Leopoldo Rivas Zamudio

Expediente 981/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
981/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Leopoldo Rivas Zamudio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    ...de una revisión a los presentes autos se advierte que el presente asunto se encuentra debidamente integrado para ser remitido al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en turno... ...remítase el presente expediente a la superioridad para que resuelva lo que en derecho corresponda, así como el original y copia del escrito de agravios.

  2. Principal

    *PARTE TERCERA INTERESADA INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN... DISTRIBUYANSE ENTRE LAS PARTES ESCRITO DE AGRAVIOS... UNA VEZ QUE SE ENCUENTREN NOTIFICADAS REMÍTASE LOS AUTOS ORIGINALES AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO EN TURNO... SE ORDENA FORMAR CUADERNO DE ANTECEDENTES...

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, Leopoldo Rivas Zamudio, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 7 a 10), se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular alegato ministerial; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició a las nueve horas con veinte minutos del nueve de septiembre de dos mil diecinueve y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De un análisis realizado al escrito de demanda, en armonía con el resto de la información del expediente, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que el acto reclamado a la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, se hace consistir en: La resolución interlocutoria emitida el ocho de abril de dos mil diecinueve, dentro de los autos del toca 116/2018, que resolvió como improcedente la excepción de incompetencia opuesta por el quejoso en el juicio civil 71/2018, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco y determinó que dicho órgano jurisdiccional debe de seguir conociendo de ese asunto. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, toda vez que así lo manifestó dicha autoridad al rendir su informe justificado, por conducto de su magistrada presidente y de su secretario de acuerdos (foja 16). Aunado a lo anterior, no media incertidumbre respecto a la existencia del acto reclamado, pues anexo a su informe justificado la autoridad responsable remitió copias certificadas de la totalidad de actuaciones que conforman el toca de incompetencia civil 116/2019, las cuales obran por separado de este expediente en un cuaderno de pruebas, de las que se desprende la existencia de la resolución reclamada, emitida el ocho de abril de dos mil diecinueve, que reclama el impetrante de garantías en esta instancia constitucional (fojas 10 a 15 de las copias certificadas de las actuaciones del juicio natural). A dichas documentales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, al tratarse de documentos certificados por autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. De un análisis realizado a las actuaciones que integran el juicio toca 116/2019, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil dieciocho, Adriana Elizabeth Aceves Organista, por su propio derecho, demandó al aquí quejoso Leopoldo Rivas Zamudio y a otros, en la vía civil sumaria por la declaración judicial que reconozca que los cuatro cajones de estacionamiento que utiliza en su domicilio son de uso común del condominio "Quinta la Parota" (fojas 1 a 9 del segundo legajo del cuaderno de pruebas). 2. Dicha solicitud correspondió conocer al Juez Segundo de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, el que la radicó en acuerdo de quince de febrero de dos mil die dieciocho, bajo el expediente número 71/2018 (fojas 10 y 11) y se admitió a trámite mediante proveído dictado el día veintiocho de ese mismo mes y año (10 a 14 ídem). 3. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil dieciocho, ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, el quejoso Leopoldo Rivas Zamudio, contestó la demanda formulada en su contra y opuso la excepción de incompetencia, a la que se dio trámite en auto de cinco de noviembre de ese mismo año, ordenando en su momento remitir las actuaciones del aludido juicio al tribunal de alzada a efecto de que resolviera lo conducente respecto de dicha excepción (fojas 24 a 33). 4. De la solicitud referida conoció la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, misma que se resolvió mediante resolución interlocutoria de ocho de abril de dos mil diecinueve, en la que se declaró que corresponde continuar conociendo del juicio civil 71/2018 al Juez Segundo de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco (fojas 10 a 13); siendo tal resolución, la que el peticionario del amparo reclama en sede constitucional. QUINTO. Causas de improcedencia. Al no existir causas de improcedencia que las partes hayan invocado o se adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de objetiva constatación, procede el estudio de la constitucionalidad o no de lo reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En el único concepto de violación esgrimido por el impetrante de amparo, expone que la resolución reclamada, emitida por la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco el ocho de abril de dos mil diecinueve, en el toca 116/2019, vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que al resolverse la excepción de incompetencia que hizo valer en el procedimiento primigenio, es decir, en el juicio civil 71/2018, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial, la responsable aplicó de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, cuando no existía necesidad de acudir al contenido de esa legislación. Lo que considera que es así, pues lo concerniente a la competencia en un conflicto suscitado entre condóminos, debe regularse por una normativa especial, que no da lugar a la supletoriedad del citado enjuiciamiento civil adjetivo de la Entidad Federativa, pues por una parte, el Código Civil del Estado de Jalisco, establece en su artículo 1006, fracción XI, inciso f), que el reglamento interior será que el que prevea la instancia en que se resolverán las controversias entre los condóminos, mientras que el artículo 69 del reglamento interior del condominio al que pertenece, denominado "Quinta La Parota", dispone que serán competentes para dilucidar esas controversias los tribunales de Guadalajara o en su defecto, los de la Ciudad de México. Por ello, considera que al establecerse la competencia en un apartado especial de la ley, esta es la que debe de regir, y por ende, no es correcto que la autoridad responsable, para resolver el tema de competencia, haya interpretado el contenido de los artículos 154, 156 y 157 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que versan sobre reglas generales de procedencia de la competencia por prórroga. Precisado lo anterior, se estima fundado ese concepto de violación, según se verá a continuación. Los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén el derecho humano de legalidad que deben cumplir todas las autoridades en los actos de privación o molestia que realizan y que afectan la esfera jurídica de los gobernados, el cual descansa, primordialmente, en la fundamentación y motivación de su actuar, que consiste en expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la decisión de las autoridades para actuar de cierta forma. Es decir, como regla general, la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar y motivar sus actos, citando al efecto los preceptos legales en que apoye su resolución y exponiendo las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho en otras palabras, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Ahora bien, en el caso, Adriana Elizabeth Aceves Organista, demandó en la vía civil por la declaración judicial que reconozca que existen cuatro cajones de estacionamiento que son de uso común del condominio "Quinta la Parota", que utiliza el aquí quejoso Leopoldo Rivas Zamudio, como propios en su domicilio. El quejoso, consideró que el Juzgado Segundo de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, carece de competencia legal para conocer de la demanda civil instaurada en su contra, por lo que, en su momento opuso la excepción de incompetencia en el expediente primigenio, la cual resolvió la Novena Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, básicamente en los términos siguientes: "Toca 116/2019 NOVENA SALA EXPEDIENTE 71/2018 Guadalajara, Jalisco, a 8 ocho de abril de 2019 dos mil diecinueve. V I S T O S para resolver en sentencia interlocutoria la excepción de incompetencia por declinatoria en razón del territorio, hecha valer por los demandados LIDIA ESPERANZA RODRÍGUEZ SAMUDIO y LEOPOLDO RIVAS ZAMUDIO, tramitada dentro del toca 116/2019, relativo al juicio civil ordinario número 71/2018, promovido por ADRIANA ELIZABETH ACEVES ORGANISTA, tramitado ante el Juzgado Segundo de lo Civil en el Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado, con sede en Puerto Vallarta, y; R E S U L T A N D O: (.) C O N S I D E R A N D O: (.) III.- Una vez analizados los argumentos vertidos por los demandados, quienes ahora resolvemos, advertimos que la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de territorio interpuesta por LIDIA ESPERANZA RODRÍGUEZ SAMUDIO y LEOPOLDO RIVAS ZAMUDIO, es improcedente; por los motivos siguientes: Se dice que son improcedentes los argumentos vertidos; virtud a que, si bien es cierto, de la lectura del Reglamento de Condóminos del "Condominio Quinta la Parota", cuyo artículo 69 señalan los demandados plasma lo siguiente: "Artículo 69.- Para la interpretación y aplicación de la escritura constitutiva, del presente reglamento y de las demás disposiciones legales aplicables, serán competentes los Tribunales de esta ciudad de Guadalajara o de México, Distrito Federal, a elección de los compareciente, renunciando expresamente al fuero de la competencia que por razón del domicilio pudiera corresponderle en lo futuro." Lo que no se considera una sumisión expresa a la competencia de los tribunales de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; y es que, los artículos 154, 156 y 157 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, a la letra establecen: (se transcriben) Numerales que nos dejan ver que, efectivamente la competencia por territorio es la única que puede prorrogarse, y que es juez competente aquél al que los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente, existiendo sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y tajantemente al fuero que la ley les concede y designan