Leslie Monserrat Campuzano Garcia
Expediente 1859/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1859/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/01/2023
Partes del expediente
- Leslie Monserrat Campuzano Garcia
- Ma. de Jesús García Aguilar
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por los quejosos, a través del cual solicitan la devolución de los documentos que adjuntaron a su escrito de demanda y designan autorizados para tal efecto: atento a ello, dígase a los promoventes que se estén a lo acordado en el proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo. Finalmente, quedan a disposición de la parte quejosa las constancias que adjuntó en su escrito inicial de demanda, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos personalmente o bien sus autorizados en términos amplios, dentro del término de noventa días, con apercibimiento de que de no hacerlo serán destruidos. ***
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve ********************, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del ********************, en representación de dicho núcleo ejidal; personalidad que acreditan en términos del primer testimonio de la escritura 70, 766 (setenta mil setecientos sesenta y seis mil), pasado ante la fe del Notario Público Cinco del Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1859/2022-III-C. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es pertinente destacar que, en la especie, los actos reclamados a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Número Nueve, con sede en Toluca, Estado de México, consisten esencialmente en: La omisión de no haber decretado la caducidad y ordenar el archivo del expediente 694/2018, del índice del Tribunal responsable. El acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario 694/2018, por el que se admitió a trámite la demanda agraria promovida en contra del ejido de San José Potrerillos, municipio de Valle de Bravo, Estado de México. Atento a lo anterior, en la especie se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que los actos de molestia no afectan derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, a favor de la quejosa, como se expondrá a continuación. Los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De acuerdo a lo establecido en los numerales trascritos, es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y tratados internaciones tales como la libertad, vida, propiedad, entre otros; para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es preciso señalar que los denominados derechos adjetivos o procesales sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Bajo esa premisa, el juicio constitucional intentado resulta improcedente en la especie, en virtud de que los actos reclamados, no constituyen un acto que tenga una ejecución de imposible reparación; esto así, porque en todo caso, únicamente afectan derechos procesales de la parte quejosa. Lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio biinstancial resulta improcedente contra actos en juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como en el caso acontece, toda vez que los actos reclamados, no son de aquellos que lleven en sí una ejecución de imposible reparación, ya que no causa algún daño jurídico que no sea reparable, sino que solamente repercuten en el procedimiento de origen, y puede ser reparados con la sentencia que ponga fin al juicio de origen si es acorde a los intereses de la quejosa; de ahí que, los actos reclamados no pueden considerarse de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese tenor, es dable sostener que los actos reclamados no afectan materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no generan efectos materiales sobre ella, sean de carácter real o personal, sino sólo la posibilidad de que pueda ocurrir al dictarse la sentencia definitiva o auto y/o resolución que ponga fin al juicio, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a sus intereses; por tanto, como se dijo, los actos combatidos son de carácter formal o intraprocesal, por lo que son susceptibles de extinguirse en la realidad de los hechos sin originar alguna afectación a los derechos sustantivos de la peticionante del amparo y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Máxime que en el juicio de origen a la fecha en que se emite el presente auto, no se ha dictado sentencia que ponga fin a ese procedimiento; de ahí que si al momento en que esta se dicte, resulta favorable a los intereses de la parte quejosa, ningún perjuicio le causa a esta última, ya que los efectos de los actos reclamados habrán desaparecido, lo que conlleva a establecer que no son de imposible reparación y, por ende, el juicio biinstancial se torna improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica la tesis 2a. L/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, Mayo de 2014, página 1095, cuyo rubro y contenido son: "DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." En tal virtud, los actos combatidos, no constituyen actos de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tiene la naturaleza de un acto procesal, ya que, se insiste, la omisión de decretar la caducidad del juicio agrario 694/2018, así como el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que admitió a trámite la demanda que originó el juicio de mérito, tiene consecuencias procesales únicamente; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, puesto que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, sino que sus efectos son meramente formales. En esas circunstancias, se advierte que el acto reclamado tiene sólo como consecuencia la admisión de la demanda promovida por la contra parte del ejido quejoso, lo que evidencia -como se mencionó con anterioridad- carece de ejecución irreparable, ello así, ya que una vez completada la secuela procesal el ejido amparista se puede beneficiar de la resolución que se emita, o bien, en caso contrario, podrá impugnarla a través del juicio de amparo en la vía directa, pero solo hasta ese momento procesal. Ello, tomando en consideración que la finalidad del juicio de amparo es, como quedó apuntado, la de tutelar y salvaguardar los derechos públicos subjetivos de los gobernados contenidos en Constitución de la República, dado que no puede constituirse como un mecanismo de defensa utilizado tan ampliamente que con él se pretenda suplir el ejercicio de medios jurídico-procesales que existen en la ley aplicable. Por lo que, para la procedencia del amparo, debe cumplirse con todos los presupuestos establecidos en la referida ley, así como los de la Ley de Amparo, puesto que no puede desconocerse la estructura normativa del Estado mexicano, ni la naturaleza misma del juicio de garantías. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del ********************, en representación de dicho núcleo ejidal, en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, es decir, las listas que se publican en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. USUARIO ELECTRÓNICO Por otro lado, respecto al usuario "LilianaNC"; se le tiene por autorizado para la consulta del expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que quedará bajo su más estricta responsabilidad dicha consulta. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. CONSULTA EXPEDIENTE Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal . EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.
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