Leopoldo Martínez Hernández

Expediente 938/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
938/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • Leopoldo Martínez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintidós. Sin mayor trámite. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito, por medio del cual solicita se vincule el expediente en que se actúa al diverso ******************** de su índice, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de catorce de diciembre pasado, se recibió el oficio de cuenta y se acordó lo conducente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones de la titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Se autoriza vinculación. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito, por medio del cual solicita se vincule el expediente en que se actúa al diverso ******************** de su índice, atento a su contenido y como lo solicita el homologo, se autoriza la vinculación del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. Por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito, para que haga disponible el expediente electrónico de este juicio de amparo, para efectos de su vinculación con el diverso ******************** del índice del citado Juzgado de Distrito, para los efectos legales conducentes Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones de la titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. 1. Causó ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como en el capítulo 7, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que, se concedió la suspensión definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos a) y c), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 3.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 5. Devolución de disco compacto. En atención a que resulta innecesario conservar el disco compacto (CD) que remitió la autoridad responsable, como complemento a su informe justificado, se ordena su devolución sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 938/2022, promovido por LEOPOLDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, por alegando violación de los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia y Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ambos con residencia en esta ciudad: La orden de aprehensión y/o comparecencia girada en su contra, dentro de la causa penal 692/2022, y su ejecución. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de reclamarse una orden privativa de libertad en la que autoridad jurisdiccional residente en esta ciudad aceptó la existencia del acto reclamado, lugar en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. El Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado; al efecto indicó que en audiencia privada desahogada el uno de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 692/2022, se libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso LEOPOLDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y otros, por los hechos que la ley señala como delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones calificadas. Además se corrobora con el disco en formato versátil digital (DVD), que contiene el registro de audio y video de las audiencias orales, así como constancias digitalizadas de diversas actuaciones derivadas de la causa penal antes mencionada, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. La autoridad responsable Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado; por lo que, de conformidad con el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se presume su existencia; además de que, al tratarse de una autoridad ejecutora le corresponde la ejecución del mandamiento de captura. CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el estudio oficio que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el caso no se observa causa de improcedencia, por lo que procede abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En el asunto que se analiza, la quejosa tiene la calidad de imputada en una causa penal, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 79 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, opera la suplencia de la queja en su favor, ante ello, este Juzgador de Distrito está obligado a analizar la constitucionalidad del acto reclamado, aún ante la falta de conceptos de violación. Sin embargo, en el caso, del análisis del acto reclamado no se advierte deficiencia que suplir en su beneficio. Los conceptos de violación formulados por el quejoso se encuentran dispersos en amplias disertaciones, en las que esencialmente aduce vulneración a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad y libertad, así como las formalidades esenciales del procedimiento, contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política, ya que indica emitió la orden reclamada sin que haya adoptado la forma escrita, y sin que se encuentre fundada y motivada, además de manera injustificada porque no ha cometido ningún delito. Los conceptos de violación son infundados. Los derechos fundamentales de legalidad y seguridad, así como las formalidades esenciales del procedimiento, se establecen en los artículos 14 y 16 de la Constitución que son del tenor siguiente: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. ." "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." El primero de los numerales transcritos autoriza la emisión de actos privados a través del cumplimiento de determinados requisitos como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado; además contempla el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, que impide a los juzgadores acudir a la analogía o a la mayoría de razón como medios para establecer el alcance o la aplicabilidad de la norma en los