con toda precisión el Juez a quien se someten. (.) De donde se sigue que, uno de las condiciones para la sumisión expresa en el caso de la competencia del juzgador es la designación con toda precisión del Juez al que se someten, lo que no acontece en el caso en estudio, virtud a que, respecto del sometimiento señalaron que serían competentes los tribunales de Guadalajara o de México, Distrito Federal, así al designar dos de forma optativa, no se da la sumisión expresa, puesto que no se señala con toda precisión a cuál de los dos tribunales se someten. (.)" Como se observa, en dicha resolución, la sala responsable determinó que no es posible considerar que se actualice la figura de sumisión expresa en el procedimiento natural 71/2018, puesto que para que se materialice dicha figura jurídica los interesados tendrán que haber renunciado de manera clara y categórica al fuero que la ley define y además, deberán de designar de manera precisa al juez al que se someterán. Consideró que en la especie los litigantes no designaron de manera precisa al juez al que se sometían, pues si bien el quejoso señala que para resolver los conflictos respecto de los derechos y obligaciones de los condóminos serían competentes los tribunales de la ciudad de Guadalajara o bien, los de la Ciudad de México, en términos del artículo 69 del reglamento del condominio "Quinta La Parota", concluyó que al haberse designado dos jurisdicciones distintas y de forma optativa, no existe una designación precisa. La autoridad responsable apoyó esa determinación en los artículos 154, 156 y 157 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, los cuales establecen de manera esencial que la competencia por razón de territorio será la única que se podrá prorrogar; siempre y cuando se trate de fuero renunciable y que los interesados hubieren renunciado clara y tajantemente a este y se sometan, ya sea de manera expresa o tácita a una jurisdicción, la cual deberá ser designada con toda precisión. Además, la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, transcribió el artículo 69 del Reglamento de Condóminos del condominio "Quinta La Parota" al tenor en que lo señalaron los demandados en el escrito de contestación de demanda, el cual obra además inserto en la escritura pública número trece mil novecientos treinta y dos, que se encuentra agregada en el cuaderno de pruebas (fojas 66 a 87) y establece lo siguiente: "Artículo 69. Para la interpretación y aplicación de la escritura constitutiva, del presente reglamento y de las demás disposiciones legales aplicables, serán competentes los Tribunales de esta ciudad de Guadalajara o de México, Distrito Federal, a elección de la compareciente, renunciando expresamente al fuero de la competencia que por razón del domicilio pudiera corresponder en lo futuro" El numeral transcrito precisa que los integrantes del condominio, en términos de lo establecido en el propio reglamento, renuncian de manera expresa a cualquier competencia que les pudiere corresponder por la ubicación de su domicilio, así como que para aplicar e interpretar la escritura constitutiva o bien el propio reglamento del condominio, serán competentes los tribunales establecidos en la ciudad de Guadalajara, o en su defecto, los de la Ciudad de México. Ahora bien, el argumento toral en el que la parte quejosa sustentó sus consideraciones relativas a la excepción de incompetencia que hizo valer, reside precisamente en el hecho de que el artículo recién transcrito, prevé de manera especial que para interpretar o aplicar la escritura constitutiva del condominio, o bien del reglamento de esa sociedad y demás disposiciones aplicables, serán competentes los tribunales que tengan jurisdicción en la ciudad de Guadalajara o bien, en la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por el artículo citado en líneas precedentes. Por su parte, en el presente juicio constitucional, a guisa de concepto de violación, el quejoso hizo valer ese mismo argumento, aduciendo que la autoridad responsable, al resolver sobre la excepción de competencia planteada en el procedimiento natural, debió de atender el contenido del citado numeral, 69 del reglamento del condominio "Quinta La Parota", por tener un ámbito de aplicación especial sobre los artículos 154, 156 y 157 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que establecen de manera general reglas relativas a la competencia por prórroga, por lo que considera incorrecto que la autoridad responsable haya apoyado su determinación en estos últimos preceptos legales para definir lo conducente sobre la excepción de competencia planteada. En la especie, se considera que le asiste razón al peticionario del amparo, pues el artículo 69 del reglamento del condominio "Quinta La Parota", consiste en una regla especial que debe prevalecer para resolver sobre la competencia de conflictos suscitados entre condóminos de ese consorcio, en términos de lo establecido en el diverso 1006, fracción XI, inciso f) del Código Civil del Estado de Jalisco y por ende, la autoridad responsable debió observar el contenido de aquel numeral y no las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que aplica de manera supletoria al tema sobre condominios. A fin de evidenciar lo anterior, conviene conocer el contenido del último de los preceptos legales referidos, contenido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que establece lo siguiente: "Artículo 1006. Para constituir el régimen de condominio respecto de un predio o edificación, se requiere que quien tenga su libre disposición, solicite y obtenga autorización del municipio donde se localice el inmueble y lo formalice en escritura pública, en la que se hará constar de manera clara, lo siguiente: (.) XI. El reglamento interior del condominio de manera particular regulará: (.) f) La instancia y el procedimiento para resolver conflictos entre los condóminos; (.)" El numeral citado, establece que la constitución de un régimen de condominio respecto de un predio o edificación deberá ser formalizada en escritura pública, en la que se harán constar diversos requisitos, de entre los cuales se encuentra el reglamento interior que deberá imperar en el condominio, el cual regulará las relaciones entre los condóminos y el propio condominio. Además, se destaca que ese precepto legal establece de manera categórica que en el reglamento del régimen de condominio se deberá de estipular la instancia y el procedimiento que deberá seguirse para resolver conflictos que se susciten entre los condóminos del consorcio. En otra parte, el artículo 1031 del Código Civil del Estado de Jalisco, establece que las controversias que se originen entre los condóminos en relación con los derechos de sus propiedades o bien, del uso de las áreas comunes, deberán resolverse por el consejo de administración, que actúe como árbitro en el conflicto cuando se trate de controversias entre los condóminos. Asimismo, dispone que cuando se susciten conflictos respecto de condominios de servicios municipales, se deberán someter al arbitraje del secretario del ayuntamiento respectivo; que el Código de Procedimientos Civiles del Estado será supletorio en estos negocios; y, que el resto de los conflictos deberán de ser resueltos por el juez de primera instancia del domicilio de ubicación del condominio. De lo anterior, podemos concluir que conforme a lo establecido por el artículo 1006, fracción XI, inciso b) del Código Civil del Estado de Jalisco, la instancia que deberá de regir para resolver los conflictos que se ocasionen entre los condóminos deberá ser la que prevea el reglamento del condominio, que en la especie, es la establecida en el numeral 69 de su reglamento, que precisa que los tribunales competentes para conocer de los asuntos en los que se pretenda aplicar o interpretar las disposiciones del propio reglamento, serán los que tienen jurisdicción en Guadalajara, o en su defecto, los de la Ciudad de México. Solo en su defecto, aplicará de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; sin embargo, al quedar establecido de manera precisa en el reglamento que quienes tendrán jurisdicción para resolver los conflictos entre los condóminos serán los tribunales de Guadalajara, o bien, los de la Ciudad de México, no es necesario aplicar el aludido enjuiciamiento civil para suplir aquella legislación, pues es categórica al establecer la instancia en la que se resolverán las aludidas controversias. A fin de evidenciar lo señalado en el párrafo anterior, debe tenerse presente que la aplicación supletoria o complementaria de una ley respecto de otra, procede para integrar una omisión en la ley, de forma que se integre con principios generales contenidos en otra u otras leyes. En otras palabras, la aplicación supletoria opera cuando en la ley existe un caso que no está previsto de manera detallada, entonces de las leyes análogas de la materia, en las cuales el caso está determinado de modo preciso, se obtienen principios generales que se aplican de manera extensiva al caso no previsto, esto es, por integración. En torno al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que la aplicación de leyes supletorias es para aquellos casos no comprendidos en las leyes especiales, y que requieren, para ser aplicables, que se subsanen las omisiones o deficiencias de éstas, a fin de hacer posible la resolución del problema jurídico a debate, como se lee en la tesis aislada publicada en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIX, página 18, de la voz: "LEYES SUPLETORIAS, APLICACION DE". Recientemente, la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, estimó que la supletoriedad es una institución jurídica que sirve para la integración normativa, cuya finalidad es llenar el vacío legislativo de la ley; lo anterior, se desprende de la tesis 2a. CXIX/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de 2009, página 129, Novena Época, que dispone: "APLICACIÓN SUPLETORIA DE LEYES. EL HECHO DE QUE UN ORDENAMIENTO LEGAL NO LA PREVEA EXPRESAMENTE, NO LO TORNA INCONSTITUCIONAL. La supletoriedad es una institución jurídica que sirve para la integración normativa, cuya finalidad es llenar el vacío legislativo de la ley. En esa medida, la inconstitucionalidad de una norma no puede derivar del hecho de que la ley que la contiene no la prevea expresamente sino, en su caso, de la circunstancia de que la inexistencia o deficiencia en la regulación de determinada institución jurídica en ella contenida viole algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debe tomarse en cuenta, además, que por mandato del artículo 