Lesly Michel Ramos Ramirez
Expediente 49/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Lesly Michel Ramos Ramirez
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio signado por el Actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, que contiene la transcripción del proveído de veinticinco de enero del año en curso, dictado en el J.A 41/2021-I del índice de ese órgano, por el que hace del conocimiento de este juzgado que recibió los autos originales del juicio en que se actúa. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021 y SECNO/6/2021, emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al nueve de febrero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes", (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina acordar la promoción de cuenta. Lo anterior, pues como se desprende del análisis de este juicio constitucional, la litis constitucional encuadra en uno de los supuestos considerados como "urgentes" y, en consecuencia, este órgano de control constitucional se encuentra en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. En ese sentido, se toma conocimiento de lo informado por el Juzgado oficiante para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veinte de enero de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por el actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por el que informa que aceptó la competencia declinada y solicita se remitan los autos originales del juicio de amparo 49/2021 del índice de este juzgado. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021, emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes", (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina acordar la promoción de cuenta. Lo anterior, pues como se desprende del análisis de este juicio constitucional, la litis constitucional encuadra en uno de los supuestos considerados como "urgentes" y, en consecuencia, este órgano de control constitucional se encuentra en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. En ese sentido, se toma conocimiento de lo informado por el juzgado oficiante y, en atención a lo solicitado se ordena remitir los autos originales del presente juicio de amparo. Finalmente, se ordena formar cuaderno de antecedentes y se reserva acordar lo conducente respecto del archivo del presente juicio de amparo hasta en tanto se reanuden los plazos y términos. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Por recibidos los oficios signados por la Directora y Subdirectora de Enlace Administrativo, ambas del Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México, a través de los cuales realizan manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la suspensión de plano dictada en el presente juicio. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021, emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes", (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina acordar la promoción de cuenta. Lo anterior, pues como se desprende del análisis de este juicio constitucional, la litis constitucional encuadra en uno de los supuestos considerados como "urgentes" y, en consecuencia, este órgano de control constitucional se encuentra en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Por tanto, se toma conocimiento de las manifestaciones realizadas por las autoridades responsables, y se reserva acordar lo conducente respecto al contenido de los oficios de cuenta, toda vez que en proveído de catorce de enero del año en curso, este Juzgado declaró carecer de competencia por razón de materia para conocer del juicio de amparo en que se actúa, y ordenó remitir el expediente al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno; por tanto, una vez que se conozca si el Juez Federal al que le sea remitida la demanda por razón de turno, acepta o no la competencia, se le enviaran en su caso, los oficios de cuenta para su conocimiento, dejando copia simple del mismo en autos para constancia. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos de la Directora del Centro de Justicia para Mujeres de la Ciudad de México, con sede en Azcapotzalco y otra autoridad, por considerarlos violatorias de los artículos 1°, 4°, 8° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020 y SECNO/1/2021 emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido cinco de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes" , (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina acordar la demanda de cuenta. En ese sentido, dada la naturaleza del acto reclamado, se considera que encuadra en el supuesto considerado como "urgente"; en consecuencia, este órgano de control constitucional se encuentra en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. REGISTRO. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo indirecto físico y electrónico, así como registrarlo en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 49/2021-II. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierten los siguientes hechos: La quejosa Lesly Michel Ramos Ramírez labora en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con el cargo de Administrativo "G", adscrita al Centro de Justicia para Mujeres con sede en Tlalpan y comisionada al Centro de Justicia para Mujeres con sede en Azcapotzalco, cuyas funciones son brindar asesoría y otorgar canalizaciones. Reclama la negativa a dar cumplimiento a la implementación de medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), para el sector público de la Ciudad de México. INCOMPETENCIA El análisis de la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público y se puede realizar en cualquier momento. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 1/2009, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas". En ese orden, este Juzgado Federal procede a verificar si tiene competencia para conocer el presente asunto. En primer término, es pertinente señalar que, para definir la competencia de los órganos jurisdiccionales, debe atenderse a los criterios siguientes: a) La materia, que se establece en atención a las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo del litigio, y que se clasifica de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. b) El territorio, es el ámbito espacial dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. c) El grado, que se refiere a la posibilidad de que un juzgador de mayor jerarquía revise la decisión sobre una controversia, con el fin de que determine fue dictada con apego o no a derecho. Los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada. De acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar la distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. Los artículos 52 y 55 de la ley mencionada detallan la competencia de los Juzgados de Distrito respecto a las materias administrativa y de trabajo. Los artículos mencionados son del tenor siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Como se aprecia, la competencia para conocer de un juicio de amparo se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia del Trabajo, entre otros supuestos, cuando se promueva en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial. Cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 83/98, determinó que para fijar la competencia por materia se debe atender a la naturaleza de la acción ejercida, sin analizar la relación jurídica existente entre las partes en litigio, en tanto que dicho tema pertenece al estudio de fondo del asunto. En el mismo sentido, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS", en la que concluyó que, para determinar la competencia por materia de los asuntos sometidos a los Jueces de Distrito, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, ya que éste es el elemento que define la acción constitucional, sin que ello implique analizar los argumentos alegados. Definido el marco jurídico, corresponde analizar la naturaleza del acto reclamado en el presente sumario constitucional, en el que se advierte que la quejosa reclama esencialmente, lo siguiente: La omisión por parte de las autoridades responsables de dar cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como lo es el no permitir el resguardo domiciliario mediante el trabajo en casa, al encontrarse en etapa de lactancia con un menor de siete meses de edad, con el objeto de proteger su salud y la de su menor hijo, ante la epidemia por SARS-COV2 (COVID-19). Lo anterior, ya que manifiesta que el siete de enero del año en curso, al acudir a su centro de trabajo le fue informado que no era posible la asignación de trabajo en casa, al no encontrarse en el supuesto de grupo vulnerable ni de alto riesgo, negándole la recepción de la solicitud de resguardo domiciliario. Ahora, del contexto fáctico del asunto, deriva que el treinta de enero de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente, el once de marzo siguiente, declaró la existencia de una pandemia. En esas circunstancias, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el "Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México las medidas preventivas en materia de salud a implementarse con motivo del virus SARS-CoV2", en el que estableció lo siguiente: Diversos mecanismos para que las trabajadoras y los trabajadores que presentaran síntomas de contagio, así como los que tuvieran a su cargo el cuidado de sus hijos, pudieran justificar sus inasistencias; igualmente, que aquéllos ubicados en grupos vulnerables y que laboraran en las instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, de salud, gestión integral de riesgos y protección civil, así como bomberos, debían solicitar la autorización de la instancia administrativa correspondiente. ( Se solicitó a los titulares de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, no ejercer amonestación o represalia en materia laboral, incluido cualquier descuento por ausencia, en contra de los servidores públicos, sin importar su esquema de contratación. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19)", de dicho instrumento normativo se advierte: ( La instrucción a los sectores público, privado y social, a evitar la asistencia a centros de trabajo de los adultos mayores de sesenta y cinco años, así como de las personas ubicadas en los grupos de riesgo, quienes conservarían derecho a recibir salario y demás prestaciones. ( Las medidas adoptadas se llevarían a cabo con respeto a los derechos laborales, además de que los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo correspondientes, continuarían normando las relaciones laborales, conforme a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Finalmente, el treinta de marzo de dos mil vente, el Consejo General de Salubridad, declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que llevó a la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, continuando únicamente en funcionamiento las actividades necesarias para atender la emergencia sanitaria, las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la actividad legislativa, así como los sectores fundamentales de la economía, entre otras. En ese orden, si bien los acuerdos mencionados fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de sus facultades en materia de salud pública, lo cierto es que tienen un impacto en la materia de trabajo, ya que el Estado implementó medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, instruyendo a los empleadores para evitar la asistencia a los centros de trabajo y, ordenando la suspensión total de actividades no esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria, todo ello con respeto a los derechos laborales. De ahí que, las medidas adoptadas para contener los contagios en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Conviene señalar que el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, establece que la salud enfermedades, así como la protección contra elementos físicos y mentales que afecten la salud y estén directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. De esa forma, las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio derivan de una política de salud pública, y su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral, al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las y los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Ahora, es pertinente destacar que los actos reclamados en este asunto, provocan un perjuicio en la salud de la parte quejosa y de su menor hijo que pueden atentar contra su vida, dado que refiere que las autoridades fueron omisas en dar cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). En ese contexto, los actos reclamados están relacionados con las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos de salud originados por el virus SARSCoV2, por lo que tienen una naturaleza laboral, ya que su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por ello, se estima que los actos impugnados son de naturaleza laboral y los tribunales de amparo en esa materia son los competentes para conocer del asunto, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, sin importar el origen del acto reclamado; es decir si deriva del cumplimiento a un acuerdo emitido por autoridades administrativas. El criterio competencial que sostiene este Juzgado federal encuentra sustento además de lo expuesto, en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020, que se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; así como en la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento" Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48, de la Ley de Amparo y 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, por lo que ordena remitir este expediente, al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, al que se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. Fórmese cuaderno de antecedentes, con la certificación secretarial respectiva relativa a que las constancias que integran el presente sumario constitucional se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico. En otro aspecto, dada la naturaleza del acto reclamado, procede realizar el siguiente pronunciamiento: SUSPENSIÓN DE PLANO. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión para que se le otorgue el beneficio laboral consistente en el resguardo domiciliario por encontrarse en situación de vulnerabilidad ante la presencia en el territorio nacional del virus SARS-Cov2 (COVID-19), permitiéndole no presentarse a laborar, sin que ello implique un descuento por ausencia, garantizándose el sueldo y demás prestaciones extraordinarias. Al respecto, el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". En ese orden de ideas, resulta relevante mencionar que el pasado once de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia; por lo que ante dicho panorama, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyo artículo segundo, inciso a), estableció la obligación de todos los sectores de evitar la asistencia a los centros de trabajo, entre otros grupos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 año; tal como se advierte de la siguiente transcripción: "ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; (.)." Por tanto, este juzgado concluye que la negativa de las autoridades señaladas como responsables de no permitir a la quejosa *****, ausentarse de sus actividades laborales podría implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud y de protección de la familia, ante la situación actual de la pandemia. Se estima lo anterior, ya que además de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló, la quejosa exhibió con la demanda, copia simple del acta de nacimiento con folio ******, a nombre de ***** , con la que acredita que es madre de dicho menor de siete meses de edad, quien se encuentra en etapa de lactancia y requiere de sus cuidados. Asimismo, con las copias simples del comprobante de liquidación de pago, documento múltiple de incidencias y la credencial laboral, acredita indiciariamente que labora en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con el cargo de Administrativo "G" de dicha Procuraduría, adscrita al Centro de Justicia para Mujeres con sede en Tlalpan y comisionada al Centro de Justicia para Mujeres con sede en Azcapotzalco. En ese sentido, se evidencia que la parte quejosa es destinataria del beneficio jurídico que el acto reclamado le niega, además, que el acto reclamado pone en riesgo su salud y seguridad, así como la de su menor hijo; por lo que, de no otorgar la medida suspensional se le podría causar daños de difícil o, incluso, imposible reparación. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud y seguridad de la parte quejosa y su menor hijo, se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables permitan a la quejosa realizar resguardo domiciliario; es decir, no asistir a su centro de trabajo sin responsabilidad jurídica alguna y se les sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se les cubren con motivo de su nombramiento, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General o las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19; dejando al prudente arbitrio de las autoridades se le asignen actividades inherentes a su cargo y que pueda llevar a cabo en su hogar, mediante el trabajo a distancia. Ello implica que las autoridades responsables deben instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE".. Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS siguientes a aquél en que queden debidamente notificadas de esta determinación, INFORMEN A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL SOBRE LA FORMA EN LA QUE HAN DADO CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO OTORGADA. Apercibidas, que en caso de ser omisa en desahogar el requerimiento que se les formula o no manifestar el impedimento legal que para ello tenga, se procederá en términos del artículo 262, fracción III, de la legislación citada respecto del delito ahí previsto. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en autos. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico que precisa como medio de comunicación no oficial para casos excepcionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. A fin de que se proceda a realizar las notificaciones en el domicilio señalado, con fundamento en lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilita al actuario adscrito a este Juzgado Federal, para practicar las diligencias que se encomienden, en horas y días inhábiles. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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