asuntos criminales; por lo que, la acción u omisión reprochada debe estar expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su comisión, salvo que los elementos de tal ilícito se ajusten a una nueva descripción legal que resulte más favorable al delincuente. Por su parte, el segundo de los citados artículos -16 Constitucional- regula los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando preceda mandamiento de autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, como una forma de conducción del imputado al proceso conforme al sistema penal vigente, se encuentra la orden de aprehensión prevista en el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral establece: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." La fracción I, del citado numeral, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación - y en caso de que el imputado no se encuentre retenido- solicitará al juez de Control que lo cite para la audiencia inicial conforme al segundo párrafo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del Ministerio Público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de Control, sin previa cita a fin de formular la imputación, procede: a) cuando el Ministerio Público advierte que existe la necesidad de cautela; b) la persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad; c) cuando se haya declarado la sustracción a la acción de la justicia del imputado; y, d) cuando se incumpla una medida cautelar. En el entendido de que, para que el juez emita un mandato que conduzca al imputado al proceso, resulta necesario que en la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especifique el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta; sin perjuicio de que, con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Así, una de las hipótesis para el dictado de una orden de aprehensión conforme a lo dispuesto por el artículo 141, fracción III, se surte sin que exista un citatorio u orden de comparecencia previo, cuando el agente del Ministerio Público justifica ante el Juez de Control la necesidad de la cautela. Es decir, presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar la existencia de riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. Aunado a la acreditación de los supuestos que establece el citado precepto, el mandato de captura debe cumplir con los requisitos que se contienen en el artículo 16 Constitucional, ya que la forma en que se presenta al imputado ante el Juez de control genera un acto de molestia en su persona; tales exigencias son: Que sea emitida por autoridad jurisdiccional competente, en la que se funde y motive la causa del procedimiento; Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad; Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho considerado como delito por la ley, y que evidencien la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El requisito identificado con el número 1, relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión que se reclama fue emitida por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, Félix Francisco Cortes Sánchez, quien tiene competencia acorde a lo dispuesto en los artículos 20, fracción I y 133, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 46 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Además se toma en consideración que los hechos delictivos acontecieron en Zinapécuaro, Michoacán, correspondiente al Distrito Judicial de Morelia, lugar sobre el que la responsable ejerce jurisdicción y por ende se acredita su competencia para conocer del asunto de origen. El requisito identificado con el número 2, relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, se cumplió en el caso ya que el agente del Ministerio Público hizo del conocimiento de los hechos denunciados por las personas que realizaron el reconocimiento de las víctimas y solicitaron que su declaración se tomara como denuncia de los hechos. Asimismo, el hecho atribuido tiene pena privativa de libertad que va de veinte a cincuenta años de prisión, conforme al artículo 122 del Código Penal del Estado, respecto de los delitos de homicidio; y, 125, fracción II, que establece de seis meses a dos años de prisión, para el delito de lesiones. En cuanto al cumplimiento del requisito marcada con el número 3, es importante mencionar que en el Sistema Penal Acusatorio y Oral el estándar probatorio para el libramiento de una orden de aprehensión es menor, ya que únicamente exige que los datos establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, a fin de afirmar que efectivamente existe el hecho que se atribuye al imputado, el Ministerio Público, representado por el licenciado José Alejandro Armas Zuñiga, en la audiencia privada expuso los datos siguientes: Informe policial de veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Actas de levantamiento de diecinueve cadáveres identificados con las letras de la A a la R, que corresponden a personas del sexo masculino y femenino. Levantamiento de indicios e inspección técnica de recolección de indicios. Acta de levantamiento de diverso cadáver del sexo masculino, al que se identificó como cádaver A Hospital, realizada en Ciudad Salud, ubicada en el municipio de Charo, Michoacán. Necropsias practicadas a veinte cadáveres, por los médicos legistas Julio César Lemus Martínez y Gabriela Pérez Tirado, de veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Informes de química forense practicados a los cadáveres, a fin de identificar plomo y bario en sus manos, algunos con resultado positivo. Certificado provisional de lesiones que emitió el médico legisla Julio César Lemus Martínez a los lesionados Daniel Rubio Muñoz y Armando Antonio López Pérez; y dictámenes en que se calificó la gravedad de dichas lesiones. Actas de reconocimiento de las personas que en vida respondieron a los nombres de Eric Salvador Muñoz Birruete, Juan Jesús Medina Montoya, Jennifer Karina Tapia Ávila, Jesús Horacio López Pérez, José Martin Avilés Sánchez, Melissa Silva Bejarano, José Abiel Álvarez Aguilar, Salvador Álvarez Muñoz, Martha Elva Pérez Arreola, Federico López Iturbide, Daniel Estrada Murillo, Juan Pablo López Pérez, Juan Ignacio González Sámano, Carlos Alberto Marín Gómez, José Hernández Huerta, Miguel Ángel Muñoz Arias, Alejandro Michelle González Guzmán, José Andrés Michi Villafuerte, Damián Muñoz Rubio y Olivar Manuel Quiroz Verdugo, y denuncia de los hechos que formularon los familiares que realizaron tal reconocimiento. Entrevista al lesionado Armando Antonio López Pérez. Entrevistas a Salvador García Durán, de ocho de mayo de dos mil veintidós, quien relató ser de oficio mecánico, y en torno a los hechos señaló que entre los sujetos que participaron en los hechos investigados se encuentra el aquí quejoso LEOPOLDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, quien pertenece a la organización denominada la Familia Michoacana, a quien dijo conocer desde hacía veinte años y proporcionó su media filiación; asimismo indicó que el veintiséis de marzo de dos mil veintidós, se encontraba en su taller con sus amigos Lorena Jaimes Rico y José Luis Rubio Cruz, cuando llegaron Miltón y Pedro , lo golpearon, y se los llevaron a un lugar despoblado donde estaba LEOPOLDO, les indicaron que tenían que llevar unos carros al días siguiente, por lo que ese día el declarante y sus amigos se subieron a unos vehículos que se encontraban en el taller, los que llevaron a la carretera de Zinapecuaro, donde los dejaron, se subieron al carro de Lorena; ahí llegó un camioneta de Sabritas; observó en arribaron varios vehículos con hombres armados, vio a LEOPOLDO vestido tipo militar; el "Jabalí" dijo que se chingaran a todos, esos hombres ingresaron a un inmueble, escuchó disparos que no paraban; él y sus amigos se retiraron del lugar; al día siguiente Milton le mandó un mensaje amenazándolo. Entrevistas de Lorena Jaimes Rico y José Luis Rubio Cruz, de nueve de mayo de dos mil veintidós, quienes narran hechos similares a los que declaró Salvador García Durán, asimismo, señalan a LEOPOLDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, como una de las personas que participaron en el evento narrado; asimismo, la primera proporcionó los retratos hablados de las personas que observó en el sitio al que los llevaron. Entrevista de Gerardo Cruz Ocaña, operador de un autobús del Grupo Herradura Occidente, quien refirió que el veintisiete de marzo pasó por Zinapécuaro, aproximadamente a las veintiuna horas con veinte minutos, vio una camioneta de Sabritas atravesada sobre la carretera, al autobús que tripulaba le dispararon unos sujetos armados, le indicaron que lo atravesara, por lo que entregó las llaves de la unidad; escuchó detonaciones como por quince minutos; luego vio que en cuatro camionetas se fueron esas personas. Asimismo, obra entrevista de Angélica Colín Marín, esposa del chofer del autobús, efectuada el veintiocho de marzo del año en curso, quien se condujo en los mismos términos que áquel. Entrevista a los policías de Zinapécuaro Alberto Tolentino Pérez, Leonardo Contreras González y José Cruz Hernández, así como a Abraham Martínez Martínez, paramédico que atendió a los lesionados. Entrevista al lesionado Daniel Rubio Muñoz, quien refirió que cuando se encontraba en el palenque llegaron hombres armados preguntando por "El Barbas". Entrevista a Pablo Ruiz Garnica, vecino del lugar donde sucedieron los hechos. Análisis de inteligencia de vehículos y mapeo del lugar. Dictámenes en mecánica de hechos; de inspección al camión de Sabritas; de visibilidad a distancia; en balística comparativa de los casquillos localizados en los cuerpos de las víctimas; y, de video. Set fotográfico; identificación de fotografía con la testigo Lorena Jaimes Rico, quien identificó a LEOPOLDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ como la persona que les perdonó la vida a ella y a su esposo y les dijo que llevaran los vehículos a Zinapécuaro; e identificación que realizó el testigo José Luis Rubio Cruz quien reconoció a dicho imputado, como la persona con la que Miltón los llevó, que era el jefe y lo vio bajar de una camioneta grande y entrar al palenque. Informe recabado respecto de LEOPOLDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, de quien se localizó ficha signalética del CEFERESO número 5; e informe de investigación. Enseguida, el fiscal investigador precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión; refirió que se surtía la calificativa de ventaja prevista en el artículo 135 fracción II inciso b), dado que los activos del delito llevaban consigo armas de fuego con la que causaron las lesiones de las víctimas, además por el número de personas que participaron en el hecho; indicó que los ilícitos son instantáneos al haberse consumado sus efectos de manera inmediata, además de carácter doloso; y que la participación del investigado es como coautor material, en términos del artículo 24 fracción II del Código Penal del Estado. Conforme a estos datos proporcionados por el Ministerio Público, el Juez de Control estableció las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los hechos delictivos; hechos ilícitos que se llevaron a cabo el veintisiete de marzo de dos mil veintidós, aproximadamente a las veintiuna horas, cuando las víctimas se encontraban en un palenque ubicado en Zinapécuaro, Michoacán; momento en que llegaron en varios vehículos un grupo de aproximadamente veinte personas, entre ellas el aquí imputado, quienes portaban armas de fuego y se encontraban vestidos