Leopoldo Mendiola Fernandez

Expediente 1318/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 27 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1318/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
16/01/2023

Partes del expediente

  • Leopoldo Mendiola Fernandez
  • Juez Primero de Primera Instancia En San Andres Tuxtla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de Administración Postal del Módulo del Poder Judicial de la Federación, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, dígase que la pieza con registro 9429111160185, relativa al oficio 34858, dirigido a la Fiscal adscrita a la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en san Andrés Tuxtla, Veracruz, obra agregada en autos. Por ende, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en proveído de tres de enero de la presente anualidad. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte tercero interesada el proveído de trece de enero de dos mil veintitrés, como se encuentra ordenado mediante diverso proveído de treinta de junio de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesada mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa********************, para los efectos siguientes: "[.] a). Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la Causa Penal ******************** de su índice, en contra de la parte quejosa********************. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que subsane los vicios formales apuntados, a saber: 1. Pondere el material probatorio existen dentro de la Causa Penal ********************, de su índice, como son las declaraciones de ********************y ******************** de diez de noviembre de dos mil once, a quienes les resulta el carácter de testigos de hechos, así como el escrito signado por ******************** por medio del cual exhibió trece fotografías de objetos e inmueble, así una página de periódico ******************** del que se advierte previamente fueron detenidos dos sujetos por el delito de robo a la negociación a su cargo, el oficio signado por el agente del Ministerio Publico Investigador, por medio del cual informa de las denuncias presentadas por ******************** durante dos mil once, las diversas declaraciones de los testigos ******************** y ******************** de doce de noviembre de dos mil once, trabajadores contratados para cargar y envasar arena, el dictamen pericial de valuación presentado el veintitrés de marzo de dos mil doce por el perito ******************** en el que se encuentra entre otros el valor de los tres objetos asegurados, así como de los diversos que no se determinó su existencia; también el diverso dictamen pericial de valuación de veintitrés de marzo de dos mil doce signado por la perito ******************** tercero en discordia, con los cuales se determina un valor distinto al que inicialmente les fueron asignados, la sentencia absolutoria emitida el quince de febrero de dos mil trece, en favor de ******************** en la que se ordenó su inmediata libertad, la que causo ejecutoria el veinticinco siguiente, persona con la que supuestamente se establecía la existencia de dos personas en la comisión del delito de robo. En caso de ser procedente considere: 2. Sí el delito está prescrito o no. 3. Lo previsto en los artículos 184 y 185 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de acreditar el objeto material del delito de robo. 4. Instaurar de forma correcta los elementos estructurales del delito de robo genérico en los términos precisados en la presente. 5. Explicar con qué datos obtenidos de cada medio de prueba en particular, se demuestran los elementos del cuerpo del delito atribuido al quejoso. 6. Exponer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito. 7. Establecer la forma de participación del sujeto activo del injusto penal, es decir, en su carácter de autor material o intelectual o participe. (.) Concesión que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del 2. Director del Reclusorio Regional "Zamora", con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; al no reclamarse por vicios propios, conforme a las Jurisprudencias 102 y 103, sustentadas por la Tercera Sala de la anterior estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas sesenta y seis y sesenta y siete, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dicen: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que se ejecuta, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleve a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional." [.]" Mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia y 2. Director del Centro de Reinserción Social Zamora, ambos con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por auto de veinticuatro de noviembre de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las citadas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, debido a que mediante oficio 3338 el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, y procedió a resolver de nueva cuenta la situación jurídica de********************, tomando en consideración que en la ejecutoria de amparo se le conminó a: Pondere el material probatorio existen dentro de la Causa Penal ********************, de su índice, como son las declaraciones de ********************y ******************** de diez de noviembre de dos mil once, a quienes les resulta el carácter de testigos de hechos, así como el escrito signado por ******************** por medio del cual exhibió trece fotografías de objetos e inmueble, así una página de periódico ******************** del que se advierte previamente fueron detenidos dos sujetos por el delito de robo a la negociación a su cargo, el oficio signado por el agente del Ministerio Publico Investigador, por medio del cual informa de las denuncias presentadas por ******************** durante dos mil once, las diversas declaraciones de los testigos ******************** y ******************** de doce de noviembre de dos mil once, trabajadores contratados para cargar y envasar arena, el dictamen pericial de valuación presentado el veintitrés de marzo de dos mil doce por el perito ******************** en el que se encuentra entre otros el valor de los tres objetos asegurados, así como de los diversos que no se determinó su existencia; también el diverso dictamen pericial de valuación de veintitrés de marzo de dos mil doce signado por la perito ******************** tercero en discordia, con los cuales se determina un valor distinto al que inicialmente les fueron asignados, la sentencia absolutoria emitida el quince de febrero de dos mil trece, en favor de ******************** en la que se ordenó su inmediata libertad, la que causo ejecutoria el veinticinco siguiente, persona con la que supuestamente se establecía la existencia de dos personas en la comisión del delito de robo. En caso de ser procedente considere: Sí el delito está prescrito o no. Lo previsto en los artículos 184 y 185 