Leovigilda Gregorio Gerónimo
Expediente 67/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Leovigilda Gregorio Gerónimo
- Fidencio Gregorio Francisco y Otros.
- Leovigilda Gregorio Gerónimo y Otros.
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Estado de autosVista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Fidencio Gregorio Francisco, así como Javier y Leovigilda, ambos de apellidos Gregorio Gerónimo, sin que hayan hecho uso de tal derecho; por tanto, HA CAUSADO ESTADO el proveído en cita. Remisión del expediente al archivo En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y al tratase de un asunto totalmente concluido, por lo que, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Valoración del expediente En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica y se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, es susceptible de DESTRUCCIÓN ya que se desechó la demanda de amparo. En esa virtud, una vez transcurrido el plazo de conservación establecido en los referidos ordenamientos, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente cuaderno, observándose lo dispuesto en los numerales 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Devolución de documentos De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a los promoventes de amparo para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que adjuntaron a su demanda; apercibidos que, de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. Anotaciones y capturas Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una i presión del presente proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Estado de autosVista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para interponer recurso de queja contra el auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Fidencio Gregorio Francisco, así como Javier y Leovigilda, ambos de apellidos Gregorio Gerónimo, sin que hayan hecho uso de tal derecho; por tanto, HA CAUSADO ESTADO el proveído en cita. Remisión del expediente al archivo En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y al tratase de un asunto totalmente concluido, por lo que, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo. Valoración del expediente En virtud de que el presente asunto carece de relevancia documental e histórica y se encuentra totalmente concluido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, es susceptible de DESTRUCCIÓN ya que se desechó la demanda de amparo. En esa virtud, una vez transcurrido el plazo de conservación establecido en los referidos ordenamientos, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente cuaderno, observándose lo dispuesto en los numerales 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Devolución de documentos De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, prevéngase a los promoventes de amparo para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que sea debidamente notificada del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que adjuntaron a su demanda; apercibidos que, de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. Anotaciones y capturas Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una i presión del presente proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Plazo de vista con constanciasVista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes procesales A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: I. El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Petra Cruz Jaimes, en cuanto albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de J. Santos Vieyra y/o Santos Vieyra Santibáñez y/o J. Santos Vieyra Rodríguez y/o Santos Vieyra Rodríguez. II. Por auto de treinta y uno de enero del año pasado, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. III. Mediante acuerdo de once de agosto de la anualidad inmediata anterior, con base en lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se reanudaron los plazos y términos procesales, en el presente sumario. Luego, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, remitió el oficio 370/2020-II, con el que allegó copia certificada de lo siguiente: Auto de tres de julio de dos mil veinte, en el cual declaró insubsistente todo lo actuado dentro del expediente 74/2016, sobre prescripción positiva, hasta la actuación verificada el uno de marzo de dos mil dieciséis, en el que: Ordenó el llamamiento a juicio de la a sucesión de Santos Vieyra Santibañez, diligencia en la que se debían observar las formalidades de ley, la cual se llevaría hasta en tanto se suspendieran las condiciones establecidas por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, emitidas a fin de afrontar la epidemia del Covid-19; y, Hecho lo anterior, debería proseguir el juicio en sus cauces legales. Razón actuarial de veintinueve de octubre de dos mil veinte. Oficio HP/5009/2020/001040 de veintiocho de octubre de dos mil veinte, suscrito por el Dr. Carlos Alberto Bravo Pantoja, Director del Hospital "Dr. José Torres Orozco", residente en esta ciudad. Valoración practicada al quejoso mediante nota de evolución. V. Bajo ese contexto, por auto veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Por tanto, del examen de las documentales mencionadas con antelación, a las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletorio a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se les otorga valor probatorio pleno, hacen patente que la responsable, a juicio de este juzgador, cumplió parcialmente, con el fallo protector, toda vez que ha realizado lo fundamental o sustancial de la sentencia concesiva del amparo, es decir: El tres de julio de dos mil veinte, dejó sin efectos todo lo actuado en el juicio ordinario civil 74/2016. Ordenó el llamamiento a juicio de Santos Vieyra Santibáñez, autor de la sucesión intestamentaria quejosa. Sin embargo, no ha restituido las cosas al estado que guardaban antes de la violación como lo dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a saber, no ha demostrado que se