Lepoldo Ramirez Anguiano

Expediente 751/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
751/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Lepoldo Ramirez Anguiano

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Declaración de firmeza. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia autorizada que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2º, de la Ley de Amparo; 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Realícense anotaciones. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Zapopan, Jalisco, a las doce horas con cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente relativo al juicio de amparo indirecto 751/2023, promovido por ********************, por derecho propio; en audiencia pública, el Juez Carlos Calderón Espíndola, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa ante la fe del secretario que autoriza Carlos Eduardo Villagómez Méndez, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional fijada para este día y hora, sin asistencia personal de las partes. ABIERTA LA AUDIENCIA: El secretario da lectura a la demanda y hace una relación de las constancias que integran los autos; asimismo, hace constar y certifica: Que obran las constancias necesarias para emitir sentencia en este procedimiento; Que la autoridad responsable fue llamada al procedimiento constitucional; Que no existe medio de convicción respecto del cual deba ordenarse su preparación previo a la celebración de la presente audiencia; y Que atento a la naturaleza del acto reclamado, no se reconoció el carácter de tercera interesada a persona alguna por no actualizarse la hipótesis que prevé el numeral 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. . EL JUEZ ACUERDA: Téngase por hecha la relación de constancias realizada por el secretario judicial adscrito. ABIERTO EL PERIODO PROBATORIO: El secretario da cuenta con las pruebas ofertadas por las partes. EL JUEZ ACUERDA: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas en este acto las probanzas relacionadas por el secretario judicial de la adscripción, atento a su propia y especial naturaleza. Ahora, sin más pruebas que recibir ni desahogar, se declara concluido el presente periodo. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: El secretario hace constar que no existe escrito alguno que tener por reproducido en ese sentido. EL JUEZ ACUERDA: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. ACTO CONTINUO. Al no existir diligencia pendiente por desahogar, se procede a emitir la resolución que en derecho corresponda; y, V I S T O S, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 751/2023; y, R E S U L T A N D O: I. Demanda de amparo. ********************, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal mediante escrito presentado en el buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, contra actos de la Subdelegación Hidalgo de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social; por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 8°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Trámite del juicio. Por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; se requirió a la responsable su informe con justificación; y se otorgó la intervención que legalmente le corresponde, quien no se apersonó al procedimiento. III. Audiencia constitucional. Seguido el juicio por todos sus trámites legales, en esta propia data tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en los términos a que se contrae el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer del presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; 35 y 37, de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. A fin de colmar los extremos previstos por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a identificar los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, los cuales se obtienen de un estudio minucioso a la demanda de amparo y sus anexos, pues es necesario analizar, interpretar y valorar todo lo expuesto por el peticionario de la acción de amparo, a efecto de obtener lo que el quejoso dijo o quiso decir, no solo lo que en apariencia manifestó por lo que deben armonizarse los datos que se deriven, inclusive, del informe con justificación; ello, se insiste, con la finalidad de determinar cuál es el acto que incide en la esfera jurídica del particular y que fundan el reclamo constitucional. Ello, tal como se obtiene de la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En esa medida, del análisis integral de los datos que derivan de la demanda y del sumario en que se actúa, se desprende que el acto que materializa el perjuicio jurídico que el impetrante hace valer en sede constitucional lo constituye: La omisión de dar contestación al escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó la aclaración de las semanas cotizadas ante dicho instituto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La existencia del acto reclamado se encuentra acreditada con las copias certificadas remitidas en apoyo al informe con justificación rendido por la Subdelegación Hidalgo de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia. En el caso, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia por cesación de efectos, por las razones que se exponen a continuación. Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto pueda considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. El criterio en mención, se encuentra inmerso en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio constitucional, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, puede consultarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" En el caso concreto, como ya se precisó en esta sentencia, el quejoso reclama de la autoridad responsable la omisión de dar contestación al escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó la aclaración de las semanas cotizadas ante dicho instituto. Lo cual significa que la razón que motivó la promoción del juicio de amparo es la omisión por parte de la responsable de pronunciarse al respecto. Sin embargo, debe decirse que en actuaciones se desprende que la autoridad responsable ya dio contestación al ocurso presentado por la aquí quejosa el uno de febrero de dos mil veintitrés. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que de las actuaciones que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, se desprende que mediante oficio de doce de abril de dos mil veintitrés dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa el uno de febrero del año en curso; e incluso, dicho oficio le fue notificado a la aquí quejosa por conducto de ******************** el trece de abril del año en curso. Constancias certificadas que se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y las cuales hace prueba plena para acreditar que la responsable ya se pronunció sobre la omisión de que se duele el quejoso, puesto que ya dio contestación a la petición formulada el uno de febrero de dos mil veintitrés. Lo anterior da pauta para estimar que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos, ya que se -reitera- la responsable ya se pronunció respecto de la conducta omisiva que se le reclama. Bajo esa óptica, es incuestionable que la conducta reprochada a la responsable y que motivó la promoción del presente sumario cesó al haberse pronunciado sobre la petición formulada ya que la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso, la tesis P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XXI, se sobresee en el presente juicio de amparo. Finalmente, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y, además, con fundamento en lo previsto por los artículos 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos de la Subdelegación Hidalgo de la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos de derecho establecidos en el considerando cuarto. Notifíquese. Lo sentenció y firma el licenciado Carlos Calderón Espíndola, Juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa ante la fe del secretario que autoriza Carlos Eduardo Villagómez Méndez. El secretario adscrito al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, hago constar y certifico: Que la presente foja corresponde a la parte última de la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto 751/2023-I, en la propia data; asimismo, que la citada resolución se integró al expediente electrónico; que de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, la presente resolución fue capturada con la sustitución de datos personales correspondiente, para generar automáticamente la versión pública en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Zapopan, Jalisco, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Doy fe. Licenciado Carlos Eduardo Villagómez Méndez.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se manifestó respecto a la forma en que la autoridad responsable otorgó cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en autos. En consecuencia, a criterio de quien ahora resuelve, se estima que el fallo protector se encuentra cabalmente cumplido en todos sus extremos. La anterior determinación se emite con independencia de que las partes en caso de que lo estimen pertinente, puedan hacer valer los medios de defensa establecidos en la Ley de Amparo. Realícense anotaciones. Instrúyase a la analista jurídico para que proceda a realizar las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Orden de archivo. Al no existir trámite alguno que desahogar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Destino de los expedientes. a) Juicio de amparo principal. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal "Que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", en su artículo 18, fracción I, inciso b), el presente expediente es susceptible de depuración. Relevancia documental. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que a criterio de este juzgado, el presente expediente no contiene información reservada, de relevancia documental e histórica. Transparencia y oposición de datos. Ahora bien, de la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no manifestó oposición a que sus datos personales se publiquen con motivo de las consultas solicitadas por terceros. No obstante ello, indíquese que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3°, 13, 14, 18 y 22, de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    SE RECIBE EL ESCRITO DE CUENTA QUE PRESENTA EL QUEJOSO POR LO QUE TAL Y COMO LO SOLICITA SE AUTORIZA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN QUE SE ACTÚA, A TRAVÉS DEL USUARIO "********************", DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CON EL USUARIO. CONSECUENTEMENTE, INDÍQUESELE A LA ANALISTA JURÍDICO ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, QUE DEBERÁ HACER LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES Y REGISTRAR EL USUARIO ALUDIDO.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 13,059 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano