Leopoldo Ramirez Perez
Expediente 419/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 33 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Leopoldo Ramirez Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Parte quejosa solicita devolución de documentos. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el impetrante del amparo, mediante el cual solicita la devolución de documentos que anexó como prueba en el juicio en que se actúa; y en atención a sus manifestaciones, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se dejaron a su disposición; asimismo, téngasele como autorizados para recoger dichos documentos a las personas que indica en su ocurso. Finalmente, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Causa ejecutoria resolución de nueve de agosto de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, se ordena depurar el cuadernillo original y destruir el duplicado del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Toda vez que es innecesario permanecer con los legajos de pruebas que la autoridad responsable Juez Cuarto Mercantil con residencia en San Luis Potosí, envió en apoyo a su informe justificado (diez tomos), devuélvanse a su lugar de origen para los efectos legales a que haya lugar. Se previene a las partes para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibidas que, de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
V I S T O S para dictar sentencia en el juicio de amparo 419/2022-IV, promovido por ********************, contra los actos que reclamó de la Jueza Décimo Segundo Civil de Partido en esta ciudad y otras autoridades, los cuales consideró violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,********************R E S U L T A N D O:****************************************ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Por escrito recibido el uno de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y en este Juzgado de Distrito por razón de turno el cuatro de abril siguiente, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y por las autoridades que más adelante se precisarán; luego, por auto de seis de abril de dos mil veintidós, se registró con el número de expediente 419/2022-IV y se previno al impetrante para que aclarara su demanda; posteriormente en decreto de veinticinco de abril siguiente se le hizo un segundo requerimiento (foja 33); cumplido lo anterior, en proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós (foja 38) se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación.********************Posteriormente, en proveído de trece de junio de dos mil veintidós (foja 176), se ordenó el emplazamiento de la moral tercera interesada ********************, sociedad anónima de capital variable, por conducto de quien legalmente la represente. Luego, con el apersonamiento de la precitada tercera interesada al presente juicio constitucional, a través del ocurso que obra agregado a foja 230 del sumario, con fundamento en el artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se convalida cualquier posible irregularidad que se hubiere cometido en la diligencia de su emplazamiento.********************Finalmente se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede.********************C O N S I D E R A N D O:****************************************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.********************Lo anterior, en virtud de que el inmueble materia de ejecución del acto reclamado se ubica en el municipio de León, Guanajuato, sobre el cual este tribunal ejerce jurisdicción.********************SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina la demanda de amparo, el escrito de aclaración, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de lo que se deduce que la parte quejosa reclama:********************Del Juez Cuarto Mercantil con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, como autoridad ordenadora; y de los Jueces Civiles de Partido Primero a Décimo Cuarto y Actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios en Materia Civil de este Partido Judicial, todas con residencia en esta ciudad, como autoridades ejecutoras:********************La orden de desposesión del inmueble ubicado en calle ********************, de esta ciudad, dentro del juicio mercantil ********************, y su ejecución mediante exhorto, procedimiento en el cual el quejoso es tercero ajeno.********************TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Jueces Primero a Décimo Primero Civil de Partido, Jueces Décimo Tercero y Décimo Cuarto Civiles de Partido, todos con residencia en León, Guanajuato, al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados; sin que la parte quejosa aportara prueba en contrario. ********************En tales condiciones, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo únicamente por lo que se refiere a las preindicadas autoridades responsables; de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo.********************CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Cuarto Mercantil de la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí y Jueza Décimo Segundo Civil de Partido de la ciudad de León, Guanajuato, ya que al rendir sus informes justificados convinieron en su existencia en el ámbito de sus respectivas competencias (fojas 172, 124 y 216), lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada fueron remitidas, relativas al juicio mercantil número ******************** con las que se formaron diez tomos por separado; y del exhorto ********************que constan a fojas 127 a 169 del sumario.********************Pruebas documentales públicas a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, por tratarse en la especie de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones.********************Luego, si bien la Directora de la Oficina Central de Actuarios en Materia Civil, de este partido judicial, en su informe justificado (foja 46) negó los actos reclamados, aduciendo que incluso rendía el informe de ley como encargada de dicha oficina debido a que no se había designado algún actuario judicial para llevar a cabo la diligencia de desalojo, pues ésta no les ha sido ordenada aún; sin embargo, este tribunal de amparo estima que los actos combatidos son de inminente ejecución, toda vez que en el juicio mercantil de origen ya se expidieron las escrituras de adjudicación del inmueble materia de litis, en rebeldía de la parte demandada, por lo cual se considera que la entrega material de dicha finca es un acto próximo a ejecutarse; de ahí que se tenga por cierto el acto atribuido a la mencionada Dirección. ********************QUINTO. Estudio de la causa de improcedencia que se analiza de oficio. En el caso se actualiza el motivo de inejercitabilidad de la acción constitucional previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone:******************** "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia."****************************************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:****************************************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico."****************************************La fracción I, del artículo 107 de la Constitución Federal dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y además de que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.********************De tal suerte que, al estar frente a actos provenientes de un órgano jurisdiccional, se requiere de la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser violentado por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el tribunal constitucional correspondiente, para demandar el cese de esa trasgresión.********************Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, destacándose que dicho interés debe acreditarse fehacientemente, de tal manera que no se infiera con base en meras presunciones.********************Si bien es verdad que el Alto Tribunal ha emitido diversos criterios a fin de definir el concepto de interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo, y que a virtud de las reformas constitucionales de junio de dos mil once, se amplió el abanico o espectro de protección constitucional a quienes no ostentaran un interés tan restringido como lo es el jurídico, lo cierto es que esa ampliación opera únicamente sobre actos provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; de tal suerte que prevalece el concepto primigenio sobre la necesidad de acreditación del interés jurídico en el proceso constitucional frente a actos provenientes de autoridades jurisdiccionales.********************En el caso particular, el promovente se ostenta como tercero extraño al juicio mercantil de origen número ********************, esgrimiendo que violan sus derechos constitucionales, por la razón de que se le priva de la posesión y propiedad que mantiene a título de dueño, sobre el bien inmueble localizado en ******************** de esta ciudad, a virtud del contrato de compraventa que tiene celebrado el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y nueve con ********************.********************Por persona extraña, debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente.********************De las constancias que informan la presente queja constitucional, ciertamente se desprende que ******************** no es parte material ni formal en el juicio mercantil ********************; sin embargo, tal circunstancia no es suficiente para reconocer una afectación a la esfera de derechos de la parte promovente del amparo, pues para que ello suceda, es menester que los actos de autoridad efectivamente vulneren o restrinjan su esfera jurídica, lo que de suyo implica que tenga la carga de probar, por un lado, esa afectación y, por el otro, el derecho tutelado, a fin de legitimarla a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, de manera que si no se demuestra lo anterior, indefectiblemente el juicio constitucional será improcedente.********************Para demostrar su interés jurídico, la solicitante del amparo ofreció como pruebas de su intención, las siguientes:********************Original del contrato privado de compraventa fechado el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y nueve, celebrado entre el quejoso ********************, en su calidad de comprador, y ********************, en su carácter de vendedor, respecto del bien inmueble localizado en ******************** de esta ciudad. Ratificado ante la presencia del Notario Público número 66 de esta entidad, en la misma fecha (foja 14).********************Avalúo fiscal de cuatro de enero de dos mil veintidós, efectuado por la Dirección General de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de León, Guanajuato, respecto del inmueble ubicado en calle ******************** de esta ciudad (foja 24). ********************A las documentales precitadas se les reconoce pleno valor probatorio, con fundamento en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.********************Lo anterior a pesar de que el contrato de compraventa (identificado en el inciso 1), en estricto rigor, se trate de un documento privado; empero, por la circunstancia de haberse ratificado su contenido y firmas ante fedatario público, le dota de la calidad de fecha cierta, lo que revela que, por lo menos, al momento de la ratificación por los suscribientes, el mencionado pacto de voluntades existía; y mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del Notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno, al haberse constatado la voluntad de los contratantes de suscribir el pacto volitivo. ********************Acorde al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a. /J. 66/2008, derivada de la contradicción de tesis 24/2008-SS, de rubro y texto:********************"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. SE ACREDITA CON EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE UN BIEN INMUEBLE RATIFICADO ANTE NOTARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El indicado documento es apto para acreditar el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio de origen, donde reclama el embargo llevado a cabo sobre el inmueble en cuestión y sus consecuencias, pues al pasar dicho documento ante la fe del Notario Público adquiere valor probatorio pleno, y demuestra que, por lo menos en la fecha en que se ratificó, ya se había llevado a cabo la transacción, dotando así de seguridad a los acreedores de determinada relación jurídica y garantizando que los documentos que se presenten en oposición de sus pretensiones no fueron realizados con posterioridad al inicio de un juicio y se dataron en una fecha anterior. De acuerdo con ello, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario es suficiente para acreditar que las firmas que obran son las de los contratantes y demostrar ante los Jueces de amparo que la transmisión de la propiedad del inmueble motivo del embargo que se reclame, se dio antes de éste, lo que prueba la existencia de un agravio contra el comprador ante la posible afectación a su propiedad."****************************************Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 96/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proveniente de la contradicción de tesis 173/2006-PS, con registro digital 171436, de epígrafe:********************"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional."****************************************Es importante señalar que la presente resolución constitucional no tiene por objeto hacer una declaración definitiva en cuanto a los derechos de propiedad aducidos por la parte quejosa, toda vez que la acción constitucional solamente puede definir la existencia o inexistencia de tales derechos para los efectos exclusivos del amparo, sin que esto implique una decisión de carácter absoluto de los mismos, dado que ello es materia de la potestad común a través de las acciones correspondientes.********************Ahora bien, las documentales antes mencionadas, a pesar de su valor intrínseco, constituyen prueba insuficiente para demostrar el interés jurídico de la ahora impetrante, esto es, que es titular de los derechos de propiedad y posesión sobre el bien inmueble afectado en el juicio mercantil ********************. Se explica el porqué. ********************De la lectura del contrato de compraventa celebrado el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y nueve, entre ********************, como vendedor y el aquí quejoso ********************, como comprador, se observa que el precio de la operación se determinó en quince millones de pesos, de los cuales solo cinco millones fueron exhibidos a la firma de dicho contrato, pactándose que el saldo restante sería cubierto en cinco pagos mensuales de dos millones cada uno, dejándose como garantía la firma de cinco pagarés por dichas sumas. De igual forma, se advierte que la parte vendedora, se reservó el dominio y/o propiedad sobre el bien inmueble objeto del acto jurídico mientras el comprador no cubriere el precio total de la venta; de tal forma, que hasta que fuere liquidado por completo le precio, el dominio pleno de la finca se transmitiría al comprador, por lo cual éste se obligó a no efectuar actos de dominio, como vender, arrendar, gravar, afectar o reformar dicho inmueble; concediéndosele únicamente la posesión física del bien a la firma del mencionado contrato. ********************Luego, de la lectura del contrato aludido se advierte que la reserva de dominio de la cosa objeto de la operación, la convinieron las partes de manera expresa, hasta en tanto el ahora quejoso acreditara haber cubierto la totalidad del adeudo como saldo del precio señalado en el clausulado del contrato, pasando hasta ese momento la titularidad plena de los derechos de propiedad y posesión jurídica.********************Al respecto, es oportuno tener presente que la reserva de dominio constituye una modalidad del contrato de compraventa, con características muy particulares, cuyo principal objetivo es que la propiedad del bien materia del contrato se transmita al comprador, no en el momento de la firma del pacto volitivo, sino hasta que este cumpla con la condición suspensiva a que se encuentra sujeta, consistente en el pago total del precio pactado en el plazo indicado (cinco parcialidades mensuales), es decir, que aun cuando las partes convienen sobre la cosa y su precio, la transferencia de la propiedad de la cosa se produce hasta que el precio se cubra en su totalidad.