con ropa similar a los uniformes que utilizan los elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, descendieron y bloquearon la carretera Zinapécuaro; enseguida ingresaron al interior de un inmueble, que se utilizaba como palenque, y dispararon en contra de las personas que ahí se encontraban, provocándoles heridas que ocasionaron la muerte de veinte de esas personas -las primeras nombradas. En ese mismo evento Daniel Rubio Muñoz Armando resultó lesionado con proyectil de arma de fuego en cresta iliaca izquierda; en tanto Armando Antonio López Pérez recibió lesión producida por proyectil de arma de fuego en cara posterior de muslo izquierdo, con fractura de femur; éstas personas lograron resguardarse en el sitio, por lo que solo resultaron lesionados. Asimismo, el Juez de Control estimó con base en los datos de prueba que LEOPOLDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, fue una de las personas que llevó a cabo los hechos que la ley señala como delitos de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 117, 122, 135, fracción I, inciso b) del Código Penal, en agravio de Eric Salvador Muñoz Birruete, Juan Jesús Medina Montoya, Jennifer Karina Tapia Ávila, Jesús Horacio López Pérez, José Martin Avilés Sánchez, Melissa Silva Bejarano, José Abiel Álvarez Aguilar, Salvador Álvarez Muñoz, Martha Elva Pérez Arreola, Federico López Iturbide, Daniel Estrada Murillo, Juan Pablo López Pérez, Juan Ignacio González Sámano, Carlos Alberto Marín Gómez, José Hernández Huerta, Miguel Ángel Muñoz Arias, Alejandro Michelle González Guzmán, José Andrés Michi Villafuerte, Damián Muñoz Rubio y Olivar Manuel Quiroz Verdugo; homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 22, 77, 117, 122 y 135, fracción I, inciso b) del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Daniel Rubio Muñoz; y, lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 125, fracción II, 131, 135, fracción I, inciso b) del Código Penal del Estado, cometido en agravio de Armando Antonio López Pérez. Por lo que hace al hecho que la ley señala como homicidio calificado en grado de tentativa, refirió que de los datos de prueba se establece razonablemente que el activo tenía la resolución de matar a la víctima, y no solo lesionarlo, pero que en un momento determinado desistió de su proceder. Analizado lo determinado por el Juez de Control en la audiencia privada desahogada el uno de julio del año en curso, se establece que la decisión tomada fue correcta pues en el caso de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba razonables que establecen que se cometieron los hechos reprobables antes mencionados, y hacen patente la probabilidad de que el imputado intervino en su comisión. En efecto, se converge con lo determinado por el juez responsable ya que analizados los datos de prueba que relató la parte acusadora en la audiencia privada, es posible advertir las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución de los hechos delictivos, conforme a la narrativa de los mismos que estableció dicha autoridad; además permiten a título probable determinar la participación del imputado LEOPOLDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ en su comisión. Por lo que hace a la tentativa del delito de homicidio calificado, resulta acertado lo determinado por el Juez de Control, dado que en la ejecución del hecho se llevaron a cabo actos directamente relacionados con la ejecución del delito de homicidio, lo cual refleja la resolución del agente de cometerlo, sin embargo, renunció de su acción, por lo que el pasivo logró conservar su vida y únicamente presentó lesiones en su corporeidad. De igual forma, tal como lo consideró el juez de control, se acredita la agravante de ventaja contenida en el numeral 135 fracción I inciso b), del Código Penal del Estado, en la comisión de los referido delitos, por el número de sujetos que intervinieron en su comisión, quienes portaban armas de fuego al arribar repentinamente al lugar donde los pasivos disfrutaban de un evento. Además, los hechos resultan de carácter doloso, en términos del numeral 20 fracción I del referido código punitivo. Así, tal como lo indicó el juez responsable existen datos razonables y suficientes para acreditar que el aquí quejoso LEOPOLDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ junto con otras personas, fueron quienes probablemente participaron en los hechos delictivos analizados, lo anterior, porque se cuenta con los señalamientos directos que en su contra realizan los testigos Salvador García Durán, Lorena Jaimes Rico y José Luis Rubio Cruz, quienes lo señalan como una de las personas que realizaron las conducta ilícitas, además de dieron las razones de su dicho. Mayormente considerando que en el sistema penal acusatorio y oral, para el dictado de una orden de aprehensión sólo se exige que existan datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el implicado lo perpetró o participó en su comisión, lo que en la especie aconteció. En esa temática, contrario a lo que sostiene el quejoso, el mandato de captura se encuentra fundado y motivado, pues el Juez de Control citó con precisión los preceptos legales aplicables al caso concreto, es decir, señaló correctamente los artículos previstos en el Código Penal para el Estado de Michoacán, que tipifican el hecho que constituye el ilícito en cuestión -fundamentación-; tomó en consideración y evaluó cada uno de los datos de prueba que reseñó la fiscalía investigadora, explicando y justificando los elementos obtenidos de éstos, y con base en los mismos estableció las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del hecho que la ley señala como delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y lesiones calificadas, y que