Leopoldo Tovar Enriquez

Expediente 516/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
516/2014
Año
2014
Actuaciones
3
Última actuación
18/02/2015

Partes del expediente

  • Leopoldo Tovar Enriquez
  • Contraloria Municipal de Cuernavaca Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Leopoldo Tovar Enriquez, hubiese recurrido el auto de veintiséis de enero de dos mil quince, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de enero de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, de acuerdo a las constancias que obran en autos se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista que con fundamento en términos del artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción III, aplicado a contrario sensu, todos de la citada ley. En el presente caso, la parte peticionaria de amparo, probable responsable en los procedimientos administrativos números 76/2014, 77/2014, 78/2014, 79/2014, 81/2014 y 82/2014, señala esencialmente como acto reclamado los autos de radicación emitidos en los procedimientos administrativos 76/2014, 77/2014, 78/2014, 79/2014, 81/2014 y 82/2014, así como la inminente orden verbal o escrita para que el quejoso quede registrado en el padrón de funcionarios inhabilitados, denominado Sistema de Registros de Servidores Públicos Sancionados. Aduce la parte quejosa, que tal proceder irroga agravio en su esfera jurídica, tal y como menciona en el capítulo relativo a los conceptos de violación, al decir que es violatorio de sus derechos humanos contenidas en los arábigos 1º, 5°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es pertinente precisar que el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, refiere que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y en contra de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros. En efecto, es requisito indispensable para que proceda el juicio constitucional ante el Juez de Distrito, que se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el procedimiento seguido en forma de juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Así, tenemos que el acto controvertido en esta vía de amparo no corresponde a aquellos de imposible reparación a que alude la fracción III, del artículo 107 de la Ley que nos ocupa, porque no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, sino sólo produce efectos de carácter adjetivo o procesales, los cuales repercuten en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento de origen, con vista a obtener un fallo favorable, de tal modo que si la parte quejosa obtiene una resolución a ella conveniente, tales efectos se extinguen por esa circunstancia. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis de Jurisprudencia número 3a. /J. 43 29/89, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 291, Materia Común, que estatuye: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". De igual forma es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de 1992, página 11, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Por ello, el acto que combate en esta sede constitucional, consistentes en los autos de radicación emitidos en los procedimientos administrativos 76/2014, 77/2014, 78/2014, 79/2014, 81/2014 y 82/2014, así como la inminente orden verbal o escrita para que el quejoso quede registrado en el padrón de funcionarios inhabilitados, denominado Sistema de Registros de Servidores Públicos Sancionados , que reclama de la Directora General de Quejas y Procedimientos Administrativos Municipal de Cuernavaca, Morelos y otras autoridades, no le depara perjuicio alguno que pueda tener una ejecución irreparable, ya que sólo afecta derechos adjetivos y no irrumpe en la esfera de sus derechos sustantivos como la vida, libertad, trabajo, propiedad, etcétera. Incluso, de obtener el solicitante de amparo una resolución favorable, desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario, tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo que se promueva contra la sentencia que ponga fin al procedimiento de origen. Es aplicable en lo que interesa, la Tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, página 480, que a la letra establece: "AMPARO IMPROCEDENTE, EN CONTRA DEL REQUERIMIENTO EMITIDO DENTRO DE PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SIN CONSTITUIR LA ACTUACIÓN QUE CULMINE DICHO PROCEDIMIENTO. Cuando se hace la impugnación en el juicio constitucional en torno a un requerimiento que adolece de fundamentación legal y el cual emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, por una autoridad administrativa, este acto no debe ser reclamado en forma destacada en dicho juicio, sino como violación procesal, que es como deberá analizarse en la sentencia de amparo, ya que el acto reclamado solamente puede serlo la resolución definitiva que emita la responsable y con la que culmine el señalado procedimiento, de conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo; por lo que, al no plantearlo así, debe declararse improcedente el juicio de garantías y sobreseer en el mismo, en términos de los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II y 74, fracción III, todos del invocado ordenamiento legal." Como se puede advertir, si los autos de radicación que reclama la parte quejosa trascendieran al fallo que decida en definitiva el procedimiento de origen, las violaciones que se alegan, pueden hacerse valer en el amparo que en contra de dicha resolución se promueva, como lo señala el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo. El numeral en mención a la letra establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:.III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y.". Por lo que respecta al acto reclamado consistente en la inminente orden verbal o escrita para que el quejoso quede registrado en el padrón de funcionarios inhabilitados, denominado Sistema de Registros de Servidores Públicos Sancionados, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo; ya que se duele de actos futuros de realización incierta. Lo anterior es así, ya que si tales conductas se llegaren a dar, podrían dar lugar a la promoción de un nuevo juicio de amparo, pues en la etapa en la que se encuentran los procedimientos administrativos citadas, aun no se determina si es responsable o no que le incoan; de ahí que si la concesión del amparo no tendría un alcance mayor al de la etapa en que nos encontramos, a nada práctico llevaría la continuación de un juicio de protección constitucional. En consecuencia, en el caso quedan actualizadas la causales de improcedencia previstas en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar lo anterior. Finalmente, agréguense a los autos los oficios signados por el Delegado de las Autoridades Municipales del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y las Directoras General de Quejas y Procedimientos Administrativos así como de Procedimientos y Responsabilidades ambos de la Contraloría Municipal de Cuernavaca; mediante los cuales dichas autoridades solicitan prórroga para cumplir con el requerimiento hecho mediante auto de siete de enero del año en curso, debido a la voluminosidad de las constancias de los expedientes administrativos referidos, atento a su contenido, deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de enero de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos,se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan nuevamente para su celebración las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE. Notifíquese.

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