Leslie Yamilet Sánchez Gutiérrez

Expediente 847/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
847/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
03/01/2023

Partes del expediente

  • Leslie Yamilet Sánchez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; tres de enero de dos mil veintitrés. Visto; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de ocho de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirán.

  2. Principal

    En la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 847/2022-V, promovido por *****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, secretario que da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente: Demanda de amparo (fojas 3 a 6); auto admisorio de ocho de septiembre de dos mil veintidós (fojas 8 a 11); informe justificado rendido por la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad (fojas 20 a 21); proveído de diez de octubre del año actual, en el que se tuvo por rendido y con su contenido se dio vista a las partes, así también se difirió la audiencia constitucional (foja 25); constancia de emplazamiento del tercero interesado Santiago Javier Salas Salas (fojas 28 a 29); auto de siete de noviembre de este año, en el cual se requirió a la autoridad responsable diversas constancias relacionadas con el acto reclamado (foja 30); auto de nueve de noviembre pasado, en el que se difirió la audiencia constitucional (foja 36); proveído de quince de noviembre del año en curso, en el cual se tuvieron por recibidas las documentales solicitadas y con su contenido, se dio vista a las partes (foja 52) y constancias de notificación a las partes. Acto seguido, la Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva este sumario. Abierto el periodo de pruebas: La secretaria da cuenta a la Jueza con las documentales exhibidas por las autoridades responsables. Acto seguido, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza dichas probanzas. Abierto el periodo de alegatos: La secretaria hace constar que las partes no los formularon. Acto seguido, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos con posterioridad. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes que desahogar, promociones por acordar, alegatos que reproducir ni diligencia pendiente por verificar, se levanta la presente acta procediéndose a emitir la resolución correspondiente. VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 847/2022-V, promovido por Leslie Yamilet Sánchez Gutiérrez, por derecho propio, en contra de actos de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad; y, PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, y remitido el ocho de septiembre siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito, Leslie Yamilet Sánchez Gutiérrez, por derecho propio solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se precisa a continuación: "3.- AUTORIDAD RESPONSABLE: EL JUZGADO TERCERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TABARES quien tiene su domicilio en avenida Gran Vía Tropical sin número, interior planta baja del Palacio de Justicia "ALBERTO VAZQUEZ DEL MERCADO" Fraccionamiento las Playas, en esta ciudad y Puerto de Acapulco. 4.- ACTO RECLAMADO: Señalo como acto reclamado atribuible a la Autoridad señalada como Responsable: A).- LA OMISIÓN DE TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR EL PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL DEL 50% DEL SUELDO Y DEMÁS PRESTACIONES A FAVOR DE LA QUEJOSA EN EL EXPEDIENTE 760/2017-3 relativo al juicio especial de alimentos. B).- LA OMISIÓN DE ENTREGAR LOS OFICIOS a las siguientes dependencias para que rindan los informes solicitados explicando la razón o motivo por el cual el tercero interesado dejó de pagar la pensión fijada por la autoridad responsable. a) COMISARIO JEFE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA GUARDIA NACIONAL O AL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA GUARDIA NACIONAL. b) INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERAS (SIC) ARMADAS MEXICANAS (ISSFAM) c) INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) d) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)." SEGUNDO. Tramitación del juicio. En proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 847/2022- V; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado el expediente, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.2 TERCERO. Precisión de acto Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 2SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En ese sentido, del análisis integral a la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa reclama la omisión de girar oficios al Comisario Jefe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Guardia Nacional, o al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Guardia Nacional; al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; al Director General del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para indagar sobre la suspensión del pago de la pensión alimenticia ordenada en el expediente 760/2017-3, relativo al juicio especial de alimentos promovido por Leslie Yamilet Sánchez Gutiérrez, por propio derecho y en representación de sus hijos de identidad reservada Y.J.S.S Y J.E.S.S., contra Santiago Javier Salas Salas. CUARTO. Oportunidad en la demanda. Atento a la naturaleza omisa del acto reclamado, la presentación de la demanda no está sujeta a término alguno de los previstos en la Ley de Amparo, por lo que puede promoverse en cualquier tiempo. QUINTO. Existencia del acto reclamado. La técnica expositiva de las sentencias en el juicio de amparo, impone como presupuesto de orden lógico, la verificación previa de la existencia del acto reclamado; lo anterior, pues dependiendo de ello se adoptará la postura del fallo; es decir, si el acto reclamado es inexistente, la sentencia debe finalizar con ese pronunciamiento. Por el contrario, si éste existe, entonces podrá procederse al análisis de las causales de improcedencia en su contra, o bien el estudio de fondo del asunto. En su parte conducente, resulta ilustrativa la jurisprudencia XVII.2º. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al rendir su informe justificado, la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, negó el acto reclamado; sin embargo, vierten diversas manifestaciones que evidencian su existencia, dado que reconocen que mediante autos de treinta de junio y diez de agosto de dos mil veintidós, ordeno girar diversos oficios, para el efecto de que le informaran el motivo por el cual dejaron de pagar la pensión alimenticia que se le descontaba al demandado Santiago Javier Salas Salas, consistente en el 50% de su sueldo, prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe, asimismo el requerimiento para que siga pagando dicha pensión alimenticia ordenada, y finalmente si en sus sistemas aparece, cual es la dependencia o instituto que lo tiene registrado como empleado o servidor público, la fecha de alta, categoría, sueldo y domicilio de su fuente de empleo. Por tanto, se tiene por cierto los actos que se les atribuye. Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 211004, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que además se corrobora con las copias certificadas del expediente 760/2017-3, relativo al juicio especial de alimentos promovido por Leslie Yamilet Sánchez Gutiérrez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Yamilet de Jesús y Javier Emir, ambos de apellidos Salas Sánchez, contra Santiago Javier Salas Salas, mismas que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe, con las cuales se formó un tomo de pruebas; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los numerales 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Apéndice, Tomo VI, página 153)." SEXTO. Causal de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, segunda parte, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese tenor, de manera oficiosa, se observa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en las omisiones de la autoridad responsable en el expediente 760/2017- 3, relativo al juicio especial de alimentos promovido por Leslie Yamilet Sánchez Gutiérrez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Yamilet de Jesús y Javier Emir, ambos de apellidos Salas Sánchez, contra Santiago Javier Salas Salas, que se hicieron consistir en: c) Girar el oficio ordenado en auto de treinta de junio de dos mil veintidós, al Comisario Jefe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Guardia Nacional, o al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Guardia Nacional. d) Girar los oficios ordenados en auto de diez de agosto de dos mil veintidós, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; al Director General del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para el efecto de que manifiesten si en su sistema aparece el nombre del tercero interesado, si lo tienen registrado como empleado o servidor público, la fecha de alta, categoría, sueldo y domicilio, y remitan las constancias que lo acrediten. El citado precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Texto conforme al que, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho establezca. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se demuestra cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", visible en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", visible en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Conforme a lo antes transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que como quedó precisado, el promovente del amparo reclama en esta instancia constitucional las omisiones de la autoridad responsable en el expediente 760/2017-3, relativo al juicio especial de alimentos promovido por Leslie Yamilet Sánchez Gutiérrez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Yamilet de Jesús y Javier Emir, ambos de apellidos Salas Sánchez, contra Santiago Javier Salas Salas, que se hicieron consistir en: c) Girar el oficio ordenado en auto de treinta de junio de dos mil veintidós, al Comisario Jefe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Guardia Nacional, o al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Guardia Nacional. d) Girar los oficios ordenados en auto de diez de agosto de dos mil veintidós, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; al Director General del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para el efecto de que manifiesten si en su sistema aparece el nombre del tercero interesado, si lo tienen registrado como empleado o servidor público, la fecha de alta, categoría, sueldo y domicilio, y remitan las constancias que lo acrediten. Sin embargo, con posterioridad a la presentación de la demanda, esto es, el cuatro de octubre del año que transcurre, giró los oficios correspondientes a las autoridades Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ambas con residencia en esta ciudad, así como al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y al Comisario Jefe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Guardia Nacional y/o Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Guardia Nacional, ambos con sede en la Ciudad de México, de los que se duele la impetrante en la presente instancia constitucional; por tanto, es evidente que dejó de existir el agravio que le fue causado a dicha parte procesal, toda vez que dicha omisiones en que ha incurrido la autoridad responsable, al no haber girado las citadas comunicaciones en el expediente 760/2017-3, relativo al juicio especial de alimentos, y que dio origen a este juicio dejó de causarle perjuicio, en virtud de que la autoridad responsable la restituyó en el goce del derecho fundamental que estima violado, máxime que de los citados oficios cuentan con sello de recibido de siete de octubre pasado, así también las facturas de envío del Servicio Postal Mexicano. Lo que se corrobora con las constancias exhibidas por la oficiante, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. Ahora bien, la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, en virtud que al haberse girados los oficios ordenados en autos de treinta de junio y diez de agosto de dos mil veintidós, a las autoridades requeridas Comisario Jefe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Guardia Nacional, o al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Guardia Nacional; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Director General del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México y al Instituto Mexicano del Seguro Social, imposibilita el examen constitucional del acto reclamado, precisamente porque éste ya no invade la esfera jurídica de la quejosa. De ahí que, sin duda se demuestra la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la invocada ley, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar el concepto de violación formulado, al no ser factible en ese tenor, el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Enero de 1992, página ciento quince. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ******, en contra del acto reclamado a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de los acuses de recibo de los oficios enviados a las dependencia que la quejosa solicitó, ordenados en autos de treinta de junio y diez de agosto del año en curso; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES" (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Agosto de 1995, Tomo II, página 594). Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que el siete de noviembre del año en curso, se requirió a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, remita los acuses de recibo de los oficios girados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores e Instituto Mexicano del Seguro Social. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.

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