Leslie Loreto Novelo Hernández

Expediente 1286/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1286/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Leslie Loreto Novelo Hernández
  • Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA III. Visto lo informado en la cuenta que antecede, de la que se advierte que la audiencia constitucional en este asunto se llevó a cabo el dos de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se encuentra pendiente de dictar la resolución de este juicio de amparo. En ese sentido, se procede abrir el presente expedientillo, en el que se agregará el escrito de Arnoldo Jiménez Lemus, autorizado de la parte quejosa Leslie Loreto Novelo Hernández en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, fue recibido el ocho de los cursantes, vía electrónica en este Juzgado. Ahora, dado que la sentencia se encuentra sujeta a estudio y pendiente de pronunciarse, dígasele a la quejosa que ésta le será notificada de manera personal al momento de su emisión. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA III. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con treinta y tres minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1286/2023-III-B, promovido por ********************contra el acto que reclamó del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. Por tanto, la Secretaria hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con el informe justificado rendido por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el cual ya obra agregado a los presentes autos; asimismo, se hace constar que el tercero interesado en este asunto ******************** no atendió a la prevención que se le hizo en proveído de once de agosto de agosto del año en curso, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Seguidamente, la Jueza, acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos en tiempo y forma el informe justificado rendido por la autoridad responsable, mismos que será tomado en consideración como corresponda. Por otra parte, vista la cuenta que antecede, se advierte que hasta la presente fecha el tercero interesado ******************** no atendió a la prevención que se le hizo en proveído de once de agosto del año en curso, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en los autos de referencia, y por tanto, hágase al aludido tercero interesado, ésta y la subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29, ambos de la Ley de Amparo. Abierto el período de pruebas, se da cuenta, con la de presunciones legales y humanas ofertadas por la parte quejosa con su demanda de amparo, así como con las documentales exhibidas por las responsables con su informe de ley, incluyendo el como el disco versátil digital en formato CD, que contiene la copia electrónica autorizada del audio y video de la audiencia de escucha de la niña de identidad reservada ********************que se llevó a cabo el ********************, en autos del expediente ********************, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado promovido por ********************. Atento a lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas descritas en el párrafo anterior, por su propia y especial naturaleza jurídica, para ser tomadas en consideración como corresponda y sin que sea necesario una audiencia especial de conformidad con la jurisprudencia titulada "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En el período de alegatos, se da cuenta con que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho, por lo que se declara cerrada dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución, firmando digitalmente la presente audiencia, quienes en ella intervinieron. Doy fe. KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR JUEZA TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN. PAMELA MEDINA SANCHEZ. SECRETARIA DE JUZGADO

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, a dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en acuerdo de once de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado MIGUEL ÁNGEL CÁMARA HEREDIA, lo que se hizo en diligencia dieciocho de agosto siguiente. En ese tenor, dado que el aludido tercero fue emplazado a juicio el mismo día en que se puso a la vista de las partes el informe justificado rendido por la responsable Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al cual adjuntó un anexo consistente en un disco en formato DVD contiene la videograbación de la audiencia de escucha de la niña de identidad C.M.C.N.; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a dicho tercero con el informe justificado y anexos, agregados en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Ahora, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nueva fecha y hora para su desahogo las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, se advierte que hasta la presente fecha el tercero interesado MIGUEL ÁNGEL CÁMARA HEREDIA, no atendió a la prevención que se le hizo en proveído de once de agosto del año en curso, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en los autos de referencia, y por tanto, hágase al aludido tercero interesado, ésta y la subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    dieciocho de agosto de dos mil veintitrés AUDIENCIA INCIDENTAL En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con treinta y un minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria da cuenta con el registro de Oficialía de Partes 11724, correspondiente al informe previo de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, mismo que ya obra agregado en autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: agréguese a estos autos el informe previo de la responsable antes mencionada y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido en tiempo y forma el aludido informe para ser tomado en consideración como corresponda. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, celébrese la presente audiencia incidental Abierto el período de pruebas, se hace relación de las documentales que adjuntó la responsable a su informe previo, consistentes en copia certificada del expediente ********************, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado promovido por ********************, así como un disco versátil digital (DVD), que contiene la diligencia de escucha de la niña de iniciales ********************.; en mérito de lo cual, la Jueza acuerda: con apoyo en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las aludidas documentales públicas, para ser tomadas en consideración al resolverse lo conducente a la medida cautelar definitiva solicitada, con lo que se cierra dicha etapa. En el período de alegatos se hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho, por lo que se cierra el mismo. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la Jueza declara cerrada la audiencia y procede a dictar la resolución interlocutoria que sigue: Visto, para resolver en definitiva el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1286/2023-lII-B, promovido por ********************, contra los actos que reclama de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 14, y 16 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de once de agosto de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de amparo 1286/2023-lll-B, se dio trámite por cuerda separada al presente incidente de suspensión y se pidió a la autoridad responsable su informe previo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo este día, en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Jueza es legalmente competente, para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 130, de la Ley de Amparo, así como el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre los cuales se encuentran un informe previo de la autoridad responsable, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que la quejosa reclama: La resolución de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, dictado por la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual, la autoridad responsable suspende a la quejosa, de manera provisional, la guarda y custodia de su hija menor de edad, de identidad reservada ********************., así como la suspensión del régimen de convivencia con esta última. TERCERO. Existencia del acto reclamado. En su informe previo, la autoridad responsable Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, afirmó la existencia del acto que se le reclama, adjuntando a su correspondiente informe copia certificada del expediente ********************, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado promovido por ********************, así como un disco versátil digital (DVD), que contiene la diligencia de escucha de la niña de iniciales ********************. CUARTO.- NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. No obstante la certeza del acto reclamado a la responsable, en relación con la medida suspensional definitiva solicitada, SE NIEGA ésta, por tratarse de actos consumados, habida cuenta que actuar en forma contraria, por la naturaleza de los mismos, equivaldría a darles efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia de amparo que se dictará en el expediente principal del que deriva el presente incidente de suspensión. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia II.3o. J/37, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Materia Común, que a la letra dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo" Ahora bien, respecto de los efectos y consecuencias del referido acto reclamado, cabe hacer las siguientes acotaciones: Los requisitos de procedencia de la suspensión son aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión, las cuales están descritas en el artículo 128 de la Ley de Amparo y consisten en las siguientes: a. Que la solicite el quejoso; y, b. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En el artículo 129 de la citada Ley de Amparo se enumeran los supuestos ejemplificativos de los casos en que se generan perjuicios al interés social, o bien, se contravienen disposiciones de orden público, entre ellos, destaca por estar relacionado en el presente asunto una menor, lo previsto en la fracción VIII, que a la letra dice: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: "... "VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico." Y de conformidad con el párrafo final del numeral mencionado: "El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Acorde a lo expuesto, para conceder o negar la suspensión del acto reclamado, habrá de apreciarse de forma integral tanto la naturaleza de éste, como los elementos y factores que hayan intervenido en el entorno en que se emitió; de manera que si el quejoso solicitó la suspensión, ésta deba ser otorgada, a fin de preservar la materia del amparo, siempre que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, lo anterior determinado, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, mediante el análisis ponderado que realice el órgano jurisdiccional de amparo, de la apariencia del buen derecho y del interés social; y en los casos en que los efectos del acto reclamado trasciendan a la situación de menores de edad, atendiendo también a que se sigue perjuicio al interés social cuando, de concederse la suspensión, se afecten intereses de los menores. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. Constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establezca la propia Constitución. Asimismo, conforme a lo señalado en la parte conducente del artículo 4o. constitucional: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Esto es, el Estado, a través de sus instituciones, entre ellas, las de administración de justicia, debe velar porque se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, mediante la realización de los actos que en el ámbito de su competencia garanticen, en forma plena, los derechos del menor; esos derechos son los que aseguren su desarrollo integral, tales como alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Al efecto, una forma de lograr un desarrollo integral y sano del menor es mediante el respeto de su derecho a no ser separado de sus padres, y cuando esta separación sea necesaria, mediante la adopción de las medidas y decisiones que le garanticen la permanencia en el apego al vínculo familiar, siempre ponderando el interés superior de éste y salvo los casos en que lo anterior sea perjudicial para el menor. El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala: "Artículo 9 1. Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas." En congruencia a esas disposiciones, el órgano jurisdiccional de amparo, al resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, habrá de tomar en cuenta las manifestaciones que hayan formulado las partes, especialmente la parte quejosa (y la tercero interesada, en su caso), así como considerar el acto en forma valorada-concreta, con la apreciación de los medios de prueba que, en su caso, se hubiesen rendido, para de esa forma advertir, de haberla, la existencia de algún riesgo para el menor de edad y, en consecuencia, resolver en justo balance con las disposiciones y criterios aplicables, priorizando la decisión que salvaguarde el interés superior del menor. Bajo esa óptica, se debe tomar en cuenta que el acto reclamado como ya se indicó consiste en el acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************, del índice de la responsable, en el cual, se suspende a la aquí quejosa, provisionalmente de la guarda y custodia de la su hija menor, de identidad reservada, así como el régimen de convivencia con la misma. Así como, lo manifestado por la parte quejosa en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, en el sentido que: a) Desde mediados de junio del año en curso, la menor de edad habita con su progenitor (tercero interesado en este asunto); b). En vista de lo anterior, el treinta de junio de dos mil veintitrés, solicitó la restitución de la guarda y custodia de la menor; y c) el trece de julio de dos mil veintitrés, la menor de edad de identidad reservada ********************., fue escuchada de manera reservada por la autoridad responsable, previamente escuchada de un psicólogo. En ese tenor, es inconcuso que para el otorgamiento de la cautelar solicitada se deba ponderar la existencia de la medida adoptada por un Juez de Oralidad Familiar, misma que tiene la presunción de legalidad y de que fue emitida con base al interés superior del menor, de conformidad con el numeral 334 del Código de Familia del Estado de Yucatán, hasta en tanto no se demuestre lo contrario; y que no está evidenciado en autos, al menos de manera presuntiva, que de ejecutarse el acto se actualizará un riesgo real en relación con su bienestar y desarrollo. Luego, la suspensión de las consecuencias del acto reclamado, deben negarse; pues de esa manera no se entorpece el cumplimiento de la determinación judicial recurrida, la cual se presume de legal, por cuanto fue emitido por una autoridad de orden familiar competente para ello, quien antes de emitir su determinación, escuchó a la menor, lo que permite inferir que al emitir su acuerdo, atendió al interés superior de la menor consignado en el mismo, todo con la finalidad de procurar el beneficio de la estabilidad que genera el hecho de encontrarse definida judicialmente su situación. Además, que de lo relatado por la propia quejosa puede advertirse que la menor cohabita con su progenitor (tercero interesado en este asunto), desde hace aproximadamente más de un mes, y no con la quejosa; quien no aportó al incidente de suspensión, datos objetivos que revelen, aunque sea de manera indiciaria, que realmente existe algún riesgo para su hija en caso de ejecutarse el acto reclamado. Efectivamente, corresponde negar la suspensión de esa ejecución con base en el mayor beneficio para el interés superior de la menor, pues la determinación judicial reclamada tiene la presunción de legalidad y de haberse emitido en aras del interés superior del infante; sin que por el momento, este juzgador cuente con mayores datos que le permitan advertir lo contrario. Esto es así, pues de la revisión del acto reclamado se advierte que la Jueza responsable, emitió su determinación de trece de julio del año en curso, en la que consideró que derivado de la audiencia de escucha de la menor, estimó que podía advertir la existencia de posibles conductas ejercidas por la madre de la niña y ahora quejosa ********************, que pudieran suponer un riesgo en la integridad física y emocional de la menor de edad. Máxime que la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados no dependen de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino ésta de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Sin que tal negativa de la medida cautelar en modo alguno implique prejuzgar sobre el fondo del asunto, porque ese estudio corresponde hacerlo en el cuaderno principal. Apoyan lo anterior por analogía, las tesis siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE NEGARLA CONTRA LA ORDEN DIRIGIDA AL PROGENITOR QUE RETUVO AL MENOR DE EDAD, PARA QUE LO RESTITUYA AL QUE LEGALMENTE TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA, SALVO QUE EXISTAN INDICIOS DE QUE ESTÉ EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL MENOR. "GUARDA Y CUSTODIA. CONTRA LA MEDIDA PRECAUTORIA DICTADA EN EL JUICIO CONSISTENTE EN LA ENTREGA DE UN MENOR LACTANTE A SU MADRE, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES, SALVO QUE CONCURRAN CONDICIONES ESPECIALES Y QUE DE NO CONCEDERSE SE PERJUDIQUE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA MEDIDA PROVISIONAL QUE ORDENA AL PADRE ENTREGAR AL MENOR PARA SU GUARDA Y CUSTODIA A SU CÓNYUGE. Por tanto, se niega la suspensión definitiva respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado. Ahora, no se soslaya lo argumentado por la quejosa, que en el presente asunto, atendiendo a su naturaleza, la medida cautelar se deben otorgar con efectos restitutorios; atento a los motivos arriba indicados ésta no se estima procedente, así como a lo considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el registro digital: 2026730, sustentado por la Segunda Sala., correspondiente a la Undécima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, página 4497, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL." En ese criterio jurisprudencial, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. Así, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. En ese tenor, explica que la suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. Además, precisa que la excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo. En ese contexto es evidente que excepción para la restitución provisional de los derechos de la quejosa, al caso, no puede configurarse, pues, la restitución de sus derechos, implica restarle a la menor de identidad reservada, tiempo de convivencia con el progenitor a quien se otorgó su guarda y custodia, el cual no le puede ser restituido, en caso de que se niegue el amparo a la peticionaria del amparo. De ahí que se niegue la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA a ********************, la suspensión definitiva del acto reclamado a la responsable Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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