Lesette Arely Macias Belmontes

Expediente 543/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
543/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Lesette Arely Macias Belmontes
  • Eugenio Guerrero Candelas

Actuaciones

  1. Principal

    El treinta de julio de dos mil diecinueve la licenciada María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos, trascurrió del veintitrés al veintinueve de julio del año en curso, con exclusión de los días veintisiete y veintiocho del presente mes y por corresponder a sábado y domingo. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    doce de junio de dos mil diecinueve CUENTA. El quince de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta con el escrito aclaratorio suscrito por Lisette Arely Macías Belmontes, registrado con el número de folio 10141 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de julio de dos mil diecinueve. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Lisette Arely Macías Belmontes, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de ocho del mes y año en curso. En tales condiciones se acuerda: DESECHAMIENTO. En consecuencia, se procede analizar sobre la procedibilidad de la acción constitucional, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que autoriza al Juez a desechar de plano la demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al respecto, debe precisarse que el acto que se reclama consiste en la resolución de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 922/2010, por Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, mediante la cual se declara improcedente el recurso de revocación promovido por la quejosa, quedando firme el auto de dieciocho de enero del presente año, a través del cual se negó poner a la vista de la actora material en el juicio de origen los pagarés para realizar nuevo endoso; y en el mismo se ordenó recordarle a la demandada hoy quejosa, que de continuar abusando del derecho de defensa sin causa justificada, será condenada en sentencia al pago del tanto por ciento que establece el artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado, aplicado de manera supletoria al de Comercio. Sentado lo anterior, este juzgador estima que debe desecharse la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en virtud que, nos encontramos en la etapa de ejecución de sentencia, en particular del remate, y el acto reclamado no es la última resolución impugnable a través de la presente vía. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de los sentenciados o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" La norma transcrita en primer orden prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Por otra parte, el segundo de los numerales insertos en lo que interesa prescribe que el juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos de Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo únicamente es procedente, tratándose de actos de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, momento en el que pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hayan dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. El invocado tramo normativo establece que se entiende como la última resolución en la fase ejecutiva aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente. También prevé que tratándose de procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos previamente precisados. Asimismo, el Alto Tribunal del País ha sostenido el criterio que, tratándose de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente de manera excepcional cuando el actuar de la autoridad responsable produzca una afectación de manera directa en los derechos sustantivos del promovente, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada. En respaldo de las consideraciones expuestas se invoca la jurisprudencia P./J. 108/2010 consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora bien, al advertir los elementos de esta definición de "ejecución irreparable", y aplicarlos al acto reclamado consistente en la interlocutoria de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 922/2010, por Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, mediante la cual se declara improcedente el recurso de revocación promovido por la quejosa, quedando firme el auto de dieciocho de enero del presente año, a través del cual se negó poner a la vista de la actora material en el juicio de origen los pagarés para realizar nuevo endoso; y en el mismo se ordenó recordarle a la demandada hoy quejosa, que de continuar abusando del derecho de defensa sin causa justificada, será condenada en sentencia al pago del tanto por ciento que establece el artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado, aplicado de manera supletoria al de Comercio, resulta evidente, que con la determinación que se reclama en este contradictorio constitucional, sólo se pueden afectar derechos adjetivos o procesales del impetrante, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, esto es, los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de las garantías individuales, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. En este sentido, se puede afirmar que dicho acto reclamado en la demanda que se provee, no reviste la categoría de actos que sean de imposible reparación, ya que no encuadra en ninguno de los supuestos definidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de amparo biinstancial. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1060, de Registro 188459, que establece lo siguiente: VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Entonces, resulta claro que para acudir ante la instancia constitucional la parte quejosa, debe esperar el dictado de la última resolución en la etapa de ejecución del juicio ejecutivo mercantil de donde deriva el acto reclamado. Tiene aplicación la tesis de la Décima Época, de Registro: 2018278, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2163, que dice: AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 15 DE JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. El quince de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta con el escrito aclaratorio suscrito por Lisette Arely Macías Belmontes, registrado con el número de folio 10141 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, quince de julio de dos mil diecinueve. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Lisette Arely Macías Belmontes, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de ocho del mes y año en curso. En tales condiciones se acuerda: DESECHAMIENTO. En consecuencia, se procede analizar sobre la procedibilidad de la acción constitucional, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que autoriza al Juez a desechar de plano la demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al respecto, debe precisarse que el acto que se reclama consiste en la resolución de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 922/2010, por Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, mediante la cual se declara improcedente el recurso de revocación promovido por la quejosa, quedando firme el auto de dieciocho de enero del presente año, a través del cual se negó poner a la vista de la actora material en el juicio de origen los pagarés para realizar nuevo endoso; y en el mismo se ordenó recordarle a la demandada hoy quejosa, que de continuar abusando del derecho de defensa sin causa justificada, será condenada en sentencia al pago del tanto por ciento que establece el artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado, aplicado de manera supletoria al de Comercio. Sentado lo anterior, este juzgador estima que debe desecharse la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, en virtud que, nos encontramos en la etapa de ejecución de sentencia, en particular del remate, y el acto reclamado no es la última resolución impugnable a través de la presente vía. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de los sentenciados o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" La norma transcrita en primer orden prevé que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la Ley de Amparo. Por otra parte, el segundo de los numerales insertos en lo que interesa prescribe que el juicio de amparo indirecto promovido en contra de actos de Tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo únicamente es procedente, tratándose de actos de ejecución de sentencia, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, momento en el que pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hayan dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. El invocado tramo normativo establece que se entiende como la última resolución en la fase ejecutiva aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente. También prevé que tratándose de procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos previamente precisados. Asimismo, el Alto Tribunal del País ha sostenido el criterio que, tratándose de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente de manera excepcional cuando el actuar de la autoridad responsable produzca una afectación de manera directa en los derechos sustantivos del promovente, siempre y cuando éstos sean ajenos a la cosa juzgada. En respaldo de las consideraciones expuestas se invoca la jurisprudencia P./J. 108/2010 consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora bien, al advertir los elementos de esta definición de "ejecución irreparable", y aplicarlos al acto reclamado consistente en la interlocutoria de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 922/2010, por Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zacatecas, mediante la cual se declara improcedente el recurso de revocación promovido por la quejosa, quedando firme el auto de dieciocho de enero del presente año, a través del cual se negó poner a la vista de la actora material en el juicio de origen los pagarés para realizar nuevo endoso; y en el mismo se ordenó recordarle a la demandada hoy quejosa, que de continuar abusando del derecho de defensa sin causa justificada, será condenada en sentencia al pago del tanto por ciento que establece el artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el estado, aplicado de manera supletoria al de Comercio, resulta evidente, que con la determinación que se reclama en este contradictorio constitucional, sólo se pueden afectar derechos adjetivos o procesales del impetrante, que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, esto es, los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de las garantías individuales, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. En este sentido, se puede afirmar que dicho acto reclamado en la demanda que se provee, no reviste la categoría de actos que sean de imposible reparación, ya que no encuadra en ninguno de los supuestos definidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de amparo biinstancial. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis de jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1060, de Registro 188459, que establece lo siguiente: VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Entonces, resulta claro que para acudir ante la instancia constitucional la parte quejosa, debe esperar el dictado de la última resolución en la etapa de ejecución del juicio ejecutivo mercantil de donde deriva el acto reclamado. Tiene aplicación la tesis de la Décima Época, de Registro: 2018278, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, página 2163, que dice: AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CUENTA. En ocho de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Lisette Arely Macías Belmontes, registrada con el número de folio 9814, con cuatro copias de ésta. La circunstancia de que el licenciado Vicente García Rentería, cuenta con cédula profesional 1339361, rregistrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de julio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Lisette Arely Macías Belmontes, contra actos del juez Primero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 543/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;" Por su parte, el numeral 108, fracciones IV y V de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;" De los preceptos transcritos se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, que exista alguna irregularidad en la demanda. Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisitos entre otros, la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, así como que se narren los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. Ahora bien, de la demanda de derechos, se desprende que la demandante del amparo señala como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Autoridad responsable: Juez Primero del Ramo Mercantil del distrito judicial de la capital. Acto reclamado: El auto de fecha cinco de junio del año dos mil diecinueve. Ahora bien, del capítulo de "antecedentes", se advierte que la quejosa es demandada en el juicio de origen, el cual se encuentra en la etapa de remate. Luego en el punto "SEXTO" , refiere la quejosa que el cinco de junio del presente año, el juez responsable emitió interlocutoria que resuelve un recurso de revocación, únicamente transcribe el resolutivo "tercero" que dice: "TERCERO.- Se recuerda a la demandada, que de continuar abusando del derecho de defensa sin causa justificada, será condenada en sentencia al pago del tanto por ciento que establece el artículo 10 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el estado, aplicado de manera supletoria al de comercio" Posteriormente, en la hoja "3" del escrito que se acuerda, correspondiente a los "conceptos de violación"la demandante del amparo señala: ".De ahí que deberá declararse procedente el concepto de violación hecho valer, para que previos los trámites legales la responsable con plenitud de jurisdicción emita otra interlocutoria en la que se deje sin efecto el RESOLUTIVO SEGUNDO, de la interlocutoria que constituye el acto reclamado del presente juicio de derechos." De lo anterior, se advierte incertidumbre del contenido del acto que reclama la quejosa, pues del capítulo respectivo señala el auto de cinco de junio del año en curso, y más adelante refiere que se duele de una interlocutoria, que resuelve un recurso de revocación. De igual manera, los antecedentes que refiere la quejosa, resultan insuficientes para tener más claro la etapa procesal en que se encuentra el juicio de origen de donde deriva el acto reclamado, así como también fue omisa en señalar el número del juicio, lo anterior, a fin de establecer la litis constitucional en el presente juicio. Por tanto, dígasele a la parte promovente que los hechos o abstenciones, consisten en una narrativa cronológica de lo que sucedió en el juicio de origen, del índice del Juzgado Primero del Ramo Mercatil del distrito judicial de la capital, hasta antes del acto que le reclama a la citada autoridad responsable; todo lo anterior deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere a la parte promovente para qué dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Precise con claridad el acto que reclama a la autoridad responsable, así como su contenido, si es posible exhiba copia simple del mismo. Manifieste de manera clara y precisa el número correcto del expediente del que emana el acto que en esta instancia constitucional reclama a la autoridad señalada como responsable, toda vez de que fue omisa en señalar el número del juicio de origen, lo anterior, a fin de establecer la litis constitucional en el presente juicio. Indique la cantidad de la suerte principal a la que asciende el juicio de origen. Se le previene para que manifieste "bajo protesta de decir verdad", los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, conforme lo establece el precitado numeral 108, fracción V de la Ley de Amparo, toda vez que constituye un requisito formal que de manera expresa debe constar en la demanda de amparo, el cual no puede ser sustituido por la expresión "Protesto lo necesario" que se asienta al final del libelo constitucional. Tiene aplicación sobre el particular la jurisprudencia del contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESION FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISION PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA.- Al señalar el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con éste requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgado a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146, de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211, de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas" Asimismo, con apoyo en el numeral 110, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que exhiba a su escrito aclaratorio en original y dos copias para correr traslado a las partes, a saber: una para la autoridad responsable y otra, para darle intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el presente juicio. Se hace del conocimiento de la quejosa que es ella quien debe de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en párrafos que anteceden en razón de que éstas deben ser cumplidas por la propia promovente del amparo, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promueve el juicio, además porque es quien sufre la afectación con los actos de autoridad y, por tanto, quien puede precisar los actos que reclama, atendiendo al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la quejosa, se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Vicente García Rentería, toda vez que cuenta con cédula profesional 1339361, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como domicilio para tal efecto el ubicado en Avenida Progreso número seiscientos uno (601) de la colonia Buenavista de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. rimb

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