********************Al respecto cabe mencionar que la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 58/2010, derivada de la contradicción de tesis 5/2010, con registro digital 162630, de epígrafe: "COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO. EL CONTRATO RELATIVO CONSTITUYE JUSTO TÍTULO PARA ACREDITAR LA POSESIÓN CON CARÁCTER DE PROPIETARIO PARA EJERCER LA ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", sostuvo que el contrato de compraventa con reserva de dominio constituye justo título para ejercer la acción de prescripción adquisitiva, toda vez que el comprador posee en concepto de dueño, de tal forma que su posesión es originaria y no derivada. Añadió, que el hecho de que el vendedor se reserve el dominio del inmueble, en el contrato no desvirtúa su naturaleza, es por esto que se considera suficiente para que el comprador ejerza su posesión con carácter de propietario, ya que claramente tiene la intención de poseer la cosa a título de dueño. ********************Por otro lado, la misma Primera Sala en la diversa jurisprudencia 1a./J. 73/2011, producto de la contradicción de tesis 3/2011, con registro digital 161124, titulada: "COMPRAVENTA DE BIEN MUEBLE CON RESERVA DE DOMINIO. SI EL CONTRATO ES DE FECHA CIERTA, TIENE EFECTOS RESPECTO DE TERCEROS EMBARGANTES AUNQUE NO ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (LEGISLACIONES FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO)", sostuvo que un contrato de compraventa con reserva de dominio, de fecha cierta, a pesar de no estar inscrito en el Registro Público, resulta suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso en un juicio de amparo, cuando alegue un embargo derivado de un crédito personal, el cual resultaría ilegal porque se estaría trabando respecto de bienes que no están en el patrimonio del demandado (embargado).********************Como puede observarse, es criterio del Máximo Tribunal que el contrato de compraventa con reserva de dominio, siempre y cuando sea de fecha cierta, es susceptible de demostrar la titularidad de los derechos de propiedad y posesión, con sus debidas excepciones.********************Ello encuentra lógica, si el juicio de amparo se presenta por actos que afecten únicamente la posesión de un inmueble, o bien, mientras se encuentre vigente dicho pacto de voluntades, es decir, mientras la condición suspensiva se encuentre en etapa de cumplimiento por no haber llegado del plazo convenido para darle fin. Por lo que los actos que afecten el inmueble de mérito, mientras persista la condición suspensiva, comprueban de cierta manera el derecho de propiedad y posesión a favor del comprador, por lo cual válidamente puede salir en defensa de éste por la vía constitucional.********************Empero, en el caso que ocupa la atención, como ya se dijo, el contrato de compraventa con reserva de dominio se celebró el veintitrés de agosto del año de mil novecientos noventa y nueve, y la condición suspensiva tenía un plazo de cinco meses a partir de la firma del mismo, porque los cinco pagos parciales se pactaron de forma mensual. Luego, si en la cláusula cuarta de dicho contrato se dijo que la falta de pago de uno solo de los abonos en los plazos convenidos para el pago darían lugar a la recisión del mismo, siendo potestativo para el vendedor optar por la recisión del contrato recobrando los efectos vendidos, o bien, exigir su cumplimiento dando por vencida la obligación del pago del comprador, para lo cual podrá hacer efectivos los pagarés suscritos. Y a este juicio constitucional no se aportó prueba alguna con la que se demostrara que el quejoso cubrió los cinco pagos parciales a que se obligó en los plazos convenidos; y, que por tanto, se hubiere cancelado la mencionada reserva de dominio, y se hubiere transmitido la propiedad al impetrante, de forma total, entonces es incuestionable que no pude establecerse que dicho contrato sea eficaz para comprobar la titularidad del derecho de propiedad y posesión que pretende preservar en la actualidad.********************Con independencia que alegue en su demandada que desde hace tiempo tiene el deseo de tener en regla los documentos relacionados con su terreno; puesto que esa "intención" en modo alguno constituye un dato de prueba que objetivamente pueda hacer variar el criterio de este juzgado federal.********************Máxime que, teniendo en cuenta que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, el plazo para el cumplimiento de la obligación del pago en parcialidades ya feneció (desde enero del año dos mil), es claro que la parte impetrante estaba en posibilidad de perfeccionar el documento privado anexado a este juicio de amparo como prueba de la ilegalidad del acto reclamado (y de su interés jurídico) que es precisamente la liberación o insubsistencia de la reserva de dominio a favor de quien figura como vendedor en el contrato, por el pago total del precio; y, al no haberlo hecho así, es decir, de incumplir con su carga probatoria, es inconcuso que deba tenerse por subsistiendo dicha reserva de dominio; y, por tanto, la no comprobación plena de la transmisión de la propiedad del bien a favor del comprador aquí quejoso, para efecto de estimar que los actos reclamados efectivamente vulneren o trastoquen sus derechos constitucionales.