Leopoldo Rodríguez Cásarez
Expediente 465/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 1 actuación registrada, la última del 19 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/11/2020
Partes del expediente
- Leopoldo Rodríguez Cásarez
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL PROMOVENTE. Ensenada, Baja California, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el escrito de demanda presuntamente promovida por Leopoldo Rodríguez Casarez, contra los actos que reclama del Director y/o Representante Legal del Centro Médico o Clínica Terapias Alternativas, con residencia en esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo número 465/2020-I. Ahora, en el caso conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, el juez debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado . En el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que promueve presuntamente Leopoldo Rodríguez Casarez, en atención a las siguientes consideraciones: Como se desprende de la certificación de cuenta, dicha demanda de derechos fundamentales, fue presentada a través del sistema electrónico, sin firma ni evidencia criptográfica de Leopoldo Rodríguez Casarez. Ahora, tal y como quedó apuntado, el escrito de demanda no contiene firma electrónica de quien dice lo promueve y tampoco contiene evidencia criptográfica relativa a la firma de éste, elemento formal e indispensable del que no debe existir duda alguna, ya que es mediante el cual se expresa la voluntad de quien promueve; por lo que al no existir tal certeza, no se cumple con lo dispuesto en los párrafos quinto y séptimo del artículo 3° de la Ley de Amparo, ni se reúne el requisito que al efecto prevé el artículo 6° de la citada ley, el cual establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5°, del referido ordenamiento legal. No pasa desapercibido, que la demanda que se atiende contiene una reproducción digital al parecer de una firma del quejoso mencionado en párrafos precedentes; sin embargo, al haberse presentado la misma a través de la oficialía de partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, es necesario que contenga firma electrónica o evidencia criptográfica del directo interesado, acorde a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Amparo. En ese sentido, al no expresarse la voluntad de persona determinada que promueve a través del signo gráfico como es su firma o en su caso, mediante la firma electrónica, que es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, acorde a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 3° de la Ley de Amparo (la que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa), es por lo cual se afirma que la acción constitucional no se ha ejercido, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61, en relación con los artículos 3° y 6° de la ley de Amparo1 . Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del numeral 3° de la Ley de Amparo2 y en el artículo 65 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal3 , que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. En ese contexto, resulta indispensable para la tramitación del juicio que se intenta promover presuntamente por Leopoldo Rodríguez Casarez que el escrito de demanda cuente con la formalidad consistente en que sea presentado con firma autógrafa, o en su caso de firma electrónica de quien la presenta, pues la misma, denota la voluntad de quien ha sido afectado en su interés jurídico, para promover este medio de defensa que se rige por el principio de parte agraviada; por tanto, ya que el escrito de demanda en comento no contiene la firma autógrafa ni electrónica de quien promueve, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por los numerales 107 fracción I, Constitucional, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, en relación con el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues no existe voluntad para promover el juicio constitucional, requisito indispensable para proveer respecto a su admisión, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia ... No pasa inadvertido que en la papeleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Ensenada, se haya asentado en el rubro denominado "firma", la palabra "sí", toda vez que la firma y evidencia criptográfica que contiene corresponde a una persona diversa al quejoso, específicamente a Ismael Mendoza Palma, puesto que con ello no se materializa la voluntad del directamente agraviado, al carecer de su firma. Aunado a lo anterior, si bien la firma electrónica produce los mismos efectos que la firma autógrafa, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º de la Ley de Amparo; sin embargo, el párrafo cuarto del mencionado precepto normativo, establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, la cual resulta ser el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, mismo que en su artículo 16, establece que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. De ahí que en el caso, se estime que si la demanda de que se trata carece de firma electrónica y evidencia criptográfica de quien la promueve, como se destacó, se denota la falta voluntad de quien ha sido afectado en su interés jurídico, para promover este medio de defensa que se rige por el principio de parte agraviada; aunado a que los actos que se señalan como reclamados, no encuadran dentro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, tampoco encuadran en los supuestos que prevé el artículo 154 de la ley de la materia, para que se procediera a su tramitación en la forma propuesta. En ese contexto, al no haberse proveído respecto de domicilio para oír y recibir notificaciones, así como de autorizados, por carecer de firma la demanda de amparo y por tanto, de voluntad de quienes se dice la promueven; notifíquese el presente proveído por lista. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Notifíquese personalmente a la parte promovente;
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