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de acreditar el objeto material del delito de robo. Instaurar de forma correcta los elementos estructurales del delito de robo genérico en los términos precisados en la presente. Explicar con qué datos obtenidos de cada medio de prueba en particular, se demuestran los elementos del cuerpo del delito atribuido al quejoso. Exponer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito. Establecer la forma de participación del sujeto activo del injusto penal, es decir, en su carácter de autor material o intelectual o participe. En relación al punto 2., la autoridad responsable abordó el estudio de la institución de la prescripción penal, significando que el delito de robo calificado por el que giró el mandato de captura en contra de********************, se encuentra previsto y sancionado por el artículo 202, fracción I, párrafo tercero, 205 fracción I, inciso a), fracción II, incisos a) y b), todos del Código Penal en vigor en la época de los hechos (2011); por lo cual, el tipo básico tiene una penalidad en su punto medio de punibilidad de nueve años y seis meses, mientras que la calificativa mencionada, en su punto medio de punibilidad establece una pena de cuatro años y cuatro meses, lo que podrían incrementar la pena de prisión en caso de demostrarse esta. Entonces, determinó que de conformidad con el numeral 112 del Código precitado, dicho ilícito es imprescriptible, toda vez que es de persecución oficiosa y rebasa de los seis años en su punto medio de punibilidad por el tipo penal básico, encontrándose ante un delito grave, de acuerdo con el diverso 231 del mismo ordenamiento; de ahí que, bajo su óptica jurídica el mandato de captura que se giró (seis de noviembre de dos mil once) en contra de********************, y que se ejecutó el doce de diciembre de dos mil veintiuno, no ha prescrito. Seguidamente, atendiendo el diverso 4., a su criterio se debía acreditar en base a la consignación realizada por la Fiscalía, los elementos objetivos y subjetivos que conforman el tipo penal de robo, en términos de la regla genérica contenida en el artículo 187 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, en el caso a estudio los siguientes: A quien (sujeto activo sin calidad especifica) Con ánimo de dominio (elemento subjetivo) Se apodere de una cosa mueble (elemento normativo) Totalmente ajena (elemento normativo) Sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella (antijuricidad especial tipificada). Asimismo, observó el punto 3., determinando que la denunciada realizada por ********************, rendida ante el fiscal el cinco de noviembre de dos mil once, así como la comparecencia que realizó en ampliación el día seis de noviembre siguiente y diligencia en ampliación de nueve del mismo mes y año, las que de conformidad con los artículos 122, 123, 124, 127 y 277, fracción VII, todos del Código de Procedimientos Penales, no le concedió alcance probatorio que pretende darle su oferente en términos del numeral 277 fracción VII del Código de Proceder de la materia, al no apreciar se demuestre la prexistencia y falta posterior de los objetos que se duele le fueron desapoderados por parte del sujeto activo. Lo anterior, la autoridad responsable asentó que lo afirmaba de esa manera toda vez que si bien el denunciante acudió ante el órgano investigador a dar la noticia del delito de robo, se limitó a justificar la personalidad con la que acudía a través del instrumento público consistente en el ******************** que autoriza la formación de la empresa ********************; documental a la que concedió pleno valor probatorio, en términos de los artículos 215, fracción VI, 260 y 277 fracción II, todos del Código de Procedimientos Penales en vigor, en relación con el diverso 261, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, al no haber sido redargüida de falsa por la parte que le perjudica. Así, determinó que no fue exhibido documento alguno con el que acredite la prexistencia y falta posterior de los objetos citados, de los que se duele desapoderado, por lo que a fin de precisar si está demostrado el delito, atendió a lo ordenado por el numeral 184 y 185 del Código de Proceder en la materia de abrogación paulatina. Ahora bien, por lo que respecta al punto 1., la potestad responsable valoró los deposados de ********************, quien argumentó en lo medular la forma en la que se detuvo a su familiar (********************) por su parte, ********************, dijo que se percató del momento en que se detuvo al primero de los testigos con la aquí quejosa, por parte de diversos sujetos armados cuando estaban arribando a las instalaciones de la empresa agraviada; así como que en su turno ********************, aseguró en la arenera unos hombres con carros; por su parte, ******************** y ********************, aseguraron conocer a ********************, quien era empelada de la empresa citada, y que ellos en varias ocasiones trabajaron en la planta cargando los tráileres en los que se llevaron diversas toneladas de arena por parte de la empresa, trabajos que realizaron varias veces, sin saber nada más. Declaraciones que, a consideración de la autoridad responsable, provienen de personas mayores de edad, sobre hechos susceptibles de conocerse a través de los sentidos, rendidas ante una autoridad competente, sin que advirtiera fueran emitidas por el dolo, mala fe o soborno, y si bien cuenta con la declaración de la exculpada ******************** y, su progenitora ********************, ambas se conducen en el mismo sentido, de que los objetos localizados en el domicilio de esta última, fueron llevados por personal de la agraviada y que nunca existió la intención de su parte de apoderarse de estos objetos, que además, la exculpada informó a sus superiores de los robos que se estaban cometiendo en su lugar, e incluso sostiene que pro parte de la empresa para la que laboraba se llevaron diversos objetos del lugar; lo que estableció era atendible, ya que la señora ********************, robustece que esos bienes localizados en su domicilio, fueron llevados por personal de la agraviada porque los iban a componer y después irían por ello. Aunado a ello, tomó en consideración que los testigos ******************** y ********************, son imparciales en indicar, que ellos solamente les consta que realizaron trabajos en favor de la empresa agraviada y desconociendo los demás hechos. Por su parte, ********************, ********************y ********************, solo refirieron en razón a la forma de detención de la exculpada ********************. Asimismo, determinó que la versión de ********************, cuando aseguró que del inmueble hubo varios robos, que reportó a sus superiores, y que los objetos recuperados estaban en el domicilio de su progenitora, porque se llevó a reparar y lo dejaron ahí personal de la pasivo; afirmación que sostuvo en escrito de once de noviembre de dos mil once, a la que adjunto diversas capturas de fotografías y la página de una nota periodística del diario ******************** con la noticia ********************. Documentales que les concedió valor de indicio de acuerdo al numeral 277 fracción III del Código de Proceder de la materia, al no estar redargüida de falsa y con la que se advierte con meridiana claridad que efectivamente como lo ha sostenido ********************, desde la investigación ministerial se perpetraron diversos robos en la empresa que labora, los que reporto a sus superiores y los denuncia, tan es así que se detuvo a varios sujetos como probables responsables del delito de robo, y fueron puestos a disposición de la autoridad; y de acuerdo a las fotografías que anexa, se puede apreciar a diversas personas que aseguran son los que fueron a llevarse en varias ocasiones material de la empresa por órdenes de su patrón. Así, la autoridad responsable consideró que efectivamente se realizaron robos pero varios objetos si fueron sacados de ese lugar por la empresa, tan es así que los testigos ******************** y ********************, también prestaron sus servicios para cargar matera prima en el tráiler; teniendo por acreditado de forma indiciaria que es cierto que los objetos recuperados estaban en el domicilio de la denunciada por instrucciones de sus patrones, sin que desvirtuara el Fiscal que de las fotos de referencia aparecen empleados de la empresa tercero interesada sacando diversos objetos. Seguidamente, tomo en consideración el oficio ********************, de diez de noviembre de dos mil once, en el cual la Agente del Ministerio Público Investigador de la Ciudad de Isla, informa que efectivamente se aperturaron las investigaciones ministeriales ******************** de su índice, ante las denuncias que realizó ********************, por el delito de robo cometido en agravio de la empresa ********************, a la que otorgó valor probatorio pleno de acuerdo al numeral 277 fracción II del Código de Proceder de la Materia al emitirlo una autoridad en ejercicio de sus funciones, misma que a su consideración robustece el señalamiento de que se hicieron denuncias. Posteriormente, tomó en cuenta el dictamen emitido por la perito tercero en discordia ********************, mismo que apreció dogmático en su elaboración incumpliendo con las exigencias de los numerales 239 y 240 del Código de Proceder en la materia, ya que en estos, expusieron que para su elaboración solo se basó en los datos que le fueron aportados por el pasivo, sin exponer cuales fueron los indicios que levantó para su elaboración, y que lo llevaron a determinar el estado de conservación, formas, la utilidad de los mismos y demás características físicas para confrontarlo con el precio del mercado, ya que de su dictamen solo se desprende que los datos fueron aportados por el agraviado, empero, ninguno de los peritos en ese sentido asentó las bases reales en la que lograron confrontar el estado que guardaban los bienes muebles, sin concederle valor probatorio de acuerdo al numeral 277, fracción IV del Código Procesal Penal. En tales condiciones, el Juez responsable determinó que no se demostró el primero de los elementos del delito de robo y al no estar colmadas las exigencias del numeral 19 de la Carta Magna, con fundamento en el artículo 177 del Código Procesal Penal, resultó procedente y ajustado a derecho dictar el correspondiente auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de********************, en la ejecución del referido ilícito, que se dijo cometido en agravio del patrimonio de ********************. Ahora bien, en relación a los puntos 5, 6 y 7, no pueden ser exigibles de cumplimiento, al haberse dictado auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de********************, en la comisión del delito de robo, que se dijo cometió en agravio del patrimonio de ******************** y del patrimonio de ********************. Finalmente, el 2. Director del Centro Penitenciario Zamora, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, informó que procedió a dejar en inmediata libertad a********************, misma que obtuvo a las diecisiete horas con cuarenta minutos del dieciséis de noviembre del año en curso; lo anterior, en cumplimiento al auto de libertad dictado por el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, tal como se advierte de la resolución de once de enero de dos mil veintidós (fojas 29 a 32 del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, trece de enero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 1318/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, trece de enero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesada mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Leopoldo Mendiola Fernández, para los efectos siguientes: "[.] a). Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la Causa Penal 370/2011 de su índice, en contra de la parte quejosa Leopoldo Mendiola Fernández. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que subsane los vicios formales apuntados, a saber: 1. Pondere el material probatorio existen dentro de la Causa Penal 370/2011, de su índice, como son las declaraciones de Amada Hernández Portugal y Amadeo Molina Álvarez de diez de noviembre de dos mil once, a quienes les resulta el carácter de testigos de hechos, así como el escrito signado por Doménica Aguilera Huervo por medio del cual exhibió trece fotografías de objetos e inmueble, así una página de periódico "El Piñero" del que se advierte previamente fueron detenidos dos sujetos por el delito de robo a la negociación a su cargo, el oficio signado por el agente del Ministerio Publico Investigador, por medio del cual informa de las denuncias presentadas por Doménica Aguilera Huervo durante dos mil once, las diversas declaraciones de los testigos Víctor Manuel Aguirre Ruiz y José Manuel Mendiola Grajales de doce de noviembre de dos mil once, trabajadores contratados para cargar y envasar arena, el dictamen pericial de valuación presentado el veintitrés de marzo de dos mil doce por el perito Juan Romero Ventura en el que se encuentra entre otros el valor de los tres objetos asegurados, así como de los diversos que no se determinó su existencia; también el diverso dictamen pericial de valuación de veintitrés de marzo de dos mil doce signado por la perito Luisa Patricia Lara Jerezano tercero en discordia, con los cuales se determina un valor distinto al que inicialmente les fueron asignados, la sentencia absolutoria emitida el quince de febrero de dos mil trece, en favor de Doménica Aguilera Huervo en la que se ordenó su inmediata libertad, la que causo ejecutoria el veinticinco siguiente, persona con la que supuestamente se establecía la existencia de dos personas en la comisión del delito de robo. En caso de ser procedente considere: 2. Sí el delito está prescrito o no. 3. Lo previsto en los artículos 184 y 185 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de acreditar el objeto material del delito de robo. 4. Instaurar de forma correcta los elementos estructurales del delito de robo genérico en los términos precisados en la presente. 5. Explicar con qué datos obtenidos de cada medio de prueba en particular, se demuestran los elementos del cuerpo del delito atribuido al quejoso. 6. Exponer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito. 7. Establecer la forma de participación del sujeto activo del injusto penal, es decir, en su carácter de autor material o intelectual o participe. (.) Concesión que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del 2. Director del Reclusorio Regional "Zamora", con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; al no reclamarse por vicios propios, conforme a las Jurisprudencias 102 y 103, sustentadas por la Tercera Sala de la anterior estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas sesenta y seis y sesenta y siete, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dicen: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que se ejecuta, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleve a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional." [.]" Mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia y 2. Director del Centro de Reinserción Social Zamora, ambos con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por auto de veinticuatro de noviembre de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las citadas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, debido a que mediante oficio 3338 el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, y procedió a resolver de nueva cuenta la situación jurídica de Leopoldo Mendiola Fernández, tomando en consideración que en la ejecutoria de amparo se le conminó a: Pondere el material probatorio existen dentro de la Causa Penal 370/2011, de su índice, como son las declaraciones de Amada Hernández Portugal y Amadeo Molina Álvarez de diez de noviembre de dos mil once, a quienes les resulta el carácter de testigos de hechos, así como el escrito signado por Doménica Aguilera Huervo por medio del cual exhibió trece fotografías de objetos e inmueble, así una página de periódico "El Piñero" del que se advierte previamente fueron detenidos dos sujetos por el delito de robo a la negociación a su cargo, el oficio signado por el agente del Ministerio Publico Investigador, por medio del cual informa de las denuncias presentadas por Doménica Aguilera Huervo durante dos mil once, las diversas declaraciones de los testigos Víctor Manuel Aguirre Ruiz y José Manuel Mendiola Grajales de doce de noviembre de dos mil once, trabajadores contratados para cargar y envasar arena, el dictamen pericial de valuación presentado el veintitrés de marzo de dos mil doce por el perito Juan Romero Ventura en el que se encuentra entre otros el valor de los tres objetos asegurados, así como de los diversos que no se determinó su existencia; también el diverso dictamen pericial de valuación de veintitrés de marzo de dos mil doce signado por la perito Luisa Patricia Lara Jerezano tercero en discordia, con los cuales se determina un valor distinto al que inicialmente les fueron asignados, la sentencia absolutoria emitida el quince de febrero de dos mil trece, en favor de Doménica Aguilera Huervo en la que se ordenó su inmediata libertad, la que causo ejecutoria el veinticinco siguiente, persona con la que supuestamente se establecía la existencia de dos personas en la comisión del delito de robo. En caso de ser procedente considere: Sí el delito está prescrito o no. Lo previsto en los artículos 184 y 185 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de acreditar el objeto material del delito de robo. Instaurar de forma correcta los elementos estructurales del delito de robo genérico en los términos precisados en la presente. Explicar con qué datos obtenidos de cada medio de prueba en particular, se demuestran los elementos del cuerpo del delito atribuido al quejoso. Exponer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito. Establecer la forma de participación del sujeto activo del injusto penal, es decir, en su carácter de autor material o intelectual o participe. En relación al punto 2., la autoridad responsable abordó el estudio de la institución de la prescripción penal, significando que el delito de robo calificado por el que giró el mandato de captura en contra de Leopoldo Mendiola Fernández, se encuentra previsto y sancionado por el artículo 202, fracción I, párrafo tercero, 205 fracción I, inciso a), fracción II, incisos a) y b), todos del Código Penal en vigor en la época de los hechos (2011); por lo cual, el tipo básico tiene una penalidad en su punto medio de punibilidad de nueve años y seis meses, mientras que la calificativa mencionada, en su punto medio de punibilidad establece una pena de cuatro años y cuatro meses, lo que podrían incrementar la pena de prisión en caso de demostrarse esta. Entonces, determinó que de conformidad con el numeral 112 del Código precitado, dicho ilícito es imprescriptible, toda vez que es de persecución oficiosa y rebasa de los seis años en su punto medio de punibilidad por el tipo penal básico, encontrándose ante un delito grave, de acuerdo con el diverso 231 del mismo ordenamiento; de ahí que, bajo su óptica jurídica el mandato de captura que se giró (seis de noviembre de dos mil once) en contra de Leopoldo Mendiola Fernández, y que se ejecutó el doce de diciembre de dos mil veintiuno, no ha prescrito. Seguidamente, atendiendo el diverso 4., a su criterio se debía acreditar en base a la consignación realizada por la Fiscalía, los elementos objetivos y subjetivos que conforman el tipo penal de robo, en términos de la regla genérica contenida en el artículo 187 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, en el caso a estudio los siguientes: A quien (sujeto activo sin calidad especifica) Con ánimo de dominio (elemento subjetivo) Se apodere de una cosa mueble (elemento normativo) Totalmente ajena (elemento normativo) Sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella (antijuricidad especial tipificada). Asimismo, observó el punto 3., determinando que la denunciada realizada por Francisco de Jesús González Montelongo, rendida ante el fiscal el cinco de noviembre de dos mil once, así como la comparecencia que realizó en ampliación el día seis de noviembre siguiente y diligencia en ampliación de nueve del mismo mes y año, las que de conformidad con los artículos 122, 123, 124, 127 y 277, fracción VII, todos del Código de Procedimientos Penales, no le concedió alcance probatorio que pretende darle su oferente en términos del numeral 277 fracción VII del Código de Proceder de la materia, al no apreciar se demuestre la prexistencia y falta posterior de los objetos que se duele le fueron desapoderados por parte del sujeto activo. Lo anterior, la autoridad responsable asentó que lo afirmaba de esa manera toda vez que si