********************Resulta aplicable, la tesis sostenida por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, del Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, CXXVII, Sexta Época, de epígrafe y texto siguiente: ********************"COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO, NATURALEZA DEL CONTRATO DE. La compraventa con reserva de dominio, actualmente operación muy frecuente, encierra una modificación radical al deber del vendedor de transmitir la propiedad; en ella no pasa la propiedad al comprador, sino hasta cuando éste satisface totalmente el precio pactado; queda así esa obligación sujeta a una condición suspensiva, temporal, por el plazo señalado para el pago del precio, y que se extingue al quedar éste satisfecho en su totalidad. Mientras tanto, el comprador con reserva de dominio no puede enajenar la cosa, porque no puede vender una propiedad que no tiene todavía, y el vendedor tampoco puede hacerlo durante el lapso del plazo para pagar el precio y debe conservar el derecho de propiedad, para transmitirlo al comprador al recibir el pago total del precio; así, la ley protege tanto al vendedor como al comprador con reserva de dominio, frente a contratantes morosos, insolventes, incumplidos o de mala fe."****************************************Por otro lado, el avalúo fiscal que anexó el solicitante del amparo a su demanda, y que consta a foja 24 y 25 del sumario, tampoco es prueba suficiente para demostrar la titularidad del derecho, ni puede servir como medio de perfeccionamiento al contrato de compraventa con reserva de dominio, ya que lo único que comprueba de forma fehaciente es la realización de un avalúo en un inmueble con cuenta catastral número ********************, ubicado en calle ********************sin número********************, es esta ciudad, cuyo propietario registrado es el aquí quejoso ********************; con una superficie total de 1,250 metros cuadrados (según contrato) y de 1,164.08 metros cuadrados (según datos físicos), cuyas colindancias no coinciden con las descritas en el contrato de compraventa con reserva de dominio que exhibió el quejoso para acreditar su interés jurídico. ********************Si bien es cierto que el lote sobre el cual se efectuó el avalúo se ubica sobre la calle ********************sin número antes ********************, también es verídico que el inmueble que defiende el quejoso está sobre la calle ******************** número ********************, de la colonia ********************; quien incluso mencionó que la calle ******************** también era conocida como ********************y como ********************(cuestión que no quedó comprobado de manera plena, por tanto se estima solo una mera presunción); entonces la sola coincidencia de la calle -si es que la hubiere- y colonia no es motivo suficiente para establecer identidad del bien, ya que el inmueble del quejoso si tiene asignado número exterior, en tanto que el que consta en el avalúo no tiene nomenclatura. Por otro lado, a pesar de que ambos inmuebles tienen la misma superficie, las colindancias tampoco son coincidentes; pues mientras la finca del impetrante colinda con ********************en su parte norte, con terreno de donación en su parte sur, con calle ********************su parte oriente y con ******************** en su parte poniente; el terreno que fue materia de avalúo colinda con ********************en su parte norte, con Jardín de Niños ********************en su parte sur, con ********************en su parte oriente, y con calle ********************en su parte poniente. ********************De lo cual se observa que ninguno de los colindantes coincide, y a pesar de que con el paso del tiempo la propiedad de los colindantes pudo haber variado, lo cierto es que no se demostró con prueba idónea, que se trata de las mismas colindancias entre ambos predios. ********************Aunado a lo anterior, la finca del quejoso tiene entrada por la calle ********************, que según su contrato de compraventa está en la parte oriente del terreno; en tanto que, el inmueble materia de avalúo tiene su frente en ********************que se ubica en la poniente del predio. Entonces, suponiendo sin conceder que ambas calles -********************y ********************- sean las mismas -pues ninguna prueba fehaciente evidencia lo anterior-, lo relevante es que no son concordantes sus localizaciones de acuerdo a la orientación de los mismos.********************Por tanto, el avalúo fiscal que señala al quejoso como propietario de una finca en la colonia ******************** en modo alguno puede robustecer o perfeccionar el contrato de compraventa con reserva de dominio exhibido, porque al no haber coincidencia en la descripción de los terrenos, no puede inferirse que la condición suspensiva del contrato haya sido cumplida y, por ende, se haya transmitido el dominio pleno del bien, dejando sin efectos la reserva y lo pactado en la cláusula cuarta con relación a la recisión por falta de pago del precio total. De ahí que el avalúo fisca sea ineficaz para los fines pretendidos por su oferente.