Leovigildo García Moreno

Expediente 844/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
844/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Leovigildo García Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. DEMANDA Y RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Nelson Esteban Reyes, quien se ostenta Defensor Público Federal de Leovigildo García Moreno, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 CPS-Michoacán, con sede en Buena Vista Tomatlán, Michoacán y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 844/2023. DESECHAMIENTO De la lectura de la demanda de amparo se advierte que en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia relativa a que el quejoso reclama las condiciones de internamiento a que se encuentra sometido en el Centro Penitenciario donde guarda reclusión -la omisión de brindar atención médica y falta de abasto de productos- que se deduce del artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar la demanda con base en el diverso numeral 113, todos de la Ley de Amparo. En la inteligencia que el acto reclamado se hace consistir en: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME De las autoridades responsables se reclama la omisión de proporcionarle atención médica y falta de abasto de productos al quejoso Leovigildo García Moreno en su calidad de persona privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN". Del contenido del primero de los citados preceptos legales, se advierte que resulta improcedente el juicio de amparo, contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que proceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". Principio de definitividad que el quejoso debió observar frente al acto reclamado, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 107 al 115, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, se considera así pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1.- Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2.- Las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3.- Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4.- Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5.- En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin que de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6.- Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7.- Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior se advierte que, con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como el agraviado) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo es la falta o negativa de atención médica adecuada (en el caso, espolón en el pie y se actualice la graduación de lentes) ; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si el quejoso acude en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades directivas del centro de reclusión donde está interno, mismos que se vinculan con las condiciones de su estancia en él, es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que el quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debió acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria. Sin que el presente asunto pueda considerarse que se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad en estudio, toda vez que de la lectura de los artículos 115 a 117, 122 y 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de la causa o ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenara la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los que fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente que no opera la excepción al principio de definitividad. Tampoco puede considerarse procedente el presente juicio de manera excepcional, por tratarse de un asunto donde se comprometa gravemente la dignidad e integridad personal del quejoso, al grado de equipararse a un tormento prohibido por el citado artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el acto reclamado no compromete gravemente su dignidad e integridad personal que pongan en riesgo su vida. Por tanto, como ya se precisó, la Suprema Corte ha establecido que en condiciones de internamiento, se debe de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debe acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debe acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serle favorable o no se le responda, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, tal y como lo prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, de conformidad con el diverso 113, del mismo ordenamiento, SE DESECHA LA DEMANDA; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocado no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. Apoyan lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". "CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE LOS DETENIDOS. PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA CUESTIONES INHERENTES A ÉSTAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, AUN CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL". "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO". "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO". "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DE PRESTAR SERVICIO MÉDICO O ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, SIN AGOTAR PREVIAMENTE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CUANDO SE COMPROMETA GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO". JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en los artículos 3, 24, 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa se practiquen las notificaciones de carácter personal mediante el juicio en línea, mediante el usuario "N_ ESTEBAN", conforme al artículo 55 del "ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En la inteligencia que conforme al diverso numeral 57 del propio Acuerdo General, la autorización para ser notificado electrónicamente lleva implícita la relativa a consultar el expediente electrónico y la de remitir promociones por vía electrónica, conforme a los artículos 18 y 51 del citado Acuerdo General. Asimismo, se le tiene proporcionando únicamente como datos de contacto el correo electrónico que menciona en su demanda. Consecuentemente a lo anterior, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al Actuario de la adscripción para que realice las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Expuesto lo anterior, no ha lugar a tener por señalado el diverso domicilio que refiere en su escrito, toda vez que se trata de un domicilio fuera de la ciudad, máxime que solicitó que se practiquen las notificaciones de carácter personal mediante el juicio en línea. AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a Jessica Fernanda Camacho Cortez, toda vez que, no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, hasta en tanto acredite estar facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. HABILITACIÓN HORAS Y DÍAS INHÁBILES A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. DATOS PERSONALES De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. AUTORIZACIÓN DE FIRMA A LOS SECRETARIOS Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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