bien el denunciante acudió ante el órgano investigador a dar la noticia del delito de robo, se limitó a justificar la personalidad con la que acudía a través del instrumento público consistente en el acta número cincuenta mil setenta y siete libro diez, volumen seiscientos noventa, folio 19807, que autoriza la formación de la empresa "GRUPO SILICE CUARZOS DE ESLA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"; documental a la que concedió pleno valor probatorio, en términos de los artículos 215, fracción VI, 260 y 277 fracción II, todos del Código de Procedimientos Penales en vigor, en relación con el diverso 261, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, al no haber sido redargüida de falsa por la parte que le perjudica. Así, determinó que no fue exhibido documento alguno con el que acredite la prexistencia y falta posterior de los objetos citados, de los que se duele desapoderado, por lo que a fin de precisar si está demostrado el delito, atendió a lo ordenado por el numeral 184 y 185 del Código de Proceder en la materia de abrogación paulatina. Ahora bien, por lo que respecta al punto 1., la potestad responsable valoró los deposados de Luis Manuel Fructuoso Aguilera Antonio, quien argumentó en lo medular la forma en la que se detuvo a su familiar (Doménica Aguilera Huervo) por su parte, Amadeo Molina Álvarez, dijo que se percató del momento en que se detuvo al primero de los testigos con la aquí quejosa, por parte de diversos sujetos armados cuando estaban arribando a las instalaciones de la empresa agraviada; así como que en su turno Amada Hernández Portugal, aseguró en la arenera unos hombres con carros; por su parte, Víctor Manuel Aguirre Ruiz y José Manuel Mendiola Grajales, aseguraron conocer a Doménica Aguilera Huervo, quien era empelada de la empresa citada, y que ellos en varias ocasiones trabajaron en la planta cargando los tráileres en los que se llevaron diversas toneladas de arena por parte de la empresa, trabajos que realizaron varias veces, sin saber nada más. Declaraciones que, a consideración de la autoridad responsable, provienen de personas mayores de edad, sobre hechos susceptibles de conocerse a través de los sentidos, rendidas ante una autoridad competente, sin que advirtiera fueran emitidas por el dolo, mala fe o soborno, y si bien cuenta con la declaración de la exculpada Doménica Aguilera Huervo y, su progenitora Maribel Aguilera Huervo, ambas se conducen en el mismo sentido, de que los objetos localizados en el domicilio de esta última, fueron llevados por personal de la agraviada y que nunca existió la intención de su parte de apoderarse de estos objetos, que además, la exculpada informó a sus superiores de los robos que se estaban cometiendo en su lugar, e incluso sostiene que pro parte de la empresa para la que laboraba se llevaron diversos objetos del lugar; lo que estableció era atendible, ya que la señora Maribel Aguilera Huervo, robustece que esos bienes localizados en su domicilio, fueron llevados por personal de la agraviada porque los iban a componer y después irían por ello. Aunado a ello, tomó en consideración que los testigos Víctor Manuel Aguirre Ruiz y José Manuel Mendiola Grajales, son imparciales en indicar, que ellos solamente les consta que realizaron trabajos en favor de la empresa agraviada y desconociendo los demás hechos. Por su parte, Luis Manuel Fructuoso Aguilera Antonio, Amada Hernández Portugal y Amadeo Molina Álvarez, solo refirieron en razón a la forma de detención de la exculpada Doménica Aguilera Huervo. Asimismo, determinó que la versión de Doménica Aguilera Huervo, cuando aseguró que del inmueble hubo varios robos, que reportó a sus superiores, y que los objetos recuperados estaban en el domicilio de su progenitora, porque se llevó a reparar y lo dejaron ahí personal de la pasivo; afirmación que sostuvo en escrito de once de noviembre de dos mil once, a la que adjunto diversas capturas de fotografías y la página de una nota periodística del diario "El Piñero" con la noticia "Atoran a banda de Ciudad Isla". Documentales que les concedió valor de indicio de acuerdo al numeral 277 fracción III del Código de Proceder de la materia, al no estar redargüida de falsa y con la que se advierte con meridiana claridad que efectivamente como lo ha sostenido Doménica Aguilera Huervo, desde la investigación ministerial se perpetraron diversos robos en la empresa que labora, los que reporto a sus superiores y los denuncia, tan es así que se detuvo a varios sujetos como probables responsables del delito de robo, y fueron puestos a disposición de la autoridad; y de acuerdo a las fotografías que anexa, se puede apreciar a diversas personas que aseguran son los que fueron a llevarse en varias ocasiones material de la empresa por órdenes de su patrón. Así, la autoridad responsable consideró que efectivamente se realizaron robos pero varios objetos si fueron sacados de ese lugar por la empresa, tan es así que los testigos Víctor Manuel Aguirre Ruiz y José Manuel Mendiola Grajales, también prestaron sus servicios para cargar matera prima en el tráiler; teniendo por acreditado de forma indiciaria que es cierto que los objetos recuperados estaban en el domicilio de la denunciada por instrucciones de sus patrones, sin que desvirtuara el Fiscal que de las fotos de referencia aparecen empleados de la empresa tercero interesada sacando diversos objetos. Seguidamente, tomo en consideración el oficio 1733/2011, de diez de noviembre de dos mil once, en el cual la Agente del Ministerio Público Investigador de la Ciudad de Isla, informa que efectivamente se aperturaron las investigaciones ministeriales 006/2011, 358/2011, 454/2011 y 484/2011 de su índice, ante las denuncias que realizó Doménica Aguilera Huervo, por el delito de robo cometido en agravio de la empresa "GRUPO SILICE CUARZOS DE ESLA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", a la que otorgó valor probatorio pleno de acuerdo al numeral 277 fracción II del Código de Proceder de la Materia al emitirlo una autoridad en ejercicio de sus funciones, misma que a su consideración robustece el señalamiento de que se hicieron denuncias. Posteriormente, tomó en cuenta el dictamen emitido por la perito tercero en discordia Luisa Patricia Lara Jerezano, mismo que apreció dogmático en su elaboración incumpliendo con las exigencias de los numerales 239 y 240 del Código de Proceder en la materia, ya que en estos, expusieron que para su elaboración solo se basó en los datos que le fueron aportados por el pasivo, sin exponer cuales fueron los indicios que levantó para su elaboración, y que lo llevaron a determinar el estado de conservación, formas, la utilidad de los mismos y demás características físicas para confrontarlo con el precio del mercado, ya que de su dictamen solo se desprende que los datos fueron aportados por el agraviado, empero, ninguno de los peritos en ese sentido asentó las bases reales en la que lograron confrontar