Leopoldo Ibarra Acosta
Expediente 1403/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1403/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Leopoldo Ibarra Acosta
Actuaciones
- Principal
FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda signada por *, por propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Sinaloa, Secretaría del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. Fórmese el expediente 1403/2023-II-C. ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo. De los referidos preceptos se infiere que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad. Así pues, para promover una demanda de amparo es necesario que el quejoso señale, entre otras cuestiones, la autoridad responsable que emitió el acto que se reclama, la cual es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, para los efectos de la ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicho precepto, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el concepto de autoridad, de acuerdo con la evolución jurisprudencial, ha logrado un significado más amplio al que aporta la Ley de Amparo, identificándose actualmente como autoridad a aquélla que de acuerdo con una norma legal está facultada para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, ya sea creando, modificando o extinguiendo por sí o ante sí, situaciones jurídicas concretas del interesado. Así es, para determinar el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, se requiere la existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular y que, para la emisión de esos actos, no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese entendido, son autoridades para efectos del juicio de amparo aquéllas que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que el juicio de amparo, sólo será procedente contra actos de autoridad, por lo cual, a contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad para efectos del juicio constitucional, éste es improcedente. Ello es así, porque si bien el juicio de amparo constituye un medio de control de la constitucionalidad de los actos del poder público, que se inicia y prosigue siempre a instancia de los gobernados con el propósito de verificar su apego a la Constitución Federal; también lo es, que a través de dicho proceso constitucional, se pueden reclamar actos u omisiones que provengan de autoridad. La circunstancia de que la Ley de Amparo contemple la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables, de modo alguno implicó la consecuencia de que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del Estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Además, para fijar con precisión si se está o no frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable en amparo, es indispensable analizar la naturaleza jurídica del mismo, porque incluso existen actos emitidos por personas inmersas en el catálogo de servidores públicos que no encuadran dentro de los actos impugnables en el juicio de derechos fundamentales (a pesar de que pudieren modificar, crear o extinguir situaciones jurídicas); siendo indispensable en este caso, que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, pues con independencia de la denominación formal del ente que emita el acto u omita realizarlo, es su naturaleza la que permitirá concretar si en un caso determinado dicho ente actúa o no en una relación de supra a subordinación. Del numeral 294 en cita se advierte la posibilidad que tienen los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, de interponer recurso de inconformidad cuando consideren impugnable cualquier acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego, el numeral 295 transcrito, distingue la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados, frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio instituto; pues, en relación con los primeros determina que las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante los Tribunales Federales en materia laboral. Esa distinción tiene su justificación en la medida en que la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es similar cuando actúa frente a los patrones y demás sujetos obligados, que cuando lo hace con los asegurados o sus beneficiarios, en términos de lo dispuesto por los preceptos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, así como los artículos 2, 5, 5 A, fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 6 y 12, fracción I, del citado ordenamiento legal; toda vez que, en el primer supuesto, actúa como organismo fiscal autónomo, en ejercicio de sus facultades de recaudación, administración y liquidación de cuotas obrero patronales; mientras que en el segundo lo hace como ente asegurador, respecto a las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. Con base en lo expuesto, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social ejerce sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales, lo hace en su carácter de organismo fiscal autónomo en cuyo caso, se erige en autoridad con plena potestad de decisión. En cambio, cuando el recurso de inconformidad es planteado por un asegurado o beneficiario, respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, si bien el citado instituto cuenta con atribuciones para decidir sobre la procedencia de la prestación mediante la resolución del recurso de inconformidad, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación. Incluso, el artículo 295 de la citada Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia ley otorga, serán resueltas por los Tribunales Federales en materia laboral. Esto significa que las resoluciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al resolver el recurso de inconformidad interpuesto por los asegurados o beneficiarios respecto de las prestaciones que otorga la ley, no tienen el carácter de acto de autoridad, porque la propia norma jurídica determina, categóricamente, que las controversias de esa índole serán resueltas por los Tribunales Federales en materia laboral, juicio en el que el instituto no puede acudir como autoridad. En tal virtud, la resolución emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social al decidir el recurso de inconformidad interpuesto por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social que otorga la ley, no tiene el carácter de acto de autoridad; por una parte, porque si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por los Tribunales Federales en materia laboral, juicio en el que, evidentemente, el instituto no puede acudir como autoridad, como se expuso en párrafos precedentes. En este contexto jurídico y jurisprudencial, se pone de manifiesto que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social, al resolver el recurso de inconformidad, no actuó investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, atento a que la relación entre dicho Instituto y el quejoso, se dio en un plano de igualdad (coordinación) y no de supra a subordinación con el impetrante, ya que el reclamo de origen, tiene como objeto el aumento de la pensión del impetrante (prestación de seguridad social); por tanto, resultan aplicables los preceptos legales y la jurisprudencia que se refirieron en párrafos precedentes. DOMICILIO VÍA ELECTRONICA Del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para efectos de oír y recibir sus notificaciones en el *, esto es fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. Sin embargo, en el petitorio Octavo, autorizó que las notificaciones derivadas de este asunto se realizaran de manera electrónica; por tanto se tiene como domicilio de la parte quejosa la VÍA ELECTRÓNICA. Asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico y el número telefónico que indica en el escrito que se provee, ello a efecto de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. AUTORIZADOS Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia a * y *, toda vez que aparecen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, tal como se advierte de la certificación de cuenta. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR Y RECIBIR NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Se autoriza a ********************, para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico correspondiente y pueda ser notificado de las resoluciones y acuerdos que se dicten y promover en este juicio de amparo. Lo anterior, una vez que el Secretario actuante lleve a cabo los trámites para acceder al portal de SISE dentro de la intranet del Consejo de la Judicatura Federal, en la dirección electrónica http://10.100.125.33/sise/login.aspx, para agregar el usuario "********************", que el referido promovente registró en el sistema respectivo, previa verificación y cotejo de coincidencia del solicitante y el usuario de mérito.
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