Leopoldo Perez Lopez

Expediente 563/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
563/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Primera Sala En Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
  • Leopoldo Perez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio y anexo signado por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla por medio del cual, devuelve debidamente diligenciada la comunicación 102/2021 (orden 136/2021), del índice de este juzgado; pues, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, el diligenciario de su adscripción notificó al quejoso Leopoldo Pérez López, el contenido del auto de once de marzo del año en curso, en los términos indicados. Atento a lo anterior, dese de baja el aludido despacho en el Libro de Gobierno respectivo y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos del presente controvertido constitucional, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el quince de enero de dos mil veintiuno, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, ha trascurrido, sin que las partes lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de trascurridos tres años, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente principal, con su respectiva leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Ahora bien, a fin de notificar al quejoso ********************, la presente determinación, y en atención a que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y en los diversos numerales 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la recepción del despacho correspondiente a este auto, realice lo siguiente: - Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; - Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; - Notifique al quejoso de mérito el presente acuerdo, le corra traslado con copia autorizada del mismo, y; - Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo- 563/2020. - Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir vía correo electrónico dentro del término de veinticuatro horas a partir de su notificación, la digitalización correspondiente a la copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la referida autoridad que podrá dar cumplimiento a lo anterior a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276. A efecto de agilizar la integración del presente expediente, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, en aplicación de lo dispuesto en el diverso numeral 28, fracción III ídem, se ordena el envío inmediato del despacho de referencia, vía correo electrónico por conducto del actuario judicial que corresponda, debiendo asentarse la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales condignos. Finalmente, al resultar innecesarias las copias certificadas del toca de apelación ********************(anexo I) remitidas por la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla; y, de la causa penal ********************(anexos II a V) del índice del Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla, se ordena devolver las mismas, sin necesidad de acusar de recibo ya que las autoridades en cita se encuentran en la localidad de este órgano jurisdiccional; para lo cual el actuario correspondiente tendrá que asentar el recibo de dichas constancias. Notifíquese personalmente, vía despacho al quejoso en su lugar de reclusión, por lista a sus autorizados y al tercero interesado; por oficio a las autoridades responsables, autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintiuno.....integrese a los autos sin mayor tramite el oficio....se tuvo por recibida dicha comunicación....cumplase

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 2158 -y anexo- signado por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 537/2020 (orden 702/2020), pues se advierte que el once de diciembre de dos mil veinte, se notificó al quejoso Leopoldo Pérez López, el auto de nueve anterior. Atento a lo anterior, dese de baja el aludido despacho en el Libro de Gobierno respectivo y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden de ideas, vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho e interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que alguna de ellas desahogara la vista en cita. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. El treinta de octubre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente asunto, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia Federal al aquí quejoso, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Leopoldo Pérez López, para que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución la resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en el toca penal 264/2019, en la que confirmó la interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en la causa penal 171/2016. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva el recurso de apelación planteado, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar las deficiencias formales destacadas en esta resolución, esto es: - Deberá analizar y dar respuesta integral, fundada y motivada a todos los agravios expuestos por la recurrente, para lo cual deberá atender las consideraciones vertidas en el considerando octavo de esta sentencia. 3. Notificará dicha resolución a Leopoldo Pérez López. 4. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten." En proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, se determinó que la sentencia de marras había causado ejecutoria, por lo que ese requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Así, en proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibida la copia de la determinación de cuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que la responsable dejó insubsistente la resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en el toca penal 264/2019, donde confirmó la interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en la causa penal 171/2016, y resolvió nuevamente en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, como no se hizo llegar la notificación al quejoso de dicha resolución, se requirió a la responsable para tal efecto. De ahí que, en acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, se recibieron en este juzgado las constancias relativas a la notificación de la parte quejosa de la determinación de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada en el toca 264/2019; por lo que se ordenó dar vista a las partes con dichas documentales, para que manifestaran lo que a su derecho e interés legal conviniera. Documentales con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena."4 Ahora bien, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, 77 y 196 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria de amparo, quien resuelve se avoca a su estudio, de acuerdo a lo ahí precisado. Al respecto, de las constancias reseñadas se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la responsable, el cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Sala responsable dejó insubsistente la resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en el toca penal 264/2019, donde confirmó la interlocutoria de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, en la causa penal 171/2016, y resolvió nuevamente declarando procedente en su trámite, pero infundado en su contenido el incidente no especificado objeto del análisis de dicha resolución. Lo anterior, no sin antes analizar y dar respuesta a los agravios formulados por la parte apelante, como sigue5: 1. En lo tocante a que el juez de la causa, en el considerando tercero de la interlocutoria impugnada, violó en perjuicio del sentenciado los numerales 1, 14 y 16 de la Carta Magna, pues no contempló la fuente legal de procedencia de la multa y la reparación del daño, en suma porque no se estableció a partir de qué momento comenzó a correr la prescripción de tales sanciones, la Sala responsable indicó que el juez de primer grado sí citó los numerales establecidos en el Código Penal del Estado, los cuales regulan la prescripción del castigo económico, es decir el 37, fracción III, 139, apartado II y 140 de la comentada normatividad; y, de igual forma estableció las razones por las que estimó que no se surtía la pérdida de ese.derecho (resarcimiento económico). Aunado a ello, la Sala responsable puntualizó que el juez de primer grado si fundó y motivó que, para que empezara a computarse el término para la prescripción de las sanciones pecuniarias: ".es necesario primero cumplir con la totalidad de la expiación carcelaria asignada mediante sentencia de 28 veintiocho de noviembre de 2003 dos mil tres. Sobre el particular, argumentó que el precitado trinomio 37, sección III, engloba la multa y la reparación del detrimento, siendo los conceptos cuyo vencimiento solicita el incidentista, en lo que la legislación denomina "sanción pecuniaria"; en tanto que el apartado II, del diverso 139, precisa el momento en que comienza a correr el plazo para la prescripción, justamente para tal pena,el cual inicia su cómputo una vez que se extinga el correctivo corporal que se asignó conjuntamente. De igual forma, dijo que la terminación de la facultad para ejecutar dicha punición, se encuentra condicionada por la ley al cumplimiento previo del periodo de privación de la libertad al que fue condenado LEOPOLDO PEREZ LOPEZ." Por lo que resultaba inexacta la aseveración del recurrente en cuanto a que no se estableció a partir de qué momento comenzó a correr la prescripción de tales sanciones. 2. En lo relativo a que juez de la causa fue omiso en fundar y motivar lo relativo a la prescripción de la multa como derecho conferido a favor del Estado, pues la misma prescribe en un año a partir de que la sentencia sea irrevocable y exigida por la vía económica coactiva y a la fecha (de la apelación), dicho derecho no había sido ejercido; la Sala señaló que si bien el juez de la causa no fue lo suficientemente exhaustivo, sí aludió a la prescripción de la multa como atributo otorgado a favor del Estado, la cual prescribe en un año. Además, la Sala responsable realizó el análisis del tiempo que faltaba para la actualización de la prescripción en el asunto en particular, a la luz de los ordinales de la legislación sustantiva de la materia y fuero, que atañen a dicha figura, concluyendo que ".a la fecha en que se emite la presente resolución, han transcurrido 18 dieciocho años, 8 ocho meses, 29 veintinueve días, que el justiciable se encuentra recluido en el centro penitenciario, cumpliendo así de manera parcial la condena corporal de 22 veintidós años, 6 seis meses, que le fuera impuesta mediante ejecutoria de 24 veinticuatro de marzo de 2003 dos mil tres, y modificada en apelación el 1 uno de septiembre de 2004 dos mil cuatro (.) por ende, la condición establecida en el segundo párrafo del numeral 139 del Código Penal del estado, todavía no se surte, pues aún faltan 3 tres años, 8 ocho meses, 2 dos días para tener por extinto el reproche; y, solo al haberse declarado compurgada dicha sanción, entonces comenzará a correr el termino establecido en el precepto 140 de la referida normatividad es decir, a partir de ese momento el Estado contará con 1 año para poder ejecutar la multa. No sobra anotar que, el numeral 126 del multicitado ordenamiento instituye que la prescripción es personal y para ella basta el simple transcurso del tiempo señalado en la ley, siendo en el caso concreto el artículo 139, fracción II el cual establece dicho lapso. Pues como ya se dijo, el gravamen económico no solo comprende la multa instruida a favor del Estado, sino también la reparación del daño en pro de la víctima y en su caso, el plazo comienza a correr al terminar la sanción corporal que se asigne conjuntamente; en la especie este castigo monetario en tales modalidades se impuso simultáneamente en el veredicto previamente señalado, el cual lo sentenció a 22 años, 6 seis meses de cárcel conjuntamente, entonces, al estar compurgando dicha sanción, nopodemos hablar de que ya se haya cumplido esa condición y por ende, ni siquiera es dable considerar que ha iniciado el termino de lo demandado, en torno a la caducidad." 