ha dejado sin efectos las consecuencias jurídicas que ello implica, como es: La cancelación de la inscripción con registro número 32, del tomo 291, del libro de propiedad correspondiente al distrito de Huetamo, Michoacán que se hizo en favor de Hilario Vieyra Rosales, respecto del inmueble rústico denominado "Cuahulote", ubicado en la brecha sin nombre de la ranchería Cuahulote, municipio de Huetamo, Michoacán, Cancelación del traslado de dominio y registro catastral que se efectúo en favor de Hilario Vieyra Rosales. Por lo que al quedar insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, también deben quedar sin efecto las apuntadas consecuencias. En efecto, nuestro Máximo Tribunal en el País ha sostenido que el cumplimiento parcial de la sentencia de amparo, es la única hipótesis en que se puede considerar que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida; es decir, que se ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso o, bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento, implicando con ello que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo. De ahí que esta potestad estima que, en el caso, no se satisfizo en su totalidad los efectos de la sentencia de amparo, lo cual permite establecer válidamente que no se ha cumplido en su totalidad el fallo protector. Por tanto, para restituir a la sucesión agraviada en el pleno goce de los derechos humanos, respecto de la cancelación respectiva; la responsable debe realizar todas las actuaciones necesarias para reintegrar las cosas al estado que guardaban antes de la violación; esto es, debe acreditar la cancelación de los registros y traslado de dominio antes precisados, para lo cual, deberá remitir copia certificada de las constancias con las que se acredite lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos. Lo que se considera de ese modo, porque el caso contrario implicaría que el propio quejoso sea quien tenga que realizar las acciones necesarias para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías, lo que resulta contrario al artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece la obligación de las autoridades responsables de dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo. En tales condiciones, requiérase al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, haciendo uso de los medios a su alcance, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite que se efectúo la cancelación de los registros y traslado de dominio antes precisados. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, le será impuesta multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258 de la ley reglamentaria; y si aún así es omisa se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación; sin perjuicio de dar vista al agente del Ministerio Público adscrito, a efecto de que inicie la averiguación previa correspondiente por su probable responsabilidad en la comisión del delito establecido por el dispositivo 267, fracción I, de Ley de Amparo. Reserva de oficios. Conviene mencionar que es un hecho notorio que algunas dependencias del Estado de Michoacán y la Federación no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19, por ello; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Radicación de demandaVista la demanda de amparo promovida por Fidencio Gregorio Francisco así como Javier y Leovigilda ambos de apellidos Gregorio Gerónimo por propio derecho contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Zamora Michoacán y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese con el número III-67/2021 tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE Consideraciones previas El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda para que en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deseche de plano el escrito inicial De igual modo el artículo 113 en mención señala que el desechamiento de plano de una demanda de amparo requiere necesariamente un motivo de improcedencia del juicio constitucional Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto es decir tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo aquél tiene que ser indudable lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara segura y evidente que es su actualización Apoyan lo expuesto las jurisprudencias I 13° A J/6 y I 60 C J/19 emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil ambos pertenecientes al del Primer Circuito cuyos rubros son DEMANDA DE AMPARO DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO y DEMANDA DE AMPARO DESECHAMIENTO DE LA ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Análisis integral de la demanda Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P /J 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro establece DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD En efecto el análisis integral de la demanda de amparo la cual se trata como un todo revela que los actos reclamados por los promoventes de amparo son los siguientes Al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Zamora Michoacán le reclaman El acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Zamora Michoacán dentro de la causa penal 658/2020 por el cual se les cita a las once horas del día nueve de febrero de dos mil veintiuno a la audiencia de formulación de imputación Al agente del Ministerio Público Litigante Investigador de la Fiscalía Regional de Zamora Michoacán se atribuye La posible orden de comparecencia o aprehensión que soliciten al juez de la causa Improcedencia En la especie este órgano jurisdiccional por lo que respecta al acto atribuido al juez responsable estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en concordancia con 107 fracción V este último aplicado en su interpretación inversa ambos de la Ley de Amparo los cuales en su orden señalan lo siguiente Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente XXIII En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley Artículo 107 El amparo indirecto procede V Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Resulta pertinente establecer como preámbulo que el juicio de amparo es un medio extraordinario y excepcional de defensa cuya procedencia se sujeta a diversos lineamientos que deben colmarse en su totalidad a fin de que se estime que el acto de una autoridad viola los derechos sustanciales del gobernado y no existe un sistema o medio ordinario de impugnación idóneo que le permita dirimir determinada controversia para así acudir a instar el sistema de impartición de justicia federal Así pues el artículo 61 de la Ley de Amparo se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo De acuerdo con el artículo 107 fracción V de la misma ley prevén que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito VI 1º A J/10 consultable en la página 1570 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación mayo de dos mil catorce materia común décima época de rubro y texto siguientes ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107 FRACCIONES III INCISO B Y V Y 170 FRACCIÓN I CUARTO PÁRRAFO ÉSTE A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento siempre y cuando afecten las defensas del quejoso trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes ; lo que implica que a contrario sensu la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean relevantes debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto sin que sea obstáculo a lo anterior que el numeral 170 fracción I cuarto párrafo de la Ley de Amparo se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales pues es una interpretación amplia no restrictiva la más benéfica para los gobernados la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento es decir si es relevante o no la violación procesal Interpretada en sentido contrario dicha disposición el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación que es aquél que tiene como consecuencia afectar directa e inmediatamente un derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ahora bien como quedó precisado la parte quejosa reclama el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Zamora Michoacán dentro de la causa penal 658/2020 por el cual se les cita a la audiencia de formulación de imputación en términos del artículo 141 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales Lo anterior permite sostener que dicho acto no es de aquéllos considerados de imposible reparación ya que la violación reclamada no afecta derechos sustantivos como la vida la propiedad o la libertad ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no trasciende al resultado del fallo sino que cosiste sólo en la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable Si bien pudiera pensarse que podría caber dentro de la fracción V del numeral 107 la cual señala que el amparo biistancial es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Sin embargo ante el acto de autoridad del que se duele la parte promovente cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 97/2013 señaló que sí era procedente el amparo indirecto contra la orden de citación del investigado a la audiencia de formulación de imputación bajo las normas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral de las legislaciones de los Estados de Durango y Chihuahua Lo anterior generó la jurisprudencia 1a /J 93/2013 con número de registro 2005048 de rubro y texto siguiente SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA La figura de la formulación de la imputación dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango respectivamente de la siguiente manera El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público mediante el cual comunica al imputado en presencia del Juez que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados ; y La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y para ello debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor con el apercibimiento de ley que de no comparecer se ordenará su aprehensión Ahora bien el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia debe a partir de ahí sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia Por consiguiente se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto conforme a los artículos 107 fracción III inciso b de la Constitución Federal y 107 fracción V de la Ley de Amparo vigente No obstante al momento de que la Primera Sala del Alto Tribunal emitió la anterior jurisprudencia aún no se encontraba en pleno ni total funcionamiento el sistema de justicia penal adversarial en lo que respecta a nivel federal Fue hasta el cinco de marzo de dos mil catorce que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales el cual es la legislación adjetiva vigente que regula el procedimiento en materia penal tanto en las entidades federativas como a nivel federal Ahora bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver ahora la contradicción de tesis 141/2018 emite el siguiente criterio jurisprudencial SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a /J 93/2013 10a ] La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 97/2013 de la cual derivó la jurisprudencia 1a /J 93/2013 10a interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto Ahora bien de una nueva reflexión esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal al tratarse de una simple comunicación del Juez a petición del Ministerio Público en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado en caso de no comparecer injustificadamente pueda ordenarse su comparecencia forzosa pues ello es un acto futuro de realización incierta al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso conforme al artículo 107 fracción IV de la Ley de Amparo Lo anterior nos permite observar que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País abandonó el criterio emitido en el año dos mil trece donde preveía que el amparo biinstancial sí era procedente contra la orden de citación para formular imputación; para ahora decidir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la