Lessly Janeth Pérez Trejo

Expediente 1410/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1410/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Lessly Janeth Pérez Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    FIRMEZA DE LA SENTENCIA Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, y las partes no recurrieron la resolución que SOBRESEYÓ en este juicio de amparo, en tales condiciones, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo dispuesto en el diverso 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. ARCHIVO En consecuencia, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción; lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, así como, en el capítulo octavo, punto 8.1.2, sub punto 1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte. Finalmente, se precisa que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión de los actos reclamados. Notifíquese.

  2. Principal

    RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio amparo Notifíquese.

  3. Principal

    Se informa a las partes transición al expediente electrónico. En atención a los artículos 3, fracción III y 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se hace de conocimiento a las partes que a partir de la presente determinación, el expediente electrónico será el que tenga validez; por tanto, el expediente físico únicamente servirá como referencia para su consulta. Tribunal Colegiado confirma sentencia. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciado en el amparo en revisión administrativo ******************** del índice de dicho cuerpo colegiado, así como los autos originales del juicio de amparo 677/2022-III/2, promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad y otras autoridades; acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Ahora bien, tomando en consideración que la ejecutoria dictada en la materia de la revisión CONFIRMÓ la sentencia pronunciada por este Juzgado, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio y se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por consiguiente, comuníquese tal determinación a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, glósense al expediente únicamente las actuaciones que en original obran en el cuadernillo que se formó para la continuación del mismo y destrúyanse las copias certificadas que para tal efecto se expidieron, por no ser necesarias para la integración del presente juicio. Archivo y valoracion documental. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto concluido, el cual carece de relevancia documental y es susceptible de conservación, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; así como el capítulo Séptimo, punto 7.1, subpunto 7.1.1. y punto 7.3, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido en agosto de dos mil veinte. Por tanto, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha y transcurrido dicho plazo, procédase a su transferencia. Finalmente se precisa que en el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, por medio del cual cumple con el requerimiento formulado mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veintitrés y al efecto remite las constancias solicitadas. Valoración de cumplimiento. Por otra parte, visto el estado actual de los presentes autos, de los cuales se desprende que transcurrió el termino otorgado a las partes para realizar manifestaciones respecto de la vista concedida el dieciséis de junio de dos mil veintitrés; consecuentemente, esta autoridad procede a calificar el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Efectos de la sentencia. El veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se dictó sentencia que se razonó: ".En ese sentido, además de que el resolutor inadvirtió que la tutela reforzada de la niña le obstaculizaba apreciar la situación de riesgo que refirió en un plano de paridad, lo cierto es que sí es peligroso el tránsito por las carreteras de la ciudad de ******************** a ********************que se orientan a la zona serrana, donde se localiza ********************, donde radica la menor. Aunado lo anterior, el magistrado responsable no especificó porque es más benéfico para la menor las convivencias de manera física y supervisadas cada quince días, en las instalaciones que ocupa el Centro de Convivencia Familiar Supervisada en las instalaciones de los Juzgados Civiles y Familiares, los viernes en un horario de las dieciséis a las dieciocho horas, el sábado de las catorce a las dieciséis y el domingo en un horario de las diez a las doce horas. Lo anterior, pues soslayó la distancia que existe entre el lugar en que reside la menor quejosa y sus abuelos maternos, así como los peligros y gastos que -aun sin demostrarse- necesariamente se generan con el viaje y la estadía en diversa ciudad, lo cual, puede repercutir para ambas partes el hecho de tener que trasladarse en un fin de semana tres días consecutivos. Además, no justificó porque las convivencias de manera física y supervisada son el único medio para mantener las relaciones entre ambas partes, o bien, el más benéfico para ella o si resultaba viable alternarlas con diversas opciones a través de otros medios o avances tecnológicos. En efecto, omitió establecer de manera concreta, si resultaba viable o no, la posibilidad de utilizar diversos medios de comunicación entre los abuelos maternos y la niña ********************Cuestión que se estima debió ponderar a fin de apreciar si con ello, disminuía riesgos para la infante. En efecto, debe ponderarse el derecho humano a la seguridad de las menores, es decir, evitar en la medida de lo posible ponerlas en una situación de riesgo, que en el caso implica advertir la evidente o notoria ubicación geográfica de las poblaciones en que la menor y sus abuelos maternos se encuentran, por consiguiente esa realidad y los elementos normativos aplicables permitirán arribar a una decisión privilegiada para la menor, por ser quienes podría resentir el posible daño que pudiera ocasionárseles con la medida cautelar emitida. Como consecuencia de ello, es de advertirse no sólo el lapso a que se sometería a la menor de edad por el traslado, sino el riesgo o peligro que ello implica sin duda alguna para ella, así como el cansancio y estrés que por sí mismo conlleva, factores hacen que cobre aplicación el criterio aislado en cita, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la ponderación del peligro o riesgo que debe ser evitado a los menores de edad, tesis ya transcrita. Asimismo, en razón de la distancia existente entre ambas ciudades, así como las particularidades de la menor, la autoridad de origen está en aptitud de adoptar con prontitud las medidas que el caso requiera, en