Lester Hernández Esquinca
Expediente 470/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/08/2019
Partes del expediente
- Lester Hernández Esquinca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran en contra del proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 152 a 157), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se tiene POR CONSENTIDO DICHO AUTO. Con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, destaca que en escrito presentado ante este Juzgado, el quince de julio del actual (fojas 143 a 150), el quejoso desahogó la vista ordenada en el presente juicio con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia sobre el acatamiento del fallo protector. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL En resolución constitucional de diez de mayo de dos mil diecinueve (fojas 46 a 58), se concedió el amparo a Lester Hernández Esquinca, para el efecto de que la autoridad responsable Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, realizara lo siguiente: -Dejara insubsistente la resolución de doce de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 83-B-1C01/2019. -Emitiera otra en la que, con plenitud de jurisdicción, determinara, de manera fundada y motivada lo conducente respecto a cuánto ascienden las necesidades del acreedor alimentario, así como las posibilidades del acreedor, explicando cuáles son los elementos que tuvo a la vista y si de éstos se desprenden datos para determinarlo de manera indiciaria; en el entendido, que podría tomar las medidas que estimara pertinentes con el fin de proveer con mayor precisión la cantidad que, como pensión alimenticia provisional, debe sufragar el aquí quejoso; en el entendido que la cantidad que resulte no debía ser mayor a la determinada en la resolución que constituyó el acto reclamado en el presente juicio de amparo. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO. El veintinueve de mayo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia constitucional y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento (fojas 64 y 65). En atención a ello, la autoridad responsable, remitió copia certificada de la nueva resolución de once de junio de dos mil diecinueve, pronunciada en el toca civil número 83-B-1CO1/2019, de su índice (fojas 74 a 94). Sin embargo, en acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, previa vista otorgada a las partes (foja 95), este juzgado federal tuvo por parcialmente cumplida la ejecutoria en comento (fojas 103 a 107). Lo anterior, pues si bien la responsable dejó insubsistente la resolución de doce de marzo de dos mil diecinueve y, emitió una nueva, omitió realizar razonamientos lógico-jurídicos que demostraran las necesidades del acreedor alimentario, así como las posibilidades del deudor, para que tomando en consideración ambos aspectos, estableciera un monto de pensión alimenticia provisional, como se estableció en el fallo protector, es decir, establecer la posibilidad de quien está obligado a cubrirlos con la necesidad de quien debe recibirlos, atendiendo al principio de proporcionalidad y equidad. Por tal motivo, mediante oficio 666-B/2019, de cuatro de julio actual, la Secretaria de Estudio y Cuenta en Funciones de Secretaria General de Acuerdos, por Ministerio de Ley de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, hizo llegar la nueva resolución (fojas 115 a 136), con la que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (foja 138). PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En el fallo constitucional se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal, en razón de los siguientes argumentos torales (fojas 50 vuelta a 57): "Primero, deben tomarse en consideración los preceptos 299 y 304 del Código Civil del Estado de Chiapas, que establecen que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y que éstos comprenden los elementos de subsistencia material y educativa, como son: comida, vestido, habitación, la asistencia médica en caso de enfermedad, los gastos para la educación (oficio, arte o profesión), así como para el esparcimiento indispensable para su edad. Asimismo, el numeral 982 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas menciona que el juez que conozca de la litis al comprobar el parentesco del acreedor alimentario con la parte demandada, y en virtud de la urgente necesidad, de oficio, decretara una pensión alimenticia provisional. Por su parte, el precepto legal 307 del Código Civil del Estado de Chipas, refiere que los alimentos son proporcionales a la posibilidad de quien deba darlos y a la necesidad de quien deba recibirlos. En este artículo están inmersos los principios de proporcionalidad y equidad que rigen para la fijación de los alimentos provisionales y definitivos, lo cual implica que la autoridad no solo debe ponderar si se justificó el vínculo jurídico entre el alimentante y el alimentado, así como la urgencia de la medida, sino que también debe fijar una cantidad proporcional en relación con la posibilidad de quien está obligado a cubrirlos con la necesidad de quien debe recibirlos. (.) Con base en lo expuesto, se llega a la conclusión de que el acto reclamado no se encuentra apegado a las normas constitucionales y legales. Si bien el artículo 982 de la ley procesal en comento, establece que el juez que conozca de la litis al comprobar