orden de citación para formular imputación tal como es el acto reclamado en este caso Dado que el Juez de Control emite la orden de citación a efecto de que comparezca el quejoso a fin de que en la audiencia respectiva se le formule imputación solicitada por el Ministerio Público por lo cual dicho acto no es un acto que atente contra la libertad personal del quejoso dado que lo único a lo que se limitará el Juez de Control es a comunicarle lo solicitado por el fiscal; por tanto dicho acto de comunicación que es la orden de citación no afecta la libertad del quejoso ya que en caso contrario de no asistir el fiscal podría pedir el uso de la fuerza pública para su comparecencia Cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la ejecutoria de la contradicción de tesis 141/2018 argumentó lo siguiente 32 En efecto la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado a petición del Ministerio Público mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 309 de ese ordenamiento procesal Artículo 309 Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del Juez de Control de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito En el caso de detenidos en flagrancia o caso urgente después que el Juez de control califique de legal la detención el Ministerio Público deberá formular la imputación acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su defensor 33 En este sentido la citación para audiencia inicial por sí misma no afecta a la libertad personal del citado pues se trata de un acto que tiene como finalidad simplemente comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial 34 No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta a saber primera la inasistencia del citado; segunda que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera que ante la concurrencia de estas dos condiciones el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado 35 En este sentido de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí misma no es un acto que afecte su libertad personal al tratarse de una simple comunicación del Juez a petición del Ministerio Público en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar Por ende este acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado 36 Por tanto la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada en términos del artículo 141 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso por lo que en su contra no procede el juicio de amparo con fundamento en el artículo 107 fracción IV de esa ley En efecto la citación reclamada no conlleva per se afectación a la libertad personal de los quejosos porque aquélla solo consiste en la comunicación a los citados de que se requiere su presencia ante el órgano jurisdiccional Esto es la citación no afecta la libertad personal pues solo tiene por objeto comunicarle la necesidad de su presencia para llevar a cabo el desahogo de la audiencia de formulación de imputación pues es necesaria la presencia de los imputados a fin de que hagan valer sus derechos En el entendido que las consecuencias que podrían derivar de la inasistencia del inconforme en relación con el apercibimiento genérico contenido en el citatorio consistente en imponerle las medidas de apremio que prevé el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales en todo caso constituyen actos futuros de realización incierta pues su aplicación está condicionada a que el llamado no asista sin justificación y a que la representante social decida hacer efectiva alguna de las medidas de apremio que establece el indicado precepto Desechamiento Consecuentemente al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en concordancia con la fracción V del numeral 107 ambos de la Ley de Amparo en concordancia con el artículo 107 fracción III inciso b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se DESECHA DE PLANO por notoria e indudable improcedencia la demanda de que se trata por el acto consistente en el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Zamora Michoacán dentro de la causa penal 658/2020 por el cual se les cita a las once horas del día nueve de febrero de dos mil veintiuno a la audiencia de formulación de imputación Aunado a lo anterior también se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo en relación con los preceptos 1º fracción I y 5° fracción II del mismo ordenamiento legal El primer precepto dispone que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La fracción I del artículo 1º de la Ley de Amparo prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte A su vez el artículo 5 fracción II párrafo primero indica que las autoridades responsables son las que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean modifican o extinguen por sí y ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido construyendo un criterio que defina las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo que sea acorde con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado Tales características son las siguientes a La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular b Que esa relación tenga su nacimiento en la ley lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad c Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular d Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado Lo anterior se estableció en la jurisprudencia 2a /J 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO NOTAS DISTINTIVAS Criterio antes invocado que desde luego fue emitido con la vigencia de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo en la ley vigente a partir del tres de abril de dos mil trece no se hizo otra cosa más que recoger algunas de las anteriores notas distintivas para establecerlas expresamente en el artículo 5 fracción II de la nueva Ley de Amparo Actualmente debe tenerse en cuenta para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo la posibilidad de que un ente u organismo del Estado [autoridad con independencia de su naturaleza formal] dicte