14 constitucional, las autoridades están obligadas, a falta de disposición expresa, a tomar en cuenta los principios generales del derecho que rigen para las diferentes instituciones jurídicas". Ahora, el Máximo Tribunal ha sostenido criterio en relación con los elementos necesarios que deben reunirse para que proceda la supletoriedad, tal como puede leerse de la jurisprudencia 2a./J. 130/2006, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 262, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ASAMBLEA DE EJIDATARIOS. PARA RESOLVER SOBRE LA NULIDAD DE SUS ACUERDOS EN RELACIÓN CON LA ASIGNACIÓN DE PARCELAS, NO SON APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA LAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL RELATIVAS A VICIOS DEL CONSENTIMIENTO Y, POR TANTO, EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN PARA IMPUGNARLOS ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY CITADA. Para que proceda la aplicación supletoria de normas se requiere que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretenden aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. De los anteriores requisitos, no se satisface el precisado en el inciso c) para estimar procedente la aplicación supletoria de las normas del Código Civil Federal relacionadas con los vicios del consentimiento, a fin de resolver un problema jurídico vinculado con la nulidad de un punto de acuerdo de la asamblea general de ejidatarios en relación con la asignación de parcelas, en virtud de que la voluntad exteriorizada por ese órgano de representación del ejido, es distinta de la que pueden manifestar las personas físicas como intención o elemento volitivo del acto, de modo que la validez del acuerdo mayoritario o colectivo no depende de la ausencia de vicios del consentimiento que sólo pueden objetivarse respecto de cada una de las personas que participan en la asamblea, sino de que la decisión reúna determinados requisitos legales o esté apegada a derecho, según el caso. Por tanto, la prescripción que se haga valer en relación con la nulidad de un acuerdo de la asamblea de ejidatarios relativo a la asignación de parcelas debe resolverse en términos del artículo 61 de la Ley Agraria". En similares términos se pronunció en la tesis 2a. CLXXX/2002, publicada en la página 290, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SANIDAD ANIMAL. LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL ORDENAMIENTO FEDERAL RELATIVO, EN LO QUE RESPECTA A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para aplicar supletoriamente un ordenamiento jurídico a otro, se deben satisfacer los siguientes requisitos: a) que el ordenamiento que se suple contemple la institución respecto de la cual se pretende la aplicación supletoria, y b) que la institución respectiva no tenga reglamentación, o bien, que conteniéndola sea deficiente. En el caso de la Ley Federal de Sanidad Animal se satisfacen tales requisitos, pues su artículo 58 prevé la garantía de audiencia al disponer, esencialmente, que para la imposición de las sanciones, la autoridad administrativa correspondiente debe conceder previamente audiencia al interesado en los términos del reglamento de la propia ley, y aunque todavía no se ha expedido dicho reglamento, debe tomarse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, este ordenamiento se aplicará de manera supletoria a las diversas leyes administrativas, motivo por el cual al ser de esa naturaleza la Ley Federal de Sanidad Animal, le resulta aplicable supletoriamente lo dispuesto en sus artículos 12 a 61, que regulan en detalle el procedimiento que toda autoridad administrativa debe seguir antes de imponer una sanción". Lo anterior permite establecer que son cuatro los requisitos de existencia para que opere la integración normativa a partir de la institución jurídica llamada supletoriedad, estos son: 1. Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente; 2. Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretenden aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; 3. Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, 4. Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. De lo antes dicho, destaca para nuestro estudio, que es requisito para el uso de la supletoriedad por parte del juzgador, que las normas aplicadas supletoriamente, no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y las bases que rigen la institución de que se trate, situación que aconteció al aplicar de manera supletoria los artículos 154, 156 y 157 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, a un asunto que trata sobre controversias entre condóminos, regido por las disposiciones del Código Civil del Estado de Jalisco, así como por el reglamento del propio condominio al que pertenecen. Para evidenciar lo anterior, resulta indispensable reiterar que por un lado, el artículo 1006, fracción XI, inciso f del Código Civil del Estado de Jalisco, el cual se encuentra contenido en el Título Sexto, de rubro "Del Condominio", establece que la instancia y el procedimiento para resolver conflictos entre los condóminos será regulada por lo dispuesto en el reglamento del condominio; y, que además, aquel ordenamiento legal establece que el enjuiciamiento civil adjetivo del estado será supletorio. Asimismo es necesario tener a la vista, los artículos 154, 156 y 157 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en los que se apoyó la sala responsable para resolver la excepción de competencia que se dirime, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 154. La competencia por razón del territorio es la única que se puede prorrogar. Se exceptúa el caso en que, conociendo el tribunal superior de apelación contra interlocutoria, resuelta que sea, las partes estén de acuerdo en que conozca de la cuestión principal. El juicio se tramitará conforme a las reglas de su clase, prosiguiéndose éste ante el superior." "Artículo 156. Es Juez competente aquél al que los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente, cuando se trate de fuero renunciable. Artículo 157. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente el fuero que la ley les concede y designan con toda precisión el Juez a quien se someten." De los artículos transcritos, se aprecia que la competencia en razón de territorio es la única que se podrá prorrogar; siempre y cuando se trate de fuero renunciable y que los interesados hubieren renunciado clara y tajantemente a este y se sometan, ya sea de manera expresa o tácita a una jurisdicción, la cual deberá ser designada con toda precisión. Ahora bien, en la resolución que constituye el acto reclamado, se estableció que no es infundada la excepción de incompetencia planteada en el procedimiento primigenio, en virtud de que los artículos recién transcritos prevén que cuando las partes se sometan a un a jurisdicción la designación se deberá de realizar de manera precisa, sin embargo, al prever el artículo 69 del reglamento del condominio al que pertenece el quejoso, que se podrán dilucidar las controversias en cualquiera de las dos jurisdicciones que señala, no hay una designación precisa y por ende, no es posible aplicar ese precepto legal. Sin embargo, como se expuso en párrafos que anteceden, lo anterior es incorrecto, en virtud de que lo determinado por la autoridad responsable contraviene lo señalado por el artículo 1006, fracción XI, inciso f), del Código Civil del Estado de Jalisco, en relación con el diverso 69 del reglamento del condominio denominado "Quinta La Parota", pues dichas legislaciones establecen que el reglamento del condominio será el que fije la competencia para conocer de los conflictos que se susciten entre los condóminos, y este último ordenamiento precisa que serán los tribunales de Guadalajara y de la Ciudad de México, los que diriman dichos conflictos que se susciten entre los condóminos. Por lo que no procede aplicar las reglas generales que establecen los artículos 154, 156 y 157 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al regirse los conflictos de los condominios por disposiciones especiales previstas en el Código Civil y en concordancia con este, en lo establecido en el propio reglamento del condominio. Por ello, resulta incorrecto lo considerado por la Novena Sala de Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en el sentido de que aplican de manera supletoria los aludidos dispositivos legales, pues la competencia en los conflictos suscitados entre los integrantes de condominios se rige por disposiciones especiales contenidas en el Título Sexto del Código Civil del Estado de Jalisco, por lo que la aludida autoridad responsable deberá de aplicar lo conducente para resolver sobre la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada en el procedimiento primigenio. Por lo anterior, al evidenciarse transgredida en perjuicio de la ahora quejosa, la garantía de legalidad tutelada en el artículo 16 constitucional, por la resolución aquí reclamada, al haber tenido apoyo en un requerimiento que no se fundó ni motivó adecuadamente, es que este órgano jurisdiccional concluye que los argumentos analizados resultan fundados y por ende, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución del impetrante en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que una vez que quede firme el presente fallo, la autoridad responsable Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco: Deje insubsistente la resolución de ocho de abril de dos mil diecinueve, dictada en los autos del toca 116/2019. Emita una nueva resolución en la que prescinda de las consideraciones que se estimaron incorrectos y siguiendo los lineamientos de este fallo se pronuncie conforme a derecho sobre la excepción de incompetencia formulada por el aquí quejoso en el juicio civil 71/2018 del Juzgado Segundo de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Leopoldo Rivas Zamudio, contra la autoridad y el acto precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos que se establecieron en el considerando sexto, en congruencia con los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con el licenciado Kavdxary Youdvary González Macedo, secretario que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico; hasta el día de hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. LAPT/KYGM

  4. Principal

    AVISO PRINCIPAL.- POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE MISMA QUE EN SINTESIS DICE: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SE RESUELVE: ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A...

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