el estado que guardaban los bienes muebles, sin concederle valor probatorio de acuerdo al numeral 277, fracción IV del Código Procesal Penal. En tales condiciones, el Juez responsable determinó que no se demostró el primero de los elementos del delito de robo y al no estar colmadas las exigencias del numeral 19 de la Carta Magna, con fundamento en el artículo 177 del Código Procesal Penal, resultó procedente y ajustado a derecho dictar el correspondiente auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Leopoldo Mendiola Fernández, en la ejecución del referido ilícito, que se dijo cometido en agravio del patrimonio de "GRUPO SILICE CUARZOS DE ESLA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE". Ahora bien, en relación a los puntos 5, 6 y 7, no pueden ser exigibles de cumplimiento, al haberse dictado auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Leopoldo Mendiola Fernández, en la comisión del delito de robo, que se dijo cometió en agravio del patrimonio de "GRUPO SILICE CUARZOS DE ESLA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" y del patrimonio de Francisco de Jesús González Montelongo. Finalmente, el 2. Director del Centro Penitenciario Zamora, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, informó que procedió a dejar en inmediata libertad a Leopoldo Mendiola Fernández, misma que obtuvo a las diecisiete horas con cuarenta minutos del dieciséis de noviembre del año en curso; lo anterior, en cumplimiento al auto de libertad dictado por el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, tal como se advierte de la resolución de once de enero de dos mil veintidós (fojas 29 a 32 del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, trece de enero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesada mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes hicieran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de once de octubre de dos mil veintidós, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Leopoldo Mendiola Fernández, para los efectos siguientes: "[.] a). Deje insubsistente el auto de formal prisión reclamado de quince de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de la Causa Penal 370/2011 de su índice, en contra de la parte quejosa Leopoldo Mendiola Fernández. b). En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, en la que subsane los vicios formales apuntados, a saber: 1. Pondere el material probatorio existen dentro de la Causa Penal 370/2011, de su índice, como son las declaraciones de Amada Hernández Portugal y Amadeo Molina Álvarez de diez de noviembre de dos mil once, a quienes les resulta el carácter de testigos de hechos, así como el escrito signado por Doménica Aguilera Huervo por medio del cual exhibió trece fotografías de objetos e inmueble, así una página de periódico "El Piñero" del que se advierte previamente fueron detenidos dos sujetos por el delito de robo a la negociación a su cargo, el oficio signado por el agente del Ministerio Publico Investigador, por medio del cual informa de las denuncias presentadas por Doménica Aguilera Huervo durante dos mil once, las diversas declaraciones de los testigos Víctor Manuel Aguirre Ruiz y José Manuel Mendiola Grajales de doce de noviembre de dos mil once, trabajadores contratados para cargar y envasar arena, el dictamen pericial de valuación presentado el veintitrés de marzo de dos mil doce por el perito Juan Romero Ventura en el que se encuentra entre otros el valor de los tres objetos asegurados, así como de los diversos que no se determinó su existencia; también el diverso dictamen pericial de valuación de veintitrés de marzo de dos mil doce signado por la perito Luisa Patricia Lara Jerezano tercero en discordia, con los cuales se determina un valor distinto al que inicialmente les fueron asignados, la sentencia absolutoria emitida el quince de febrero de dos mil trece, en favor de Doménica Aguilera Huervo en la que se ordenó su inmediata libertad, la que causo ejecutoria el veinticinco siguiente, persona con la que supuestamente se establecía la existencia de dos personas en la comisión del delito de robo. En caso de ser procedente considere: 2. Sí el delito está prescrito o no. 3. Lo previsto en los artículos 184 y 185 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de acreditar el objeto material del delito de robo. 4. Instaurar de forma correcta los elementos estructurales del delito de robo genérico en los términos precisados en la presente. 5. Explicar con qué datos obtenidos de cada medio de prueba en particular, se demuestran los elementos del cuerpo del delito atribuido al quejoso. 6. Exponer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito. 7. Establecer la forma de participación del sujeto activo del injusto penal, es decir, en su carácter de autor material o intelectual o participe. (.) Concesión que debe hacerse extensiva a los actos de ejecución que se reclaman del 2. Director del Reclusorio Regional "Zamora", con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz; al no reclamarse por vicios propios, conforme a las Jurisprudencias 102 y 103, sustentadas por la Tercera Sala de la anterior estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas sesenta y seis y sesenta y siete, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dicen: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que se ejecuta, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS. La ejecución que lleve a cabo, de órdenes o fallos que constituyan una violación de garantías, importa también una violación constitucional." [.]" Mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 1. Juez Interino del Juzgado Primero de Primera Instancia y 2. Director del Centro de Reinserción Social Zamora, ambos con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por auto de veinticuatro de noviembre de la presente anualidad, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las citadas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, debido a que mediante oficio 3338 el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de quince de noviembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, y procedió a resolver de nueva cuenta la situación jurídica de Leopoldo Mendiola Fernández, tomando en consideración que en la ejecutoria de amparo se le conminó a: Pondere el material probatorio existen dentro de la Causa Penal 370/2011, de su índice, como son las declaraciones de Amada Hernández Portugal y Amadeo Molina Álvarez de diez de noviembre de dos mil once, a quienes les resulta el carácter de testigos de hechos, así como el escrito signado por Doménica Aguilera Huervo por medio del cual exhibió trece fotografías de objetos e inmueble, así una página de periódico "El Piñero" del que se advierte previamente fueron detenidos dos sujetos por el delito de robo a la negociación a su cargo, el oficio signado por el agente del Ministerio Publico Investigador, por medio del cual informa de las denuncias