el parentesco del acreedor alimentario con la parte demandada, y en virtud de la urgente necesidad, de oficio, decretara una pensión alimenticia provisional, esto es, únicamente en cuanto a la procedencia de esa medida, mas no para señalar la proporcionalidad de la cantidad de dinero que debe pagar. Como se advierte de la transcripción anterior, la Sala responsable, en la resolución reclamada, se limitó a señalar, que al existir interés que involucra un menor de edad en suplencia de los planteamientos de las partes y con fundamento en el artículo 984 reformado de la Ley Adjetiva Civil del Estado y, tratándose de alimentos provisionales, el juez fijará, sin audiencia del deudor, una pensión alimenticia provisional mientras que se resuelva el juicio, que tomando en consideración que el actor en el juicio principal resulta ser el progenitor de A.H.Z.; decretó como medida provisional de alimentos, el pago mensual de la cantidad que resulte de dos salarios mínimos diarios vigente en la entidad, a razón de $102.68 (ciento dos pesos 68/100 m. n.), que ascienden a la cantidad mensual de $6,160.80 (SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 80/100 M. N.), cantidad que debe pagar a favor de su acreedor alimentario representado por su progenitora MARÍA DEL ROSARIO ZANTENO SÁNCHEZ. Así, el origen de la infracción apuntada radica en que la autoridad responsable no señaló, de manera clara y precisa, las razones, motivos o circunstancias del por qué dicha cantidad resulta ser la necesaria para cubrir los gastos que se realicen para sufragar los alimentos del menor A.H.Z.; de igual manera, no realizó consideración alguna en la que estableciera cuáles eran los elementos que tuvo a la vista y, si de ellos podía desprender datos para determinar, aunque sea de manera indiciaria, cuál era el grado de necesidad de menor, a fin de establecer, en forma objetiva, el porcentaje que el ahora quejoso debería cubrir por ese concepto, en otras palabras, por qué esa cantidad y no otra, para el efecto de cumplir con la proporcionalidad de los alimentos, con los elementos de convicción que hasta ese momento tuviera, o bien, los que para tal efecto requiriera y, de esa forma, observar lo dispuesto por el artículo 307 del Código Civil del Estado de Chiapas. Por tanto, al haber fijado la cantidad que estableció para el pago de alimentos, sin atender a las circunstancias indicadas, es claro que dejó en estado de indefensión al quejoso, pues soslayó el principio de proporcionalidad que indica el artículo 307 invocado, el que, como se precisó, no solo se configura con acreditar la capacidad económica del deudor, sino que también debe atender a cuánto ascienden las necesidades del acreedor, las cuales están condicionadas a que se demuestren en mayor o menor medida, desglosándose cada una de ellas. Lo anterior, sin olvidar que la obligación de proporcionar alimentos es conforme con las posibilidades reales del deudor alimentario, dado que de ignorarlo se podría afectar el derecho al mínimo vital que éste goza de tener un nivel de vida digno, sin lujos, pero suficiente para mantenerse por sí mismo. (.) Por tanto, si la responsable no expresó los razonamientos o pruebas que consideró para arribar a la conclusión de que la cantidad que resulte de dos salarios mínimos diarios vigente en la entidad a razón de $102.68 (ciento dos pesos 68/100 m. n.), la cual ascienden a la suma mensual de $6,160.80 (SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 80/100 M. N.), era la correcta para cubrir las necesidades del citado acreedor y, que se encuentra dentro de las posibilidades del deudor, aquí quejoso, se traduce en violación a los principios de proporcionalidad y equidad del quejoso; entonces, deviene fundado dicho motivo de queja, por vulnerar los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.) Por otra parte, no pasan por alto para el suscrito los criterios jurisprudenciales de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CLXXXIV/2018, 1a. CLXXXIII/2018 y 1a. CLXXXV/2018, en los que en esencia determinó que la pensión alimenticia provisional es un acto de molestia puesto que es posible que las restricciones -temporales por concepto- generen, momento a momento, afectaciones que, consideradas individualmente, resulten irreparables, no obstante al contemplarse en una disposición normativa (artículo 982 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas), no vulnera el derecho de audiencia previa contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que regula una medida cautelar cuya vigencia temporal le confiere necesariamente el carácter de acto de molestia, por lo que no admite la posibilidad de otorgar audiencia previa a la parte deudora alimentaria. Asimismo, indicó que al ser una medida cautelar no viola el derecho a la igualdad, aun cuando solo permita al acreedor alimentario alegar y probar con antelación a la fijación de la pensión provisional, puesto que persigue un fin constitucionalmente admisible para la subsistencia de la parte acreedora alimentaria; es instrumentalmente adecuada para lograr dicha finalidad en tanto que asegura la ministración de alimentos mientras se resuelve el juicio; y, es proporcional en tanto que solo procede en casos en los que opera una presunción de necesidad de los alimentos, dejando a salvo las acciones legales