existió la probabilidad de que el imputado participó en su comisión -motivación-. De ello se concluye que, contrario a lo que sostiene el quejoso, la autoridad señalada como responsable debidamente fundó y motivó la orden de aprehensión reclamada. Además, la orden de aprehensión fue emitida oralmente, como así se advierte de la reproducción del disco digital, que contiene copia del registro de video y audio de la audiencia de orden de aprehensión, y consta por escrito el índice cronológico de su desahogo, con lo que se cumple lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." En sus conceptos de violación el quejoso refiere que se pretende cumplimentar una orden de aprehensión en su contra, sin que haya cometido delito alguno; sin embargo, para la emisión de una orden de aprehensión únicamente se requiere de datos de prueba que obren en la carpeta de investigación que arrojen evidencia razonable sobre la comisión del evento y la probabilidad de la persona que lo cometió, ya que lo pretendido es el esclarecer los hechos ilícitos a través de los indicios que den cuenta de la forma en que aconteció el evento en el mundo fáctico. Por lo que, las manifestaciones que aduce en cuanto que no cometió delito alguno, no se encuentran probadas, y será en el procedimiento penal en que habrá de demostrar esa versión defensiva, bastando en este momento con los datos aportados por la representación social para el dictado de una orden de aprehensión. Es aplicable al particular, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de voz y contenido siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva." Finalmente, se toma en consideración que el Juez de Control en atención a lo dispuesto por el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo que se acredita la necesidad de la cautela para emitir la orden de aprehensión, dado que, como lo expuso el Ministerio Público, los testigos son colocados riesgo en que pueden ser colocados los testigos que declararon sobre la identidad de las personas que cometieron el hecho criminoso, ya que temen por su vida; pero sobre todo tomando en consideración la gravedad del hecho, ya que se trata de una masacre en la que veinte personas fueron privadas de la vida de manera simultánea, en el mismo contexto temporal y de lugar, por lo que debe tomarse en cuenta la magnitud y relevancia del hecho, la trascendencia de la posible sanción a imponer, y la medida cautelar establecida para los delitos cometidos, como incentivos para determinar que sin necesidad de acudir a otro medio de conducción se libre la orden de aprehensión, ya que a de ocurrir a otro medio de conducción podría dar lugar a la sustracción de la acción de la justicia, si se toman en cuenta los datos expuestos. Las razones que dio el Juez de Control en cuanto a la necesidad de cautela, se consideran acertadas, ya que por las circunstancias de ejecución y relevancia de los hechos criminosos, además del riesgo para la integridad de los testigos que identificaron a los participantes del crimen, sumado a que el delito de homicidio calificado tiene contemplada prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 Constitucional, 165 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la penalidad que eventualmente pudiera imponérsele, por lo que de realizarle cita es muy posible que no comparecería y se correría el riesgo de que se sustrajera de la acción de la justicia. Aplica a lo anterior la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA "NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo." Atento a lo anterior se arriba a la conclusión que correctamente el Juez de Control determinó librar orden de aprehensión contra el aquí quejoso LEOPOLDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ tomando en cuenta los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público en ejercicio de sus facultades como órgano investigador de delitos. De ahí que, contrario a lo que sostuvo el quejoso en sus conceptos de violación, el Juez de Control no vulneró los derechos fundamentales de legalidad, seguridad y libertad, ni las formalidades esenciales del procedimiento, que se contienen en nuestra Carta Magna, además, de atender a las disposiciones que establece la legislación nacional penal. Por otra parte, el quejoso sostiene la existencia de un riesgo inminente en que las autoridades responsables infringan en su perjuicio actos de los previstos en el artículo 22 de la Constitución, pues teme que al ser privado de su libertad sea objeto de golpes y tormentos para confesar un hecho criminoso que no cometió y que pueda incluso ser privado de la vida; sin embargo tales manifestaciones devienen inatendibles al no poder realizarse su análisis por tratarse de actos futuros y de realización incierta. En esa temática, se concluye que el proceder del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, no conculca derechos fundamentales del quejoso, y por tanto, resultan infundados los conceptos de violación formulados, sin que se advierta deficiencia que suplir en su favor. Ante ello, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL al quejoso LEOPOLDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. Negativa de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución, porque su constitucionalidad se hizo depender del acto de la ordenadora, al no haberse reclamado por vicios propios. Es aplicable al caso, la jurisprudencia que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A LEOPOLDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, por las razones dadas en el último considerando. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Maira Flor López Valencia, con quien actúa y da fe.SSCH/Mflv*/bcss

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