Leslye Arisbeth Salas

Expediente 351/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
351/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Leslye Arisbeth Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE DECLARA FIRME el proveído que desechó la presente demanda de garantías, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Se tiene por hecha la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico, para los efectos conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la razón levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de tres de mayo del presente año, por los motivos que expone, en esas condiciones, túrnese el presente auto al actuario que corresponda para que notifique a dicho promovente por medio de lista el auto citado con antelación y el presente proveído, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Notifíquese, y por medio de lista a la promovente del amparo. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: "Ciudad de México, tres de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta por medio del cual la parte quejosa da cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, asimismo, se procede a proveer respecto a la demanda de garantías y escritos de desahogo de prevención presentados en este órgano federal. Vista la demanda de amparo promovida por **, por propio derecho y como representante de su menor hijo de identidad protegida identificado con las siglas S.F.R.S, personalidad que acredita con la copia certificada del acta de nacimiento del menor, que exhibió en su escrito de desahogo; contra actos del JUEZ TRIGESIMO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir esencialmente, en el proveído dictado el once de marzo de dos mil veintidós por el Juez Trigésimo Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual le impuso a *** (hoy quejosa) una multa por la cantidad de $18,000.00 (dieciocho ocho mil pesos, asimismo la requiere para que haga entrega de su menor hijo a su progenitor. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, el citado precepto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] Fracción XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. - - - Se exceptúa de lo anterior: - - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; - - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; - - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. - - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Como se puede advertir de esta trascripción, la fracción de mérito contiene el principio de definitividad, mismo que se traduce en un requisito de procedibilidad de la acción de garantías, según el cual para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse previa y necesariamente todos los recursos ordinarios que contempla la ley que regula la actuación reclamada. Lo anterior tiene sentido si se atiende a que previo al estudio de los problemas de inconstitucionalidad mediante el juicio de garantías, deben agotarse los recursos ordinarios tendientes al análisis de las cuestiones de legalidad; es decir, el principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo el cual es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recorrido todas las instancias previstas en la ley de la materia, en virtud de los recursos y medios de defensa ordinarios que procedan. En esta tesitura, para que se actualice la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, basta que en la ley que rige el acto reclamado, o en alguna ley que le sea aplicable en forma directa e inmediata, se prevenga la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado aquél, que no haya sido agotado previo al juicio constitucional de garantías. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia I.6º.C.J/37, visible en la página 902, tomo XV, mayo de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por otra parte, el artículo 688, así como el párrafo segundo del artículo 691 y 696, todos del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, disponen: "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. - - - La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. - - - La apelación en efecto devolutivo podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva. - - - En la de tramitación inmediata los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso y se sustanciarán en los términos previstos en el Artículo 693 de este Código. - - - En la de tramitación preventiva bastará con que el apelante exprese su inconformidad al interponer el recurso, y la expresión de agravios deberá hacerse en los términos previstos en el segundo párrafo del Artículo 692 Quáter. - - - La apelación de tramitación preventiva se sustanciará conjuntamente con la que se interponga en contra de la sentencia definitiva. - - - Las apelaciones que se admitan en ambos efectos siempre serán de tramitación inmediata." "Artículo 691. [.] Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables. [.]" "Artículo 696.- De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. Lo anterior no es aplicable en las apelaciones que se interpongan en contra de resoluciones que resuelvan excepciones procesales. En caso de apelaciones en contra de medidas de apremio o de multas sólo se suspenderá el procedimiento por lo que hace a su aplicación. Con vista a lo pedido el juez deberá resolver y si la admite en ambos efectos señalar el monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión. La garantía debe atender a la importancia del negocio y no podrá ser inferior al equivalente a siete mil quinientos pesos, dicho monto se actualizará en los términos que establece el artículo 62. Si no se exhibe la garantía en el plazo señalado, la apelación solo se admitirá en efecto devolutivo de tramitación inmediata. En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, se puede ocurrir en queja que se presentará ante el mismo juez dentro del término de tres días, acompañando a su recurso de queja el equivalente a siete mil quinientos pesos, monto que se actualizará en la forma indicada en el párrafo anterior, con lo que suspenderá la ejecución. De no exhibirse esta garantía, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá la ejecución. El juez en cualquier caso remitirá a la sala la queja planteada junto con su informe justificado en el término de cinco días para que se resuelva dentro de igual término. Declarada fundada la queja que interponga el apelante, la sala ordenará que la apelación se admita en ambos efectos y señalará la garantía que exhibirá el recurrente ante el juez dentro del término de seis días. Al declararse infundada la queja se hará