para que se cuestione la validez o el monto de la pensión. Además, señaló que no viola el principio de seguridad jurídica puesto que se trata de una medida cautelar en la que no rige el derecho de audiencia previa y cuya naturaleza es, conceptualmente, temporal. Sin embargo, no obstante lo anterior la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, también determinó que el hecho de que no se escuche al deudor alimentario no deja de lado que la autoridad jurisdiccional al momento de pronunciarse en relación con la pensión alimenticia provisional, deba motivar en su decisión la acreditación de tres parámetros 1) la existencia de una relación o un vínculo entre el deudor y el acreedor que justifique su procedencia; 2) las posibilidades del deudor; y, 3) las necesidades del acreedor. (.) En mérito de lo anterior al quedar evidenciada la vulneración a los derechos fundamentales de la parte quejosa, se debe conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado para los efectos que enseguida se precisan. ." Ahora, de la constancia aludida (fojas 115 a 137), con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se advierte que la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, acató sin excesos, ni defectos la ejecutoria dictada en el presente asunto. Ello, atento a que dejó insubsistente la resolución de once de junio de dos mil diecinueve, dictada en el toca civil 83-B-1C01/2019, de su índice; además, con plenitud de jurisdicción, emitió una nueva, en la que en términos de las consideraciones anotadas en párrafos precedentes, para fijar la medida provisional de alimentos a favor del menor de iniciales A.H.Z., estableció que al ser un órgano revisor, tomó en consideración las actuaciones posteriores al dictado del auto de radicación, por lo que en ese sentido, analizó las constancias procesales que obran en el testimonio, a las que otorgó valor probatorio en términos del numeral 400 del código adjetivo civil del Estado de Chiapas. Así, estableció que de la contestación de demanda realizada por María del Rosario Zenteno Sánchez, se advertía que dicha demandada, manifestó que su contraparte sostiene al mayor de sus hijos, quien estudia en la Universidad de las Américas en Puebla; que en el capítulo de pruebas ofreció las documentales privadas consistentes en las constancias de estudios de las escuelas particulares donde han estudiado los hijos que tiene a su cargo y, los recibos de pago de las colegiaturas; también, las copias certificadas de las escrituras públicas expedidas por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, con las que pretende la recurrente demostrar la capacidad económica que tiene su contraparte; así como la confesión del aquí quejoso Lester Hernández Esquinca, en la que manifestó que ha ocupado diversos cargos públicos. De esta forma, la Sala responsable acotó que si bien carece de elementos para determinar con exactitud a cuánto ascienden los ingresos del deudor alimentario, tomó en cuenta de forma indiciaria, los aspectos mencionados en el párrafo precedente, aunado a lo preceptuado en los numerales 299 y 304 del Código Civil de esta entidad federativa, que establecen que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y que éstos comprenden los elementos de subsistencia material y educativa, como son: comida, vestido, habitación, la asistencia médica en caso de enfermedad, los gastos para la educación (oficio, arte o profesión), así como para el esparcimiento indispensable para su edad. Así como lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el hecho de no escuchar al deudor alimentario no deja de lado que la autoridad jurisdiccional al momento de pronunciarse en relación con la pensión alimenticia provisional, deba motivar en su decisión la acreditación de tres parámetros. Por ello, precisó que 1) la existencia de una relación o un vínculo entre el deudor y el acreedor que justifique su procedencia, se demostró con el acta de nacimiento del menor A.H.Z.; 2) las posibilidades del deudor, que como se anotó en párrafos precedentes, se acredita de forma indiciaria, ello es suficiente para considerar que el deudor alimentario tiene las posibilidades para proporcionar una pensión; y, 3) las necesidades del acreedor, misma que al tener la suplencia en los planteamientos por ser menor de edad, no necesita ser demostrada. Concluyendo que, por cuanto a las necesidades del acreedor, éstas no necesitan ser demostradas por ser el acreedor menor de edad y tener la suplencia de los planteamientos a su favor, no obstante, para determinar el monto de la medida provisional, reiteró que tomó en consideración de manera indiciaria los elementos que tuvo a la vista, como son el acta de nacimiento del menor de iniciales A.H.Z., los mencionados en el capítulo de pruebas de la contestación de demanda, en el que se relaciona todas y cada una de las documentales privadas referente a los pagos escolares que se realizan por el menor referido. Derivado de lo expuesto, la Sala responsable determinó modificar el auto objeto de apelación, en el que decretó como medida provisional de alimentos el pago mensual de la cantidad que resulte de dos salarios mínimos diarios vigente en la entidad a razón de $102.68 (ciento dos pesos 68/100 m.n.), que ascienden a la cantidad mensual de $6,160.80 (seis mil ciento sesenta pesos 80/100 moneda nacional), la cual deberá pagar al acreedor alimentario representado por su progenitora, cifra que no supera la determinada en la resolución que constituyó el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En razón de lo expuesto, se advierte que la Sala responsable brindó cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo al seguir los lineamientos establecidos en ella; de ahí que, debe tenerse por CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa (fojas 143 a 150), en las que solicita que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, ya que a su criterio, la responsable con relación a determinar su posibilidad económica, se basó únicamente en el dicho de María del Rosario Zenteno Sánchez, lo cual no debe tomarse en cuenta, debido a que es su contraparte en el juicio natural, que por ese solo hecho tiene intereses encontrados con el aquí impetrante, por ello, no es digno de credibilidad, En el mismo orden, la mención la sala de las copias certificadas expedidas por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, exhibidas por la aquí tercera interesada, no son aptas para acreditar el caudal económico del quejoso, atento a que ninguna de los inmuebles a que hacen referencia, no están a nombre del impetrante, a lo que se suma que la sala no establece cuántos bienes son, tampoco si generan renta o fruto alguno. De igual forma, refiere que no resulta válido que la Sala responsable tomara en cuenta la confesión vertida por el quejoso, en cuanto a que ocupó cargos públicos, ya que el último trabajo que tuvo fue en septiembre de dos mil doce, por lo que no debió hacer uso de la citada actuación judicial en su perjuicio, ya que adolece de indicios para determinar su capacidad económica, omitiendo hacer uso de las facultades para mejor proveer que se le dejaron expeditas por este juzgado, para establecer con mayor precisión la pensión alimenticia provisional. Al respecto, es de señalar que este juzgado federal no puede analizar circunstancias que no fueron materia de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, cuyos lineamientos fueron transcritos en párrafos que anteceden. Es decir, la autoridad responsable únicamente debía con plenitud de jurisdicción, determinar de manera fundada y motivada, por lo menos de manera indiciaria, lo conducente respecto a las necesidades del acreedor alimentario, así como las posibilidades del acreedor, explicando cuáles son los elementos que tuvo a la vista y si de éstos se desprendían datos para determinarlos, se insiste, de manera indiciaria, lo cual aconteció, pues precisó las constancias que tuvo a la vista, acotando, que si bien no tenía elementos para determinar a cuánto ascienden con exactitud los ingresos del deudor alimentario, también lo es, que de forma indiciaria tomó en cuenta el acta de nacimiento del menor de iniciales A.H.Z., los mencionados en el capítulo de pruebas de la contestación de demanda, en el que se relacionan todas y cada una de las documentales privadas referente a los pagos escolares que se realizan por el menor referido. Sin soslayar, que la Sala responsable no estimó necesario proveer diversas medidas para determinar con mayor precisión la cantidad que, como pensión alimenticia provisional, debe sufragar el quejoso, pues de los efectos del fallo concesorio, se patentiza que la Sala no estaba constreñida a efectuarlo, ya que se acotó que podría realizar dicho aspecto, mas no, que tenía la obligación de hacerlo, de ahí, que el hecho de que la responsable no haya tomado diversas medidas, de ningún modo implica que no se tenga por cumplida la ejecutoria. Consecuentemente, este juzgador estima acatada la ejecutoria de mérito, en tanto que las cuestiones atinentes a que las pruebas no son aptas para acreditar la capacidad económica del quejoso, no fueron materia del fondo del presente asunto, sino en dado caso, ello es materia de la libertad de jurisdicción en que se dejó a la responsable para pronunciar la nueva resolución, además, de que la pensión alimenticia de que se trata, es provisional, la cual puede variar al dictar la definitiva con las probanzas que las partes ofrezcan y se desahoguen ante el juez instructor; por tanto, no es dable analizarlo en esta etapa (cumplimiento). Fundamenta dicho aserto la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo I, Febrero de dos mil dieciséis, página 717, que dispone: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." Finalmente, en el momento procesal oportuno, provéase sobre el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito del quejoso Lester Hernández Esquinca, mediante el cual, en atención a la vista formulada con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo (foja 138), realiza diversas manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Secretaría General de Acuerdos por Ministerio de Ley de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de la nueva resolución dictada el cuatro de julio del año en curso, en el toca número 83-B-1CO1/2019, de su índice. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con copia de la constancia remitida por la responsable, para que en el término de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento de la ejecutoria. Apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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