Lesli Lira Roman

Expediente 1358/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1358/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Lesli Lira Roman

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de seis de septiembre de dos mil veintidós, que dice: Parte quejosa: ******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretario: Mac Quetzin Murillón Duarte S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 160/2022; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado el uno de marzo siguiente al Juzgado Segundo de Distrito en la citada jurisdicción, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en los términos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA. a) El Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos. EJECUTORA. b) El ciudadano Actuario del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos (.) IV.-ACTOS RECLAMADOS. El auto de fecha ocho de febrero del dos mil veintidós, dictado en el expediente número ********************, por la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, notificado por Boletín Judicial número 7895, el día catorce del mismo mes y año que transcurre, en donde se decretó la negativa a mi petición en escrito de fecha siete de febrero de dos mil veintidós por la parte quejosa." SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de dos de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, se declaró incompetente por razón de turno, al advertir existencia de un antecedente directo, consistente en el amparo indirecto ******************** de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. Por lo anterior, previa prevención, en auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, este juzgado, admitió la demanda referida y pidió a las autoridades responsables su informe justificado. Además, se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, en términos del artículo 5º, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se le reconoció el carácter de tercero interesado a ********************, el cual fue emplazado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, sin que se hubiera apersonado a juicio o formulado alegatos. Finalmente, una vez sustanciado el juicio, la audiencia constitucional se celebró el seis de junio de dos mil veintidós al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además por tratarse de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional local, la cual tiene ejecución material dentro de la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este juzgado. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en el que se ilustra en el siguiente cuadro: Autoridad responsable ordenadora [1] Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Acto reclamado a) El auto de fecha ocho de febrero del dos mil veintidós, dictado en la etapa de ejecución en el expediente número ********************, relativo a la controversia del orden familiar sobre divorcio necesario mutado a divorcio por mutuo consentimiento, promovido por ********************, -aquí quejosa-, contra ******************** -tercero interesado-, en donde respecto a la petición de la parte actora en la que solicitó se girara oficio al Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que se realizara el descuento correspondiente de la pensión por jubilación del demandado, para dar cumplimiento a la sentencia de trece de abril de dos mil diez, en la que se aprobó el convenio presentado por las partes, y se acordó una pensión alimenticia a favor de ******************** y********************indicando para ello que no existía resolución pendiente que lo impidiera y anexando copia de la sentencia dictada en el juicio de amparo ********************, por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos; se le precisó que no resultaba procedente su petición toda vez que la resolución que exhibía lo hacía en copia simple, aunado a que al órgano jurisdiccional responsable no le había sido notificada la sentencia dictada dentro del juicio de amparo ********************, por parte de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. Autoridad responsable ejecutora [2] Actuario adscrito al Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Acto reclamado a) La ejecución del acuerdo precitado. III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la [1] Jueza Segunda Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos y al [2] actuario adscrito a dicho juzgado, pues además de que así lo aceptaron al rendir su informe justificado, tales afirmaciones se encuentran corroboradas con el contenido de las constancias remitidas en copia certificada relativas a la controversia del orden familiar sobre divorcio necesario mutado a divorcio por mutuo consentimiento, ********************, y al incidente de pago de pensiones alimenticias adeudadas, las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, en consecuencia, dichas aseveraciones y tales documentales -entre las que se encuentra el auto reclamado-, resultan suficientes para acreditar su existencia. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues el auto reclamado fue notificado a la quejosa el catorce de febrero de dos mil veintidós, por boletín judicial, por lo que tal notificación surtió sus efectos al día siguiente, de conformidad con el artículo 138, fracción III, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, por tanto, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del dieciséis de febrero al ocho de marzo, ambos de dos mil veintidós, debiendo descontarse los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero, así como cinco y seis de marzo, todos del año en cita, por tratarse de días inhábiles, al ser sábados y domingos, en atención a los numerales 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, si la demanda de amparo fue recibida el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, es claro que su presentación fue oportuna. V. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las partes no hacen valer causa de improcedencia alguna en relación al acto reclamado y este juzgado no advierte de oficio que se actualice una de ellas, de modo que se procede ocuparse del fondo del asunto. VI. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, al incidir el acto reclamado sobre derechos alimentarios, los cuales afectan el orden y desarrollo de la familia, por lo que debe de concederse la protección constitucional solicitada, resultando aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2022087, del contenido siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." Para un mejor entendimiento del presente fallo, resulta pertinente destacar los antecedentes jurídicamente relevantes del juicio de origen que se narran enseguida: 1) Mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil diez, ******************** -aquí quejosa-, interpuso demanda de divorcio necesario en contra de ******************** -aquí tercero interesado-, del que tocó conocer al antes Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos (ahora Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos), el cual lo radicó bajo el número ********************. 2) Substanciado que fue el juicio de mérito, mutó a divorcio por mutuo consentimiento y finalmente, fue resuelto mediante sentencia definitiva de trece de abril de dos mil diez, en la que se disolvió el vínculo matrimonial que unía a las partes y se aprobó el convenio que exhibieron, así como las modificaciones y adiciones realizadas al mismo en la junta de avenencia y descontar al ahora tercero interesado, por concepto de pensiones alimenticias en favor de ******************** y ********************-esposa e hija del aquí tercero interesado, la última mayor de edad con padecimiento de ********************-, el ********************de su sueldo y prestaciones de los ingresos que percibía en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 3) Por escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, ******************** interpuso incidente de pago adelantado de pensiones alimenticias en contra de las aquí terceras interesadas por la cantidad de ********************moneda nacional) correspondiente al periodo de la segunda quincena de agosto hasta diciembre de dos mil veintiuno, dado que en el mes de agosto de dos mil veintiuno, con motivo de la tramitación y aprobación de su jubilación, en su fuente de trabajo, les fue entregado a su demandada incidental, un cheque por dicha cantidad. 4) Substanciado que fue el incidente multicitado, se resolvió mediante interlocutoria de seis de agosto de dos mil veintiuno, en la que fue desestimado y, en consecuencia, se confirmó la pensión alimenticia decretada en la cláusula cuarta del convenio celebrado entre las partes y que fue aprobado mediante la referida sentencia de trece de abril de dos mil diez. 5) En contra de dicha determinación ********************, promovió juicio de amparo indirecto el cual fue sustanciado y resuelto por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, el veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el juicio de amparo ********************, en el sentido de negar la protección solicitada. 6) Derivado de lo anterior, mediante dos escritos ingresados por la aquí quejosa el ocho de febrero de dos mil veintidós, solicitó se girara oficio al Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que se realizara el descuento correspondiente de la pensión por jubilación del demandado, para dar cumplimiento a la sentencia de trece de abril de dos mil diez, en la que se aprobó el convenio presentado por las partes, y se acordó una pensión alimenticia a favor de ******************** y********************indicando para ello que no existía resolución pendiente que lo impidiera y anexando copia de la sentencia dictada en el juicio de amparo ********************, por este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7) Derivado de lo anterior en auto de ocho de febrero del dos mil veintidós, el juzgado responsable, determinó que no resultaba procedente la petición de la aquí quejosa, toda vez que la resolución que exhibía se trataba de una copia simple, aunado a que no le había sido notificada a dicho órgano jurisdiccional la sentencia dictada dentro del juicio de amparo ********************, por parte de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. Este último proveído constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, en contra de tal determinación la parte quejosa sostiene en esencia en sus conceptos de violación que el juzgado responsable transgredió sus derechos contenidos en los artículos 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la responsable sin sustentó negó su petición, sin que los motivos y causas que tomó en cuenta para sustentar su proveído se adecuaran a la hipótesis de la norma, agregando que no existía medio de autoridad que hubiera decretado la suspensión del pago de la pensión alimenticia, por lo que no existía justificación para que se hubiera negado su petición, lo que transgrede su derecho a recibir alimentos. Como ya se adelantó dichos planteamientos resultan fundados suplidos en su deficiencia; para demostrarlo, debe partirse de que los artículos 14 y 16 constitucionales establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los cuales toda autoridad debe ajustar su actuación a las leyes que la rigen, y a su vez debe garantizar a toda persona certidumbre jurídica de que su actuar se encuentra limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de la persona, no resulte caprichosa o arbitraria; de allí que, se imponga a las autoridades la obligación de fundar y motivar los actos que emitan; es decir, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Asimismo, el principio de legalidad establece que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en la misma; luego, de acuerdo al precepto en comento, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias; es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. En consecuencia, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, pues consagra uno de los principios que mayor protección otorga al particular dentro del orden Constitucional, considerado como el derecho fundamental de "exacta aplicación de la ley" o "fundamentación y motivación", pilar fundamental del Estado de derecho, porque implica una limitación al actuar arbitrario de la autoridad, que sólo puede actuar si la ley le faculta para ello. Aunado a lo anterior, relativo al derecho de acceso a la justicia de la quejosa, debe partirse de dos criterios que el juzgado de origen estaba obligado a observar, consistentes en dos principios que permean la interpretación y aplicación de las normas en el sistema jurídico mexicano, que deben ser observados por todas las autoridades en su actuación. El primero se obtiene de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlacionados con los diversos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo a los cuales los recursos establecidos por la normativa ordinaria deben de ser sencillos y efectivos, de tal suerte que posibiliten una justicia completa y expedita, es por ello que las normas constitucionales y convencionales en comento, reconocen implícitamente el principio pro actione, el cual implica una herramienta hermenéutica de optimización, que permite que ante una diversidad de interpretaciones, [1] siempre deba preferirse aquella que permita el acceso a la jurisdicción del Estado y que vele por la resolución sustancial de los conflictos, antes de aquellas que creen impedimentos técnicos, o erijan barreras para la sustanciación de los procesos. El segundo criterio lo contiene el párrafo tercero, del mencionado artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual, el legislador consagró un principio en el ámbito jurídico supremo, en el sentido de que [2] las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Por ende, bajo esos dos principios, se tiene que en toda determinación que adopte un órgano que ejerza funciones jurisdiccionales, debe de privilegiar aquella que permita el acceso a la jurisdicción del Estado y a su vez concrete en mayor medida la solución del conflicto principal. En ese sentido como ya se sostuvo, en el acuerdo de ocho de febrero del dos mil veintidós, el juzgado responsable, determinó que no resultaba procedente la petición de la aquí quejosa, toda vez que la resolución que exhibía se trataba de una copia simple, aunado a que no le había sido notificada a dicho órgano jurisdiccional la sentencia dictada dentro del juicio de amparo ********************, por parte de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. Contrario a lo señalado por la responsable, se tienen en un primer lugar, que como sostiene la amparista, no existía en el caso suspensión alguna que impidiera acordar su promoción con motivo del juicio de amparo ********************, de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. Lo anterior, pues constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al ordinal 2º de ésta última, al tratarse de un asunto tramitado por este juzgado, que en el amparo indirecto ******************** no se solicitó la suspensión del acto reclamado, luego, es que la responsable estaba en aptitud de seguir con el procedimiento de ejecución, y el hecho de que aún no le hubiera sido notificada la sentencia emitida en el juicio constitucional de referencia no constituía una justificación legalmente válida para resolver sobre su petición, pues se insiste, estaba en posibilidad de seguir ejecutando el acto allí reclamado. Aunado a lo anterior, se tiene también que la resolución que anexó la aquí quejosa con su petición, no se trataba propiamente de una copia simple, ya que como se advierte de la misma al final contaba con la evidencia criptográfica del secretario que firmó dicha determinación, y si bien, en tal documento, no se anexó la evidencia criptográfica de la titular que emitió la misma, lo cierto es que tal cuestión generaba un indicio de su certeza, debiendo tomar en cuenta que conforme al artículo 36, segundo párrafo, del "ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", las copias que incluyan la evidencia criptográfica relativa se consideraran copias certificadas. En ese sentido, fue incorrecto el actuar de la responsable, pues ante el indicio de la existencia de dicha determinación, atendiendo al párrafo tercero, del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al principio pro actione, pudo haber requerido a la parte quejosa para que allegara la evidencia criptográfica faltante, o bien, haber girado oficio al juzgado de Distrito en cuestión, para solicitar se le informara sobre la existencia de tal determinación. Y al no hacerlo así, adoptó una decisión interpretativa, limitativa de los derechos de acceso a la justicia de la parte quejosa, pues condicionó su petición a que le fuera allegada copia certificada de la determinación referida, la cual, como ya se señaló, no tenía por efecto suspender la ejecución de tal acto. Lo expuesto, máxime que de las actuaciones del juicio de amparo indirecto ********************, del índice de este juzgado, las cuales como ya se señaló constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al ordinal 2º de ésta última, se obtiene que la sentencia dictada en el mismo, el veinticinco de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria por auto de tres de marzo del mismo año, así como que tanto dicho fallo como el acuerdo referido, fueron notificados al aquí juzgado responsable, por oficios, recibidos el once de febrero y siete de marzo, ambos de dos mil veintidós, respectivamente. De lo anterior que no existía justificación legalmente válida para que la responsable se negara a acordar sus peticiones, con los argumentos que señaló, y en esos términos, como sostiene la quejosa, la autoridad responsable transgredió en su perjuicio su derecho fundamental de legalidad y de acceso a la justicia, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, al resultar fundados los conceptos de violación de la quejosa suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos que más adelante se precisarán. Concesión que se hace extensiva al actuario adscrito al juzgado responsable, al no ser al no haber sido reclamados sus actos por vicios propios, en términos de la jurisprudencia II.3o. J/12 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con registro 218867, que establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios" VII. Efectos de la protección de la Justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del amparo consiste en que, una vez que cause ejecutoria el presente fallo: El Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, deje sin efecto el acuerdo dictado el ocho de febrero del dos mil veintidós, en el expediente ********************. Con libertad de jurisdicción, resuelva lo peticionado por la aquí quejosa en los escritos que presentó el ocho de febrero de dos mil veintidós con folios ********************y ********************, en el entendido de que conforme a los lineamientos establecidos en el presente fallo, debe de prescindir de argumentar que los mismos no pueden ser acordados derivados de las actuaciones relativas al juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En el entendido de que el actuario adscrito a dicho juzgado, deberá realizar las acciones de su competencia necesarias para el cumplimiento del presente fallo. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, por propio derecho, respecto de los actos y autoridades indicados en el considerando II, para los efectos precisados en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe, hoy seis de septiembre de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

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