efectiva la garantía exhibida a favor de la contraparte. Las resoluciones dictadas en las quejas previstas en este artículo no admiten recurso. También la parte apelada podrá ocurrir en queja, sin necesidad de exhibir garantía alguna, cuando la apelación se admita en ambos efectos y considere insuficiente la fijada por el juez al apelante. Las quejas que se interpongan, se deben remitir por el juez junto con su informe justificado a la sala en el término de cinco días, y éste resolverá en igual plazo. Si el tribunal confirmare la resolución apelada, hará efectiva la garantía fijada por el juez o por el tribunal a favor de la contraparte." Cabe señalar que el acto reclamado era apelable en ambos efectos, debido a que si como lo sostiene la quejosa, dicho auto le depara un daño de imposible reparación, entonces, la inconforme está en condiciones de interponer el recurso de apelación en ambos efectos con fundamento en el artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, es decir, con suspensión del acto, a fin de que se suspenda la ejecución del acto, hasta en tanto se resuelve el recurso de referencia. De los artículos anteriormente transcritos se advierte la procedencia del recurso de apelación, en tal virtud se actualiza la causal de improcedencia aludida, dado que contra el acto reclamado consistente, en el proveído dictado el once de marzo de dos mil veintidós por el Juez Trigésimo Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual le impuso a Leslye Arisbeth Salas Fregoso (hoy quejosa) una multa por la cantidad de $18,000.00 (dieciocho ocho mil pesos, asimismo la requiere para que haga entrega de su menor hijo a su progenitor, procedía el recurso de apelación, por lo que la promovente, debió hacerlo valer antes de acudir al juicio constitucional, más aún, porque en forma genérica el numeral en cita establece la procedencia del medio de impugnación en comento, de ahí que no se esté en la hipótesis de una resolución irrecurrible a través de los medios ordinarios de impugnación; por tanto, se insiste que a través de los medios ordinarios antes señalados era posible modificar o revocar los actos reclamados. Luego, si de la lectura del código procesal local, se advierte que el auto reclamado es apelable, en tal virtud, la promovente se encontraba obligada a respetar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, y al no hacerlo así, viola el principio aludido, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo; de tal suerte que, al existir dicho medio ordinario de impugnación, y al no haber sido interpuesto por la impetrante de garantías, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza del amparo, que es un medio extraordinario de control constitucional para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera cuando ya se hayan recorrido todas las instancias previstas en la Ley de la materia, en virtud de los recursos ordinarios que procedan. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 447, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, pagina 5721, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. El artículo 73, fracción XIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías que establece la improcedencia de este juicio, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, no es contrario al artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, sino estrictamente acorde con el espíritu de este precepto." No es óbice a lo anterior que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación en la especie, como en el caso, la existencia del recurso se advierte en forma patente con las manifestaciones expuestas por la propia quejosa, con lo que se tiene la certidumbre y plena convicción de que se actualiza la causa de improcedencia, en estudio, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo; de tal modo que aún cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. De ahí, que si se admitiera la demanda de que se trata, tal circunstancia violaría el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo al órgano jurisdiccional del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios, cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Octava Época, Tomo XI, junio de 1993, página 252, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J. 113/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación Decima Época, Tomo I, diciembre de 2013, página 350, que dice lo siguiente: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Civil, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 321, que señala: "GRAVAMEN IRREPARABLE, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN (IMPOSICIÓN DE MULTAS). El gravamen irreparable a que se refiere el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consiste en la afectación real que se ocasiona a la parte que perjudica, cuyos efectos no se pueden subsanar o invalidar por el Juez que emitió el acto procesal de que se trate, en la secuela misma del procedimiento, ni siquiera mediante las consecuencias que produzca la sentencia definitiva. Este concepto conduce a determinar que la imposición de una multa a las partes en un auto del juicio, produce un gravamen irreparable a las mismas, por cuanto a que la afectación en el patrimonio de ellas con esa sanción es definitiva, porque la obligación que allí se impone o la responsabilidad que se finca ya no se puede extinguir y menos invalidar con el resultado de ninguna actuación posterior, incluyendo a la sentencia definitiva, puesto que cualquiera que sea el sentido de ésta, prevalecerá la imposición de la multa y la obligatoriedad de su pago a cargo de la persona sancionada con ella. Por tanto, la resolución que se emita en esos términos, sí reúne tal requisito requerido para ser impugnable mediante el recurso de apelación." Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XVIII, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de este juzgado, para que notifique el presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la promovente.

  3. Principal

    SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XVIII, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la promovente.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos sin mayo pronunciamiento la razón de cuenta signada por la Actuaria adscrita a éste órgano jurisdiccional, toda vez que del estado procesal que guardan los presente autos se advierte que ya obra en autos constancia de notificación a la parte quejosa, del proveído de veinte de abril del año en curso; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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