Leslie Johana Arias Machado
Expediente 210/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2022
Partes del expediente
- Leslie Johana Arias Machado
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa y atento a su contenido, de acuerdo a lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará ante todo, el escrito de cuenta, así como la demanda y sus anexos como un todo, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, este órgano jurisdiccional procede a determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo solo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, una vez analizado el escrito de cuenta, quien provee considera viable su desechamiento, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, la cual debe ser estudiada de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el precepto 62 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, en el caso sometido a estudio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. En efecto los numerales invocados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia que dio origen a la jurisprudencia P./J.108/2010, en la parte que interesa determinó: Esto es, la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, dado la amplitud de la norma contenida en la fracción IV citada, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Así, de lo expuesto se advierte que aun cuando la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece la regla relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; se puede dar un caso de excepción. El cual se presenta cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues excepcionalmente se puede aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto; pero debido a la amplitud de tal fracción, sólo existe la posibilidad de impugnar tales actos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, si bien es cierto que con los actos reclamados se pudiera infringir los derechos sustantivos de la parte quejosa, también lo es que no cumple con el requisito estipulado en el inciso b), porque aquellos son una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Se afirma lo anterior porque, del análisis del escrito inicial de demanda, se aprecia que la parte quejosa señala como acto reclamado, lo siguiente: A. DEL JUEZ DE SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL, Reclamo la desposesión material y jurídica de la que fui objeto de lanzamiento, que se ordenó mediante el auto de fecha 19 de Enero del año 2022, respecto del inmueble identificado como Unidad 33 (treinta y tres) Tipo CASAMAR I Condominio Mineral de Santa Isabel construido sobre el Lote 63- A , de la Manzana Sin Numero del Ejido General Francisco villa ubicado en el desarrollo Habitacional denominado Villa del Dorado, de esta ciudad de Tijuana, Baja California, con una superficie de construcción 71.130 metros cuadrados toda vez que no se concedió el termino de 5 días para cumplir voluntariamente con la sentencia dictada dentro de los autos de fecha 17 de marzo del año 2020 tal y como lo emana el artículo 492 del Código de Procedimientos Civiles; y aún más tampoco se respetó el termino de tres días que emana del artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles, para inconformarme según mi derecho corresponda; así como también reclamo la nulidad de todas las actuaciones que se realizaron a partir del lanzamiento que se llevó a cabo con fecha 9 de Marzo del 2022 consistente en la desposesión del inmueble propiedad de la suscrita, el cal está ubicado en Unidad 33 (treinta y tres) Tipo CASAMAR I Condominio Mineral de Santa Isabel construido sobre el Lote 63- A , de la Manzana Sin Numero del Ejido General Francisco villa ubicado en el desarrollo Habitacional denominado Villa del Dorado, de esta ciudad de Tijuana, Baja California, con una superficie de construcción 71.130 metros cuadrados, desposesión que se llevó a cabo en ejecución de Sentencia Definitiva dictada dentro del JUICIO ACCION REIVINDICATORIA, promovido por el C. EPIFANIO RUIZ en contra de la quejosa LESLIE JOHANA ARIAS MACHADO, dentro del expediente número 1595/2019 radicado en Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil de este Partido Judicial, por lo tanto, al ejecutar la sentencia y llevar a cabo el, lanzamiento se violaron en mi perjuicio mis garantías de legalidad y seguridad jurídica que otorgan los artículos 14 y 16 constitucionales. B. Del C. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL. Se reclama el cumplimiento y ejecución que se llevó a cabo el día 9 de marzo del 2022 a las 15:10 pm (quince horas con diez minutos) dentro de los autos del juicio ACCION REIVINDICATORIA en la vía ORDINARIO CIVIL expediente 1595/2019 acatando las órdenes y resoluciones dictadas por el C. Juez Sexto de lo Civil de esta ciudad de Tijuana B.C." Como se puede observar de lo antes expuesto, resulta inconcuso que los actos reclamados son una consecuencia de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio acción reivindicatoria dentro del expediente 1595/2019, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil de este partido judicial, con residencia en esta ciudad, en el cual la quejosa es parte, al ser demandada dentro de dicho juicio. En ese sentido, los referidos actos reclamados no son ajenos a la cosa juzgada. Por lo que, no se encuentran en el caso de excepción que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 108/2010; por ende, la parte quejosa tendrá que esperar la promoción del juicio de amparo hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, en la que además podrá reclamar las violaciones que se pudieran cometer durante el procedimiento de ejecución. En consecuencia, el lanzamiento llevado a cabo en contra de la quejosa, respecto del inmueble identificado como Unidad 33 (treinta y tres) Tipo CASAMAR I Condominio Mineral de Santa Isabel construido sobre el Lote 63- A , de la Manzana Sin Numero del Ejido General Francisco villa ubicado en el desarrollo Habitacional denominado Villa del Dorado, de esta ciudad de Tijuana, Baja California, el cual refiere se realizó sin cumplir con las formalidades de ley y sin haberle otorgado el plazo para cumplir voluntariamente con la sentencia, no resulta reclamable de manera inmediata en el amparo indirecto, pues se trata de una violación que podrá hacerse valer hasta el amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución, esto es, contra la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Considerar lo contrario, sería tanto como autorizar que se evitara, detuviera o entorpeciera la ejecución de una sentencia definitiva, firme, ejecutoriada e inmutable que resolvió un litigio, que constituye la verdad legal, cuyo cumplimiento es de orden público, en que la sociedad está interesada, y si la hoy quejosa pretende evitar o detener la ejecución de la sentencia bajo el argumento de que el lanzamiento no se llevó a cabo con las formalidades de ley, debe decirse, por una parte, que el amparo en cuestión no es viable contra el acto reclamado porque no se da la hipótesis de la "última resolución dictada en el procedimiento de ejecución" sino que es emitida dentro de éste, lo que constituye una resolución intermedia, en virtud de que la última, en todo caso, sería la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o, en su defecto, la que declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, sin que exista una excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Argumentos antes vertidos que originaron la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, visible en la página 6, con registro electrónico 163152, de rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Finalmente, llegado a este punto, debe destacarse que la tesis invocada dentro de la presente resolución, en la cual se interpreta un artículo de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; resulta aplicable en el caso concreto, conforme a lo dispuesto el artículo Sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de la legislación citada en último término, toda vez que dicha disposición no se opone a la prevista en la Ley de Amparo vigente y aplicable en el caso particular. En apoyo a lo anterior, es de invocar el criterio jurisprudencial I.11o.C. J/7K (11a.), emitido por el Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, visible en la página 2764, con registro electrónico 2024100, de rubro y texto: --- En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracciones IV y V, ambos dispositivos de la Ley de Amparo; y como consecuencia, se desecha la demanda de amparo, promovida por Leslie Johana Arias Machado. Cabe destacar que ningún fin práctico tendría admitir la demanda de amparo dado que desde este momento procesal la parte quejosa acompañó copia con sellos en original del escrito de demanda y del escrito de contestación de demanda, lo que concatenado con lo manifestado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en los antecedentes del acto reclamado, se aprecia que la controversia en el juicio de origen versa sobre el bien inmueble, cuyo lanzamiento es reclamado en el presente juicio de amparo, por lo que se puede practicar un análisis de dicho acto y de su naturaleza jurídica, sin necesidad de esperar a que se rindan los informes justificados. Incluso, en el caso, es evidente que ninguna prueba que pudiese allegar la parte quejosa durante el procedimiento de amparo, podrá cambiar la naturaleza del acto reclamado para hacer procedente el juicio de amparo en su contra. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de abril de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 210/2022-II. Prevención. Por otra parte, en atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, en relación con el 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: Amplíe los antecedentes del acto reclamado, respecto del 1595/2019 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil de este Partido Judicial, debiendo precisar las partes dentro del mismo y, en caso de no ser parte del mismo así lo refiera, o el carácter con el que compareció al mismo, así como que manifieste si dentro de dicho juicio promovió algún medio de defensa, o en su caso, una tercería excluyente de dominio; lo anterior, en virtud de que sólo señala la existencia del mencionado juicio y que de él emanan los actos, pero en sus antecedentes no hace narración de dicho juicio, lo que es necesario para analizar la procedencia del presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia J/18 (9a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "REVISIÓN EN EL AMPARO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU DEMANDA CUANDO ÉSTA ES OSCURA E IMPRECISA AL SEÑALAR EL ACTO RECLAMADO, DA LUGAR A QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL RECURSO ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE SUBSANE LA FALTA. A fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, es menester que el quejoso señale el acto reclamado con claridad y precisión, pues sólo así podrá el juzgador fijar correctamente la litis, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto; por tanto, si la demanda de garantías es oscura e imprecisa al señalar el acto cuya inconstitucionalidad alega, el Juez de Distrito está obligado a requerir al promovente en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo para que la aclare y, en caso de no hacerlo, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión debe ordenar la reposición del procedimiento para que se formule el requerimiento de mérito, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente y es obligación del órgano revisor velar por que se satisfaga tal extremo." El requerimiento señalado deberá ser aclarado directamente por la promovente, por ser un acto personalísimo y que sólo a ella le corresponde. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), que dice lo siguiente "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Apercibimiento. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio y autorizados. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Felipe Julián Orona Rangel, dado que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que sí cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como para oír y recibir notificaciones a Marco Antonio Ríos Maguina, por no contar con dicho registro y a Reina Adilene Alcaraz Serna, por así haberlo solicitado. Consulta electrónica. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, para consulta al usuario Felipeorona04. Por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, realice la autorización para consulta electrónica del expediente al usuario antes señalado. Notificaciones electrónicas. De igual manera, dado que autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se les hagan de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. Datos de contacto. Ahora, en relación a la cuenta de correo electrónico y números telefónicos que señala, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota del correo electrónico y números telefónicos que indica, a través del cual única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, sin que sea dable tenerlo como medio de notificación, toda vez que la Ley de Amparo no lo establece como tal, de ahí que serían nulas las notificaciones que sean realizadas por ese conducto. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente árbitro, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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