Leticia Albertina Pérez Martínez
Expediente 552/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 552/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leticia Albertina Pérez Martínez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por * * * * * * en su carácter de endosataria en procuración de * * * * * * * sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA REFERIDA DETERMINACIÓN. Publicación datos personales. Como la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tiene el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de alguna resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de dicha parte, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Archivo. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente. Con la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio el trece de mayo del año en curso y turnada a este órgano jurisdiccional, en la misma fecha, promovida por Marisol Corona Morales en su carácter de endosataria en procuración de *****(personalidad que le fue reconocida por la responsable y acredita con la cédula de notificación de la sentencia emitida el catorce de octubre de dos mil veintiuno en los autos del expediente 55/2019), contra actos del Juez Séptimo de lo Familiar y Conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 552/2022. Expediente Electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Análisis de la demanda y desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". En la especie, de oficio, este Juzgado de Distrito advierte que, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en donde la parte quejosa interpuso amparo directo en contra de la sentencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno, emitida en los autos del expediente 55/2019 del índice del Juez Séptimo de lo Familiar y Conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; y en consecuencia, la omisión de remitir los autos originales al Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa en turno, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones IX y XXIII, en relación con el diverso numeral 97, fracción II, inciso a) y 178 de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente. "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 97. El recurso de queja procede: (.) II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente; Artículo 178. Dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá: I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente; II. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión. En el sistema procesal penal acusatorio, se acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes." En ese tenor, se aprecia del contenido de los artículos en cita que el amparo indirecto es improcedente pues de los preceptos legales que regulan la tramitación del juicio de amparo directo, permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de garantías, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros perjudicados. Luego, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama del Juez Séptimo de lo Familiar y Conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en esencia, la omisión de acordar el escrito mediante el cual promovió amparo directo y, en consecuencia, de remitir dicha demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, para que ésta a su vez, lo turne al Tribunal Colegiado que por razón de turno corresponda para su substanciación, de suerte que se sitúa indudablemente en la hipótesis normativa que contiene el inciso a) de la fracción II, del artículo 97 de la Ley de Amparo. De ahí que, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de acordar la presentación de la demanda de amparo directo y de remitir la que fue presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues de la literalidad del numeral 97 fracción II, inciso a), se prevé la procedencia de dicho recurso en contra de la conducta que le imputa a la autoridad hoy señalada como responsable. Sustenta lo anterior, la tesis aislada III.2o.C.33 K, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "AMPARO BIINSTANCIAL. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE OMISIONES ACAECIDAS DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DIRECTO. Una interpretación literal y sistemática de los preceptos legales que regulan la tramitación del juicio de amparo directo, permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de garantías, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros perjudicados; función esta última que, cabe destacar, fue establecida por el legislador federal, en las reformas a la Ley de Amparo, de mil novecientos ochenta y tres, que tendió a lograr una mayor celeridad en la tramitación del juicio de garantías, al suprimirse la alternativa de presentar la demanda de amparo directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado. De ahí, que si el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, es claro que, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de remitir la demanda de garantías directa presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de garantías, pues una interpretación teleológica del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de garantías es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio". Máxime que la parte quejosa puede eventualmente acudir ante el Tribunal Colegiado de Circuito a denunciar tal omisión y éste requiera a la autoridad responsable a efecto de que remita la demanda respectiva una vez colmados los requisitos que la propia Ley de Amparo exige. Es aplicable por las razones que la informan, la Tesis VI.1º.A.55 K, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL TENER CONOCIMIENTO POR CIRCUNSTANCIA DIVERSA A LA DENUNCIA FORMULADA POR PARTE INTERESADA EN LA QUE SE INFORMA LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONSISTENTE EN DARLE TRÁMITE A UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, ESTÁN FACULTADOS PARA ORDENAR DE OFICIO LA REMISIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO Y CON ELLO GARANTIZAR EL ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 30/98, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, página 31, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE INDEBIDAMENTE LA DESECHA, LA TIENE POR NO INTERPUESTA O NIEGA REMITIRLA, NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, SINO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REQUERIR SU ENVÍO CON LOS APERCIBIMIENTOS LEGALES.", facultó a los Tribunales Colegiados de Circuito para desplegar las atribuciones que la ley les confiere cuando, previa denuncia de parte interesada, sea de su conocimiento que una autoridad indebidamente deseche, tenga por no interpuesta o se niegue a remitir una demanda de amparo directo, sin embargo, del análisis integral del contenido de la ejecutoria que dio origen al referido criterio jurisprudencial, también se deduce que en atención al irrestricto respeto al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna, relativo al acceso a la impartición de justicia, el Alto Tribunal también previó la posibilidad de que dichos órganos jurisdiccionales actúen oficiosamente cuando por circunstancia diversa a la denuncia de parte interesada tengan conocimiento de la existencia de esas determinaciones, por lo que si el Tribunal Colegiado, al conocer y resolver un amparo indirecto en revisión, advierte la omisión de la autoridad consistente en remitir una diversa demanda de amparo directo, lo procedente será que en uso de sus facultades legales realice la excitativa oficiosa a la autoridad responsable a efecto de que remita la demanda respectiva una vez colmados los requisitos que la propia Ley de Amparo exige." Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia previamente invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Marisol Corona Morales en su carácter de endosataria en procuración de Leticia Albertina Pérez Martínez, contra actos del Juez Séptimo de lo Familiar y Conclusión de asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Domicilio, autorizados y acceso expediente electrónico. Por otra parte, téngasele por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio César Morales Carrasco, pues a pesar de carecer de registro de cédula profesional ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, en la demanda de cuenta, se advierte que tiene emitida a su favor la cédula profesional número 11850975 expedida por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. En consecuencia, si el quejoso otorga la autorización en términos amplios del citado numeral, además de precisar el número de cédula profesional que tiene a su favor el profesionista en cita; ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este órgano de control constitucional. Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, con registro digital 2021840, de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." En tanto que respecto de las diversas personas que autoriza, se les tiene únicamente por autorizados para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, toda vez que la parte quejosa, solicita se autorice al usuario "jcesarmorales", el uso de la consulta vía internet del expediente electrónico en este juicio de amparo, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como que las notificaciones se le realicen por ese medio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; se tiene a la parte quejosa, por autorizada para acceder al expediente electrónico número 552/2022, con el nombre de usuario ante citado, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente y, de igual forma, para que en términos de los artículos 24, 26, fracción IV y 30 fracción II, de la Ley de Amparo; por ese medio, se tengan por practicadas las notificaciones personales en este juicio de amparo. Esto último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, así como de las partes en el presente juicio. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, aun cuando la parte quejosa no lo solicitó expresamente, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Cabe precisar, que en caso de solicitar copiar solo una parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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