Lesly Monserrat Meléndez Zúñiga

Expediente 81/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
81/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Lesly Monserrat Meléndez Zúñiga
  • Lesly Montserrat Meléndez Zuñiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Con independencia de lo anterior, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, se precisa que este expediente, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Asimismo se precisa que este expediente no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 1 del capítulo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en mención, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la constancia solicitada en autos. Atento a su contenido, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito y, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental exhibida; la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto y de la constancia remitida por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI, del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el cual hizo consistir en la omisión de acordar la promoción presentada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 943/2017. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende copia certificada de lo siguiente: Acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 943/2017, por el cual se acordó la promoción presentada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Constancia de notificación por boletín oficial de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, realizada a las partes, del acuerdo antes referido. Luego, si se reclama la omisión de acordar la promoción presentada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y ésta se acordó el veintidós de marzo de dos mil veintidós, y se notificó a las partes el veinticuatro del mismo mes y año, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar la citada causal. En ese sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE TIENE POR NOTIFICADA DEL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA POR EL TITULAR DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Número de expediente: 81/2022 Acuerdo: Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la constancia solicitada en autos. Atento a su contenido, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito y, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental exhibida; la que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto y de la constancia remitida por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI, del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el cual hizo consistir en la omisión de acordar la promoción presentada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral ********. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende copia certificada de lo siguiente: Acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral ********, por el cual se acordó la promoción presentada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Constancia de notificación por boletín oficial de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, realizada a las partes, del acuerdo antes referido. Luego, si se reclama la omisión de acordar la promoción presentada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y ésta se acordó el veintidós de marzo de dos mil veintidós, y se notificó a las partes el veinticuatro del mismo mes y año, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de sobreseimiento invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar la citada causal. En ese sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos. Atento a su contenido, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito; asimismo, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales exhibidas, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Consecuentemente, dese vista a las partes con dichas documentales, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, a efecto de contar con mayores elementos para resolver el presente asunto, con fundamento en el ordinal 75 de la Ley de Amparo y en el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Cuernavaca, para que dentro del término de tres días siguiente a la notificación de este acuerdo, informe si cuenta con la constancia de notificación realizada a las partes en el juicio laboral 943/2017, respecto del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en el que se acordó la promoción presentada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, registrada con el folio 023193 y, en caso de tenerla remitirla. Apercibida que de no hacerlo o de no manifestar su imposibilidad material o jurídica que tenga para dar cumplimiento a lo solicitado, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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