ordene ejecute o trate de ejecutar un acto que cree modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral o en su caso que omita el acto respectivo Empero la circunstancia de que no se haya establecido en la Ley de Amparo que debe de existir entre el ente de hecho o de derecho y el quejoso una relación de supra a subordinación no quiere decir que éste deje de ser un requisito fundamental para determinar si se trata o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo pues estimar lo contrario implicaría reconocer que cualquier acto podría ser materia del juicio constitucional Sin que sea óbice que el segundo párrafo del artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo establezca que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esa misma fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; pues tal apartado normativo debe interpretarse en el sentido de que la propia ley le da al particular el imperio para actuar frente al gobernado en un plano de supra a subordinación y no como naturalmente lo hace en coordinación Por ello a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a las particularidades del acto mismo; en otras palabras debe atenderse a la norma legal y examinarla si facultan a aquélla o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades Asimismo para determinar cuándo se está en presencia de una autoridad para efectos del juicio de amparo es útil acudir a la distinción que hace la teoría general de derecho entre relaciones jurídicas de coordinación requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes De igual manera se debe acudir a las relaciones de subordinación entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado En ese sentido debe mencionarse que las relaciones jurídicas de coordinación al entablarse en un plano de igualdad ninguno de ellos actúa como autoridad y por ende los actos realizados por los mismos no pueden ser actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo; mientras que en las relaciones jurídicas de subordinación y de supraordinación sí se pueden suscitar actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo dado que al intervenir en ellas uno o más órganos del Estado que unilateralmente imponen su voluntad pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación intitulada AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO Asimismo la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación que señala AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES Lo expuesto pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo el ente de hecho o de derecho que en una relación de supra a subordinación emite actos unilaterales a través de los cuales crea modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad Ahora resulta pertinente destacar que si bien la representación social señalada como autoridad responsable por los quejosos pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales pueden crear modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados la realidad es que no se da tal supuesto cuando éstas actúan desprovistas de la facultad de imperio que caracteriza las relaciones de supra a subordinación En el caso que nos ocupa para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada debe precisarse que la parte quejosa reclama el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veinte dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Zamora Michoacán dentro de la causa penal 658/2020 por el cual se les cita a la audiencia de formulación de imputación en términos del artículo 141 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales y como consecuencia de ello que el Ministerio publico vaya a solicitar al juez de la causa la emisión de una orden de comparecencia Ahora para sustentar la improcedencia es importante traer a colación lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció al resolver la contradicción de tesis 233/2017 en la cual adujo lo siguiente Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho se estableció en el artículo 16 párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal la figura del Juez de Control en los siguientes términos Artículo 16 Los Poderes Judiciales contarán con Jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre Jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes Por su parte en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados de once de diciembre de dos mil siete se puntualizó lo siguiente Se prevé la inclusión de un Juez de control que resuelva en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que así lo requieran cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho Asimismo en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte en lo que interesa lo siguiente Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas se coincide con la preocupación de apoyar el estado de derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público se estima necesario establecer la existencia de Jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial en forma acelerada y ágil sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos Otra atribución del Juez de Control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva no ejercicio de la acción penal el desistimiento y la suspensión de la acción penal para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos Este tipo de Jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso preliminares al juicio las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva se requerirá de algún o algunos Jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas providencias y técnicas señaladas otros Jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público que pueden ser miles y otros Jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio incluso los procesos abreviados Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir Jueces de Control que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos arraigos intervenciones de comunicaciones privadas