Leticia Abigail Peña Dávila
Expediente 905/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 905/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Leticia Abigail Peña Dávila
Actuaciones
- Principal
Visto, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en el que informa que acepta la competencia declinada por este Juzgado de Distrito. Por tanto, con apoyo en el precepto 214 de la propia ley, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, ya que encuadra en las hipótesis previstas por el punto j) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción.
- Principal
Visto el oficio SECNO/STCCNO/513/2020, de cuatro de noviembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que comunicó la determinación tomada por la Comisión Especial, en la que resolvió suspender actividades por un periodo de catorce días comprendidos del cinco al dieciocho de noviembre de dos mil veinte, lapso durante el cual se suspenden los plazos y términos. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresa al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Con base en lo anterior, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Por lo anterior, se provee: V I S T A la demanda de amparo promovida por Leticia Abigail Peña Dávila, por propio derecho, contra un acto del Administrador Desconcentrado de Recaudación México 2, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 905/2020-V, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Una vez analizado el escrito de demanda de cuenta, se obtiene que este Juzgador carece de competencia por cuestión de territorio para conocer del presente asunto, tal y como a continuación se establece: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral transcrito, se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Que cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis del precepto anterior, así como de su interpretación lógica y teleológica, se obtiene que si el acto reclamado requiere de ejecución material, el elemento a atender se vincula al lugar de esa ejecución, ya obrando hacia el pasado, en el presente o hacia el futuro inminente, es decir, el Juez competente será el que tenga jurisdicción en el lugar en donde se haya ejecutado, se esté ejecutando, se trate de ejecutar o se deba de ejecutar el acto reclamado. En ese sentido, para determinar al órgano competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, por razón de territorio, debe analizarse únicamente si el acto reclamado tiene ejecución material o no la tiene. La importancia de que se haya tomado la ejecución material para fijar la competencia por razón de territorio radica en que las autoridades ejecutoras son las que se encargan de llevar hasta su último extremo la ejecución ordenada y, por tanto, son las que directamente se enfrentan al particular agraviado. Así, el juicio de amparo debe ser entablado en el lugar en donde se lleva a cabo la ejecución, pues con ello, la quejosa dispondrá de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva y rendir con mayor facilidad las pruebas que a su derecho importen. Precisado lo anterior, es oportuno destacar que la quejosa reclamó, en esencia, lo siguiente: Orden de remate del bien inmueble: departamento "C" del lote número once, manzana setenta y ocho, ubicado en Valle de los Toltecas, colonia Valle de Anáhuac, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Como se ve, el acto reclamado tendrá ejecución en Ecatepec de Morelos, Estado de México, lugar en donde se encuentra ubicado el bien inmueble del cual la quejosa aduce propiedad y respecto del cual, reclama la orden de remate. Por tal motivo, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, corresponde conocer del presente asunto a la jurisdicción de un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez. Aunado a que el acto reclamado se atribuye al Administrador Desconcentrado de Recaudación México 2, con sede en Tlalnepantla, Estado de México, sin que se advierta diversa autoridad señalada como responsable que pudiera fincar competencia a este órgano jurisdiccional. Cobra aplicación a los argumentos que anteceden, la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, agosto de dos mil uno, página mil doscientos noventa y nueve que se invoca con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo; con registro 189167, cuya voz y contenido son los siguientes "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, con apoyo en el citado numeral 37 de la ley de la materia, así como en el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad se declara legalmente incompetente por cuestión de territorio para conocer de la demanda planteada y declina la competencia en favor de un Juez de Distrito en el Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los presentes autos al órgano jurisdiccional de referencia y solicítese atentamente al juzgado que, por cuestión de turno, le sea remitida la demanda, el acuse de recibo correspondiente, asimismo, informe el sentido del proveído que dicte, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho proceda. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, en razón de que la promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, contenida a página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rubén Santiago Hurtado Peña, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y solo para recibir notificaciones a las demás personas que menciona en su escrito de demanda, por así autorizarlas expresamente. Como lo solicita, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, por petición expresa de su publicación por parte del quejoso.
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