Leopoldo Rogelio Escobedo Fuentes

Expediente 1267/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1267/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • Leopoldo Rogelio Escobedo Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio enviado por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México; en atención a su contenido, hágasele de su conocimiento que por auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***. En el entendido que al oficio 27210/2022, derivado del juicio de amparo 1215/2022-V-A, de su índice, únicamente se adjuntó el original de ese sumario y ocho copias de la demanda, no así los dos tomos de prueba que refiere. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.

  3. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Agréguese el oficio signado por el Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que contiene inserto el proveído de veintisiete de octubre del año en curso, emitido en el expediente 521/2022-VII de este índice, del que se advierte que recibió el diverso proveniente del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, al que se anexó el juicio de amparo 1215/2022, de su estadística, en razón que por auto de veinticinco de octubre pasado, el titular de ese órgano federal se declaró legalmente incompetente por razón de turno para conocer del asunto. ANOTACIONES Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Leopoldo Rogelio..., por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 1267/2022-III que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: - La resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós en el toca de apelación 108/2022, del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, que confirmó el acuerdo de catorce de febrero de la presente anualidad y el auto de vinculación a proceso de dieciocho de ese mes y año, ambos dictados en la carpeta administrativa 1409/2021, radicada ante el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. HECHO NOTORIO Constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la existencia del juicio de amparo 521/2022-VII y su acumulado 550/2022-VI, promovido por el aquí quejoso Leopoldo Rogelio Escobedo Fuentes y Dina Basulto Villa, en el que impugnaron la resolución de veinte de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 108/2022 por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec de Morelos, Estado de México; sumario en el que por sentencia de once de julio de dos mil veintidós se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: "1) Deje insubsistente la resolución de veinte de abril de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 108/2022 del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec de Morelos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que confirmó el auto de vinculación a proceso de dieciocho de febrero de la presente anualidad dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, contra Leopoldo Rogelio Escobedo Fuentes, por el hecho delictuoso de violencia familiar, en agravio de la víctima de identidad resguardada D.B.V; resolución que también, confirmó el auto de catorce de febrero de este año, mediante el cual se negó imponer la medida cautelar consistente en la separación de domicilio del imputado. 2) Reponga el procedimiento a fin de que señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia para resolver los recursos de apelación interpuestos por la víctima y por el imputado, contra la resolución reseñada, la que deberá llevarse a cabo siguiendo los lineamientos previstos en los artículos del 57 al 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que deberá citar a las partes que intervendrán en la misma, con los apercibimientos que considere necesarios para el caso de inasistencia. Audiencia en la que, deberá emitirse la resolución de segunda instancia de manera verbal, con la exposición de sus fundamentos y motivaciones que le den sustento al sentido de la determinación adoptada, así como el dictado de su posterior versión escritural que no puede faltar al encontrarse dentro de los supuestos a los que hace alusión el artículo 67, fracción VII del Código Nacional Adjetivo aplicable al caso, que deberá ser un extracto de la dictada en forma oral, sin exceder las consideraciones vertidas en aquella, según el penúltimo párrafo del mismo precepto legal invocado; resolución que deberá ser nuevamente notificada a las partes, en particular, al acusado y a la víctima a fin de que se encuentren en aptitud de ejercer su defensa como lo estimen procedente. Audiencia en la que, deberá emitirse la resolución de segunda instancia de manera verbal, con la exposición de sus fundamentos y motivaciones que le den sustento al sentido de la determinación adoptada, así como el dictado de su posterior versión escritural que no puede faltar al encontrarse dentro de los supuestos a los que hace alusión el artículo 67, fracción VII del Código Nacional Adjetivo aplicable al caso, que deberá ser un extracto de la dictada en forma oral, sin exceder las consideraciones vertidas en aquella, según el penúltimo párrafo del mismo precepto legal invocado; resolución que deberá ser nuevamente notificada a las partes, en particular, al acusado y a la víctima a fin de que se encuentren en aptitud de ejercer su defensa como lo estimen procedente." Una vez que causó ejecutoria ese fallo, el tribunal responsable remitió copia certificada de las constancias con las que cumplimentó la sentencia amparadora (promoción 13499), de la que se aprecia que realizó lo siguiente: 1) El doce de agosto del año en curso dejó insubsistente la resolución de veinte de abril de dos mil veintidós, emitida en el toca de apelación 108/2022. 2) Repuso el procedimiento y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia para resolver los recursos interpuestos por la víctima y por el imputado; asimismo, ordenó notificar a las partes que intervendrían en dicha diligencia. 3) El dieciséis de agosto de esta anualidad (acto aquí reclamado), emitió la resolución de segunda instancia de manera verbal, con la exposición de sus fundamentos con su respectiva versión escritural. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/61, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En ese sentido, se considera que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con el diverso precepto 17, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por haber sido consentida tácitamente. Conforme a los preceptos legales citados, por regla general, el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí y no guardan prelación alguna; por ello, el término para la promoción del juicio constitucional se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente en el plazo de quince días siguientes. De lo que se sigue, que la improcedencia de la acción constitucional tiene lugar cuando no es ejercida dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues se considera que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que los consintió de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional no podría quedar a la libre elección del agraviado, ya que aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Ahora, como se dijo, el impetrante Leopoldo Rogelio Escobedo Fuentes reclama en esta instancia constitucional la resolución dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós en el toca de apelación 108/2022, por la cual se confirmó el acuerdo de catorce de febrero de esta anualidad y el diverso auto de vinculación a proceso de dieciocho de ese mes y año, ambos pronunciados en la carpeta administrativa 1409/2021. Cabe resaltar que tal resolución fue emitida de manera oral en la audiencia celebrada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la que comparecieron de manera virtual, entre otros, el imputado -aquí quejoso- y su defensor particular Daniel Zúñiga Durán; razón suficiente para considerar que está probada fehacientemente la fecha en que el inconforme fue notificado del acto del que ahora se duele, esto es, el dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Robustece el anterior criterio, por identidad de criterio, la tesis II.1o.10 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA LOS AUTOS DICTADOS EN LA AUDIENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN. SI A DICHA DILIGENCIA COMPARECIÓ ÚNICAMENTE EL DEFENSOR DEL INCULPADO, EL PLAZO DE 15 DÍAS PARA PRESENTARLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A SU CELEBRACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Del artículo 101 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se advierte que las resoluciones pronunciadas durante las audiencias judiciales se entenderán por notificadas -en el mismo acto- a quienes estuvieron presentes en su celebración. Por su parte, tratándose del recurso de apelación, el diverso 415 del mismo ordenamiento prevé que el imputado será representado por su defensor en la audiencia que lo resuelva. En ese sentido, si el acto reclamado es un auto dictado durante la audiencia para resolver el indicado recurso, a la que compareció únicamente el abogado del imputado, será en la fecha de su celebración cuando se tenga por notificado al imputado por conducto de aquél; consecuentemente, en atención a que el artículo 94 del citado código, prevé que los términos comenzarán a correr al día siguiente de la fecha de la notificación, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, se computará a partir del día siguiente a la celebración de dicha audiencia judicial, conforme a su numeral 18, que establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame." En ese orden de ideas, de conformidad con los artículos 18 de la Ley de Amparo y 82, fracción I, inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, el plazo que el agraviado tenía para promover la demanda de amparo transcurrió del dieciocho de agosto al siete de septiembre de dos mil veintidós, sin computar los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto pasado, así como el tres y cuatro de septiembre último, al ser inhábiles, en términos del numeral 19 de la legislación de la materia. Sin embargo, como consta del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, el ocurso que dio origen al presente juicio de amparo fue presentado hasta el veinte de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, se hace patente que el juicio es extemporáneo al haberse presentado fuera del plazo de quince días que establece el precepto 17 de la propia ley. Es preciso destacar que el acto aquí combatido no está comprendido en ninguna de las hipótesis de excepción del término genérico de quince días, previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se trata de una demanda de amparo contra leyes autoaplicativas o contra el procedimiento de extradición, no es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas del país o alguno prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como tampoco se está en el caso de una sentencia definitiva condenatoria en el proceso penal, ni deriva de la materia agraria. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Leopoldo Rogelio Escobedo Fuentes, por propio derecho. Sin que pueda considerarse que esta resolución transgreda el derecho fundamental del amparista a tener acceso a un recurso judicial efectivo que combata los actos de autoridad de los que se duele, toda vez que sí tuvo a su disposición un medio de impugnación, de modo que si el gobernado no lo hizo valer atendiendo a las hipótesis de procedencia legales, no significa a que no exista dicho recurso extraordinario o no sea eficaz para combatir los actos de autoridad, en razón que esa circunstancia es un requisito o presupuesto formal de procedencia insoslayable para la adecuada impartición de justicia. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." No se soslaya lo manifestado por el agraviado en el sentido de que el punto de partida para computar el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo comienza a partir de que se le notificó el auto que tuvo por cumplida la sentencia emitida en el expediente 521/2022-VII y su acumulado 550/2022-VI, toda vez que ese supuesto no está previsto en el numeral 18 de la legislación de amparo, ya que, conforme a dicho artículo, el plazo para el ejercicio de la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Asimismo, se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintidós de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos que superen las doscientas fojas útiles ni las promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista al quejoso.

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