presentadas por Doménica Aguilera Huervo durante dos mil once, las diversas declaraciones de los testigos Víctor Manuel Aguirre Ruiz y José Manuel Mendiola Grajales de doce de noviembre de dos mil once, trabajadores contratados para cargar y envasar arena, el dictamen pericial de valuación presentado el veintitrés de marzo de dos mil doce por el perito Juan Romero Ventura en el que se encuentra entre otros el valor de los tres objetos asegurados, así como de los diversos que no se determinó su existencia; también el diverso dictamen pericial de valuación de veintitrés de marzo de dos mil doce signado por la perito Luisa Patricia Lara Jerezano tercero en discordia, con los cuales se determina un valor distinto al que inicialmente les fueron asignados, la sentencia absolutoria emitida el quince de febrero de dos mil trece, en favor de Doménica Aguilera Huervo en la que se ordenó su inmediata libertad, la que causo ejecutoria el veinticinco siguiente, persona con la que supuestamente se establecía la existencia de dos personas en la comisión del delito de robo. En caso de ser procedente considere: Sí el delito está prescrito o no. Lo previsto en los artículos 184 y 185 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de acreditar el objeto material del delito de robo. Instaurar de forma correcta los elementos estructurales del delito de robo genérico en los términos precisados en la presente. Explicar con qué datos obtenidos de cada medio de prueba en particular, se demuestran los elementos del cuerpo del delito atribuido al quejoso. Exponer las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito. Establecer la forma de participación del sujeto activo del injusto penal, es decir, en su carácter de autor material o intelectual o participe. En relación al punto 2., la autoridad responsable abordó el estudio de la institución de la prescripción penal, significando que el delito de robo calificado por el que giró el mandato de captura en contra de Leopoldo Mendiola Fernández, se encuentra previsto y sancionado por el artículo 202, fracción I, párrafo tercero, 205 fracción I, inciso a), fracción II, incisos a) y b), todos del Código Penal en vigor en la época de los hechos (2011); por lo cual, el tipo básico tiene una penalidad en su punto medio de punibilidad de nueve años y seis meses, mientras que la calificativa mencionada, en su punto medio de punibilidad establece una pena de cuatro años y cuatro meses, lo que podrían incrementar la pena de prisión en caso de demostrarse esta. Entonces, determinó que de conformidad con el numeral 112 del Código precitado, dicho ilícito es imprescriptible, toda vez que es de persecución oficiosa y rebasa de los seis años en su punto medio de punibilidad por el tipo penal básico, encontrándose ante un delito grave, de acuerdo con el diverso 231 del mismo ordenamiento; de ahí que, bajo su óptica jurídica el mandato de captura que se giró (seis de noviembre de dos mil once) en contra de Leopoldo Mendiola Fernández, y que se ejecutó el doce de diciembre de dos mil veintiuno, no ha prescrito. Seguidamente, atendiendo el diverso 4., a su criterio se debía acreditar en base a la consignación realizada por la Fiscalía, los elementos objetivos y subjetivos que conforman el tipo penal de robo, en términos de la regla genérica contenida en el artículo 187 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, en el caso a estudio los siguientes: A quien (sujeto activo sin calidad especifica) Con ánimo de dominio (elemento subjetivo) Se apodere de una cosa mueble (elemento normativo) Totalmente ajena (elemento normativo) Sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella (antijuricidad especial tipificada). Asimismo, observó el punto 3., determinando que la denunciada realizada por Francisco de Jesús González Montelongo, rendida ante el fiscal el cinco de noviembre de dos mil once, así como la comparecencia que realizó en ampliación el día seis de noviembre siguiente y diligencia en ampliación de nueve del mismo mes y año, las que de conformidad con los artículos 122, 123, 124, 127 y 277, fracción VII, todos del Código de Procedimientos Penales, no le concedió alcance probatorio que pretende darle su oferente en términos del numeral 277 fracción VII del Código de Proceder de la materia, al no apreciar se demuestre la prexistencia y falta posterior de los objetos que se duele le fueron desapoderados por parte del sujeto activo. Lo anterior, la autoridad responsable asentó que lo afirmaba de esa manera toda vez que si bien el denunciante acudió ante el órgano investigador a dar la noticia del delito de robo, se limitó a justificar la personalidad con la que acudía a través del instrumento público consistente en el acta número cincuenta mil setenta y siete libro diez, volumen seiscientos noventa, folio 19807, que autoriza la formación de la empresa "GRUPO SILICE CUARZOS DE ESLA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE"; documental a la que concedió pleno valor probatorio, en términos de los artículos 215, fracción VI, 260 y 277 fracción II, todos del Código de Procedimientos Penales en vigor, en relación con el diverso 261, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, al no haber sido redargüida de falsa por la parte que le perjudica. Así, determinó que no fue exhibido documento alguno con el que acredite la prexistencia y falta posterior de los objetos citados, de los que se duele desapoderado, por lo que a fin de precisar si está demostrado el delito, atendió a lo ordenado por el numeral 184 y 185 del Código de Proceder en la materia de abrogación paulatina. Ahora bien, por lo que respecta al punto 1., la potestad responsable valoró los deposados de Luis Manuel Fructuoso Aguilera Antonio, quien argumentó en lo medular la forma en la que se detuvo a su familiar (Doménica Aguilera Huervo) por su parte, Amadeo Molina Álvarez, dijo que se percató del momento en que se detuvo al primero de los testigos con la aquí quejosa, por parte de diversos sujetos armados cuando estaban arribando a las instalaciones de la empresa agraviada; así como que en su turno Amada Hernández Portugal, aseguró en la arenera unos hombres con carros; por su parte, Víctor Manuel Aguirre Ruiz y José Manuel Mendiola Grajales, aseguraron conocer a Doménica Aguilera Huervo, quien era empelada de la empresa citada, y que ellos en varias ocasiones trabajaron en la planta cargando los tráileres en los que se llevaron diversas toneladas de arena por parte de la empresa, trabajos que realizaron varias veces, sin saber nada más. Declaraciones que, a consideración de la autoridad responsable, provienen de personas mayores de edad, sobre hechos susceptibles de conocerse a través de los sentidos, rendidas ante una autoridad competente, sin que advirtiera fueran emitidas por el dolo, mala fe o soborno, y si bien cuenta con la declaración de la exculpada Doménica Aguilera Huervo y, su progenitora Maribel Aguilera Huervo, ambas