Leopoldo Viquez Montoya

Expediente 1166/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1166/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/12/2021

Partes del expediente

  • Leopoldo Viquez Montoya

Actuaciones

  1. Principal

    L. se ordena el archivo

  2. Principal

    L. Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario Judicial de la adscripción, en la que hace constar la imposibilidad para notificar a la quejosa el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que ahí menciona. En consecuencia, notifíquese a la impetrante de la demanda dicha determinación, así como las subsecuentes que le resulten de carácter personal, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale un domicilio procesal donde se le pueda localizar prontamente y dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Toluca), o en su defecto, dentro de la zona conurbada de este Juzgado (Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez). Notifíquese como legalmente corresponda. AUTO DE proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno: Toluca, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda con la que se da cuenta promovida por ********************** personalidad que acredita en términos de la carta poder de veintiocho de agosto de dos mil veintiuno (la cual bajo protesta de decir verdad, manifiesta que es escaneo fidedigno de su original); con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 1166/2021-II. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En tales condiciones, de una lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: La omisión de la autoridad responsable de emitir el laudo correspondiente, en el expediente *******************, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México. DESECHAMIENTO Expuesto lo anterior, este Juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior es así, ya que el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. En el caso, se está en presencia un acto que no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la omisión reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto Lo anterior, pues solamente produciría efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene un acuerdo favorable en el juicio de origen del acto reclamado. or tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Lo anterior es así, pues la suscrita estima que la omisión que por esta vía reclamada, no es de aquellas que produzcan un afectación de manera irreparable, pues el hecho de que la autoridad responsable el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, declaró cerrada la instrucción y turnó los autos del expediente *******************, de su índice, al dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, y a la fecha de presentación no haya emitido dicha resolución, no vulnera en su perjuicio derechos fundamentales tutelados por la carta magna, sino que se traduce en una violación de derechos adjetivos que sólo producen efectos formales, por ser una violación al procedimiento emitido en el procedimiento de origen. Acotado lo anterior, se concluye que no obstante la data en que se cerró la instrucción y se turnaron los autos al dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, se estima que a la fecha no es excesivo el tiempo transcurrido sin que se dicte la resolución que conforme derecho corresponda, de modo que no se está ante una dilación directa y excesiva que conduzca a considerar que se trata de una vulneración franca al derecho de acceso a la justicia a favor de la parte quejosa, sino que en todo caso dicha parte procesal puede realizar gestiones ante la responsable para que cumpla su cometido e incluso esta dilación, por ahora, no es de imposible reparación porque puede sobrevenir el dictado del acuerdo legal conducente. Para una mayor comprensión, se tiene que los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que contienen los términos que deben respetar los tribunales obreros para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, Así, de un análisis de los antes citados se obtiene que una vez que se haya declarado cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, formulara por escrito el proyecto de laudo, del cual se entregara una copia a cada uno de los integrantes de la junta, para que en los cinco días subsecuentes soliciten se practiquen las diligencias que juzguen convenientes, las que tendrán desahogo en los ocho días posteriores, transcurridos estos el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En esa tesitura, si bien al día de la presentación de la demanda han trascurrido los treinta y tres días que establecen los preceptos citados, y ocho días naturales más; no obstante, a está data no existe un tiempo prudente en ley que concluya que la responsable ha incumplido con lo establecido en el artículo 17 constitucional, por ende, se pone de manifiesto que a esa fecha no existe violación a las garantías reclamadas. Atento a lo anterior, se concluye que no se está ante una dilación franca y directa en la que hubiera incurrido la junta responsable, lo anterior tomando en consideración los días que tiene la responsable para el dictado del laudo correspondiente (33 días) y el término que consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (45 días naturales); por lo tanto, es claro que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo aun no pueden computarse los cuarenta y cinco días naturales, posteriores al plazo establecido en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. DOMICILIO QUEJOSO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda.HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese vía electrónica.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda con la que se da cuenta promovida por ********************** personalidad que acredita en términos de la carta poder de veintiocho de agosto de dos mil veintiuno (la cual bajo protesta de decir verdad, manifiesta que es escaneo fidedigno de su original); con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 1166/2021-II. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En tales condiciones, de una lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: La omisión de la autoridad responsable de emitir el laudo correspondiente, en el expediente *******************, del índice de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Toluca, Estado de México. DESECHAMIENTO Expuesto lo anterior, este Juzgado estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, los que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior es así, ya que el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. En el caso, se está en presencia un acto que no tiene sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la omisión reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto Lo anterior, pues solamente produciría efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene un acuerdo favorable en el juicio de origen del acto reclamado. or tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Lo anterior es así, pues la suscrita estima que la omisión que por esta vía reclamada, no es de aquellas que produzcan un afectación de manera irreparable, pues el hecho de que la autoridad responsable el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, declaró cerrada la instrucción y turnó los autos del expediente *******************, de su índice, al dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, y a la fecha de presentación no haya emitido dicha resolución, no vulnera en su perjuicio derechos fundamentales tutelados por la carta magna, sino que se traduce en una violación de derechos adjetivos que sólo producen efectos formales, por ser una violación al procedimiento emitido en el procedimiento de origen. Acotado lo anterior, se concluye que no obstante la data en que se cerró la instrucción y se turnaron los autos al dictaminador para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, se estima que a la fecha no es excesivo el tiempo transcurrido sin que se dicte la resolución que conforme derecho corresponda, de modo que no se está ante una dilación directa y excesiva que conduzca a considerar que se trata de una vulneración franca al derecho de acceso a la justicia a favor de la parte quejosa, sino que en todo caso dicha parte procesal puede realizar gestiones ante la responsable para que cumpla su cometido e incluso esta dilación, por ahora, no es de imposible reparación porque puede sobrevenir el dictado del acuerdo legal conducente. Para una mayor comprensión, se tiene que los preceptos de la Ley Federal del Trabajo que contienen los términos que deben respetar los tribunales obreros para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, Así, de un análisis de los antes citados se obtiene que una vez que se haya declarado cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, formulara por escrito el proyecto de laudo, del cual se entregara una copia a cada uno de los integrantes de la junta, para que en los cinco días subsecuentes soliciten se practiquen las diligencias que juzguen convenientes, las que tendrán desahogo en los ocho días posteriores, transcurridos estos el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En esa tesitura, si bien al día de la presentación de la demanda han trascurrido los treinta y tres días que establecen los preceptos citados, y ocho días naturales más; no obstante, a está data no existe un tiempo prudente en ley que concluya que la responsable ha incumplido con lo establecido en el artículo 17 constitucional, por ende, se pone de manifiesto que a esa fecha no existe violación a las garantías reclamadas. Atento a lo anterior, se concluye que no se está ante una dilación franca y directa en la que hubiera incurrido la junta responsable, lo anterior tomando en consideración los días que tiene la responsable para el dictado del laudo correspondiente (33 días) y el término que consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (45 días naturales); por lo tanto, es claro que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo aun no pueden computarse los cuarenta y cinco días naturales, posteriores al plazo establecido en los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. DOMICILIO QUEJOSO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda.HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese vía electrónica.

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