Lester Andres González Ruiz
Expediente 2977/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2977/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2018
Partes del expediente
- Lester Andres González Ruiz
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Vista cumplimiento. Se tiene por recibido el oficio signado por la delegada de las autoridades responsables adscritas a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, mediante el cual, exhibe las documentales con las cuales pretende acreditar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; al respecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco; cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Se ordena notificación personal por medio de lista. Vista la razón del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la que hace constar que no fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticuatro de octubre del año actual, en el sentido de notificar personalmente a la parte tercera interesada, el aludido acuerdo, por las razones que expone en la constancia de mérito; en razón de lo anterior, túrnense nuevamente los presentes autos al Actuario que corresponda, a fin de que realice la aludida notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto la parte tercera interesada señale diverso domicilio para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dos de agosto de dos mil dieciocho, se reservó proveer lo conducente respecto a las pruebas pericial en topografía y testimonial, ofrecidas por la parte quejosa; ante ello, toda vez que la totalidad de las partes se encuentra emplazadas. Por tanto, con relación a los citados medios de prueba, dígase a la parte quejosa que deben desecharse, por los motivos que a continuación se expondrán: Los artículos 119 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, disponen lo siguiente: De la interpretación gramatical del artículo transcrito en primer término, se advierte que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional. Mientras que del segundo de los preceptos legales transcritos, se desprende, entre otras cosas, que el juzgador para conocer la verdad puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Respecto a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena, sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de pertinencia de la prueba. Por otra parte, cabe señalar que los hechos controvertidos, son aquéllos que integran la litis, la cual se constituye, en el juicio de garantías, con la demanda de amparo y el acto reclamado. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "Novena Época Registro: 175823 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.14 K Página: 1888 PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. En el presente juicio de amparo, el acto reclamado consiste, en: La desposesión de una superficie dentro del potrero denominado "EL CARRIZALILLO", ubicado en el Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Ahora bien, la parte quejosa anunció las pruebas en comento para acreditar el acto reclamado respecto del potrero denominado "PRESA SAN JOSÉ", ubicado en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco: De lo que se puede advertir que dichas pruebas no son idóneas para demostrar la existencia del acto reclamado en cita, pues al respecto, debe decirse que las pruebas son los instrumentos a través de los cuales las partes en un proceso pretenden evidenciar la existencia de los hechos que constituyen el fundamento de sus acciones o excepciones. En ese contexto los requisitos generales para la admisión de las pruebas, pueden resumirse en cuatro aspectos principales a saber: La licitud, esto es, que la prueba no sea contraria a la moral o al derecho; La oportunidad, esto es que no se haya ofrecido de manera extemporánea; El objeto, que consiste en el hecho o hechos que se tratan de demostrar; La pertinencia o idoneidad, es decir, la relación que guarda la prueba con los puntos controvertidos. En cumplimiento a los requisitos descritos con antelación, se traduce que el objeto, motivo y fin de la prueba, no debe ser inconducente o inútil con relación de los hechos. Por tanto, para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que este reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Esto último, es decir, la necesidad de que la prueba ofrecida tenga relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que consigna el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba. Luego, debe considerarse que toda prueba reconocida por la ley, para ser admitida tiene que tener relación inmediata con los hechos controvertidos, y en ese orden la idoneidad de un medio probatorio no se determina en relación con sus aspectos formales o de constitución, sino en la manera en que refleja los hechos que pretenden demostrarse. En esa virtud, toda vez que las preguntas planteadas tanto a los peritos, como a los testigos, no guardan relación con el predio materia del acto reclamado, ya que las mismas son en base al inmueble denominado "PRESA SAN JOSE", ubicado en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en tanto que el acto reclamado versa sobre el potrero denominado "EL CARRIZALILLO", ubicado en el Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. En consecuencia, al tratarse de lugares diversos se desechan las pruebas señaladas, ante su falta de pertinencia e idoneidad, porque no tiene relación inmediata con los hechos controvertidos en el presente juicio de amparo, puesto que dichos medios de convicción son en relación a un diverso predio al que es materia del acto reclamado en el presente juicio de amparo, incluso de llevarse a cabo el desahogo de los mismos, a nada práctico conduciría, en virtud de que las pruebas fueron ofrecidas respecto de inmueble diverso al materia del acto aquí reclamado.
- Principal
No tiene perito. Visto el contenido del oficio que suscribe el Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, mediante el cual informa que dicha institución no cuenta con especialistas en materia de topografía, que puedan fungir como peritos en el presente asunto. Requiérase al perito oficial. En virtud de lo anterior, se nombra como perito oficial a Ana María Soto Avilés, con número de registro P.077-2017, quien se encuentra aprobada como perito en materia de topografía, en la lista respectiva de las personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos Jurisdiccionales y Áreas Administrativas aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, se presente ante este Juzgado de Distrito, ubicado en el piso 1, del Edifico X2, de la Ciudad Judicial Federal, con domicilio en Avenida Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, número 7727, en Zapopan, Jalisco. Lo anterior, a efecto de aceptar el cargo conferido, y bajo protesta de decir verdad, manifieste si tiene o no algún impedimento legal previsto en los artículos 51 y 120 de la Ley de Amparo, asimismo, para que emita la cotización de sus honorarios, respecto a la prueba pericial admitida en este juicio. Para tal efecto, túrnense los autos al actuario judicial que corresponda a efecto de que notifique a dicho profesionista, corriéndole traslado con copia del cuestionario sobre el cual versará la prueba pericial encomendada. Apercíbase. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos los artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente.
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