Leovardo Crisantos Sánchez

Expediente 368/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
368/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Leovardo Crisantos Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla -en su denominación correcta- a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental pública, consistente en copia certificada del auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral D-252/2012, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Se comisiona a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para realizar las gestiones necesarias a efecto de registrar a la autoridad responsable -Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla- en su denominación correcta, en el referido sistema. Ahora, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el treinta de marzo e dos mil veintidós el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veinticuatro de enero de dos mil veintidós y proveyó respecto de la ejecución del laudo señalando fecha y hora para la diligencia de reinstalación, dentro del juicio laboral D-252/2012, de su índice. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Leovardo Crisanto Sánchez, hizo consistir los actos reclamados en la omisión del el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de pronunciarse respecto del escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós y ordenar la ejecución de laudo emitido el cuatro de septiembre de dos mil trece; y, el treinta de marzo de dos mil veintidós la responsable acordó el escrito de referencia en el que tuvo a la promovente del amparo señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, ordenó expedirle las copias que solicitó, actualizó la cantidad adeudada y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación en cumplimiento al laudo en cita; lo que se acredita con la constancia que adjuntó la autoridad oficiante a su informe justificado. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse acordado el escrito de referencia y haberse pronunciado sobre la ejecución del laudo, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con treinta y tres minutos del siete de abril de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla -en su denominación correcta- a través del cual rinde el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental pública, consistente en copia certificada del auto de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral D-252/2012, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Se comisiona a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para realizar las gestiones necesarias a efecto de registrar a la autoridad responsable -Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla- en su denominación correcta, en el referido sistema. Ahora, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el treinta de marzo e dos mil veintidós el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veinticuatro de enero de dos mil veintidós y proveyó respecto de la ejecución del laudo señalando fecha y hora para la diligencia de reinstalación, dentro del juicio laboral D-252/2012, de su índice. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Leovardo Crisanto Sánchez, hizo consistir los actos reclamados en la omisión del el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de pronunciarse respecto del escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veintidós y ordenar la ejecución de laudo emitido el cuatro de septiembre de dos mil trece; y, el treinta de marzo de dos mil veintidós la responsable acordó el escrito de referencia en el que tuvo a la promovente del amparo señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, ordenó expedirle las copias que solicitó, actualizó la cantidad adeudada y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación en cumplimiento al laudo en cita; lo que se acredita con la constancia que adjuntó la autoridad oficiante a su informe justificado. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse acordado el escrito de referencia y haberse pronunciado sobre la ejecución del laudo, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con treinta y tres minutos del siete de abril de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de marzo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, en la precitada sentencia se concedió el amparo solicitado, en los términos siguientes: ".el Secretario de Salud Federal y la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, por sí o por conducto de quien, en razón de sus funciones y competencia, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: ? Garanticen el respeto al derecho a la salud de la parte quejosa, cuestión que implica que apliquen a favor del menor quejoso la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, de conformidad con el Comunicado a la población 23/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios -por el que ésta dictaminó procedente la modificación a las condiciones de autorización para el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, para su posible aplicación a los menores a partir de los doce años sin comorbilidades-. ? Para cumplir íntegramente con el punto anterior, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para que apliquen al menor quejoso de iniciales J.A.L.J., la segunda dosis de la vacuna autorizada para los menores de entre 12 y 17 años de edad establecida en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, lo que involucra que: ? Previamente a la aplicación del biológico respectivo, deberán hacer una valoración del menor de edad y determinar si físicamente y de acuerdo a su estado de salud es candidata a la aplicación de la misma y en sus modalidades (tipo o marca de vacuna), así como las dosis que correspondan. ? Realizada la valoración mencionada en el punto anterior, deberán señalar día, hora y lugar en el que deba presentarse para ser inoculado, indicándole las medidas sanitarias que deberá observar al momento de acudir al lugar que se establezca para tal efecto." Como puede verse, la concesión del amparo en el presente asunto fue -medularmente- para el efecto de que se aplicara a favor del menor quejoso la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, esto es, a fin de que se el Secretario de Salud Federal llevara a cabo las acciones necesarias para aplicar al menor quejoso J.A.L.J., la vacuna autorizada para los menores de entre 12 y 17 años de edad, contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19). Sin embargo, en cumplimiento a la suspensión de plano concedida en el presente asunto, mediante oficio número HGP/DIR/570/2021, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el Director del Hospital General Dr. Eduardo Vázquez N., informó a este órgano jurisdiccional que el diecinueve de noviembre de la anualidad pasada, se aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech al menor de iniciales J.A.L.J. Por tanto, tomando en consideración que el Secretario de Salud autorizó la "Guía técnica para la aplicación de la vacuna BNT162b2 Pfizer/BioNTech contra el virus SARS-CoV-2" (publicada el quince de octubre de dos mil veintiuno, en la página electrónica siguiente: http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de-consulta/), en la que se estableció, entre otras cosas, que "el esquema de vacunación es de dos dosis."; este órgano jurisdiccional estima innecesario requerir el cumplimiento a la sentencia amparadora, a que se refiere el artículo 192 de la Ley de Amparo, en tanto que ya se aplicaron las dos dosis de la vacuna a la parte quejosa. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio número HGP/DIR/570/2021, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, signado por el Director del Hospital General Dr. Eduardo Vázquez N., por el término de tres días legalmente computado, para que se imponga de su contenido y, en su caso, manifieste lo que a su interés convenga respecto a lo informado por la indicada autoridad; apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. ..

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