Leopoldo Mena Torres
Expediente 165/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Leopoldo Mena Torres
- Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en esta ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 424, signado por el Magistrado de la Novena Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 4901/2023, por el cual se le devolvió el toca de apelación I-384/2022; asimismo, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, remítasele la copia certificada del auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que concluyó el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera. En consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por lo que ve al cuaderno de pruebas formado con el toca de apelación I-384/2022, remitido por la Magistrada de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, devuélvase a la citada autoridad, por ser innecesario que siga obrando en autos. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que concluyó el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera. En consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por lo que ve al cuaderno de pruebas formado con el toca de apelación I-384/2022, remitido por la Magistrada de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, devuélvase a la citada autoridad, por ser innecesario que siga obrando en autos. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 983, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede ********************, mediante el cual remite el diverso juicio de amparo directo civil 131/2023, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Magistrada de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede ********************. Asimismo, adjunta el toca de apelación I-384/2022, del índice de la autoridad responsable, del cual debido a su volumen y para su mejor manejo, se ordena formar un tomo de pruebas con carátula en la que obren los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, los cuales se ordenan conservarlos por separados. Lo anterior, en razón a que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, toda vez que tal acto es recurrible en la vía amparo indirecto, por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, este juzgado jurisdiccional SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO; acúsese recibo. En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 165/2023. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". En la especie, la parte quejosa hace valer como acto reclamado: "IV. ACTO RECLAMADO: Lo es la sentencia de fecha 06 seis de Enero de 2023 de dos mil veintitrés; emitida por el C. Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán; con residencia ******************** de Morelia, Michoacán, dentro del recurso de apelación interpuesto por los suscritos registrado con el número de toca civil: l-384/2022." Asimismo, de la lectura integral de la demanda de derechos fundamentales, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte el acto de que se duele la parte quejosa, la resolución de seis de enero de dos mil veintitrés, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia ********************, dictada dentro del toca de apelación l-384/2022, que confirma el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 608/2017, en el que con motivo del escrito presentado por los aquí quejosos, acordó no ha lugar a tenerles exhibiendo la actualización del avalúo de la parte alícuota de los bienes inmuebles embargados en autos, con motivo del procedimiento de remate. En atención a lo anterior, para una mejor comprensión del asunto, es necesario hacer una breve reproducción de los antecedentes del acto reclamado, en los cuales la parte quejosa manifiesta lo siguiente: 1.- En tres de agosto de dos mil diecisiete, fue admitida en la vía ejecutiva mercantil, la demanda presentada por el apoderado jurídico de la persona moral Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Sobre el cobro y pago de pesos frente a los aquí quejosos, la cual fue radicada y registrada bajo el número 608/2017. 2.- Siguiendo los trámites legales, en específico en ejecución de remate, con fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el juez responsable, con motivo del escrito presentado por los aquí quejosos, acordó no ha lugar a tenerles exhibiendo la actualización del avalúo de la parte alícuota de los bienes inmuebles embargados en autos, con motivo del procedimiento de remate. Como es de verse, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la resolución de seis de enero de dos mil veintitrés, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia ********************, dictada dentro del toca de apelación l-384/2022, que confirma el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 608/2017, en el que con motivo del escrito presentado por los aquí quejosos, acordó no ha lugar a tenerles exhibiendo la actualización del avalúo de la parte alícuota de los bienes inmuebles embargados en autos, con motivo del procedimiento de remate. Así, se pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque en la especie el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, según lo previsto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo; dado que en el presente caso, si bien, la parte quejosa reclama una resolución de segunda instancia, lo cierto es que, ésta confirma el auto dictado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dentro del juicio ejecutivo mercantil 608/2017, en el que con motivo del escrito presentado por los aquí quejosos, acordó que no ha lugar a tenerles exhibiendo la actualización del avalúo de la parte alícuota de los bienes inmuebles embargados en autos, con motivo del procedimiento de remate, por lo que es inconcuso que el acto reclamado fue dictado en la etapa de remate. Así, se pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque en la especie el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, según lo previsto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo; dado que en su caso viene a ser aquélla que en forma indistinta ordena la entrega o escrituración de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siendo hasta ese momento cuando el inconforme esté en aptitud legal de impugnar las violaciones procesales que en dicho periodo de ejecución dice se realizaron. Es así, en razón de que si bien el remate de bienes embargados se integra por varias etapas, el cumplimiento de la obligación de pago se colma con la orden de otorgar la escritura pública o la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decrete indistintamente cualquiera de las citadas determinaciones, cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución. Sirve de a apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". Así como la tesis, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia.". De igual forma, el acto aquí reclamado tampoco se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de la materia, relativo a los actos de imposible reparación, que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso y que por ello se deba excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues los mismos son tendentes a la ejecución del cumplimiento de sentencia y que van encaminados a la conclusión de dicho procedimiento, del cual aduce fue parte. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado ******************** ********************, autorizando únicamente para tales efectos a ********************, toda vez que así lo señaló la parte quejosa en su libelo de cuenta. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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