Leslie Marlene Zapata Martínez

Expediente 585/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
585/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Leslie Marlene Zapata Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el diecisiete de mayo de la presente anualidad, emitida por este juzgado de distrito; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días, para hacerlo; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria, archívese el presente expediente como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto ***, promovido por ***; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, *** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] Autoridad o Autoridades Responsables: "1.- Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, [.]; 2.- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, [.]; 3.- C. Secretario General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, [.]; 4.- Juez 1° de Primera Instancia de lo Familiar con residencia en Nuevo Laredo." Acto Reclamado Del Congreso del Estado de Tamaulipas, se reclama la aprobación de las reformas de los artículos 288 del Código Civil y del artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, contenidas en el Decreto Número 1011 de 14 de diciembre de 2009, publicado en el periódico oficial del Estado número 52 del 4 de mayo del año 2010. Del Gobernador Constitucional del Estado del Estado de Tamaulipas, se reclama la aprobación, promulgación y publicaciones de los artículos 288 del Código Civil y 443 del Código de Procedimientos Civiles; Del Secretario General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, se reclama el refrendo, la orden y autorización correspondiente en la expedición, publicación y entrada en vigor de los artículos 288 del Código Civil y del Artículo 443 del código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, contenidas en el Decreto Número 1011 del 14 de diciembre del año 2009, publicado en el periódico oficial del Estado número 52 del 4 de mayo del año 2010. De la Juez 1° de Primera Instancia de lo Familiar reclamo el auto de fecha 3 de Octubre del 2022, así como la aplicaciones del artículo 288 del Código civil para el Estado de Tamaulipas; así como el diverso 443 del Código de Procedimientos Civiles para Tamaulipas." SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, se registró con el número ***, se admitió a trámite la demanda, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, en virtud de que las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad, lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda de amparo, se concluye que la quejosa *** reclama lo siguiente: a).- Del Congreso, Gobernador y Secretario General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, la aprobación, promulgación, refrendo y publicación, de las reformas a los artículos 288 del Código Civil, y 443 del Código de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado de Tamaulipas, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós dictado en el juicio de divorcio incausado ***. b).- Del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, el auto de tres de octubre de dos mil veintidós, en donde se resuelve las providencias precautorias de alimentos provisionales en contra de la quejosa, dentro del juicio de divorcio incausado ***. Apoya a lo anterior, la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto precisan lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados del Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario General de Gobierno. Lo anterior, toda vez que actos de naturaleza legislativa, como los reclamados, no están sujetos a prueba, pues su existencia constituye un hecho público y notorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LEYES. NO SON?OBJETO?DE?PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Así como la diversa, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO (PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL). Es hecho notorio el acontecimiento conocido por todos, es decir, que es el dominio público y que nadie pone en duda. Así, debe entenderse por hecho notorio, también, a aquél de que el tribunal tiene conocimientos por su propia actividad. Precisamente éste es el caso de la publicación en el Diario Oficial de la Federación que presuntamente debe ser conocido de todos, particularmente de los tribunales a quiénes se encomienda la aplicación del derecho. Por otra parte, la notoriedad no depende de que todos los habitantes de una colectividad conozcan con plena certeza y exactitud de un hecho, sino de la normalidad de tal conocimiento en un círculo determinado, supuesto que también se surte en los juicios que se examinan." Igualmente es cierto el acto reclamado del Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, porque así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 82); lo que se corrobora con las documentales consistentes en la copia certificada del expediente ***, que como sustento remitió a su informe, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser ello cuestión de orden público. Estudio del acto reclamado con motivo del primer acto de aplicación de la norma. En relación con el acto que la quejosa hace consistir en el auto de tres de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar ***, acto de aplicación de los artículos 288 del Código Civil, y 443 del Código de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado de Tamaulipas, según la promovente, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Del dispositivo reproducido se advierte que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, con las salvedades que el mismo precepto legal dispone cuando: a) sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) se trate de persona extraña al procedimiento. Esto es, el numeral en comento prevé uno de los principios rectores del juicio de derechos fundamentales, que es el de definitividad, mismo que versa en el sentido de que antes de acudir a la vía constitucionalidad es necesario que contra el acto reclamado se haga valer el recurso o medio de defensa ordinario establecido en la ley que lo regula, a fin de obtener la modificación o su revocación, teniendo como excepciones al referido principio las señaladas en el párrafo anterior. Derivado de lo anterior, se observa, en principio, que a la quejosa no le asiste el carácter de tercero extraña al juicio de divorcio incausado ***, pues es la promovente y parte actora de dicho asunto. Ahora bien, el artículo 438 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 438.