Leopoldo Vivanco Angulo

Expediente 307/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
307/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Leopoldo Vivanco Angulo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de julio de dos mil veintidós. I. Estado procesal. Del estado de los autos se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para realizar manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar si la responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia protectora. II. Relación de constancias. Mediante sentencia de veinticinco de mayo de la presente anualidad, en la cual se determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal para que la responsable, en el ámbito de sus atribuciones realizara lo siguiente: "que la responsable dicte laudo en el juicio 1921/2020." Posteriormente, por acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, se declaró que causó ejecutoria la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada; en consecuencia, se requirió a la responsable por el cumplimiento de la ejecutoria, antes mencionada. III. Calificativo de cumplimiento. En ese orden de ideas, por oficio recibido en este juzgado el veintiocho de junio pasado, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitió las constancias certificadas las cuales revelan que el trece de junio del presente año, se dictó laudo en el juicio laboral 1921/2020, del índice de la Junta del conocimiento. IV. Vista. Por lo anterior, mediante acuerdo de treinta de junio de la anualidad que transcurre, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de ese proveído se manifestara al respecto, con la prevención de que transcurrido dicho plazo este juzgador se pronunciaría sobre el cumplimiento de ejecutoria, sin que al respecto hiciera manifestación alguna. Por las consideraciones vertidas la sentencia de amparo se califica como totalmente cumplida sin exceso ni defecto para todos los efectos legales a que haya lugar. V. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. V. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de junio de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Glósese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta proveniente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, de esta ciudad, por conducto de su presidente, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y para tal efecto anexa constancias. Vista a parte quejosa. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a Leopoldo Vivanco Angulo -parte quejosa del presente juicio- para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído exprese lo que a su interés legal convenga, transcurrido ese plazo, este juzgado se pronunciará sobre tal cumplimiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, quince de junio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, realice lo siguiente: "que la responsable dicte laudo en el juicio 1921/2020." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y siete minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido del secretario Jesús Emmanuel Trejo Michel, con quien actúa, declara abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto de admisión, constancias de emplazamiento a juicio de las partes; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar; constancias; asimismo, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se reservó proveer en relación con los terceros interesados, sin embargo en el caso no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. En relación con lo certificado por el secretario en el sentido de que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable; debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. Este juzgador no inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con la documental ofrecida por la autoridad responsable ********************. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su naturaleza la aludida probanza. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el ********************, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido a este órgano, por razón de turno, al día siguiente hábil,********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y por el acto que se precisara con posterioridad. Por auto de ********************, se requirió al quejoso para que precisara el número de juicio de origen de donde emana el acto reclamado, toda vez que del capítulo del acto reclamado, se advertía el juicio 2075/19JE1 y de los antecedentes el 1921/2021. Mediante escrito de veintinueve de marzo del presente año, se intentó subsanar dicha prevención; sin embargo, subsistió la aclaración, hasta que por auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. III. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La omisión de emitir el laudo dentro del juicio laboral ********************. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado, por así declararlo al rendir su informe justificado, la autoridad responsable; certeza que se corrobora con las constancias que remitió, de las cuales se advierte el acto impugnado. Actuaciones a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que se tratan de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que la ley le asigna. Causas de improcedencia En virtud de que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y este Juzgado no advierte de oficio que se actualice alguna de las previstas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que este órgano jurisdiccional tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. Sobre dicha cuestión, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, Octava Época, que expresa: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." Conceptos de violación Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, toda vez que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante, para su análisis se sintetizarán más adelante. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 publicada en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: ''CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Estudio de fondo El concepto de violación es fundado, toda vez que el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción, la cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral faltará a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. La naturaleza expedita de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por su parte, de los numerales 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que una vez desahogada la totalidad de las pruebas y formulados los alegatos de las partes, el secretario hará la certificación correspondiente y se dará vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con la precisión que de no realizar manifestación alguna, de oficio se procederá al cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción, el auxiliar de la junta, dentro del plazo de diez días, formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará copia a los integrantes de ésta, quienes a su vez, dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrán ordenar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo dentro de un lapso de ocho días. Después de haber transcurrido dicho plazo o desahogadas las diligencias pendientes, el presidente de la junta citará a los miembros para la audiencia discusión y votación, la que se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes al que haya concluido el término fijado, o el desahogo de las diligencias respectivas. Finalmente, una vez aprobado el proyecto de resolución, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los integrantes de la junta, el cual, se pasará al actuario para que lo notifique personalmente a las partes; lo anterior, suma un aproximado de treinta y tres días. Ahora, de lo manifestado por el quejoso en su escrito inicial de demanda de garantías, corroborado con lo señalado por el presidente de la junta responsable al rendir informe justificado, se desprende que el seis de agosto de dos mil veintiuno, se cerró la instrucción del juicio laboral y se turnó los autos a la sala de dictámenes para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo. Por lo que es notorio que la responsable no se ha ajustado a los plazos que rigen el procedimiento laboral, toda vez que a la fecha no se advierte que con motivo de la remisión del expediente a la sala de dictámenes, se haya elaborado el proyecto de resolución en forma de laudo, en términos de los artículos 885 del Ley Federal del Trabajo. En ese tenor, se concluye que vulnera la garantía de administración pronta y expedita de justicia que tutela a favor de los justiciables el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que, como lo refiere la parte quejosa, la responsable ha retardado la resolución del juicio; por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. Por otra parte, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. Decisión En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable dicte laudo en el juicio ********************. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados VII y VIII de este fallo. Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano