Leopoldo Govea Naranjo
Expediente 34/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Leopoldo Govea Naranjo
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, siete de mayo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, once de febrero de dos mil veintiuno. AGREGA DESPACHO. Agréguese el oficio que remite el Secretario del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán Michoacán, a través del cual devuelve diligenciada la comunicación oficial 317/2021 de su índice, formada con motivo del despacho 177/2021 orden 318/2021, enviado a efecto de notificar al quejoso Leopoldo Govea Naranjo, el contenido del proveído de veintiséis de enero del año en curso, lo que aconteció el siete de febrero que transcurre. En razón de lo anterior, téngase al promovente del amparo por debidamente notificado del referido acuerdo, al tenor de las constancias remitidas por el juzgado requerido. SE ORDENA DAR DE BAJA. Para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno la comunicación oficial de mérito. Sin que sea necesario acusar recibo del oficio en cuestión, toda vez que la autoridad oficiante no lo solicita. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintiuno. DEVOLUCIÓN DESPACHO. Con fundamento en los artículos 61y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el comunicado a través del cual el Secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Apatzingán, Michoacán, devuelve parcialmente diligenciado el despacho 133/2020, orden 235/2020, enviado con la finalidad de notificar al quejoso******************** el auto de veintiséis de enero del año en curso. BAJA. Dese de baja la referida comunicación oficial en el libro de Gobierno que corresponda. Sin que haya lugar a lugar acusar el recibo correspondiente; lo anterior, toda vez que la promoción de que se trata fue recibida vía correo electrónico. PRECISIÓN. Por otra parte, revisadas las constancias anexadas a la comunicación de mérito, se desprende que al momento de la notificación del referido auto, la Actuaria adscrita al Juzgado despachado, hizo constar lo siguiente: "(.) por lo que procedo a notificarle, dándole lectura integra de lo siguiente: Proveído de fecha 6 de enero de 2021, dictado por el Juzgado Quinto, con residencia en Uruapan, Michoacán (.)" (sic) Lo resaltado es propio. Sin que se desprenda que la referida fedataria, haya notificado el auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, mismo que dio lugar a girar el despacho que ahora se recibe y cuyo contenido se pretendía notificar al quejoso de referencia, asimismo, del estado procesal de autos no se advierte que exista dentro del juicio de amparo en que se actúa, una determinación de seis de enero del presente año, lo que genera incertidumbre en la efectividad de la notificación practicada. DESPACHO NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. En tales condiciones y tomando en consideración que el peticionario de amparo******************** se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán, con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el referido centro de reclusión y le notifique el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, con la indicación de que la persona comisionada para realizar la diligencia ordenada deberá asentar el resultado en el acta respectiva. Por otra parte, se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En el entendido de que al enviar las constancias respectivas por dicha vía, será innecesaria su remisión por la vía postal. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A ******************** MEDIANTE DESPACHO.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Leopoldo Govea Naranjo, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro de Readaptación Social No. 17 "CPS MICHOACAN", con sede en Buenavista Tomatlán, y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 34/2021-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción X, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Ahora el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". Del precepto legal en estudio se advierte la causa de improcedencia del juicio de amparo que se sustenta en la institución de litispendencia, es decir, parte del supuesto en el que existen dos juicios de amparo con identidad de quejoso (a), autoridades responsables (ordenadora) y de actos reclamados, e impide que prospere el asunto promovido con posterioridad; lo que refleja la clara intención del legislador de evitar el trámite simultáneo de dos instancias en contra de un mismo acto; voluntad que resulta acorde con el principio de seguridad jurídica, pues tiende a evitar el dictado de dos resoluciones en un mismo asunto y que pudieran resultar contradictorias. Se dice que hay litispendencia, conforme a la doctrina, cuando un juicio es promovido ante un órgano jurisdiccional y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria; es el litigio pendiente de resolución por el Juzgador. Cuando un litigio está pendiente de solución no puede ser objeto de conocimiento en otro proceso por el mismo o diverso juzgador, porque, como ya se dijo, se podrían dictar sentencias contradictorias, pues dicha circunstancia atentará contra el principio de seguridad jurídica al no justificarse dos procesos sobre el mismo litigio. Al respecto, se cita por identidad de razones la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Entonces, el juicio de amparo resulta improcedente de acuerdo con la institución de litispendencia, siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) La norma general o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Ese juicio esté pendiente de resolución; y, c) Ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades (ordenadoras) y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Resulta aplicable por identidad de razones, la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Del estudio integral de la demanda se advierte que Leopoldo Govea Naranjo, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto que se precisan a continuación: Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 Michoacán. Todos y cada uno de los integrantes del Comité Técnico y el Comité Técnico en sí, del Centro penitenciario. Titular del Área Administrativa del citado Centro Federal. Personal que desempeña la labor de repartir y proporcionar los garrafones del agua potable ACTO RECLAMADO: ". la propuesta y orden de que no se me proporcione el agua potable suficiente para cada día, es decir. que como mínimo se me debe de proporcionar un garrafón de agua potable de veinte litros cada semana, esto para que mi salud no sufra un deterioro." Ahora bien, de la consulta realizada en la página de Intranet del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del vínculo Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del consabido código procesal invocado, se advirtió que Netzaí Sandoval Ballesteros, Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, en representación de las Personas Privadas de la Libertad en el interior del Centro de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN", ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán, promovió diverso juicio, el cual fue registrado con el ordinal 440/2020-VI del índice de este Juzgado de Distrito, en el cual señaló como autoridades responsables y actos los que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES TITULAR DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL. COORDINADOR GENERAL DE CENTROS FEDERALES, GENERAL DE DIVISIÓN Y MAESTRO EN SEGURIDAD NACIONAL. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPSMICHOACÁN", CON SEDE EN BUENAVISTA TOMATLÁN, MICHOACÁN. DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS-MICHOACÁN", CON SEDE EN BUENAVISTA TOMATLÁN, MICHOACÁN. DIRECTORA JURÍDICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS MICHOACÁN", CON SEDE EN BUENAVISTA TOMATLÁN, MICHOACÁN. ACTO RECLAMADO ". De todas las autoridades, se reclama la falta de suministro de agua potable a la población penitenciaria del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS-MICHOACÁN", ubicado en Buena Vista Tomatlán, Michoacán.- - - b. De todas las autoridades, se reclama la omisión o inactividad para implementar medidas para reparar el desabasto de agua potable entre la población penitenciaria y garantizar su otorgamiento diario en condiciones de suficiencia, salubridad, aceptabilidad y asequibilidad." Ahora bien, se advierte que dicho sumario se encuentra en trámite, tal como se advierte de la consulta realizada en la página de Intranet del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del vínculo Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del cual se ordena agregar copia para constancia legal. En consecuencia, el presente juicio de amparo respecto del acto indicado en el inciso a) resulta improcedente de acuerdo con la institución de litispendencia, por lo siguiente: El juicio de amparo 440/2020-VI del índice de este Juzgado, lo promovió Netzaí Sandoval Ballesteros, Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, en representación de las Personas Privadas de la Libertad en el interior del Centro de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN", ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán, contra la falta de suministro de agua potable a la población penitenciaria del Centro Federal de Readaptación Social, mismo que se encuentra en trámite. En el presente juicio de amparo 34/2021-II, promovido por Leopondo Govea Naranjo, también reclama la falta de suministro de agua potable en el centro en el que se encuentra recluido, esto es el Centro de Readaptación Social número 17 "CPS MICHOACÁN", ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Así, las precisiones apuntadas evidencian que en el citado juicio de amparo 440/2020-VI del índice de este Juzgado de Distrito y en el presente sumario constitucional existe identidad en cuanto a la parte quejosa, pues no obstante que el citado juicio haya sido promovido por Netzaí Sandoval Ballesteros, Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, este lo hizo en representación de la población del centro penitenciario, en donde se encuentra recluido el aquí quejoso, por lo que se advierte que este forma parte de la misma. También se advierte que en ambos sumarios existe identidad de autoridades responsables ordenadoras, ya que en ambos se señaló, entre otros, como tales: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPSMICHOACÁN", CON SEDE EN BUENAVISTA TOMATLÁN, MICHOACÁN. DIRECTOR O TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO 17 "CPS-MICHOACÁN", CON SEDE EN BUENAVISTA TOMATLÁN, MICHOACÁN. De igual modo, en ambos juicios el acto reclamado es la falta de suministro de agua potable, a los quejosos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACAN", con sede en Buenavista Tomatlán. Por lo anterior, se concluye que en el caso sí se colman los presupuestos que exige la institución de litispendencia, en tanto que existen dos juicios de amparo con identidad de parte quejosa, autoridades responsables y de acto reclamado; aunado a que el juicio 440/2020-VI, del índice de este Juzgado de Distrito, se encuentra en trámite. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, y lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Leopoldo Govea Naranjo respecto del acto que por esta vía reclama. Cobran aplicación los siguientes criterios que dicen: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución". "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el lugar de su reclusión por así solicitarlo el promovente, esto es, las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", ubicadas en Buenavista Tomatlán, Michoacán. En la inteligencia de que, las notificaciones que se ordenen de manera personal al quejoso, deberán practicarse en el lugar de su reclusión, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. SE GIRA DESPACHO. Por tanto, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho, vía electrónica, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, a efecto de que notifique al peticionario de amparo Leopoldo Govea naranjo, el contenido del presente proveído, lo que deberá de asentar en el acta correspondiente. Se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remitan las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenta OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que estas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de despacho en el lugar en que se encuentra recluido.
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