023, del índice de este juzgado, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Leticia Alcalá Lara. Asimismo, a fin de acordar lo procedente respecto de la competencia planteada por este juzgado, y en su caso, respecto de la aceptación de la misma, requirió al Juez Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, para que remita a ese tribunal colegiado el juicio ejecutivo mercantil 1655/2022, mismo que contiene la determinación reclamada; de lo que el suscrito se da por enterado y está en espera de que dicha autoridad informe lo conducente, para estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda en el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Leticia Alcalá Lara; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 646/2023 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA Previo a la prevención, admisión o desechamiento de la demanda, cabe destacar que la competencia es un presupuesto que el Juez de Amparo debe estudiar con prioridad a cualquier otra cuestión. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la peticionaria de amparo señala como acto reclamado; "La Sentencia Definitiva de fecha 23 de junio del presente año, emitido por el C. Juez Segundo de Primera Instancia, respecto al cobro del Pagaré alterado o manipulado, para garantizar el adeudo reclamado en el presente juicio, por la Cantidad de $158,034.00 (Ciento cincuenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) más el 7% de interés mensual sobre la deuda, ya que la suscrita es una persona de la tercera edad, pensionada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), viola mis derechos a los alimentos, al mínimo vital, Seguridad Jurídica y al Debido Proceso, que en todo juicio debe prevalecer, ya que no me alcanza con el remanente para subsistir, además de la suscrita conforme a mis posibilidades, ha hecho diversas aportaciones mediante las correspondientes fichas de depósito a la financiera.". Lo anterior, pone de manifiesto que se está ante la presencia de una sentencia que se dictó después de seguir un procedimiento en el que, al dicho de la propia quejosa, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ 2 bajo protesta de decir verdad, la Financiera "Préstamos Felices en 15 Minutos Sociedad Anónima, Sociedad Anónima de Capital Variable" (parte actora en el juicio de origen) le indicó que no diera contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, ello derivado de la restructuración de la deuda que contrajo con dicha moral. En tal virtud, resulta claro que el acto reclamado se trata de una sentencia definitiva que puso fin al juicio; de modo que es de aquéllos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 16 Constitucional, dispone, como un elemento del derecho de seguridad jurídica que, ante todo, los actos de la autoridad deben ser emitidos por aquella que resulte competente para realizarlo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso "a", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En efecto, tal precepto dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 646/2023-2 3 procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.]d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; [.]" De lo anterior se sigue que las cuestiones de competencia de los Jueces de Distrito están reglamentadas por la ley de la materia y constituyen un presupuesto procesal de orden público, que no están sujetas a la voluntad de un Juez o tribunal constitucional, sino a su pronunciamiento previo para estar en aptitud de resolver legalmente los juicios de amparo. Se estima necesario precisar el contenido de los artículos 107, fracciones III, inciso "a" y fracción V, inciso "d", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ya transcrito), así como los diversos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, que 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ 4 establecen sustancialmente que el llamado amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas de la quejosa trascendiendo al resultado del fallo, y que se entiende por sentencias definitivas o laudos, para los efectos antes señalados, las que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Los numerales de la Ley de Amparo antes indicados son del contenido siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 646/2023-2 5 modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." [.]" De los anteriores preceptos se desprende una regla concreta de competencia, en la que excluye del conocimiento del Juez de Distrito a tal clase de resoluciones, al establecer que pueden combatirse ante un Tribunal Colegiado de Circuito. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el invocado numeral 170 de la Ley de Amparo, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito opera cuando confluyen tres elementos: a) El acto reclamado se trate de una sentencia definitiva o laudo y resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido; b) Éstos sean dictados por tribunales judiciales, agrarios, administrativos o del trabajo; y, c) Se agoten previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ 6 resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En tal virtud, resulta claro que el acto reclamado es un sentencia que puso fin al juicio de origen; de modo que es de aquéllas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Consecuentemente en la especie debe atenderse a los citados requisitos para justificar el presente pronunciamiento de incompetencia; luego, conviene precisar que por sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, debe comprenderse las que dan por terminado o concluido el juicio, o que impiden o paralizan definitivamente la prosecución de éste, independientemente de si se ocupan o no de la cuestión planteada, como acontece en la especie, pues la impetrante de amparo reclama la sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 1655/2022-VI; lo que se corrobora con los hechos narrados por la promovente bajo protesta de decir verdad, por lo que resulta incuestionable que en esta vía de amparo indirecto reclama una resolución que da por concluido el juicio. En tal sentido, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo previsto por los artículos 34 y 35, en relación con el diverso 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintitrés 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 646/2023-2 7 de enero de dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en función de que el acto que aquí se combate es reclamable vía amparo directo, debido a que puso fin al juicio. Sin que se soslaye la Jurisprudencia P./J. 70/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, visible a página 9, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ 8 tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." Como se estableció, con la presente determinación no se soslaya lo establecido por el Máximo Tribunal del país, en la que se instituyó la figura de la Jurisdicción Escalonada por virtud de la cual, se surte la competencia del Juez de Distrito para conocer de la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que ponga fin a un asunto, únicamente por cuanto hace a los conceptos de violación esgrimidos contra el emplazamiento de la parte demandada que en su caso hubiera la dejara inaudita, hasta el dictado de la sentencia definitiva, reservando la eventual competencia del Tribunal Colegiado correspondiente, una vez superado el estudio del llamamiento a juicio de la parte quejosa -equiparada a una persona extraña a juicio- en la vía indirecta del amparo. Cabe precisar que la parte quejosa en su escrito de demanda manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente: ".un inconstitucional procedimiento, donde no se han cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, y que le causa al quejoso una molestia a sus posesiones. .El acto reclamado es violatorio de las Garantías de Audiencia y legalidad, establecidas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, pues la Sentencia que en esta Vía reclamo del pagaré alterado de fecha 5 de enero del 2022, dentro de los autos del expediente No. 1655/2022-VI del índice del Juzgado Segundo de Primera instancia es ilegal y fuera de todo procedimiento... .Violación al debido proceso. .. Para la Corte el Artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra los lineamientos generales del denominado 'debido proceso legal o derecho de defensa procesal'. Sobre las garantías previstas en el artículo 8 de la Convención Americana, la Corte ha precisado importantes características de 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 646/2023-2 9 alcance genera que se deben tomar en consideración de manera previa, antes de realizar un análisis por separado de cada una de ellas. El sentido de la expresión 'garantías judiciales' como denominación de los derechos reconocidos en el artículo 8 de la Convención Americana. Para la Corte Interamericana, el término garantías judiciales debe ser entendido como los mecanismos recursos judiciales que permiten proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho." En ese sentido, de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa no se advierte que la parte quejosa combata el emplazamiento dentro del procedimiento del cual deriva la sentencia definitiva de veintitrés de junio del año en curso -acto reclamado-, ni atribuye dicha conducta al actuario o diligenciario judicial lo haya dejado en estado indefensión dentro del juicio 1655/2022 del índice de la responsable. En adición, es menester resaltar que en el capítulo de antecedentes del escrito de demanda la parte quejosa manifestó que: 1. Fue demandada ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de $158,000.00 (ciento cincuenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) como suerte principal, lo que dio origen al juicio 1655/2022, sin embargo que no reconoce las cantidades reclamadas por la parte actora, asimismo, que las firmad del pagaré, no fue por la cantidad reclamada. 2. Asimismo, que acudió a la financiera -parte actora- a restructurar su deuda, quienes a su decir le recomendaron esperar su llamada para firmar los documentos del nuevo contrato y que no diera contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra. De las anteriores manifestaciones bajo protesta de decir verdad, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de la demanda presentada en su contra por la parte quejosa, así como del juicio formado con motivo de su presentación ante responsable, de ahí que tampoco se desprenda reclamo por parte de la quejosa contra el emplazamiento, puesto que como lo dijo tuvo conocimiento 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ 10 de ello, ni que se ostente como un tercero extraño por equiparación en el juicio de mérito. En consecuencia, al no advertirse reclamo alguno de la parte quejosa contra el emplazamiento ni que se ostente como tercer extraño por equiparación, no se surta la figura de la jurisdicción escalonada. Se cita por ilustrativa la Tesis XXVII.1o.