se conducen en el mismo sentido, de que los objetos localizados en el domicilio de esta última, fueron llevados por personal de la agraviada y que nunca existió la intención de su parte de apoderarse de estos objetos, que además, la exculpada informó a sus superiores de los robos que se estaban cometiendo en su lugar, e incluso sostiene que pro parte de la empresa para la que laboraba se llevaron diversos objetos del lugar; lo que estableció era atendible, ya que la señora Maribel Aguilera Huervo, robustece que esos bienes localizados en su domicilio, fueron llevados por personal de la agraviada porque los iban a componer y después irían por ello. Aunado a ello, tomó en consideración que los testigos Víctor Manuel Aguirre Ruiz y José Manuel Mendiola Grajales, son imparciales en indicar, que ellos solamente les consta que realizaron trabajos en favor de la empresa agraviada y desconociendo los demás hechos. Por su parte, Luis Manuel Fructuoso Aguilera Antonio, Amada Hernández Portugal y Amadeo Molina Álvarez, solo refirieron en razón a la forma de detención de la exculpada Doménica Aguilera Huervo. Asimismo, determinó que la versión de Doménica Aguilera Huervo, cuando aseguró que del inmueble hubo varios robos, que reportó a sus superiores, y que los objetos recuperados estaban en el domicilio de su progenitora, porque se llevó a reparar y lo dejaron ahí personal de la pasivo; afirmación que sostuvo en escrito de once de noviembre de dos mil once, a la que adjunto diversas capturas de fotografías y la página de una nota periodística del diario "El Piñero" con la noticia "Atoran a banda de Ciudad Isla". Documentales que les concedió valor de indicio de acuerdo al numeral 277 fracción III del Código de Proceder de la materia, al no estar redargüida de falsa y con la que se advierte con meridiana claridad que efectivamente como lo ha sostenido Doménica Aguilera Huervo, desde la investigación ministerial se perpetraron diversos robos en la empresa que labora, los que reporto a sus superiores y los denuncia, tan es así que se detuvo a varios sujetos como probables responsables del delito de robo, y fueron puestos a disposición de la autoridad; y de acuerdo a las fotografías que anexa, se puede apreciar a diversas personas que aseguran son los que fueron a llevarse en varias ocasiones material de la empresa por órdenes de su patrón. Así, la autoridad responsable consideró que efectivamente se realizaron robos pero varios objetos si fueron sacados de ese lugar por la empresa, tan es así que los testigos Víctor Manuel Aguirre Ruiz y José Manuel Mendiola Grajales, también prestaron sus servicios para cargar matera prima en el tráiler; teniendo por acreditado de forma indiciaria que es cierto que los objetos recuperados estaban en el domicilio de la denunciada por instrucciones de sus patrones, sin que desvirtuara el Fiscal que de las fotos de referencia aparecen empleados de la empresa tercero interesada sacando diversos objetos. Seguidamente, tomo en consideración el oficio 1733/2011, de diez de noviembre de dos mil once, en el cual la Agente del Ministerio Público Investigador de la Ciudad de Isla, informa que efectivamente se aperturaron las investigaciones ministeriales 006/2011, 358/2011, 454/2011 y 484/2011 de su índice, ante las denuncias que realizó Doménica Aguilera Huervo, por el delito de robo cometido en agravio de la empresa "GRUPO SILICE CUARZOS DE ESLA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", a la que otorgó valor probatorio pleno de acuerdo al numeral 277 fracción II del Código de Proceder de la Materia al emitirlo una autoridad en ejercicio de sus funciones, misma que a su consideración robustece el señalamiento de que se hicieron denuncias. Posteriormente, tomó en cuenta el dictamen emitido por la perito tercero en discordia Luisa Patricia Lara Jerezano, mismo que apreció dogmático en su elaboración incumpliendo con las exigencias de los numerales 239 y 240 del Código de Proceder en la materia, ya que en estos, expusieron que para su elaboración solo se basó en los datos que le fueron aportados por el pasivo, sin exponer cuales fueron los indicios que levantó para su elaboración, y que lo llevaron a determinar el estado de conservación, formas, la utilidad de los mismos y demás características físicas para confrontarlo con el precio del mercado, ya que de su dictamen solo se desprende que los datos fueron aportados por el agraviado, empero, ninguno de los peritos en ese sentido asentó las bases reales en la que lograron confrontar el estado que guardaban los bienes muebles, sin concederle valor probatorio de acuerdo al numeral 277, fracción IV del Código Procesal Penal. En tales condiciones, el Juez responsable determinó que no se demostró el primero de los elementos del delito de robo y al no estar colmadas las exigencias del numeral 19 de la Carta Magna, con fundamento en el artículo 177 del Código Procesal Penal, resultó procedente y ajustado a derecho dictar el correspondiente auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Leopoldo Mendiola Fernández, en la ejecución del referido ilícito, que se dijo cometido en agravio del patrimonio de "GRUPO SILICE CUARZOS DE ESLA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE". Ahora bien, en relación a los puntos 5, 6 y 7, no pueden ser exigibles de cumplimiento, al haberse dictado auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Leopoldo Mendiola Fernández, en la comisión del delito de robo, que se dijo cometió en agravio del patrimonio de "GRUPO SILICE CUARZOS DE ESLA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" y del patrimonio de Francisco de Jesús González Montelongo. Finalmente, el 2. Director del Centro Penitenciario Zamora, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, informó que procedió a dejar en inmediata libertad a Leopoldo Mendiola Fernández, misma que obtuvo a las diecisiete horas con cuarenta minutos del dieciséis de noviembre del año en curso; lo anterior, en cumplimiento al auto de libertad dictado por el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, tal como se advierte de la resolución de once de enero de dos mil veintidós (fojas 29 a 32 del incidente de suspensión relativo al presente asunto) con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio MPPJF-010-2023 signado por el Jefe de Administración Postal del Palacio de Justicia, residente en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de tres de enero del año en curso, y solicitando una prórroga del plazo conferido para ello. Ahora, en atención a que con la concesión de la prórroga solicitada no se dilata sustancialmente el desarrollo del proceso, se le concede una prórroga por el plazo de quince días; haciendo de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en el acuerdo citado en el párrafo que antecede, para en caso de no cumplirlo. Notifíquese en términos de ley.

Quedan 23 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano