Leovigilda Elena Cruz García
Expediente 614/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 614/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Leovigilda Elena Cruz García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha la autoridad responsable Delegado Catastral en el Distrito Judicial de Zimatlán del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo a pesar de haber quedado debidamente notificada de los requerimientos realizados el veintinueve de agosto y veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, como se advierte de los acuses de recibo que obran en autos. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el arábigo 192 de la Ley de Amparo requiérase por última vez a la autoridad responsable Delegado Catastral en el Distrito Judicial de Zimatlán del Instituto Catastral del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en el que quede notificado del presente auto, cumpla con la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá remitir copias certificadas ordenadas, legibles y completas de las constancias que acrediten su acato al fallo protector. Apercíbase a la citada autoridad que de no informar lo anterior o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de agosto del año en curso. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable Delegado Catastral en el Distrito Judicial de Zimatlán del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, a la fecha la mencionada autoridad no se ha pronunciado al respecto a pesar de haber quedado debidamente notificada del mismo el seis de septiembre del año en curso, como se desprende del acuse de recibo que obra en autos. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el arábigo 192 de la Ley de Amparo requiérase nuevamente a la autoridad responsable Delegado Catastral en el Distrito Judicial de Zimatlán del Instituto Catastral del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguiente al en el que quede notificado del presente auto, cumpla con la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá remitir copias certificadas ordenadas, legibles y completas de las constancias que acrediten su acato al fallo protector. Apercíbase a la citada autoridad que de no informar lo anterior o de no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintinueve de agosto del año en curso. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Del estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto por el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo prescrito por los arábigos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que tal fallo ha causado ejecutoria. Ahora, la protección constitucional se otorgó a la parte quejosa para los siguientes efectos: "Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia, emita la contestación respectiva y notifique de manera inmediata a la promovente del amparo la respuesta a su solicitud presentada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós." Por tanto, con fundamento en lo previsto por el arábigo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable Delegado Catastral en el Distrito Judicial de Zimatlán del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguiente al en el que quede notificada, cumpla la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual deberá remitir copias certificadas ordenadas, legibles y completas de las constancias que acrediten su acato al fallo protector. Se apercibe a la responsable, que si no actúa como se indica en la ejecutoria de amparo este Juzgado de Distrito les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto por los dispositivos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en el que incurra en la conducta sancionadora y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno proponga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de que proceda, la destitución del cargo del servidor público respectivo y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígasele que en términos de lo señalado por el normativo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo del fallo protector es injustificado, no la exime de responsabilidades, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Se precisa que de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que tratan de eludir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
" . . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 614/2023, promovido por ********************, en contra del Delegado Catastral en el Distrito Judicial de Zimatlán del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar si se actualiza la violación al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES La quejosa bajo protesta de decir verdad refiere que mediante escritura 35040 expedida por el Notario Ciento Cinco del Estado de Oaxaca, adquirió por contrato de compraventa la fracción de terreno de forma irregular ubicado en el paraje denominado "La Zeta" del Municipio de Ayoquezco de Aldama, de la Villa de Zimatlán de Álvarez, Estado de Oaxaca. Derivado de lo anterior el titular de la notaría referida mediante solicitud de trámite catastral presentada ante la autoridad responsable el veinticinco de mayo de dos mil veinte, solicitó a su nombre el traslado de dominio del inmueble mencionado; no obstante refiere que dicha autoridad no ha dado respuesta alguna a su petición. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se formuló mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisa. Por cuestión de turno, se remitió a este Juzgado de Distrito, donde se registró con el número 614/2023 y se admitió por auto de veinte de junio de dos mil veintitrés, en la cual se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión y la autoridad responsable tiene residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, como lo explica la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta aplicable por analogía: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, la intención de la quejosa es reclamar del Delegado Catastral en el Distrito Judicial de Zimatlán del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral con número de folio 6877 que presentó a la autoridad responsable referida el veinticinco de mayo de dos mil veinte, relativa al traslado de dominio de la fracción de terreno de forma irregular ubicado en el paraje denominado "La Zeta" del Municipio de Ayoquezco de Aldama, de la Villa de Zimatlán de Álvarez, Estado de Oaxaca. VI. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Delegado Catastral en el Distrito Judicial de Zimatlán del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de trámite catastral con número de folio 6877 que presentó a la autoridad responsable referida el veinticinco de mayo de dos mil veinte, relativa al traslado de dominio de la fracción de terreno descrito con antelación. Lo anterior, en tanto que dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, por lo que se tiene por presuntamente cierto el acto que se le atribuye; ello acorde a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Además, porque la quejosa exhibe copia del acuse de la solicitud de trámite catastral presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, y ello corrobora la certeza del acto reclamado. VII. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente. ESTUDIO DE FONDO Resulta fundado el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, consistente en que la autoridad responsable Delegado Catastral en el Distrito Judicial de Zimatlán del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 8º Constitucional, ya que ha omitido dar una respuesta a su solicitud de trámite catastral presentada el veinticinco de mayo de dos mil veinte, mismo que se considera suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe: Artículo 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Del precepto legal transcrito, se constata que el derecho de petición es consagrado en la Carta Magna como uno de los derechos públicos subjetivos fundamentales del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales, para dar contestación por escrito y en breve término a las solicitudes formuladas por los justiciables. El ejercicio del indicado derecho tiene como presupuesto, que el gobernado eleve por escrito, de manera pacífica y respetuosa, la petición correspondiente al funcionario o empleado titular del órgano del Estado, para que éste tenga el deber ineludible de darle respuesta a las peticiones que de esa manera le formule todo gobernable, por ser éste el titular de la potestad jurídica de petición derivada de la norma constitucional como derecho subjetivo público individual. Así, del artículo Constitucional transcrito se infiere lo siguiente: 1. Que a los funcionarios y empleados públicos podrán formulárseles peticiones por escrito, de manera pacífica y respetuosa. 2. Que la autoridad a la que se le formule una petición que reúna las formalidades precitadas, deberá dar contestación al peticionario. 3. Que dicha contestación deberá hacerse por escrito y comunicarse en breve término al gobernado. Robustece lo anterior, la jurisprudencia por contradicción P./J. 42/2001 localizable en la página ciento veintiséis, del Tomo XIII, Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del, que reza: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. Así como el criterio sostenido en la tesis visible en la página 318 del Tomo X, Octava Época, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que prevé: DERECHO DE PETICIÓN. QUE DEBE ENTENDERSE POR BREVE TERMINO Y CUAL ES AQUEL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE DICTAR EL ACUERDO RESPECTIVO Y DARLO A CONOCER AL PETICIONARIO. No es verdad que sea necesario que transcurran más de cuatro meses sin dar respuesta a una petición formulada en términos del artículo 8o. constitucional para considerar transgredido dicho precepto, puesto que sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el citado precepto constitucional. En efecto, la respuesta a toda solicitud debe hacerse al peticionario por escrito y "en breve término", debiéndose entender por éste como aquel en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. En consecuencia, es inexacto que los funcionarios y empleados cuenten con un término de cuatro meses para dar contestación a una solicitud. Requisitos que la autoridad señalada como responsable debe probar fehacientemente haber cumplido, para que pueda entonces asegurarse que se cumplió el imperativo constitucional en comento; esto es, cuando en el juicio de amparo se reclama la violación al artículo 8º de nuestra Carta Magna, como en el presente caso, corresponde a la parte quejosa demostrar la existencia de la petición, y a la autoridad responsable, que dio respuesta y la hizo del conocimiento del interesado. Ahora bien, en el caso a estudio, el primero de los requisitos previstos en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra satisfecho, pues la quejosa acreditó que el veinticinco de mayo de dos mil veinte, presentó en el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, de manera pacífica y respetuosa, la solicitud de trámite catastral con número de folio 6877, relativa al traslado de dominio de la fracción de terreno de forma irregular ubicado en el paraje denominado "La Zeta" del Municipio de Ayoquezco de Aldama, de la Villa de Zimatlán de Álvarez, Estado de Oaxaca. Cabe realizar la precisión, que la quejosa exhibió copia certificada del acuse de recibo relativo a la solicitud realizada. Es por ello, se reitera el primero de los requisitos se encuentra satisfecho. En cuanto al segundo requisito señalado en el artículo 8º de la Constitución Federal, éste no se encuentra satisfecho, porque de autos no se advierte que la autoridad responsable haya emitido contestación a la solicitud de la parte quejosa, por lo que es dable concluir, que se transgrede en perjuicio de ésta, el derecho contenido en el artículo 8º Constitucional. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable no ha dado contestación a la solicitud de trámite catastral presentado por la accionante del amparo. No debe soslayarse que en torno al derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Ley Fundamental, deben actualizarse como se dijo, las siguientes premisas: la existencia de una petición de un particular ante una autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; las correlativas obligaciones de la autoridad de emitir acuerdo en breve término, en el que dé contestación de manera congruente a la petición formulada y de notificar la resolución correspondiente al gobernable. Sobre esas premisas, es dable concluir que la contestación que recaiga a la solicitud formulada es el elemento constitutivo principal del derecho público subjetivo en comento. Así, la quejosa hizo del conocimiento y acreditó ante este juzgado, la solicitud de trámite catastral presentada el veinticinco de mayo de dos mil veinte, ante el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, se haya probado la emisión de la respuesta por parte de la autoridad responsable de lo solicitado por la quejosa ni se ha notificado respuesta alguna; por tanto, dicha autoridad está constreñida a dar contestación a esa petición y hacerlo del conocimiento de la parte quejosa, porque no existe impedimento alguno para actuar consecuentemente. Aunado a lo anterior, una vez que la autoridad responsable emita la contestación respectiva, deberá hacerlo del conocimiento de la parte quejosa, para de esta forma queden satisfechas las exigencias previstas en el artículo 8° Constitucional, y determinar que en la especie no existió violación al derecho subjetivo público consagrado en el citado numeral, puesto que si bien se acreditó la existencia de la petición de un particular ante diversa autoridad, formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; empero no se ha efectuado la contestación, mucho menos la notificación de ésta a la quejosa, como en derecho corresponda. Además, el plazo entre la fecha de presentación del escrito de solicitud y la fecha de emisión de esta sentencia, es suficiente prudentemente para haber dado contestación; sin embargo, la autoridad no acreditó en la secuela procesal de este juicio ni en la audiencia de ley, haber realizado lo indicado en el precepto 8º Constitucional. No obstante ello, se insiste a la fecha en que se dicta la presente resolución, no se tiene constancia alguna donde se acredite que la autoridad responsable haya dado contestación a la solicitud de trámite catastral con número de folio 6877 que presentó a la autoridad responsable referida el veinticinco de mayo de dos mil veinte, relativa al traslado de dominio de la fracción de terreno de forma irregular ubicado en el paraje denominado "La Zeta" del Municipio de Ayoquezco de Aldama, de la Villa de Zimatlán de Álvarez, Estado de Oaxaca; por ende, es incuestionable que se violó en perjuicio de la impetrante de amparo, el derecho de petición consagrado por el numeral en comento. En apoyo de la conclusión anterior, cabe citar la tesis de jurisprudencia, visible en la página 127, Segunda Sala del Tomo 205-216, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación Nación, que a la letra dice: PETICIÓN. DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TERMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO LOS TRAMITES RELATIVOS A SU PETICION. Las garantías del artículo 8° Constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, este bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8° Constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8° Constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que si hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8° Constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la substanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones. DECISIÓN Consecuentemente, la omisión de la autoridad responsable en dar contestación a la solicitud de la parte quejosa, implica dejarla en estado de indefensión. Por tanto, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ********************, para que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia, emita la contestación respectiva y notifique de manera inmediata a la promovente del amparo la respuesta a su solicitud presentada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis visible en la página 383 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, abril de 1996, Novena Época, cuyo rubro y texto son: DERECHO DE PETICIÓN. NOTIFICACIÓN DEL. Aun cuando la responsable señale haber dado respuesta a la solicitud que el quejoso le presentó de acuerdo con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si no demuestra de manera fehaciente que la respuesta a tal solicitud, le fue notificada al solicitante, debe considerarse que no dio contestación al peticionario, violando con ello el precepto constitucional en comento. También la jurisprudencia 129, visible en la página 88 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo III, Materia Administrativa, que señala: PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8º constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. En la inteligencia que los efectos de esta sentencia únicamente la constriñe a emitir la determinación respectiva y hacerla del conocimiento de la quejosa, pero no a resolver en determinado sentido. Por las razones que aporta, es aplicable la tesis XXXIV/92, visible en la página 81 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, cuyo contenido es: PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8º. Constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término y por escrito, las promociones que se presenten. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado al Delegado Catastral en el Distrito Judicial de Zimatlán de Álvarez Oaxaca. El amparo se concede en los términos del apartado IX de esta sentencia. Notifíquese.
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