(VIII Región) 13 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1785, de contenido y rubro siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 646/2023-2 11 escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo que, con apoyo en el artículo 47 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales del presente juicio, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, para su conocimiento, solicitándole de manera respetuosa acuse de recibo correspondiente mediante el cual comunique si acepta o no la competencia planteada. Con copia del escrito de demanda fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 11-07-2023, POR NO ATENDER AL AVISO DE 12-07-2023: ... Boca del Río, Veracruz, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Leticia Alcalá Lara; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 646/2023 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA Previo a la prevención, admisión o desechamiento de la demanda, cabe destacar que la competencia es un presupuesto que el Juez de Amparo debe estudiar con prioridad a cualquier otra cuestión. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la peticionaria de amparo señala como acto reclamado; "La Sentencia Definitiva de fecha 23 de junio del presente año, emitido por el C. Juez Segundo de Primera Instancia, respecto al cobro del Pagaré alterado o manipulado, para garantizar el adeudo reclamado en el presente juicio, por la Cantidad de $158,034.00 (Ciento cincuenta y ocho mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) más el 7% de interés mensual sobre la deuda, ya que la suscrita es una persona de la tercera edad, pensionada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), viola mis derechos a los alimentos, al mínimo vital, Seguridad Jurídica y al Debido Proceso, que en todo juicio debe prevalecer, ya que no me alcanza con el remanente para subsistir, además de la suscrita conforme a mis posibilidades, ha hecho diversas aportaciones mediante las correspondientes fichas de depósito a la financiera.". Lo anterior, pone de manifiesto que se está ante la presencia de una sentencia que se dictó después de seguir un procedimiento en el que, al dicho de la propia quejosa, 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ 2 bajo protesta de decir verdad, la Financiera "Préstamos Felices en 15 Minutos Sociedad Anónima, Sociedad Anónima de Capital Variable" (parte actora en el juicio de origen) le indicó que no diera contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra, ello derivado de la restructuración de la deuda que contrajo con dicha moral. En tal virtud, resulta claro que el acto reclamado se trata de una sentencia definitiva que puso fin al juicio; de modo que es de aquéllos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 16 Constitucional, dispone, como un elemento del derecho de seguridad jurídica que, ante todo, los actos de la autoridad deben ser emitidos por aquella que resulte competente para realizarlo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso "a", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. En efecto, tal precepto dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 646/2023-2 3 procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.]d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; [.]" De lo anterior se sigue que las cuestiones de competencia de los Jueces de Distrito están reglamentadas por la ley de la materia y constituyen un presupuesto procesal de orden público, que no están sujetas a la voluntad de un Juez o tribunal constitucional, sino a su pronunciamiento previo para estar en aptitud de resolver legalmente los juicios de amparo. Se estima necesario precisar el contenido de los artículos 107, fracciones III, inciso "a" y fracción V, inciso "d", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ya transcrito), así como los diversos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, que 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ 4 establecen sustancialmente que el llamado amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas de la quejosa trascendiendo al resultado del fallo, y que se entiende por sentencias definitivas o laudos, para los efectos antes señalados, las que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Los numerales de la Ley de Amparo antes indicados son del contenido siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 646/2023-2 5 modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." [.]" De los anteriores preceptos se desprende una regla concreta de competencia, en la que excluye del conocimiento del Juez de Distrito a tal clase de resoluciones, al establecer que pueden combatirse ante un Tribunal Colegiado de Circuito. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el invocado numeral 170 de la Ley de Amparo, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito opera cuando confluyen tres elementos: a) El acto reclamado se trate de una sentencia definitiva o laudo y resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido; b) Éstos sean dictados por tribunales judiciales, agrarios, administrativos o del trabajo; y, c) Se agoten previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ 6 resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En tal virtud, resulta claro que el acto reclamado es un sentencia que puso fin al juicio de origen; de modo que es de aquéllas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Consecuentemente en la especie debe atenderse a los citados requisitos para justificar el presente pronunciamiento de incompetencia; luego, conviene precisar que por sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, debe comprenderse las que dan por terminado o concluido el juicio, o que impiden o paralizan definitivamente la prosecución de éste, independientemente de si se ocupan o no de la cuestión planteada, como acontece en la especie, pues la impetrante de amparo reclama la sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 1655/2022-VI; lo que se corrobora con los hechos narrados por la promovente bajo protesta de decir verdad, por lo que resulta incuestionable que en esta vía de amparo indirecto reclama una resolución que da por concluido el juicio. En tal sentido, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo previsto por los artículos 34 y 35, en relación con el diverso 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintitrés 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 646/2023-2 7 de enero de dos mil trece, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en función de que el acto que aquí se combate es reclamable vía amparo directo, debido a que puso fin al juicio. Sin que se soslaye la Jurisprudencia P./J. 70/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, visible a página 9, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ 8 tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto." Como se estableció, con la presente determinación no se soslaya lo establecido por el Máximo Tribunal del país, en la que se instituyó la figura de la Jurisdicción Escalonada por virtud de la cual, se surte la competencia del Juez de Distrito para conocer de la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que ponga fin a un asunto, únicamente por cuanto hace a los conceptos de violación esgrimidos contra el emplazamiento de la parte demandada que en su caso hubiera la dejara inaudita, hasta el dictado de la sentencia definitiva, reservando la eventual competencia del Tribunal Colegiado correspondiente, una vez superado el estudio del llamamiento a juicio de la parte quejosa -equiparada a una persona extraña a juicio- en la vía indirecta del amparo. Cabe precisar que la parte quejosa en su escrito de demanda manifiesta, entre otras cosas, lo siguiente: ".un inconstitucional procedimiento, donde no se han cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, y que le causa al quejoso una molestia a sus posesiones. .El acto reclamado es violatorio de las Garantías de Audiencia y legalidad, establecidas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, pues la Sentencia que en esta Vía reclamo del pagaré alterado de fecha 5 de enero del 2022, dentro de los autos del expediente No. 1655/2022-VI del índice del Juzgado Segundo de Primera instancia es ilegal y fuera de todo procedimiento... .Violación al debido proceso. .. Para la Corte el Artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra los lineamientos generales del denominado 'debido proceso legal o derecho de defensa procesal'. Sobre las garantías previstas en el artículo 8 de la Convención Americana, la Corte ha precisado importantes características de 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 646/2023-2 9 alcance genera que se deben tomar en consideración de manera previa, antes de realizar un análisis por separado de cada una de ellas. El sentido de la expresión 'garantías judiciales' como denominación de los derechos reconocidos en el artículo 8 de la Convención Americana. Para la Corte Interamericana, el término garantías judiciales debe ser entendido como los mecanismos recursos judiciales que permiten proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho." En ese sentido, de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa no se advierte que la parte quejosa combata el emplazamiento dentro del procedimiento del cual deriva la sentencia definitiva de veintitrés de junio del año en curso -acto reclamado-, ni atribuye dicha conducta al actuario o diligenciario judicial lo haya dejado en estado indefensión dentro del juicio 1655/2022 del índice de la responsable. En adición, es menester resaltar que en el capítulo de antecedentes del escrito de demanda la parte quejosa manifestó que: 1. Fue demandada ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de $158,000.00 (ciento cincuenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) como suerte principal, lo que dio origen al juicio 1655/2022, sin embargo que no reconoce las cantidades reclamadas por la parte actora, asimismo, que las firmad del pagaré, no fue por la cantidad reclamada. 2. Asimismo, que acudió a la financiera -parte actora- a restructurar su deuda, quienes a su decir le recomendaron esperar su llamada para firmar los documentos del nuevo contrato y que no diera contestación en tiempo y forma a la demanda instaurada en su contra. De las anteriores manifestaciones bajo protesta de decir verdad, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de la demanda presentada en su contra por la parte quejosa, así como del juicio formado con motivo de su presentación ante responsable, de ahí que tampoco se desprenda reclamo por parte de la quejosa contra el emplazamiento, puesto que como lo dijo tuvo conocimiento 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ 10 de ello, ni que se ostente como un tercero extraño por equiparación en el juicio de mérito. En consecuencia, al no advertirse reclamo alguno de la parte quejosa contra el emplazamiento ni que se ostente como tercer extraño por equiparación, no se surta la figura de la jurisdicción escalonada. Se cita por ilustrativa la Tesis XXVII.1o.(VIII Región) 13 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1785, de contenido y rubro siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ce.ec CAROLINA PULIDO GONZALEZ JUICIO DE AMPARO 646/2023-2 11 escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por lo que, con apoyo en el artículo 47 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales del presente juicio, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, para su conocimiento, solicitándole de manera respetuosa acuse de recibo correspondiente mediante el cual comunique si acepta o no la competencia planteada. Con copia del escrito de demanda fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes

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