3. En lo tocante al argumento de que sobre la reparación del daño, el juez de la causa, al emitir la interlocutoria alzada, no tomó en consideración el derecho humano a la libertad del hoy quejoso, la Sala responsable estimó que ello resulta inexacto, pues el hoy quejoso confunde que la sanción corporal impuesta, es a resultas de la comisión de los delitos de secuestro y asociación delictuosa por los que se le sigue el proceso penal de origen y no por no haber pagado la multa o la reparación del daño. 4. Respecto a que es menester que se analicen las reglas que para la prescripción de la responsabilidad civil proveniente de un delio establece el artículo 1095 del Código Civil para el Estado de Puebla, para poder determinar si se "mantiene la imposición de las sanciones referentes al pago de la reparación del daño y multa", aplicando la ley más favorable al sentenciado, la responsable, esencialmente, señaló que el hoy quejoso partía de premisas erróneas pues trasladaba la fuente de la prescripción a la legislación civil, perdiendo de ·vista que el origen fue un hecho ilícito y, específicamente, una sentencia a donde se le constriñó al pago de la compensación del daño, por lo que no resultan aplicables las disposiciones aludidas en el numeral 1905 del Código Civil para poder determinar la subsistencia de las obligaciones a favor de la víctima. 5. Que en relación con que la ley establece la figura de la prescripción y para tal efecto dispone que las víctimas del delito cuentan con el término de tres años para solicitar la ejecución de la sentencia, por lo que opera la figura de la prescripción extintiva o liberatoria; si bien el artículo 140 del código penal de la entidad 140 estipula que las demás sanciones prescribirán por el transcurso de un plazo igual al que deban durar y a una cuarta parte más de ese tiempo faltante pero no bajará de 3 tres años ni excederá de 15 quince, dichos tres años no empiezan a correr porque no se ha compurgado la sanción de "cárcel". Y, si como el quejoso supone, tuviera a su favor los tres años que refiere, estos iniciarían su cómputo a partir de la extinción de la pena corporal. 6. Que en cuanto a que el juez de la causa aplica el artículo 37, fracción III, del Código Penal para el Estado de Puebla, en perjuicio del hoy quejoso, al no determinar en forma clara y precisa sus limitaciones y acciones a favor de éste, la Sala estimó que dicho resolutor no tendría por qué hacer tales precisiones, pues ello se motivó, en su momento, en la sentencia en la que se le impuso reparar los dañosos; de ahí que en la interlocutoria combatida tampoco era exigida al juzgador restricción alguna, pues del precepto 37, fracción III de la legislación sustantiva no atañe al "resarcimiento integral" como sí lo hacen los diversos 50 y 51, en relación con el 139 fracción II, y 140, al establecer los alcances y la durabilidad de esas cargas impuestas, en su momento, en la sentencia ejecutoriada asignadas al justiciable. Así, insistió que el A quo, no debía determinar de manera precisa las limitaciones y acciones a favor del justiciable, pues el artículo 37 en comento contempla un catálogo de "represiones" que cuya fracción III prevé, específicamente, la sanción pecuniaria de la que no se desprende ninguna prerrogativa como carga procesal a favor del acusado. Por lo que concluyó que, contrario a lo manifestado por el recurrente (aquí quejoso), el artículo 37, en su fracción III, del Código Penal para el Estado de Puebla, no establece alguna limitación u obligación, al margen de que el juzgador ningún perjuicio le causa al apelante al invocar dicho numeral, pues únicamente plasmó la regla general en cuanto a ·la naturaleza del correctiva en su modalidad pecuniaria que comprende la multa y la reparación del daño. Resolución que notificó al quejoso el seis de diciembre de dos mil veinte. Finalmente, de todo lo anterior, hizo llegar a este Juzgado Federal las constancias relativas a dicho cumplimiento. En consecuencia, de la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, quien esto provee, estima que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Y, por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero6, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. A fin de notificar al quejoso Leopoldo Pérez López, la presente determinación, y en atención a que se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y en los diversos numerales 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la recepción del despacho correspondiente a este auto, realice lo siguiente: - Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; - Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Leopoldo Pérez López, y se cerciore de su identidad; - Notifique al quejoso de mérito el presente acuerdo, le corra traslado con copia autorizada de la misma, y; - Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación - Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo- 563/2020. - Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir vía correo electrónico dentro del término de veinticuatro horas a partir de su notificación, la digitalización correspondiente a la copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, a efecto de agilizar la integración del presente expediente, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, en aplicación de lo dispuesto en el diverso numeral 28, fracción III ídem, se ordena el envío inmediato del despacho de referencia, vía correo electrónico por conducto del actuario judicial que corresponda, debiendo asentarse la razón de envío y recepción correspondiente, para los efectos legales condignos. Notifíquese personalmente vía despacho al quejoso en su lugar de reclusión, por lista a sus autorizados y al tercero interesado; mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado...

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