Leopoldo Martínez Navarrete
Expediente 149/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/02/2023
Partes del expediente
- Leopoldo Martínez Navarrete
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de diez de febrero del año en curso, en que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de febrero de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho contra actos del Delegado Regional de Catastro en San Juan del Río, Querétaro. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 149/2023. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Desechamiento. En atención al contenido del escrito inicial presentado por la parte quejosa, se procede a su estudio, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano. Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Vista la demanda de amparo y sus anexos, de manera se advierte que la quejosa señala como autoridad responsable al Delegado Regional de Catastro en San Juan del Río, Querétaro, autoridad respecto de la que reclama lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO.- Del delegado regional de Catastro de San Juan del Río se reclama la respuesta rendida mediante oficio número ..., de fecha 24 de enero del 2023, mediante el cual se da contestación al suscrito de un oficio ingresado a la delegación regional de catastro en San Juan del Río, Querétaro, de fecha 20 de enero de 2023, y de la cual me entere el 25 de enero del año en curso." Acto de autoridad respecto del cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, Constitucional, los que, a la letra, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. [.]." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. [.]." De los dispositivos trascritos se obtiene que, para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene la obligación de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de que pueda ser modificado, revocado o nulificado. Es decir, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate; y, en ese sentido, se establecen como excepciones al principio de definitividad: 1) Que el plazo que el recurso o medio de defensa exija para conceder la suspensión, sea mayor al previsto por la Ley de Amparo. 2) Si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución. 3) Si el recurso o medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento y no en ley. 4) Si el acto carece de fundamentación y ésta se emite hasta la rendición del informe justificado. En el caso concreto, la parte quejosa reclama el oficio ...de veinticuatro de enero del presente, emitida por la autoridad señalada como responsable, mediante el cual le da respuesta al oficio promovido por el promovente del amparo. Acto en contra del cual procede el juicio contencioso administrativo local. Lo anterior, toda vez que los artículos 1091 y 1132 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, establecen que contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Estado y municipios, así como de sus órganos descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a un procedimiento o instancia, se podrá interponer el recurso de revisión, el cual es optativo agotarlo, pues también 1 Artículo 109. Los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del Estado y municipios, así como de sus órganos descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a un procedimiento o instancia, podrán interponer el recurso de revisión, siendo optativo agotarlo o acudir a la vía jurisdiccional contencioso administrativa." 2 "Artículo 113. La ejecución del acto reclamado se suspenderá, siempre que concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite expresamente el recurrente; II. Que el recurso sea admisible y se haya interpuesto en tiempo; III. Que no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Que se garantice el interés fiscal, conforme al Código Fiscal del Estado de Querétaro. La autoridad administrativa deberá acordar, en su caso, el otorgamiento de la suspensión del acto o la denegación de la petición, dentro de los cinco días siguientes a la interposición del recurso. La falta de acuerdo se entenderá por otorgada la suspensión." se puede ocurrir a la vía jurisdiccional contencioso administrativa. Por su parte, del artículo 4 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro3 , así como del diverso 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro4 , se desprende que ante los actos de naturaleza como los que nos ocupan, es factible controvertirlos de manera optativa, a través del recurso de revisión en la vía administrativa, pero dada su optatividad, también procede el juicio contencioso administrativo, y es precisamente ese medio ordinario de defensa el que la parte quejosa debió agotar previo a acudir al presente juicio de amparo. Es así, en razón a que el artículo 4, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, establece que: "Artículo 4. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro; [.]." Efectivamente, dicha disposición legal establece en forma específica. Del referido cuerpo normativo se advierte que, se prevé de forma genérica, procedimiento contra todos los actos 3 "ARTÍCULO 4. El juicio contencioso administrativo estatal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Querétaro y de sus municipios, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la Ley." 4 "ARTÍCULO 4. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) II. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; (.)" administrativos de la administración pública estatal y municipal y por excepción a -contrario sentido- en lo previsto por el diverso artículo 20; se advierte claramente que contra el acto administrativo del Delegado Regional de Catastro en San Juan del Río, Querétaro respecto de la respuesta rendida mediante oficio número ..., de fecha 24 de enero del 2023, mediante el cual se da contestación al quejoso de un oficio ingresado a la delegación regional de catastro en San Juan del Río, Querétaro, de fecha 20 de enero de 2023, se obtiene que, el acto reclamado fue emitido por una autoridad de naturaleza administrativa, en el cual procede el juicio contencioso administrativo, además de que es a través de dicho medio ordinario de defensa que puede obtener su modificación, revocación o nulificación, dado que se ubica en la hipótesis que establece el citado artículo 4, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro. En consecuencia, previo al presente juicio de amparo, la impetrante estaba obligada a interponer los medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado le otorga para salvaguardar sus derechos; sin que en el caso concurra alguna de las hipótesis de excepción mencionadas, pues se estima que con el medio ordinario de defensa, la parte quejosa pudo obtener la suspensión del acto que le agravia, mediante la satisfacción de los mismos requisitos que se exigen para el juicio de amparo. Ello, porque el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, establece lo siguiente: "Artículo 32. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado; II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante. 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo del Tribunal que conozca del juicio o quien los supla; III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo en que se encuentre radicado el juicio correspondiente, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad de la Sala Superior o Especializada o de los Juzgados Administrativos del Tribunal. c) La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente del Tribunal, deberán proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) La Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo resolverán lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes; IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo competente podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable y ésta quede firme, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo la ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Lo anterior, pone de manifiesto la posibilidad real y legal de que la quejosa pudiera obtener el beneficio de la suspensión del acto reclamado bajo condiciones que no superan los requisitos que al respecto exige la Ley de Amparo, toda vez que prevé que en el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, la suspensión de la ejecución de los actos impugnados procede, a satisfacción de los requisitos siguientes: 1. Que la solicite la parte agraviada. 2. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. 3. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. 4. Cuando sea necesario garantizar el interés fiscal o económico, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento del mismo, ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. 5. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable y ésta quede firme, la Sala Superior o Especializada o el Juzgado Administrativo ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. Como se observa, tratándose de la suspensión a instancia de parte, la legislación en comento no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión, pues conforme a los artículos 126 a 130 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado procede de oficio y a instancia de parte; asimismo, para verificar la procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano, el juzgador de garantías sólo debe constatar que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, o bien, que se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. En cambio, de presentarse supuestos diversos a los anteriores, la suspensión procede a instancia de parte, cuando se cumplan los requisitos siguientes: a) Que la solicite el agraviado. b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Por tanto, al no establecerse en la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, mayores requisitos para obtener la suspensión del acto reclamado, que los previstos en la Ley de Amparo, la parte quejosa previo a instar el juicio constitucional debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, a fin de observar el principio de definitividad que rige en la instancia constitucional. Sirve de sustento la jurisprudencia PC.XXII. J/2 A (10a.), con registro digital 2013972, emitida por el Pleno de este Vigésimo Segundo Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE QUERÉTARO QUE REGULAN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO PREVÉN UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGAR DICHA MEDIDA CAUTELAR, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." Al tenor de dicho criterio, ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, debe concluirse que el oficio ... de veinticuatro de enero del presente, emitido por el Delegado Regional de Catastro en San Juan del Río, Querétaro encuentran reparabilidad por ese medio. En ese sentido, no se actualizan los casos de excepción al principio de definitividad que señala la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el plazo que el recurso o medio de defensa legal exige para conceder la suspensión provisional, no es mayor al establecido en la Ley de Amparo y dicho recurso o medio de defensa se encuentra previsto en la ley y no en un reglamento. Por otro lado, el acto reclamado tampoco carece de fundamentación y motivación, porque ... de veinticuatro de enero del presente, emitido por el Delegado Regional de Catastro en San Juan del Río, Querétaro, encuentra su sustento en la Ley de Catastro para el Estado de Querétaro, y en la Ley Orgánica Municipal del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, por ende, sin hacer mayor pronunciamiento de fondo, se concluye que en la especie no se surte la hipótesis señalada. En consecuencia, la parte quejosa, antes de promover el presente juicio, debió agotar el juicio contencioso administrativo, conforme al cual podría nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en estudio, por lo que procede desechar la demanda, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. No es óbice lo manifestado en la demanda de amparo, sobre que no existe obligación agotar el principio de definitividad en tanto el acto reclamado constituye una violación directa a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, sin embargo, contrario a lo que se alega, no se está en el supuesto de que el acto de autoridad combatido sea violatorio, en sí mismo, de los derechos fundamentales previstos en el citado ordenamiento legal, sino que, lo que se combate son las razones y fundamentos en que se sustentó la respuesta dada al quejoso en el oficio ..., por lo que es claro que no se actualiza el caso de excepción a que alude la parte quejosa. V. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VI. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VII. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que señala el promovente por así solicitarlo expresamente. VIII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. IX. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. X. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Leopoldo Arzate Sierra1299/2015
- Leopoldo Camargo Rojas424/2016
- Leopoldo Camargo Rojas717/2014
- Leopoldo Camargo Rojas244/2017
- Leopoldo Camargo Rojas1223/2016
- Leopoldo Esteban Paullada Rivera1099/2016
- Leopoldo Montalvo Chavez315/2018
- Leopoldo Nieto Silva909/2019
- Leopoldo Pérez Banda382/2023
- Lesli Mariely Barajas Mosso1069/2021
- Leslie Alejandra Pérez Vallejo561/2023
- Leslie Jezabel García Ruelas280/2023