Leopoldo Vázquez Ortega
Expediente 1006/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1006/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 09/10/2018
Partes del expediente
- Leopoldo Vázquez Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el veintidós de agosto del año actual (fojas 176 y 177), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintitrés de agosto del presente año (foja 178), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la aludida parte procesal el veintinueve del propio mes y año (foja 181); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del treinta y uno de agosto al cuatro de septiembre del año en curso. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***lo procedente es conceder al quejoso el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el arábigo 78 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva al peticionario de amparo la cantidad que resulte por el descuento efectuado en el recibo de nómina de su pensión desde el dieciséis de agosto de dos mil diez a la fecha de interposición de su demanda de garantías que lo fue el veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, por concepto 53 (fondo de pensiones), así como el importe de posteriores descuentos que le hubiese efectuado con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá realizar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de llevarse a cabo de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial, para acreditar el cumplimiento al fallo protector." De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables denominadas Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con domicilio en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos declarados inconstitucionales y devolver a la peticionaria de amparo la cantidad que resultara de los descuentos efectuados en los talones de pago a partir del dieciséis de agosto de dos mil diez al veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, por concepto 53 (fondo de pensiones). Ahora bien, por oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veinticinco de junio del actual año (foja 152), el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa, los preceptos declarados inconstitucionales; asimismo, por el diverso comunicado, recibido en este Juzgado el veitnidós de agosto de la presente anualidad (fojas 176 y 177), manifestó que se efectuó la devolución a la quejosa de la cantidad retenida por concepto de los referidos artículos declarados inconstitucionales, por medio de transferencia bancaria (foja 177). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO definitivo de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Luego, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de unos actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Finalmente, toda vez que existen diversos recibos de nómina originales, lo cuales se encuentran en un sobre amarillo que obra por separado, de conformidad con el punto Vigésimo del Capítulo Quinto, segundo párrafo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional con el objeto de recoger los documentos de referencia que exhibió como prueba dentro del presente sumario constitucional, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso dentro del plazo indicado, una vez que transcurran más de cinco años, serán susceptibles de destrucción, acorde a lo establecido en el párrafo que precede.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el dieciocho de septiembre del año que transcurre (fojas 120 a 121), Karla Marvelly Gudiño Dena, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (foja 122), se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, en veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 67 a 89), se determinó conceder a Leopoldo Vázquez Ortega, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción VII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el comprobante de depósito de la institución bancaria BBVA Bancomer, en la cuenta con referencia 00097004467A15963219, realizado el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente..". Sentencia que causó ejecutoria el veintisiete de juio de dos mil dieciocho (foja 105 a 107), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el dieciocho de septiembre del presente año (fojas 120 a 121), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector y adjuntó para tal efecto, copia simple del reporte del Reporte de Transferencia SPEI (foja 121), que contiene la suma de la cantidad erogada y su actualización correspondiente, de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió la cantidad de $15,370.89 (quince mil trescientos setenta pesos con ochenta y nueve centavos moneda nacional), que corresponde al monto erogado por la parte quejosa con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en dieciséis de abril de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el catorce de septiembre dos mil dieciocho se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (fojas 120 y 121), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a septiembre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo entre el índice para el mes de agosto de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue de 132.436 y para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.75879; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $15,376.89 (quince mil trescientos setenta y seis pesos 89/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $0.00 (cero pesos 00/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $15,370.89 (quince mil trescientos setenta pesos con ochenta y nueve centavos moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. ***
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por ********************, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector concedido, remite copia simple del comprobante de tranferencia por la cantidad de $15,370.89 (quince mil trescientos setenta pesos 89/100 moneda nacional), a favor de la parte quejosa. En consecuencia, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista a la parte quejosa, con el comunicado de mérito y anexo que acompaña, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, con apercibimiento de que en caso de no hacer expresión alguna al respecto, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos, se hará pronunciamiento en relación con el cumplimiento de referencia.
- Principal
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SE RESUELVE: PRIMERO. SE DECLARA PROCEDENTE EL INCIDENTE INNOMINADO PARA DETERMINAR LAS CANTIDADES QUE DEBE CUBRIR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CONFORME A LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN EL CONSIDERANDO TERCERO DE ESTA RESOLUCIÓN. SEGUNDO. REQUIÉRASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA QUE DENTRO DLE PLAZO CONCEDIDO, REINTEGRE A LA PARTE QUEJOSA LA SUMA QUE SE ESTIPULA, COMO CONSECUENCIA DEL FALLO PROTECTOR OTORGADO; LO QUE DEBERÁ REALIZAR A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS EXISTENTES O DE MANERA PERSONAL Y ACREDITARLO OPORTUNAMENTE ANTE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL.
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