Leslie Jazmin Sanchez Herrera
Expediente 1266/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 40 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1266/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- C.A. O. S.
- Leslie Jazmin Sanchez Herrera
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto se tiene por recibido el oficio con anexo signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, remite la ejecutoria emitida en sesión de cuatro de los actuales, en el recurso de queja 389/2022, formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Archivo y anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la Superioridad declaró que dicho medio de impugnación quedó sin materia. Archivo de expediente. Se levanta la reserva decretada en autos, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de tres de agosto de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Se ordena remitir recurso de queja. Por otra parte de la consulta de los presentes autos, se desprende que mediante proveídos de once y catorce de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la Subdirectora Jurídica de Servicios de Salud Morelos, en representación del Director General de Servicios de Salud Morelos, y a la Directora Contenciosa de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud en representación del Titular de la Secretaría de Salud, interponiendo recursos de queja, contra el auto del cinco de octubre de dos mil veintiuno, en el que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa. Asimismo, se desprende que a la fecha en que se actúa dichos medios de impugnación no se encuentran debidamente integrados; no obstante, toda vez que la materia de dicha queja lo constituye la medida cautelar concedida a la impetrante a efecto de que las autoridades responsables dentro del ámbito de sus respectivas facultades legales llevaran a cabo las acciones necesarias para que se aplicara a la menor quejosa las dosis correspondientes de la vacuna preventiva contra COVID-19 Pfizer-BioNTech, misma que ya han cumplido con su objetivo y se estima que ha dejado de surtir sus efectos con motivo de la presente determinación. Por tanto, a efecto de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena remitir a la brevedad posible los aludidos medios impugnativos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, a fin de que esté en condiciones de emitir el pronunciamiento que en derecho proceda. Se reserva archivo. En mérito de lo anterior, se reserva el archivo del presente sumario constitucional, hasta en tanto la superioridad determine lo correspondiente respecto de los recursos de queja interpuestos en autos. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del acta de nacimiento que obra, se advierte que la menor directa quejosa cuenta con la edad de dieciocho años, actualmente, asimismo, que por auto de veinte de los corrientes se ordenó reenviar los oficios 28700/2022, 28701/2022, 28702/2022, 28703/2022, a efecto de notificar a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos por conducto del Secretario de Salud; Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; y Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, toda vez que, no obran sus respectivos informes justificados. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior, se estima que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En este caso, la menor quejosa -por conducto de su representante-, se duele en esencia de la omisión de integrar al grupo etario de diecisiete años de edad, (a la fecha en que promovió su demanda de amparo) en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de COVID-19 en México; y, como consecuencia, la omisión a ser vacunada con el biológico autorizado. Antes de patentizar la causal de improcedencia, debe decirse que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 deben calificarse como una pandemia y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS COV2 (COVID-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID- 19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID- 19 del diez por ciento (10%) de la población de cada País para septiembre de dos mil veintiuno, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin del año dos mil veintiuno y al setenta por ciento (70%) para junio del presente año. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Se destaca que, desde la segunda quincena de diciembre de dos mil veinte, en los Estados Unidos de América comenzaron las labores de vacunación contra el COVID-19, para tres millones de ciudadanos en su primera dosis. Entre tanto, Canadá adelantó la recepción de un lote del antídoto que espera empezar a aplicar por las mismas fechas, esto es, Estados Unidos fue el primer país en esta parte del mundo, junto a Canadá, en recibir lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, en México, como en diversos países de tercer mundo, su aplicación es un tema sumamente complejo, en la medida en que ello depende de distintos factores como su aprobación clínica, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda nacional, así como el mecanismo de adquisición implementado. Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se adoptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID- 19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, sin que se tenga noticia de cuándo se 'aplane', el incremento semanal de casos en menores de edad de esta capital ha aumentado, pues la variante "Delta" y demás variantes y la falta de vacunación son dos factores de riesgo. Ahora bien, en el caso concreto, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en la emisión de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México"; y con fundamento en la misma, la omisión de aplicarle la vacuna contra el virus SARS-COV-2 o la enfermedad COVID-19, a la adolescente directa quejosa, la cual contaba con diecisiete años de edad al presentar su demanda de amparo, sustentado tal reclamo en que al momento de la promoción del juicio de amparo no se encontraba permitida tal inoculación ya que la política de vacunación aludida no contemplaba el grupo