****************************************En otra tesitura, esa falta de identidad, también queda de manifiesto entre el inmueble que defiende el quejoso y aquél que fue afectado en el juicio mercantil ********************, puesto que nuevamente solo hay cierto margen de identidad entre la calle (******************** actualmente ********************) y colonia (Hacienda del Palote, actualmente ********************), así como la superficie del terreno (1,250 metros cuadrados); pero no en sus colindancias; ya que el bien adjudicado en el juicio natural tiene las siguientes colindancias: al norte con resto del predio, al sur con ********************, al oriente con ********************, y al poniente con resto del predio. De lo cual se obtiene que el frente de dicho terreno es en su colindancia sur con la calle ********************, en tanto que la finca del quejoso tiene su frente al oriente. ********************En esa línea de pensamiento, al no haberse ofrecido en este juicio de amparo prueba pericial en topografía o agrimensura, no es posible establecer que el inmueble rematado en el juicio mercantil de origen y cuya orden de posesión y entrega material al adjudicatario está por ejecutarse de forma inminente, sea aquél que aparentemente posee el impetrante. ********************Puesto que, ninguna de las pruebas obrantes en el sumario constitucional permiten inferir válidamente que se trate del mismo bien.********************En efecto, era menester que a través de una prueba pericial se determinara la localización precisa y superficie del bien que defiende la parte impetrante ante esta instancia constitucional respecto de aquél que fue afectado en el juicio natural, para efecto de establecer su plena identidad, y si el predio de la parte quejosa se encuentra inserto, ya sea en todo o en parte, dentro de las superficie afectada en el juicio natural. ********************Al no contar con esta prueba especializada, este tribunal de amparo no cuenta con datos objetivos y certeros sobre la identidad de los predios, aspecto que no es posible deducir a partir de presunciones, como lo pretende el ahora inconforme, sino que necesariamente tiene que comprobarse de manera plena, atento a los criterios jurisprudenciales a los que se hizo alusión supralíneas.********************Orienta el punto de vista expuesto, la jurisprudencia VI.1o.C. J/13, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época, localizable con el número de registro 190377, bajo la voz: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES."********************También es ilustrativa la jurisprudencia VI.3o. J/2 del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época, identificable con el número de registro 203341, de rubro y texto: ********************"POSESIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL BIEN RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMA LA PRIVACIÓN. Si el quejoso como tercero extraño en el juicio natural, no demuestra la identidad del inmueble materia del juicio de usucapión de donde deriva el acto reclamado, con la del inmueble cuya posesión ostenta, es evidente que no puede afirmarse que dicho acto le cause perjuicio y, por ende, cabe concluir que el mismo no afecta su interés jurídico, razón por la que resulta literalmente aplicable la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo lo cual conduce al sobreseimiento del juicio de garantías."****************************************De igual forma, sirve de apoyo la tesis VIII.2o.14 C, del Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, correspondiente a la Novena Época, con número de registro 203637, de contenido siguiente: ********************"PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAMA PRIVACIÓN DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa."****************************************Consecuentemente, al ser clara la actualización de la causal de improcedencia en principio invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, en contra de los actos atribuidos al Juez Cuarto Mercantil en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo.****************************************Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades responsables Jueza Décimo Segundo Civil de Partido y Directora de la Oficina Central de Actuarios en Materia Civil, ambas en esta ciudad, en virtud de que sus actos fueron impugnados en vía de consecuencia y no por vicios propios.********************Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 76, 77, 78 y relativos de la Ley de Amparo abrogada; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:********************ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones asentadas los considerandos tercero y último de esta sentencia
- Principal
Se apersona tercera interesada. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Adolfo Mateos de Bustamante, apoderado legal de Corporativo Jurídico Inmobiliario México, sociedad anónima de capital variable, tercera interesada, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de la escritura pública que allega a su escrito de cuenta; y en atención a sus manifestaciones téngasele por apersonándose al presente juicio de amparo, en su carácter de parte tercera interesada, y señala como autorizado en términos restringidos del artículo 12 y su correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a Javier Castillo García, por así haberlo solicitado. De igual manera, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (adolfomateos) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal.
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