Lesvia Hidalgo Solís

Expediente 278/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
278/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
02/05/2016

Partes del expediente

  • Lesvia Hidalgo Solís

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el quince de abril de dos mil dieciséis en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 98 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que de la segunda de las certificaciones de cuenta, se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte promovente no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el dieciocho de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de quince de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de amparo con la que Lesvia Hidalgo Solís solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que atribuye al Juez Mercantil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; por tanto, se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 278/2016. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al órgano jurisdiccional la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano; análisis que se lleva a cabo desde este momento ya que en el caso se estima que existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Entonces para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Es decir, el numeral recién invocado establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su dispositivo 107, fracción IV, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos fuera de juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". [Lo subrayado es propio]. Del estudio del segundo párrafo de la fracción antes transcrita se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de acto de ejecución de sentencia, cuando se reclame la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Es decir, el legislador acotó el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, pues respecto de la hipótesis prevista en la fracción IV del referido numeral, especificó que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; de igual forma, tratándose de remates, se entenderá como la última resolución la que, en forma definitiva, ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Del analisis de la demanda se desprende que la parte quejosa combate por esta vía constitucional el proveído de quince de marzo del año en curso, emitido en el juicio mercantil de origen, por el que se ordena remate en pública subasta y primera almoneda del bien inmueble ubicado en *******. Además, atento al contenido de la demanda de amparo, se advierte que ****** es parte actora en el juicio mercantil de origen (pues la señala como tercero interesada), en tanto que Lesvia Hidalgo Solís [aquí quejosa] es la parte demandada en el citado juicio. De igual forma, se puede apreciar que a la data de presentación de la demanda de amparo, ya existe sentencia definitiva en el juicio natural, en la que se condenara a la parte quejosa a pagar en favor de *******, las prestaciones que se hayan indicado en la propia sentencia definitiva. Luego, ante la posible ilegalidad de notificación de la sentencia definitiva, la aquí quejosa interpuso el incidente respectivo, el cual se resolvió el veintiséis de enero del año en curso, ordenando revocar la notificación de seis de noviembre de dos mil quince, por lo que quedaba sin efectos. Posteriormente, en acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciséis [acto reclamado], la autoridad responsable ordenó el remate en pública subasta y primera almoneda del bien inmueble de referencia. Analizado todo lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional, el acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciséis, en el juicio mercantil de origen, mediante el cual el Juez responsable ordenó el remate en pública subasta y primera almoneda del bien inmueble en cita. En ese orden de ideas, es evidente que el acuerdo reclamado [el de quince de marzo de dos mil dieciséis], fue dictado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva pronunciado en el juicio mercantil de origen. Entonces, se establece que el acto reclamado, no es el último acto de ejecución, ya que la última resolución en los procedimientos judiciales, para efectos del juicio de amparo, es aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, bien, la que declara la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento, y en el caso concreto, el procedimiento de ejecución de sentencia definitiva del juicio mercantil de origen continúa, pues aún no se ha dado cabal cumplimiento a la sentencia de mérito, tal como lo reconoce la parte quejosa de sus manifestaciones vertidas en la demanda de amparo. De ahí que el acuerdo que por esta vía se combate, de modo alguno encuadra en los supuestos de lo que se entiende por última resolución en etapa de ejecución para efectos del juicio de amparo. Así las cosas, no procede la vía constitucional biinstancial, pues el procedimiento se encuentra en fase de ejecución de sentencia y dicho auto reclamado no aprueba o reconoce el cumplimiento total de la aludida sentencia dictado en el juicio mercantil natural, como tampoco declaran la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento; máxime que dicho acto de molestia no es la última resolución entrándose de un procedimiento de remate, toda vez que no debe perderse de vista que por última resolución debe entenderse como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, circunstancia que no se actualiza con el acto reclamado, pues con esa resolución la quejosa podría hacer valer las violaciones cometidas durante el citado procedimiento. Entonces, las posibles violaciones que la parte quejosa considere que le fueron ocasionadas en el acuerdo que señala como acto de molestia, deberá reclamarlas de manera conjunta con la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia emitida en el juicio mercantil de origen o, bien, la que declare la imposibilidad material y jurídica para darle cumplimiento; misma circunstancia que se aplicaría para el caso de un procedimiento de remate, pues la quejosa podría reclamar el acto de molestia de manera conjunta con la última resolución, entendida ésta como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante el procedimiento. Habida cuenta de todo lo expuesto, se estima que las posibles infracciones que pudieran contener el acto reclamado serían, en todo caso, meramente adjetivas o procesales pues no afectan de manera directa o indirecta derechos consagrados por la Carta Magna, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. A mayor abundamiento, debe decirse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlo por las partes exclusivamente cuando: "a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se pueden afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva", pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable." Lo que significa que el juicio de amparo indirecto procederá excepcionalmente en fase de ejecución cuando I. Infrinja materialmente derechos sustantivos; II. Que tales derechos que se pretenden afectar no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que pretende ejecutarse y III. Que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo ya discutido. Aspecto último que no se satisface en el caso concreto, pues la quejosa, dentro del apartado de los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que existe un avalúo del bien inmueble de referencia y que se ordenó el remate en pública subasta y primera almoneda del citado predio, lo que hace suponer que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pedro Ventura Mena Uicab, por así haberlo señalado expresamente la quejosa en la demanda de amparo. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Se autoriza a los Secretarios de este juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio.

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