- El deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo antes de la sentencia, para cuyo efecto se le notificará aquélla, en caso de no haberse ejecutado con persona o con su representante legítimo. La reclamación deberá fundarse en que la medida fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la ley. Igualmente, puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro." El reproducido numeral prevé un medio de defensa contra la providencia de alimentos provisionales: la reclamación. Dicho medio de defensa ordinario se encuentra instituido a efecto de combatir alguna irregularidad, tanto en la necesidad de la medida o porque la misma no se ajuste a lo expresamente establecido en la ley. De ahí que si en el caso la quejosa se duele de la medida precautoria de alimentos provisionales decretada como acto dentro de juicio en el auto de tres de octubre de dos mil veintidós en el procedimiento de origen, porque a su parecer debió fundarse y motivarse en modo distinto, es evidente que antes de acudir al juicio constitucional debió agotar la referida reclamación, pues ésta constituye un medio de defensa que las partes tienen para controvertirla desde que les es notificada y hasta antes del dictado de la sentencia y, al no haberla tramitado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por las razones que informa, es de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Así las cosas, si la ley que rige el acto reclamado contempla un medio de defensa por virtud del cual pudo haber sido modificado, revocado o nulificado dicho acto reclamado, la promovente, previo a la promoción del juicio de amparo, debió haber hecho uso del medio de defensa de que se trata, lo que según constancias de autos no hizo; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 63 fracción V, de dicha legislación. Sobreseimiento que se hace extensivo a los artículos 288 del Código Civil y 443 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ambas legislaciones del Estado de Tamaulipas, en razón de que no puede desvincularse el estudio de las normas del que concierne a su acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la invocan, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Así como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. EL ESTUDIO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN NO ESTÁ SUJETO A LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE LA MATERIA, SINO QUE CONSTITUYE UN ASPECTO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO. Hechos: La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó diversas normas generales en su carácter de heteroaplicativas; sin embargo, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo, al considerar que a la presentación de la demanda el acto de aplicación era inexistente. Inconforme, aquélla interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el estudio del primer acto de aplicación de las leyes heteroaplicativas no está sujeto a la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, sino que constituye un aspecto de procedencia del juicio. Justificación: Lo anterior, porque es técnicamente imposible sustentar una causal de improcedencia en la fracción IV del precepto 63 referido, dado que su examen se realiza a partir de actos probados, no inexistentes. Máxime que cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento, el acto de aplicación deriva precisamente de esas normas generales que, en la mayoría de las veces, se publican en los medios de difusión oficial, cuya existencia no se necesita probar en autos. Entonces, dada la existencia de las normas que se tildan de inconstitucionales, el examen del que se considera el primer acto de aplicación constituye un aspecto de procedencia del juicio de amparo, esto es, se debe verificar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues de acontecer así, se sobreseerá en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; en caso contrario, de ser procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, tendrá que analizarse la constitucionalidad de la norma impugnada determinando lo conducente." Finalmente, debe precisarse que del análisis del acuerdo reclamado no se observa que los artículos 288 del Código Civil, y 443 del Código de Procedimientos Civiles vigentes en el Estado de Tamaulipas hayan sido citados por la autoridad responsable y tampoco que hayan sido aplicados de forma implícita, ya que si bien el juez responsable fijó una pensión de alimentos a cargo de la deudora aquí quejosa por el veinte por ciento de su sueldo y total de percepciones, ello fue por un porcentaje diverso del que aluden las disposiciones impugnadas (de entre un treinta y un cincuenta por ciento). QUINTO. DECISIÓN. En esas condiciones, al actualizarse la causale de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso arábigo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. SEXTO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, procede ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo *** promovido por ***. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hasta hoy diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de José Florentino González González, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Por este medio se notifica al tercero interesado: Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 585/2022 promovido por Leslie Marlene Zapata Martínez. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la quejosa: Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 585/2022 promovido por Leslie Marlene Zapata Martínez. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de lo ordenado en su último considerando. Notifíquese personalmente.

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