aras de hacer vigente el interés superior del niño, como en el caso sería, establecer que, aun cuando es verdad que las relaciones personales y el contacto directo entre la menor y su familia ampliada es de suma importancia, también es cierto que sino en todos los casos, en algunas ocasiones, tales convivencias podrían tener lugar también a través por los medios de comunicación disponibles o a los que se pudiera tener fácil acceso, por ejemplo, por teléfono, videoconferencia, mensajes electrónicos, correo, u otros. Sin que ello reemplace por supuesto la convivencia presencial, sino como una herramienta adicional o útil a fin de que se propicie las convivencias del modo más seguro posible hasta en tanto resulte viable y factible su desarrollo presencial. En este orden de ideas, se destaca que en cuanto al derecho de visitas los jueces al emitir sus determinaciones deben tomar en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores afectados, el tipo de relación que sostienen con quien pretende la convivencia, los orígenes del conflicto familiar, la disponibilidad y personalidad de estos; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la de quienes pretenden esa convivencia; y en general cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores involucrados. Por lo cual debe evitarse en lo posible someter a riesgo alguno a la menor, y ante esa circunstancia de protección contra riesgo, debe determinarse lo que les favorezca, atendiendo al interés superior del niño.." Motivo por el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "a. Deje insubsistente el proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós emitido en el toca ******************** de su índice. b. Emita otro, en donde fije el régimen de convivencias entre la menor ******************** con sus abuelos maternos, precisando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrán de llevarse a cabo, considerando las particularidades de la menor involucrada; previendo incluso, que en algunos casos, la posibilidad de que dichas convivencias se realicen por los medios de comunicación que se tengan a su alcance; así, como, si es que así lo estima conveniente, al desahogarse se encuentre presente siempre, alguna persona de confianza de las menores. c. Lo anterior, atendiendo a las particularidades del caso, tomando siempre como eje rector el interés superior de la menor involucrada." Ejecutoria de la sentencia. El veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Cumplimiento. Mediante oficio recibido el quince de junio de dos mil veintitrés, el Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede esta ciudad, informó haber dado cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio de amparo y remitió copia certificada de la resolución dictada en el toca ******************** derivado del diverso ********************, el doce de junio del año en curso, en los que consideró: ".En ese sentido, esta Sala considera que la ciudad de ******************** es el lugar adecuado para que se desarrollen las mismas, en virtud de lo siguiente: Representa el punto más próximo al punto medio de la distancia que separa a la Niña y a los Demandados. Cuenta con las instalaciones necesarias para que se lleve a cabo correctamente la convivencia, en dónde se garantiza su seguridad e integridad tanto física como emocional. Cuenta con personal especializado que puede dar fe de la manera en que estas se llevan a cabo, lo cual sirve a la Jueza para conocer el desarrollo de las mismas y estar atenta a las necesidades de la Niña, así como a cualquier situación que sirva para determinar, en un momento dado, si las convivencias pueden evolucionar a un régimen libre o bien, si existe algún tipo de alienación por alguna de las partes, entre otras. Es una ciudad con un mayor número de opciones para pernoctar y alimentarse e incluso pasear. Ahora, lo anterior no significa que deba dejarse de lado la existencia de un riesgo constante a la integridad de la Niña al trasladarse por carretera cada quince días a una ciudad distinta a dónde vive, así como la posible afectación a su estabilidad emocional que le genera pasar tres días fuera de su casa para convivir con sus abuelos maternos sólo un par de horas por día. Por tal razón, esta Sala estima necesario espaciar las referidas convivencias presenciales a fin de reducir el riesgo para la Niña con motivo de su celebración, pero sin que ello implique anular su derecho a convivir y tener contacto físico con su familia ampliada. Así, buscando el equilibrio entre la seguridad de la Niña y su derecho a la convivencia familiar, se considera prudente establecer convivencias presenciales los sábados y domingos en el mismo horario en que se han venido celebrando, una vez al mes y no una vez cada quince días. Lo anterior, con la finalidad de reducir el riesgo que implica para la Niña transitar la carretera que la lleva a la ciudad de ********************, así como para reducir los gastos que dichas visitas le generan a la Apelante." De ahí que esta resolutora estima que la determinación del Magistrado natural no satisface los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio, debido a que, si bien la responsable dictó una nueva resolución en la que se ordena reducir la cantidad de visitas que debe realizar la niña quejosa y se incluyeron los medios electrónicos como forma de convivencia con sus abuelos, aquí terceros interesados, lo cierto es que fue omisa pondera el derecho humano a la seguridad de la niña, es decir, evitar en la medida de lo posible ponerla en una situación de riesgo, que en el caso implica advertir la evidente o notoria ubicación geográfica de las poblaciones en que ésta se encuentra, por consiguiente esa realidad y los elementos normativos aplicables permitirán arribar a una decisión privilegiada para la infante, por ser quien podría resentir el posible daño que pudiera ocasionársele con la medida cautelar emitida. En tales condiciones, NO HA LUGAR A TENER POR CUMPLIDA la ejecutoria concesoria de amparo. Requerimiento de cumplimiento. Por tanto, con apoyo en el último párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, como se encuentra indicado en el fallo respectivo, requiérase al Magistrado de la Tercera Sala de lo Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia ejecutoria, en los términos antes precisados, debiendo seguir los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. Apercibida que de no hacerlo así, o de incumplir la autoridad responsable sin causa justificada en los términos ya indicados (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a su titular una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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