Leopoldo Lòpez Angeles

Expediente 291/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
291/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Leopoldo Lòpez Angeles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Provéase lo conducente en el cuaderno incidental que deriva de este juicio de amparo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de junio de dos mil veintitrés. Archivo. Del estado de autos se advierte que ya se dictó la interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en consecuencia, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, y fue negada la suspensión definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, y con apoyo además en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Una vez concluido el plazo de tres años, -a que se refiere el citado Acuerdo General-, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y c) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    R E S U E L V E : ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por********************, en términos de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 291/2023; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Leopoldo López Ángeles, por su propio derecho, mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la 1) Fiscalía General del Estado de Oaxaca, 2) Ministerio Publico con Jurisdicción en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, 3) Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Fiscalía General del Estado, 4) Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, 5) Agencia Estatal de Investigaciones, con jurisdicción en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, 6) Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca y 7) Policía Municipal de San Pedro Quiatoni, Oaxaca, que en el considerando segundo se precisarán y que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. En proveído de veintitrés de marzo del año en curso, se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto de los siguientes actos reclamados: "b) La denuncia o querella o carpeta de investigación que se integra en contra del promovente; y, c) La violación a los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por llevar un procedimiento a sus espaldas y el cual no se le ha hecho del conocimiento en tiempo legal." Asimismo, se admitió la demanda respecto de los siguientes actos: La orden de detención o citación librada en su contra. La ejecución de esa orden. Por ello, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Seguido el trámite del asunto, en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se aclaró que las autoridades que el quejoso denominó como "Agencia Estatal de Investigaciones dependiente de la Fiscalía General del Estado" y "Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca", eran una misma autoridad, con la denominación correcta: Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones; y respecto de la diversa autoridad "Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca" se dijo que su denominación correcta es Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, en auto de veinticinco de abril pasado, se dejó de tener como autoridad responsable a la autoridad que el quejoso señaló como "Ministerio Público con jurisdicción en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca", toda vez que la parte impetrante no dio contestación al requerimiento formulado en proveído de diecisiete de abril del mismo año, donde se le dio vista con la razón de imposibilidad de entregar el oficio dirigido a esa autoridad. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; toda vez que se trata de un asunto en materia penal, atribuido a autoridades que residen en el territorio donde este juzgado tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de detención o citación librada en su contra. La ejecución de esa orden. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclamó, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el órgano jurisdiccional. Ello es así, ya que si bien el quejoso anexó a su demanda de amparo diversas documentales, las mismas se refieren a una solicitud de partida presupuestal especial al gobernador del estado de Oaxaca, para cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral 22/2018 del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; por lo que es inconcuso que nada tienen que ver con el acto que en este juicio constitucional se reclamó, por lo que no son idóneas para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable. Lo mismo acontece con la copia simple de su identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral, con la que únicamente se acredita de manera indiciaria que está dado de alta en el padrón electoral con los datos que de dicha credencial se advierten; pero en ninguna manera desvirtúa la negativa de las autoridades responsables. Toda vez que la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna, la existencia de los actos reclamados antes indicados, como se indicó, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia que la Agencia Estatal de Investigaciones, con jurisdicción en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, no haya rendido su informe justificado a pesar de haber quedado notificada de su petición (foja 64); sin embargo, al haber sido señalada como autoridad ejecutora de los actos reclamados y haber negado los mismos las autoridades señaladas como ordenadoras, aquélla no puede ejecutar actos inexistentes. Resulta aplicable al caso la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXIII, página 1413, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, OMISIÓN DEL, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 291/2023 promovido por********************NOTIFÍQUESE.

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