etario al que pertenecía esa persona. Ahora bien, constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad al numeral 2º de esta última, y conforme a la jurisprudencia XX.2º.J/24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, correspondiente a enero de dos mil nueve, de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR", que el Gobierno Federal, desde el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se abrió el registro de personas que tengan quince años [cumplidos al quince de enero de dos mil veintidós] a diecisiete años, sin comorbilidades, para su vacunación contra el virus SARS-COV-2 y/o la enfermedad COVID-19, como se puede consultar en el portal web https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la que se visualiza el siguiente formulario de registro: Asimismo, que en el estado de Morelos, ha comenzado la inoculación de menores que tengan quince años cumplidos al quince años [cumplidos al quince de enero de dos mil veintidós] a diecisiete años, sin comorbilidades, tal como lo ha dado a conocer la Secretaría de Salud en el Estado, cuyas fechas y lugares son publicitados en sus sitios oficiales y en el enlace http://www.ssm.gob.mx/portal/vistas/ver_noticias.php?id_not=1159. 0De lo anterior, se tiene que si bien los actos reclamados subsisten -"Política Nacional de Vacunación contra el virus SarsCov2, para la Prevención de la Covid-19 en México" y la omisión de vacunar a la adolescente quejosa-, los mismos ya no surten efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia de ellos -el impedimento para que una menor de edad con al menos diecisiete años [al momento de la presentación de la demanda de amparo], sin comorbilidades, solicite la vacuna en cuestión-. Precisamente, el reclamo de la parte quejosa se perfila a cuestionar que la política de vacunación aludida, y la omisión de vacunar a la quejosa de identidad reservada con iniciales C.A.O.S. en sustancia se le impidió que como una menor ahora con dieciocho años accediera a dicho insumo al momento en que promovió el juicio de amparo. Empero, bajo el contexto vigente, es que puede concluirse que el objeto o materia de esos actos dejaron de surtir efectos, pues actualmente las personas menores de edad con quince años a diecisiete años, sin comorbilidades, tienen acceso a la referida vacuna; tan es así que esa política de vacunación ya no implica un impedimento para que personas con dicha edad soliciten la aplicación de la vacuna, y por lo mismo, la omisión reclamada respecto de la quejosa de identidad reservada con iniciales C.A.O.S. también dejó de carecer de sustento, al dejar de existir el fundamento que le impedía acceder al insumo en cuestión. En esos términos, es que un eventual fallo protector carecería de efectos, pues la concesión de amparo que podría darse en este juicio, sería para el efecto de que se desaplicara la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México"; y en ese sentido, se le permitiera a la persona menor de edad quejosa solicitar la vacuna, siendo que actualmente se insiste, la misma ya puede ser peticionada por menores con quince años de edad, sin comorbilidades. Ahora, en este punto es necesario precisar que del acta de nacimiento exhibida por la parte quejosa, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que actualmente cuenta con dieciocho años de edad; por lo que se encuentra dentro del grupo etario con posibilidades de registrarse para solicitar su respectiva vacunación. Lo anterior, aunado a que, en todo caso, también se actualizaría la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, correlacionado con el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico o legítimo, puesto que el que no se le contemple con su rango de edad en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2, para la Prevención de la Covid-19 en México"; no le causa actualmente afectación alguna, puesto que al ya poder registrarse para acudir a recibir la vacuna aludida, resulta irrelevante que esté o no establecido su grupo etario en tal documento. Por lo que, la parte quejosa deberá realizar los pasos que se establecen en dicha página y que más adelante se expondrán, a fin de realizar el trámite correspondiente; y en atención a lo expuesto deberán de estar informados de los comunicados que emitan las autoridades locales de su entidad y municipalidad, así como, de aquellos que emita la Secretaría de Salud del Estado de Morelos o la Secretaría de Salud (federal) para las fechas y módulos de aplicación de la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS- CoV-2 para la Covid-19, en el municipio que radique, para que, previo registro, le sea aplicada la segunda dosis del multicitado biológico que requiere, en el caso de que aún no se haya aplicado. En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003,5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estima lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinte de julio de dos mil veintidós. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que para hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, toda vez que, no obran los informes justificados de las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos por conducto del Secretario de Salud; Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; y Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud; empero, tampoco obran constancias de notificación de los oficios en los que les fueron requeridos a las autoridades responsables. Se comisiona a la actuaria. En consecuencia, a efecto de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que procede a reenviar los oficios 28700/2022, 28701/2022, 28702/2022 28703/2022, vía electrónica y de no ser posible, a través del servicio de mensajería acelerada "ESTAFETA", en el domicilio correcto y que obra en los sistemas de divulgación de las autoridades citadas, que contienen inserto el auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno por lo que se les remite copia simple del escrito inicial de demanda. Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.
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