órdenes de aprehensión y las demás que requieran control judicial asimismo resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial Como puede observarse la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial Además deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho A su vez el legislador permanente estableció en su exposición de motivos que los Jueces de Control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva no ejercicio de la acción penal desistimiento y suspensión de la acción penal y en general las determinaciones del Ministerio Público para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial en forma acelerada y ágil sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial Ciertamente en el sistema procesal penal acusatorio y oral los Jueces de Control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales Por ello el Juez de Control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial sobre aquellas diligencias actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales En ese contexto el Juez de Control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado Así los Jueces de Control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional para vigilar controlar avalar y en su caso descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico lógico y de respeto a los derechos humanos Para efectos del tópico que se analiza cobra relevancia señalar que el Juez de Control debe ejercer control de legalidad de las determinaciones del Ministerio Público en forma acelerada y ágil sin que ello implique dejar de fundar y motivar; toda vez que es la autoridad jurisdiccional que está fáctica y jurídicamente más cercana a la investigación de lo tradicional a fin de que se sujeten a reglas y el respeto a los derechos humanos Aunado a lo anterior se establece que de la directriz constitucional en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales en el sistema penal acusatorio y oral adversarial el agente del Ministerio Público es una parte procesal igual que la víctima u ofendido asesor jurídico imputado o defensor pues todos realizan actos de investigación Ello se observa en las fases de investigación a que se refiere el artículo 211 fracción I incisos a y b del Código Nacional de Procedimientos Penales [inicial como complementaria] como se aprecia a continuación 1 la investigación se judicializó; el agente del Ministerio Público ya no genera prueba en la investigación es decir en el nuevo sistema penal conforme al principio de igualdad entre las partes donde se garantiza las condiciones de igualdad el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución los Tratados y las leyes que de ellos emanen todas estas investigan y quien controla sus actos u omisiones en esas fases de investigación es el Juez de Control quien asume el carácter de autoridad en el sistema penal acusatorio y oral pues así se desprende de los artículos 16 párrafo catorce de la Constitución; 3º fracción VII 24 29 133 fracción I 137 al 174 183 al 206 211 fracciones I incisos a y b II 219 220 227 231 251 252 258 267 al 303 304 307 al 347 y 467 del Código Nacional de Procedimiento Penales 2 la relación jurídica existente entre las partes corresponde a una de coordinación entre el agente del Ministerio Público víctima u ofendido y representante legal imputado y defensor porque todas realizan actos de investigación; y 3 todos los actos de investigación que realizan las partes son analizadas ante su falta de idoneidad o pertinencia así como el estudio de su ilegalidad en la obtención ante el Juez de Control; por tanto ello evita que el Fiscal sea quien decida en exclusiva las cuestiones referentes a las técnicas de investigación lo que solo implica la posibilidad de que la parte afectada acuda a solicitar audiencia ante el Juez de Control para solucionar el conflicto penal suscitado en la etapa de investigación inicial o complementaria En ese contexto constitucional y legal de una interpretación sistemática y funcional se advierte que el Juez de Control es la autoridad facultada para resolver todas las cuestiones que sean materia de controversia en la investigación inicial formulación de imputación o complementaria Por tanto atendiendo a que en el nuevo sistema de justicia penal el Ministerio Público figura como parte en igualdad de condiciones que el imputado y la víctima los actos que realiza no podrían someterse a escrutinio en el juicio de amparo el cual procede contra actos de autoridad o de particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad siempre que afecten derechos en los términos a que se refiere el artículo 5° fracción II de la Ley de Amparo y sus funciones estén determinadas por una norma general lo cual no acontece en este caso pues para afectar derechos constitucionalmente protegidos como es la ejecución de una medida de apremio derivado por no acatar una citación el Ministerio Público requiere de autorización del Juez de Control En otras palabras los actos atribuidos al agente del Ministerio Público Litigante Investigador de la Fiscalía Regional de Zamora Michoacán ejecución de una probable medida de apremio derivada por no acatar la citación del Juez de Control no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que no actúa en una relación de supra a subordinación sino en una diversa esto es en una relación de coordinación la cual se entabla en un plano de igualdad con los quejosos Consecuentemente resulta inconcuso que en el caso de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61 en relación con los diversos 1º fracción I y 5º fracción II ambos de la Ley de Amparo por lo que también procede desechar la demande amparo por lo que ve a los actos atribuidos al agente del Ministerio Público Litigante Investigador de la Fiscalía Regional de Zamora Michoacán Sin que sea inadvertido que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento podrían estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo tratándose de casos como el presente siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego seguidas las formalidades de ley alcanzar la conclusión ahora formulada Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito en la tesis consultable en la página 316 tomo X octubre de 1992 Semanario Judicial de la Federación Octava época de rubro siguiente DEMANDA DESECHAMIENTO DE LA POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA Así como la jurisprudencia J/23 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito titulada DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA Además la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1º constitucional dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada la cual debe ser analizada de oficio por este juzgador y en el caso la examinada es procedente de manera notoria manifiesta e indudable Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a /J 10/2014 10a de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Así como la tesis número III 4o III región 14 K 10a sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara Jalisco de epígrafe siguiente DERECHOS HUMANOS LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y POR ELLO SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Domicilio procesal y autorizados Se tiene a la parte promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y autorizando para tal efecto a las personas que indica mientras que Armando Silva Moreno gozará de todas las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito como se obtiene de la certificación secretarial que antecede Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía Se exhorta a las partes para que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal FIREL o por el Servicio de Administración Tributaria e Sat o e Firma que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias En caso de no contar con ninguna de ellas podrán tramitarla en la página www firel pjf gob mx siguiendo los pasos que ahí se describen Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas las personas quejosa autoridad responsable y Ministerio Público tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como usuario asignándole la nomenclatura que sea de su agrado y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán Consultar constancias Presentar demandas escritos recursos ampliación de demanda cumplir con prevenciones y requerimientos formular alegatos acceder a los que formule su contraparte Notificarse Descargar las constancias que constituyen el expediente digital la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órganos jurisdiccional Al respecto el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente Artículo 16 Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán i indicar su nombre correo electrónico y CURP; ii crear un Nombre de Usuario y una Contraseña ; y iii vincular su Firma Electrónica al registro respectivo El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente se les informa lo siguiente Consulta física del expediente Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid-19 subsiste la situación de emergencia sanitaria si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba con base en el artículo 6 del acuerdo general en cita deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación dentro del micrositio Agenda OJ en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y consecuentemente al expediente respectivo conforme a los artículos 3 4 6 y 7 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes El acceso al órgano jurisdiccional y por consecuencia al expediente sólo verificará en la fecha y hora de la cita Estará limitado a dos personas por cita una de las cuales deberá ser quien agendó la cita Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad deberá informarlo al momento de agendar la cita indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto no se permitirá el acceso Deberá respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento Para presentar físicamente promociones Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales los escritos promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común OPC las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del tres de agosto de dos mil veinte y funcionará en dos turnos; a saber i turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve sólo para los órganos que laboren por las tardes Para tal efecto indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino Procedimiento ante las oficialías de partes comunes OPC Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal en la medida de lo posible se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla i Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria ii La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC iii Una vez en el espacio correspondiente a la OPC deberá hacer fila siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente iv En caso de advertirse que están agotados los espacios personales alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno v Una vez atendida la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia o el buzón judicial Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano se les hace del conocimiento que conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular También se les comunica que El incumplimiento de las medidas sanitarias generará en principio una llamada de atención mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita no se permitirá en hora y fecha diversa en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita Habilitación de días y horas inhábiles De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo Anotaciones y capturas Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado así como las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE y en su oportunidad archívese el asunto como concluido Integración del expediente Finalmente conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico
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